Se negocia con la concesionaria iniciar una primera etapa, mientras se completan  expropiaciones de la vía a San Ramón, según Secretario Técnico de Concesiones.

La dificultad de los trámites y falta de recursos para liberar el derecho de vía explican el retraso de la ampliación de la carretera San José–San Ramón y por eso actualmente se negocia con la empresa concesionaria la posibilidad de arrancar con un primer tramo hasta el cruce de Manolos, en La Garita de Alajuela, mientras se completan las expropiaciones.
Esta concesión se encuentra estancada desde hace cuatro años y medio, luego de que en el 2004 fue adjudicada a Autopistas del Valle, consorcio integrado por las mismas empresas de capital mayoritariamente español que integran Autopistas del Sol, que tiene la concesión San José-Caldera. Sería la segunda concesión privada que cobre peajes a los usuarios.

La necesidad de reubicar a más de 200 familias para liberar el derecho de vía, es una de las complicaciones que ha tenido el proyecto, según explica en entrevista con UNIVERSIDAD Edwin Rodríguez, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

¿Por qué está paralizada la concesión San José-San Ramón?

-El contrato tiene orden de suspensión por parte de la Administración desde hace cuatro años y medio; es una orden de suspensión  por cumplimiento de condiciones precedentes. El  tema que más ha gravitado es la liberación del derecho de vía; las expropiaciones son difíciles.

¿Cuántas expropiaciones se debían hacer?

-Cerca de 300. Solo en el corredor principal son como 260. A eso hay que sumarle la reubicación de unas 220 familias que están en el derecho de vía en una condición precaria. Por disposiciones de la Sala Constitucional, a las familias hay que buscarles solución de vivienda. Haga números de cuánto puede costar una solución de vivienda para cada familia.

¿Y todo eso está pendiente?

-Estamos avanzando en la parte de expropiaciones en función de nuestras posibilidades presupuestarias, que están muy limitadas. En lo que es reubicación de familias tenemos una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de la Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el  Ministerio  de Obras Públicas (MOPT). Hay toda una evaluación social de por medio y cuando se hace un alto en un proyecto como éste, romper  con toda esa inercia es una labor titánica.

¿El atraso se debe a la Administración solamente? ¿De parte de la concesionaria no hay incumplimientos?

-El contrato lo que dice es que para iniciar las obras, el derecho de vía tiene que estar totalmente limpio.

¿Y no se previeron salvaguardas para el Estado, para el caso de imprevistos y que no incurra en falta?
 
-La suspensión de condiciones precedentes corre para las dos partes. Es un asunto de que el concesionario va a decir: yo no tengo el derecho de vía libre, yo no puedo buscar el financiamiento, o tengo el financiamiento stand by mientras obtengo el derecho de vía. Estamos viendo si podemos liberar una parte del corredor para poder decirles: arranquen en esta parte, de forma que nos dé oxígeno a nosotros para poder arrancar en esta sección.

¿Sería la sección hasta el  cruce a La Garita, en Manolos?

-Sí. Estamos tratando de tener absolutamente libre de familias este primer corredor, desde la Datsum (en La Sabana) hasta Monolos.

¿Y cuándo  podría estar listo eso?

-Depende de cómo va a ser la liberación del derecho de vía, tomando en cuenta la reubicación de familias y la reubicación de servicios públicos; estamos hablando de servicios de agua, electricidad, fibra óptica. Estamos en esa tarea; para ver si podemos liberar esa primera sección y que mientras se construye podamos avanzar en las expropiaciones hasta San Ramón.

¿Se mantiene el trazado original de la carretera o ha habido cambios?

-Básicamente la parte nueva es a la altura del aeropuerto (Juan Santamaría), donde se va a hacer la mayor modificación, porque la calle de La Candela se hace nueva, la intersección del aeropuerto se hace nueva y hay una nueva intersección en Río Segundo de Alajuela. El puente del  Virilla se hace uno nuevo de cuatro carriles y los otros cuatro puentes que hay están muy viejos y se van a rehabilitar con cuatro carriles: cuatro y cuatro, o sea, ocho carriles.

¿La carretera va a ser de ocho carriles?

-El compromiso contractual es a seis carriles; sin embargo, también a nivel de compromiso contractual  está que específicamente el puente del  Virilla se tiene que ampliar, porque ahí está la intersección del Castella. Entonces se tiene que abrir un carril para mejorar los giros ahí. Desaparece la intersección del Castella que hoy conocemos y se hace una nueva en Los Arcos, que va a ser el punto que va a unir en el futuro con el anillo periférico. Es una nueva intersección que va a facilitar mucho el flujo de tránsito hacia Heredia.

