Los variados y crecientes problemas que enfrenta Costa Rica para abastecer de agua a su población y las tendencias mundiales hacia la privatización de las fuentes de este recurso, son una campanada que alerta sobre la urgencia de mejorar los controles en el uso de este vital líquido.
Como una paradoja, mientras en Costa Rica relativamente abunda el agua, escasean los controles reales para asegurar un uso sostenible de este recurso natural y evitar que los concesionarios privados se beneficien.
Ante la escasez de agua en el mundo y la presión cada vez mayor por controlarla, preocupa la realidad de la producción y extracción del llamado «petróleo blanco» en el país.
Existe incapacidad institucional de control y supervisión sobre las concesiones para extraer y aprovechar las aguas subterráneas de pozos; mientras tanto la presión por este recurso amenaza la cantidad disponible y, por ende, la calidad de vida.
Muchas manos han estado secas y hay bocas sedientas ante los racionamientos de verano que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como por los recientes cortes debido al mantenimiento en las plantas.
A esto se suman hechos que alertan sobre la crisis en la gestión del recurso hídrico, como la contaminación por químicos en una de las tuberías que abastece San José, ocurrida el año pasado; la ruptura del alcantarillado causada por una empresa constructora en Curridabat; la contaminación de aguas subterráneas en el tajo de la compañía Pedregal, así como el deficiente estado del alcantarillado sanitario.
El sector hídrico de Costa Rica enfrenta conflictos sobre los que ya han puesto los ojos tanto investigadores como ambientalistas, ante el peligro de que unos pocos usufructúen del agua, un bien vital que debe distribuirse bajo principios de solidaridad y equidad.
OFERTA Y DEMANDA
El consumo total de agua en el país oscila entre los 4,42 y 10 km. cúbicos al año, lo cual representa una extracción de entre el 2,6 y el 5,9% del total disponible, según datos de abril de 2001 del Observatorio de Desarrollo (OD) de la Universidad de Costa Rica. Además, se estima que de 1990 al 2001 la demanda aumentó entre un 31% y un 43%.
Los mantos acuíferos son fundamentales para el suministro de agua potable y los de mayor potencial son de origen volcánico, los cuales se ubican en la cuenca del río Virilla.
El VII Informe del Estado de la Nación detalla que durante 2001 se extrajeron entre 5.5 y 6 m3/segundo de los principales mantos que abastecen al Gran Area Metropolitana (GAM).
La extracción es facilitada por la figura de concesión y en el Valle Central el número de pozos autorizados ha crecido en un 217% de fines de los años 80 hasta el 2000, dice el informe. Actualmente funcionan 5.711 y la mayoría son para uso privado.
Las principales fallas con respecto a la producción y extracción de agua se relacionan con el control y fiscalización de estas concesiones, tarea que le corresponde al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
Asimismo, numerosos vacíos legales impiden que el Estado cobre el verdadero valor económico del agua y que se establezcan sanciones para quienes usufructúan con el recurso.
POR DEBAJO DE LA TIERRA
El consumo de agua potable en tarifa industrial ha bajado considerablemente en el GAM, ya que el sector industrial está explotando aguas subterráneas, e incluso la misma Caja Costarricense del Seguro Social.
Esta información, que ya había mencionado el Observatorio, fue reafirmada por el consultor Paulino Picado, durante el foro «Agua potable y saneamiento» realizado el pasado 12 de febrero en la Federación Costarricense para el Ambiente (FECON).
«Se estima que un 91% del agua destinada a usos industriales proviene de aguas subterráneas. Es probable que gran parte de la misma -como la que se emplea en la gran industria hotelera, la industria de las bebidas y algunos hospitales importantes de la CCSS- utilice pozos privados en los cuales no existe fiscalización», dice el documento del OD.
Por su parte, el jefe del Departamento de Aguas del MINAE, José Miguel Zeledón, comentó a UNIVERSIDAD que todo empresario busca la seguridad de los insumos y el agua subterránea provee cantidad, seguridad y calidad a un bajo precio, al igual que el sector hospitalario puede usar el agua de la cañería en el momento en que les falle un pozo, y así corren menos riesgo de quedarse sin el líquido.
No es un problema del empresario ni de quien quiera aprovechar el agua, sino del Estado que no regula eso, añadió.
