Donaciones de Taiwán Exigen a Canciller entregar información

Diputados pidieron explicaciones en torno al traslado de la oficina del presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior y jefe

Diputados pidieron explicaciones en torno al traslado de la oficina del presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior y jefe de la Dirección General de la Cancillería -Bolívar Salas- a un edificio contiguo. UNIVERSIDAD captó parte de esa mudanza.

«Tal y como fue requerido en los oficios enviados por los suscritos durante el mes de mayo, le reiteramos señor Canciller sírvase adjuntar a la información solicitada copia de todos los cheques girados por la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior desde el 8 de mayo del 2002».

Así de tajantes fueron con el ministro de Relaciones Exteriores -Roberto Tovar Faja-, los diputados Federico Malavassi, Rodrigo Alberto Carazo y José Miguel Corrales, al reiterarle la exigencia de cumplir con la entrega de información solicitada en días pasados.

La petición la plantearon en una carta con fecha 9 de junio y está  relacionada con donaciones que ha hecho la República de China en Taiwán y que la mencionada Asociación ha destinado -entre otras cosas- a pagar salarios y sobresueldos para empleados de esta cancillería.

Cabe recordar que el gobierno taiwanés ha donado en los últimos cinco años $4.8 millones (más de ¢2.000 millones) a Costa Rica, para el desarrollo del turismo y el comercio. Estos fondos se canalizaron a través de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior, sin la exigencia de presentar ningún tipo de cuentas.

De los recursos entregados por los taiwaneses, más de ¢600 millones entraron durante el gobierno de Abel Pacheco, mientras que se desconoce la forma en que se gastaron los otros ¢1.600 millones en la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, recién elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

No se descarta que parte de esas donaciones hayan sido utilizadas para financiar la campaña electoral que llevó al poder a Abel Pacheco y también la de Rodríguez Echeverría para el cargo de la OEA, como denunciaron la semana antepasada Rodolfo Jiménez y Francisco Bolaños, de la Asociación de Diplomáticos y Afines ‘Manuel María Peralta’ y funcionarios de dicha Cancillería.

Los citados legisladores habían solicitado al ministro de Relaciones Exteriores que entregara copia de los cheques pagados mediante la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior y detalles acerca de la forma en que estaba integrada la comisión que se encarga de calificar a las personas que ingresan a la carrera diplomática.

SIN RESPUESTAS

Este Semanario le envió desde el 4 de junio un cuestionario al presidente de la referida Asociación y jefe de la Dirección General de la Cancillería -Bolívar Salas Castillo-. El lunes 14 de este mes dijo por medio de su secretaria que entregaría sus respuestas el día 16.

Ante un requerimiento de información sobre los números de las cuentas  bancarias de la Asociación que le hizo la jefa de gabinete de la cancillería -Beatriz Obando-, Salas Castillo respondió que elevaría la solicitud a conocimiento de la junta directiva. Una respuesta similar dio a este periódico.

Igual de infructuosa fue la solicitud de información respecto a la comisión calificadora del servicio exterior que se le planteó a su presidente y director del Instituto del Servicio Exterior ‘Manuel María Peralta’ -José Joaquín Chaverri-.

Este funcionario dio una cita para el 10 de junio, pero al visitarle se encontraba fuera de su oficina. Se concertó una nueva reunión con él para el día siguiente, cuando atendió a este periodista y dijo que no podría dar declaraciones, ya que el decreto gubernamental que nombró a la comisión calificadora había vencido, y por lo tanto no estaba facultado para hablar.

Sin embargo, pidió que se le dejara el cuestionario para ver si después podía responderlo. Cuando se cerraba esta edición (lunes 14) llamó por la mañana para decir que en el transcurso del día remitiría el cuestionario contestado, pero a las 7 p.m. no lo había hecho.

Esta resistencia a entregar datos es lo que llevó posiblemente a los diputados Carazo, Corrales y Malavassi, a que en su interpelación del 9 de junio le expresen que sin evasivas de por medio, «tiene Ud. la obligación como Jerarca de la Cancillería, de rendir cuentas en relación a los dineros que reciban de los Gobiernos amigos como el de Taiwán, independientemente que hayan ingresado a una cuenta de la Cancillería o hayan sido desviados con su venia, por los funcionarios que están bajo su autoridad, a una cuenta bancaria de una entidad privada como la reseñada».

Los diputados pidieron también en otra misiva del 14 de junio pasado a Tovar Faja, que explique quién autorizó trasladar el viernes 11 la oficina de Bolívar Salas y la documentación de la Asociación para el Desarrollo del Servicio Exterior, al edificio de INS Valores e INS Pensiones, ubicado detrás del Instituto Nacional de Seguros.

El temor de ellos es que pueda desaparecer documentos de la Asociación que sea «prueba indiciaria o incriminatoria de los supuestos ilícitos».

ACUSACIÓN LIBERTARIA

Justo por lo que consideran un mal manejo de los fondos donados por Taiwán, la fracción legislativa del Movimiento Libertario presentó el 11 de junio ante el Ministerio Público, una acusación por supuesta malversación contra el ministro Tovar Faja.

Los libertarios alegan que el gobierno taiwanés entregó donaciones para proyectos de desarrollo turístico y comercial, pero han sido empleados para el pago de salarios.

El canciller rechazó en forma tajante por medio de un comunicado de prensa (La Nación, 12-06-04) las acusaciones de los libertarios.

Como reacción a esta denuncia, en un boletín de prensa de la agencia EFE divulgado por La Nación el lunes 14, el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés – Chen Tan-sun-, manifestó que si bien su país respeta el destino que las naciones receptoras den a los fondos que donan, espera que estos recursos se inviertan en los programas previstos y no se cambien aleatoriamente.

Por otra parte, los diputados Corrales, Malavassi y Carazo también pidieron cuentas al canciller Tovar y al ministro de la Presidencia -Ricardo Toledo-, por el «allanamiento encubierto» que realizó el pasado 1 de junio un agente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), a la oficina que ocupa Rodolfo Jiménez Morales, quien ha hecho denuncias contra la mencionada Asociación.

El agente de la DIS supuestamente llegó a indagar si el teléfono de esa oficina estaba interceptado. Sin embargo, esta operación la consideraron los legisladores como «un claro intento de intimidación y amedrentamiento»  contra Jiménez Morales.

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