Diputados de todas las fracciones dudan de la conveniencia de construir una costosa cárcel en Pococí.
Albino Vargas de la ANEP se opone a la construcción de la cárcel en Pococí.
«Muchas dudas por aclarar»: este es el sabor que deja a su paso en los diputados la posibilidad de que una empresa extranjera construya una cárcel de máxima seguridad en Pococí.
Ante las declaraciones del Ministro de Justicia José Miguel Villalobos, dadas a UNIVERSIDAD en entrevista publicada el pasado 11 de octubre, la mayoría de legisladores consultados parecen darle su apoyo.
Entre los principales cuestionamientos que se hacen a este proyecto están: una gran deuda total que adquiriría el país de $72 millones; los abonos mensuales de $770.000; el hecho de que el Estado debería pagar diariamente $29 por la estadía de cada presidiario; y cancelar como mínimo un 80% de ocupación (con una capacidad total de 1.200 privados de libertad). Además, el Estado debe correr con los gastos de seguridad externa de la cárcel.
Según Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), «sería un crimen que a la ciudadanía la dejen con esa deuda gigantesca, más bien se deberían fortalecer las cárceles públicas, como La Reforma».
Además le parecen extraños ciertos ligámenes que hay entre funcionarios involucrados en este caso. «El Ministro de Obras Públicas y Transportes Javier Chaves, defensor del proyecto, es un gran amigo del abogado representante de la empresa extranjera, Francisco Chacón, esposo de Anabel González, de Comercio Exterior».
Vargas agregó que apoya los cuestionamientos de Villalobos y que esta semana 300 empleados del sistema penitenciario le pedirán al presidente Abel Pacheco que no firme ese contrato.
Por otra parte el Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, planteó a petición de la ANEP un recurso de amparo contra este proyecto.
MAR DE DUDAS
A pesar de las dudas que despierta esta iniciativa, los legisladores consultados coinciden en que ahora no queda más que enfrentar las consecuencias.
El diputado independiente José Francisco Salas manifestó tener grandes dudas con respecto al proyecto, «con todo y que abogo por la empresa privada me da temor pensar que las cárceles no estén en manos del Estado. Siento que la obligación moral del gobierno es velar directamente por su sistema penitenciario».
«Sin embargo ya que se adquirió un compromiso con esta firma extranjera, lo cual implicaría pagar una indemnización, se debe elegir entre dos males, el menor. Sin embargo considero que el costo es excesivo para el país».
MAS DUDAS
El Partido Acción Ciudadana pedirá al Presidente Abel Pacheco que retrase la firma del contrato con el fin de medir las consecuencias que implica este acuerdo para nuestro país.
Según el diputado Juan José Vargas del PAC, «nos gustaría escuchar los puntos de vista del Ministro de Justicia y estudiar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensoría de los Habitantes. Una vez que tengamos esto claro, tomaremos una posición más definida».
Los socialcristianos representados por su jefe de fracción, Mario Redondo, también apuestan porque una vez que el país dio su firma de compromiso, no dé marcha atrás.
«Aunque se sabe que los costos son desproporcionados del resto del sistema penitenciario, sería muy peligroso enviar señales de que en Costa Rica no existe seguridad jurídica, de que se puede llegar y formalizar un acuerdo con el gobierno y luego simplemente lo echa para atrás. Esto haría más difícil que en el futuro vengan a invertir empresas extranjeras».
Con respecto a la conveniencia del proyecto, expresó: «Si usted me plantea que antes de firmar el convenio se debería haber rechazado, creo que indiscutiblemente sí. Pero una vez firmado, se debe cumplir, si no las repercusiones serán mucho mayores».
Por su parte los libertarios que abogan por la privatización, están convencidos de que en este caso hay mucho que decir. Para Federico Malavassi, se hizo un contrato que se disfrazó de concesión de obra pública. «Aquí se abre una llave del presupuesto nacional para financiar un proyecto privado. Creemos que esto no es transparente. Aún hay muchas dudas y el Ministro de Justicia ha externado interesantes opiniones».
COSTOS
A los liberacionistas les preocupa que esta discusión no se haya dado en el momento en que se tomó la decisión y también la multa que el Estado debe enfrentar si se echa marcha atrás.
Al respecto la legisladora Laura Chinchilla dijo que » fue una decisión eminentemente administrativa de parte del Poder Ejecutivo que ha evidenciado varios problemas, entre ellos el relacionado con el tema de los costos, por lo que avalamos las negociaciones que se hagan para bajarlos, ya que no es posible mantener un centro así».
Además argumentó, al igual que la mayoría de sus compañeros, que aún falta mucho que discutir en materia de privatización, sobre todo si se habla de seguridad y cárceles.