¿El contrato que se había firmado en el 2005 con la empresa supervisora de la concesión se mantiene?

-Sí, con la empresa CANO- CACISA, que  sigue siendo el supervisor.

¿Y se les sigue pagando aunque no se haya hecho nada en el proyecto?

-En este momento no, porque está suspendido el contrato; se suspendió hace como un año y resto.

¿Es cierto que ya se les ha pagado como la mitad del monto contratado para la supervisión ($4.4 millones)?

-Se ha pagado menos del  50%. Ellos han ayudado mucho en el tema de la liberación del derecho de vía y en la revisión de planos.

¿Y ahora son también los supervisores del proyecto San José-Caldera?

-Sí. Cuando la Contraloría General de la República recomendó quitar a INMSA (la anterior supervisora),  la  Contraloría envió tres o cuatro informes al CNC, donde dijo que INMSA no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, y obviamente el contrato no podía quedarse sin supervisora. Entonces se hizo contratación directa (con CANO-CACISA), con aprobación de la Contraloría.

-¿Hasta el año pasado se mantuvo a la gerente del proyecto San José-San Ramón, que a la vez tenía en recargo la gerencia de San José-Caldera?

-Correcto.

¿También se le suspendió el contrato?

-El contrato se venció.

¿Y cómo se le nombró en Caldera?

-Ella tiene su contrato en Caldera refrendado por la Contraloría.

¿Y San José –San Ramón está sin fiscalización actualmente?

-Tenemos un gerente de proyecto, que ya esta nombrado; es un funcionario de planta nuestro. La fiscalización del proyecto se compone de dos áreas: el gerente del proyecto y la supervisora. Entre ellos dos hacen la fiscalización del contrato de concesión.

¿Es cierto que están pidiendo recursos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para obras en ese proyecto y para San José Caldera?

-No, todo eso tiene que financiarlo el concesionario. Lo que tiene que financiar la administración es la liberación del derecho de vía, la reubicación de familias…

¿Y tienen los recursos para eso?

-No.

¿Nada?

-Nada. Estamos en una situación presupuestaria difícil. O sea, CONAVI y el Ministerio nos van dando recursos en la medida de la posibilidad presupuestaria y  vamos poco a poco.

¿Qué están negociando entonces en este momento con la concesionaria?

-El tema de negociar significa que si podemos liberar una parte digamos: si ya liberamos esto, hagamos (la obra)  hasta acá,  y hagamos un cronograma de lo que nos falta de la liberación de los terrenos…

¿La negociación incluye reconocer nuevos costos de la obra?

-Hay principios constitucionales de intangibilidad patrimonial. Hay que hacer ajustes de los costos de obra, básicamente. Y junto con el aumento de los costos de obra hay que  ver las condiciones de financiamiento que existen  en estos momentos. Hace cuatro años y medio las condiciones del mercado financiero mundial eran unas y hoy son otras.

¿En esa etapa es en la que están?

-Exacto.

¿Cómo ha sido la negociación?

-Es un tema de cuidado desde el punto de vista de que la Administración tiene que medir muy bien en qué se va a comprometer, porque si vamos a decir que vamos a liberar de Manolos a San Ramón en un año, no va a ser posible. Nosotros entraríamos en un incumplimiento contractual. Estamos haciendo toda una valoración, dimensionando cómo podemos avanzar nosotros.

¿Cómo se reconocen los nuevos costos de la obra?

-De acuerdo con la legislación costarricense, y en  eso la Sala Constitucional  ha sido reiterativa en sus pronunciamientos: tiene derecho el oferente a pedir un reequilibrio de su contrato. Eso significa que si cuando ofertó el costo eran $200 millones y pasaron cuatros años antes de que comience el proyecto, esos costos tienen que actualizarse al año cuando se va a hacer la obra. Se actualiza en función de los índices que publica el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

¿Es cierto que ya se está hablando de $530 millones en este proyecto (se  adjudicó en $267 millones).

-En lo que es el costo final de la obra, más que hablar de estos momentos hay que hablar del  momento en que nosotros vayamos a hacer la obra. Si vamos a arrancar con la obra mañana, sentémonos con el concesionario, apliquemos todos los índices del INEC y veamos cuánto cuesta. Y otro asunto que hay que ver son sus condiciones de financiamiento, cuáles eran antes y cuáles son hoy.

¿Qué plazo están proyectando para comenzar los trabajos?

-A mí no me gusta hablar de plazos cuando no tengo certeza, porque puede ser que no obtengamos los recursos para hacer lo que está pendiente (…). Prefiero ser honesto y decir las cosas serán en función de la asignación de recursos que tengamos. Nosotros vamos  a hacer nuestro mejor esfuerzo para lograrlo.