La Municipalidad de Upala inició un proceso judicial en contra de Fernando Acevedo Hurtado, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN)  -hermano de Juan Bosco Acevedo, actual legislador del PLN – por la supuesta apropiación ilegal de un terreno de más de mil hectáreas, en donde funciona desde hace 30 años el matadero municipal del cantón fronterizo.

El conflicto entre la Municipalidad y el exdiputado se originó en octubre del año anterior, luego de que el Departamento de Bienes Inmuebles detectara que la propiedad  del matadero municipal registralmente aparecía inscrita a nombre de Inversiones Upaleñas Palo Seco FAHS,  sociedad presidida por Fernando Acevedo.

El gobierno local reclama que desde 1978 el terreno fue comprado a José Matías Acevedo Oquendo, papá del exlegislador, mientras que el matadero fue construido gracias a un préstamo que realizó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). No obstante, no existe documento alguno –más que lo que se consiga en las actas municipales de la época- que den fe de la adquisición de la propiedad.

Desde Upala

Alejandro Ubau, alcalde Upaleño, dijo a UNIVERSIDAD que las razones por las cuales la propiedad está inscrita a nombre de la sociedad de Fernando Acevedo son “desconocidas”. Ubau aclaró que el matadero municipal “es una obra de reconocida posesión pública”, aunque aceptó que al parecer “el inmueble nunca fue inscrito”, esto pese a que desde hace 30 años es de uso público, y en el plano catastrado se indica que le pertenece a la municipalidad.

Para el alcalde, el hecho de que el municipio  haya hecho uso de la propiedad durante tres décadas es un argumento de mucho peso que podría ayudar a la alcaldía en un proceso judicial.

COMPRA DE PROPIEDAD

José Matías Acevedo Oquendo, papá de Fernando y primer dueño del terreno,  podría aclarar la confusa situación que reviste ahora sobre el matadero municipal, no obstante falleció a los 81 años, en el año 2004.

De la época en que se realizó la compra de la propiedad para la construcción del matadero municipal, aún sobreviven algunos regidores y el entonces ejecutivo municipal, Anselmo Villalobos; quien con  firmeza certificó que la adquisición de la propiedad se hizo siguiendo los procedimientos que la ley establece.

Para Villalobos, la duda sobre el derecho legal de la municipalidad sobre el terreno surge por el intento de Fernando Acevedo de “apropiarse de algo que se le pagó a su padre”, según el exejecutivo municipal.

“Lo que Fernando debería ser es un poco más honrado, porque se está aprovechando del desorden municipal para decir que eso nunca se pagó, eso no es cierto”, afirmó Villalobos, quien agregó desconocer donde se podrían encontrar los documentos que respalden su posición, pero garantizó la existencia de estos, indicando que el IFAM no presta dinero para construir en propiedades privadas.

TERRENO HIPOTECADO

El temor de la alcaldía municipal es perder el inmueble, por lo que desde febrero el alcalde de Upala solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una “anotación judicial” sobre la propiedad, que impida a Fernando Acevedo traspasarla  o venderla.

Aunque ya desde el 20 de setiembre del año anterior, la sociedad de Inversiones Upaleñas hipotecó por $16 mil la tierra en donde está el matadero municipal; como acreedor de esta obligación figura la sociedad Sacha SCH S.A.

A pesar de que intentamos comunicarnos con Fernando Acevedo, no fue posible localizarlo a su teléfono celular; aun así en la sesión del Concejo Municipal celebrada el 25 de noviembre anterior, Acevedo externó que “la municipalidad le compra a su papá parte del terreno, al precio de cuatro mil colones, mientras que una franja del mismo fue prestada, por lo que eso es lo que se debe segregar”.

Sobre lo manifestado por Fernando Acevedo, su propio hermano lo desmintió. El actual diputado por el PLN Juan Bosco Acevedo se ofreció a la municipalidad como testigo a su favor. “No estoy de acuerdo con las actuaciones de Fernando, estoy consciente de que mi  papá le vendió en aquel momento a la municipalidad los terrenos”, aclaró a este semanario.

Incluso la vicealcaldesa de Upala, Maureen Piedra, responsable de llevar el proceso de investigación para determinar a quién pertenece el inmueble, externó su preocupación al considerar que en un primer momento el exdiputado se mostró anuente a negociar con el municipio la devolución del terreno;  sin embargo, en los últimos meses ese acercamiento se “ha enfriado”.

Con la anotación judicial sobre el inmueble,  la municipalidad espera ganar algo de tiempo para poder profundizar la investigación que inició meses atrás y que los ha llevado a revisar archivos del IFAM y otras instituciones. Posteriormente a esta etapa se seguirá el procedimiento judicial en contra del exlegislador liberacionista.

Para el regidor upaleño Rodrigo Segura, este caso tiene que ser llevado a los estrados judiciales para que se sienten las responsabilidades del caso: “si no se lleva a juicio nadie va a pagar nada, es como devuélvame la vaca y no lo llevo a la cárcel, y no debe ser así”, afirmó el regidor.

DESORDEN ADMINISTRATIVO

La vicealcaldesa Piedra expresó que después de conocer la situación en que quedó el matadero municipal de Upala por la posesión del terreno, las autoridades municipales empezaron un proceso de depuración territorial para conocer el estado de otras propiedades municipales.

Además se contrató un consorcio de abogados, quienes tendrían a su cargo la contratación de topógrafos para “poner todas las tierras municipales en orden, con su plano y escritura;  ahorita hay muchas cosas que aparecen en planos a nombre de la municipalidad, pero en la realidad no lo son”, afirmó Piedra.

Piedra desestimó referirse a las razones por las cuales la municipalidad atraviesa esta situación en la actualidad. Sin embargo, el exejecutivo municipal, Anselmo Villalobos,  defiende su gestión al explicar que “nunca tuvo un desorden administrativo”.

“Si después se inundó la municipalidad, o los archivos los han dejado botados yo no quisiera referirme a eso”, comentó Villalobos.

Ganadería afectada por el cierre

Hace ocho años que la municipalidad de Upala confió en manos de los carniceros locales la administración del matadero municipal;  por eso se constituyó una junta que tenía hasta el año pasado a su cargo el funcionamiento del lugar.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) clausuró el año anterior las instalaciones, ya que incumplían con las normas sanitarias. Luego de esto fue que se encontró que la propiedad estaba inscrita a nombre de la sociedad de Fernando Acevedo Hurtado, por lo que las mejoras que se requieren para habilitar el matadero no se realizan mientras no se defina la situación legal del terreno.

Miguel Paniagua, miembro de la junta del matadero, afirmó que en la zona cientos de familias dependen de la venta de una o varias cabezas de ganado vacuno o porcino, pero debido al cierre del matadero municipal desde hace un año se carece de un sitio donde destazar el ganado.

Como consecuencia se ha incrementado el destace clandestino, que no reúne las condiciones sanitarias requeridas, detalló. “Usted consigue cualquier cantidad de cerdos matados en las casas, y que se venden puerta por puerta”, destacó el carnicero local Miguel Paniagua.

Además dijo que el precio de la carne se ha encarecido en los últimos meses, porque el producto tiene que ser traído de cantones cercanos para evitar la compra de carne destazada ilegalmente.

La ganadería es una de las principales actividades económicas del cantón de Upala, uno de los dos cantones más deprimidos económicamente del país por las escasas oportunidades de desarrollo.

Ante ello, las autoridades municipales contemplan, entre otras soluciones, trasladar el matadero a la comunidad de Canalete; sin embargo, no tienen el presupuesto para desarrollar este proyecto.