En La Fortuna de San Carlos se respiran los efectos de la crisis económica del 2008, que paralizó el auge del sector turístico. (Foto: Fabián Hernández)
La propuesta para rescatar a una centena de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector turismo ya tiene el aval de todos los diputados de la comisión permanente especial de turismo, pero las dudas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) atrasan la aprobación del proyecto de ley.
Se trata de un texto que plantea la posibilidad de crear dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo un fondo para la reactivación de las empresas afectadas por la crisis financiera del 2008.
La idea es que un fondo de esta Banca asuma la deuda que los empresarios del sector turismo tienen con bancos y entidades financieras, y con ello frenen los embargos y desahucios. Posteriormente, los dueños de hoteles y restaurantes cancelarían el dinero girado al Estado.
El jerarca del MEIC, Welmer Ramos, propone otra opción, y ahí es donde se entraba el avance de la iniciativa en el Congreso, pues el ministro considera que mediante una ley se podría establecer que los bancos ofrezcan mejores condiciones de pago a los empresarios y así no se utilicen los recursos de Banca para el Desarrollo (véase: “Banca para el Desarrollo no tiene esa finalidad”).
Los legisladores valoran dicho plan, aunque según el presidente de la Comisión de Turismo, Luis Vásquez, el proyecto inicial “no destroza el Sistema de Banca para el Desarrollo”.
Vásquez estima que a fin de mes el proyecto estará aprobado. “No quisiera decir que el MEIC lo ha entrabado; lo cierto es que hay dudas y por eso le hemos pedido recomendaciones, pero hemos dejado claro que de no haber un acuerdo, nosotros avanzamos con el proyecto, porque no podemos dejar a la deriva a estos empresarios”.
José Ángel Soro, empresario de La Fortuna de San Carlos, e integrante del comité que coordina a las empresas en riesgo financiero de todo el país, urgió a los diputados a aprobar el texto de ley, a la vez que criticó la posición del MEIC.
“Sería una irresponsabilidad total; el Ministro conoce este problema desde hace mucho tiempo, para que ahora nos vengan a decir que hay que hacer cambios”, criticó Soro.
PROMESA INCUMPLIDA
Vale recordar que desde el 2005 el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incentivó a los dueños de hoteles y restaurantes a mejorar las condiciones de sus establecimientos, mediante la obtención de préstamos con la banca pública y privada, así como cooperativas de ahorro.
La propuesta se basaba en proyecciones realizadas desde el 2002 y recogidas en el denominado “Plan general de uso de la tierra y desarrollo turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del Norte de Costa Rica”.
En dicho documento del ICT, se proyectaba que para el 2012 arribarían cerca de 2,3 millones de turistas internacionales y al menos 1,6 millones de costarricenses vacacionarían dentro del país.
Para atender la creciente demanda, el plan propuso que la zona norte aumentara en un 50% su capacidad hotelera, lo que significaría pasar de 2.500 a unas 5.000 habitaciones. Solo en Monteverde se impulsó un aumento de 200 habitaciones y para la provincia de Guanacaste el documento estimó necesario crear 6.000 nuevos cuartos.
No obstante, en el 2008 la crisis económica mundial bajó de los aviones a millones de turistas en todo el orbe y las expectativas para Costa Rica quedaron tan solo en el papel. Lo único que recibieron los empresarios son los cobros de los bancos.
A la víspera de un desahucio
La familia Mata Sánchez está tan cerca de perder su negocio como tan próximo está su rescate. Lo único que separa ambos hechos es un par de semanas y la aprobación del proyecto de Ley para la Creación del Programa de Apoyo y Reactivación de las Mipymes del Sector Turismo Costarricense.
El pasado 2 de febrero sería –una vez más− la fecha en que el Banco de Costa Rica remate su propiedad ubicada en Orosí de Cartago y que desde hace más de 20 años alberga al Mirador y Hotel Sanchirí.
El desahucio no se ha ejecutado porque, tras conocer la noticia del embargo, Leonel Mata, gerente de la empresa familiar, interpuso una acción judicial que lo mantiene en ascuas, y le da un respiro al menos hasta el fin de este mes.
Los días están contados, y Jorge Luis Mata, parte de la familia que administra el restaurante, expresó: “Yo abogo porque alguna autoridad interceda por nosotros ante el banco, para que esperen la resolución del proyecto”.
Sanchirí inició como una empresa acuerpada por el trabajo de nueve hermanos, y de la cual ahora dependen además 35 familias. Esas propiedades están valoradas en al menos ¢ 1.000 millones; no obstante, el banco las tasó en poco más de ¢400 millones.
El valor económico de la tierra no es lo que preocupa tanto a la familia Mata Sánchez, sino el apego sentimental que tienen por la propiedad, ya que, según los cálculos de ellos, hace más de dos siglos sus antepasados se asentaron en esta zona del país.
Por lo anterior es que la empresa Sanchirí ha intentado llegar a un acuerdo en común con el banco. “Sería doloroso ver que se apruebe la ley, pero que ya no nos cubra a nosotros”, externó con angustia Jorge Luis Mata.
Welmer Ramos, jerarca del MEIC:
“Banca para el Desarrollo no tiene esa finalidad”
¿Puede la Banca para el Desarrollo comprar esta deuda?
−No, es que si uno no sabe cuál es el monto de la deuda, no podría decir a priori si ese dinero aguanta.
¿Pero de cuánto dispone Banca para el Desarrollo?
−Banca para el Desarrollo no debería quemar todo su dinero en una sola inversión; deberíamos fomentar las pymes, y ¿por qué vamos a ir a comprarles la cartera a los bancos a precio facial lo que los bancos ya sabían que era una pérdida?
¿Entonces qué plantea?
−Lo que tenemos que hacer es un fideicomiso en los bancos, para que ellos hagan una refinanciación en condiciones blandas, para que les demos solución en los bancos. Considero que la intervención de Banca para el Desarrollo ahí no tiene que ser; solo si es un empresario muy pequeñito, que ya no tenga garantía, se le puede dar un aval; Banca para el Desarrollo no tiene esa finalidad exactamente.
Aún así siempre es necesaria una ley…
−Claro, para que los bancos puedan refinanciar se necesita una ley donde se amplíen los plazos, y se quiten ciertas cargas.
¿Otro proyecto de ley?
−No, ese mismo puede ser adecuado y está fácil de adecuar sin que se pierda el proceso. Por eso el proyecto aún está en mociones y haciendo correcciones.
Aquí estamos hablando de empresarios que en muchos casos están a punto de perder sus bienes por las deudas. ¿Esto no es un atraso?
−Para nada, yo no veo que se atrase la discusión. Urge hacer un proyecto, pero tomando en cuenta todo esto; no podría ser un proyecto que nos liquide los recursos de Banca para el Desarrollo y dejemos de hacer la inclusión financiera. Pero hay la voluntad de las partes, de arreglar la situación. Estamos trabajando aquí a tiempo completo, y hay que darle el trámite del caso, acelerado, para que esto se logre en el corto plazo.
