Dudan de fondo para alza de combustibles

La creación de un fondo para compensar las fuertes alzas de los combustibles despierta más dudas que atracción. Más que ver ventajas, lo que

La creación de un fondo para compensar las fuertes alzas de los combustibles despierta más dudas que atracción.

Más que ver ventajas, lo que surgen son dudas en torno a un fondo que promovería la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),  para que las personas consumidoras no tengan que pagar tanto por las alzas internacionales en los combustibles.

El mal antecedente que tiene el uso que le dan los gobiernos a los impuestos de los hidrocarburos -destinados supuestamente a financiar obras viales-, hace pensar que el fondo que crearía la ARESEP terminaría también en la caja única del Estado, sin ningún beneficio para los consumidores.

La intención de la iniciativa es constituir una reserva económica que permita financiar los combustibles cuando suban y así la población costarricense no se vea afectada por la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, como ocurrió durante el último año.

La jerarca de la ARESEP -Aracelly Pacheco-, informó que el mencionado fondo apenas está siendo analizado por una comisión de ese órgano regulador, con el fin de determinar su viabilidad; en caso de que le vean futuro, lo enviarían como proyecto a la Asamblea Legislativa, en donde sería discutido para su eventual aprobación.

Pacheco aclaró que la idea de crear el fondo no es suya; es de un miembro de la junta directiva de la entidad y no responde a una «cabezonada», sino que busca proteger al consumidor con precios estables para los combustibles.

Su aclaración se refería a las críticas lanzadas por el exregulador Leonel Fonseca, quien salió al paso del plan, al estimar que no es función de la ARESEP «propiciar la creación de este tipo de fondos o reservas, con cargo a las tarifas de los servicios públicos que pagan los consumidores».

La Defensoría de los Habitantes también ve con recelo la creación de este fondo, en razón del mal manejo que ha hecho el gobierno con los recursos que generan los impuestos a los combustibles.

Esa mala administración llevó a la Defensoría a exigirle el pasado 13 de mayo al Ministerio de Hacienda, la derogación del último aumento (3%) de los hidrocarburos, en vigencia desde el 1 de mayo.

La solicitud la sustentó el ente defensor en que «esa aplicación resulta innecesaria debido a que en los últimos dos años Hacienda no trasladó a CONAVI más de ¢16.000 millones por concepto de impuesto a los combustibles. Este impuesto tiene por objeto el arreglo de las carreteras».

EN ANÁLISIS

De acuerdo con la reguladora Aracelly Pacheco, la junta directiva  podría empezar a analizar la propuesta que evalúa la comisión a finales de junio.

Admitió que no es función de la ARESEP crear este tipo de fondos, y tampoco le agradan, pues se han cometido muchos errores con ellos. Sin embargo, «no podemos desentendernos de la realidad del país ni de los perjuicios para los consumidores».

Pacheco detalló que la junta directiva de la ARESEP aprobará el proyecto solo si lo consideran viable y de ninguna manera el fondo será financiado con un nuevo impuesto.

Anunció que para evitar lo ocurrido con los impuestos a los combustibles, el fondo no sería manejado por ninguna institución pública, de tal manera que se garantice que los recursos tendrán el fin que se planea. La figura jurídica aún no la tienen definida, puntualizó.

Pacheco cuestionó al exregulador Leonel Fonseca por sus críticas al proyecto y comentó que ni siquiera le ha respondido, ya que «no vale la pena responder a alguien que no sabe de lo que está hablando; está totalmente desinformado».

Según Fonseca, ante los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, los consumidores los han asumido con resignación; pero, esto «de ninguna manera significa que seamos tan tontos o ignorantes como para aceptar que cuando tan exagerados precios empiecen a bajar en las próximas semanas, los cuantiosos recursos que generará tal disminución y el consiguiente alivio y beneficio sea ‘capturado’ por alguna institución o funcionario estatales, con la infantil, ilegal y antitécnica excusa de que con ello se evitarán futuras alzas de precios».

Fonseca dijo que por ello presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, tras calificar el plan como «una arbitraria e injusta exacción e incautación de los recursos de los consumidores de combustibles», el cual atenta además contra el principio de servicio al costo.

«¿No serán otros los intereses (por supuesto ajenos al beneficio de las personas) los que propician la creación de este tipo de exacciones y fondos?», pregunta el exregulador.

DUDAS

Otro que duda acerca de las bondades de este fondo, es el defensor adjunto de los habitantes, Max Esquivel, para quien con esta reserva podría pasar igual que con los impuestos a los combustibles que no gira el gobierno al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Esquivel increpó en días pasados al gobierno por el último aumento a los hidrocarburos, en vista de que aplica las leyes a su antojo y mientras actualiza cada tres meses el precio para no perder con la inflación, no cumple con su obligación legal de transferirle al CONAVI sus recursos.

Datos de la Defensoría indican que la actual Administración en 2002 solo giró al CONAVI un 68% de los fondos recaudados por impuestos a los combustibles, y en 2003 el 69%. En números, esto significa que el CONAVI dejó de invertir más de ¢16.000 millones en carreteras y otras obras.

Respecto al proyecto de la ARESEP en mención, Esquivel aseveró que desconoce sus detalles. No obstante, la creación del fondo la mira con cierto escepticismo, dados los antecedentes gubernamentales como mal administrador de este tipo de fondos.

Llamó la atención en el sentido de que quizás el mayor interesado en que aumenten los combustibles es el gobierno, en vista de que cada vez que hay un alza le entran un montón más de millones de colones, por concepto de los impuestos que estos tienen (42%).

Por eso advirtió que hace falta un mecanismo más objetivo que regule los aumentos de los combustibles.

«La actuación del Poder Ejecutivo deja claro que las autoridades aplican la ley a su conveniencia, dejando de lado el impacto que significa para el bolsillo de los habitantes un aumento innecesario en los precios de los combustibles», censuró Esquivel.

Por otro lado, el presidente de la Asociación «Pedler» de distribuidores de combustibles -Gustavo Madrigal-, sí está de acuerdo con el fondo, aunque instó a la ARESEP a realizar una audiencia pública cuando lo tengan listo, pues proyectos como este -que afectan al consumidor- deben ser consultados.

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