Otro aspecto que favorece la sobreexplotación de los acuíferos es el actual sistema de canon que rige las concesiones, pues lo que se paga por uso de aguas subterráneas está muy por debajo del valor real del recurso, según el OD.
El canon que cobra el MINAE por aprovechamiento de aguas subterráneas depende del uso y del caudal extraído; pero, conforme éste aumenta, el monto por pagar se reduce, con lo cual se subsidian actividades que consumen enormes cantidades.
CON PERMISO
En lo que va del año, el MINAE ha otorgado muy pocas concesiones, porque en esta época se realiza la mayoría de los estudios de campo; no obstante, se dan aproximadamente 450 concesiones por año, que pueden ser nuevas o renovaciones de permisos.
Según detalló Zeledón, existe un formulario con requisitos estipulados por ley para que cualquier persona -física o jurídica- la solicite.
Cuando se trata de aguas subterráneas, se pide como requisito técnico tener un permiso de perforación primero y la empresa se compromete a entregar al MINAE un estudio hidrogeológico que muestre el potencial de ese pozo. Si se encuentra agua pasa a consulta al ICAA y al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).
En el formulario también debe especificarse el uso que se le dará al agua (riego, industrial, turístico, agropecuario o uso poblacional, como las municipalidades) y el Departamento evalúa la disponibilidad del recurso.
Todas las concesiones son temporales y se pueden otorgar hasta por 30 años, aunque Zeledón dijo desconocer alguna que sea haya dado por más de diez.
La empresa sólo puede extraer la cantidad estipulada en el permiso y sólo en la propiedad para la que se solicitó, por lo que cualquier incumplimiento de esas especificaciones es, supuestamente, causa de caducidad del derecho por ley.
Con respecto al monto que se paga por esto, el canon es variable y tiene valores diferentes para aguas superficiales o subterráneas; y según el uso, aseguró Zeledón. Si se consume entre 0.1 y 1 litro, ejemplificó, se paga el porcentaje de lo que se usa por lo que vale ese rango. El más barato es el uso doméstico y el más caro es el uso hidroeléctrico.
«Aquí se niegan algunas concesiones; esta semana se denegó una porque la fuente está comprometida para un acueducto rural en Palmichal de Acosta y también existen cuencas vedadas, como la de Tapezco en Alfaro Ruiz y la del Tempisque», aclaró.
GANANCIAS EN BOTELLA
Por su parte, el jerarca del Aya, Rafael Villalta, también ha admitido que las empresas embotelladoras le están sacando ganancias al agua, al no brindar un servicio colateral y no resarcir al Estado por la explotación de este recurso («Sequía de controles en fuentes de agua», La Nación, 2001).
El agua embotellada es uno de los productos que ha tenido el mayor crecimiento en el mundo: alrededor de un 35% anual.
Compañías como Florida Ice & Farm-Cervecería de Costa Rica y Panamco-Coca Cola se encuentran en este mercado.
Con su marca Cristal, la Cervecería concentra más de un 50% de sus ventas de agua en el segmento de garrafones, según una nota publicada en abril del 2000 en la revista «Actualidad económica». Los otros productos que más se consumen son las botellas de medio litro, y litro y medio, donde hay mayor competencia.
Por otro lado, la venta de garrafones a domicilio es más rentable en países como México, donde la calidad del agua no es tan buena como en Costa Rica. En otros se comercializan filtros purificadores de agua para «decirle adiós a la compra de agua» como dice un mensaje publicitario del Purificador de agua Newater, que se vende en Argentina.
Por su parte, Zeledón aclaró que no llamaría comercialización al uso embotellado del agua, ya que «se está previendo en la ley. No veo mal que se embotelle el agua, siempre y cuando esté regulado; el problema es que el Estado tiene un vacío al no cobrar por esa agua como debería».
ILEGALIDAD
Por otra parte, de acuerdo con el Observatorio del Desarrollo se calcula que existen aproximadamente 15.000 puntos de extracción no autorizados.
Zeledón reconoció este hecho, aunque dijo desconocer el número de puntos de extracción ilegales. «El número me parece muy alto. Existen 5.000 expedientes legalizados y calculamos que la ilegalidad es de un 20% pero porque la gente no renueva el permiso, o cree que sigue teniendo la concesión después de que esta se venció».
Añadió que si encuentran a alguien que explota el agua sin concesión, acuden al Código Penal para manejarlo como una usurpación; pero, «los resultados finales no son halagadores, porque no se está penalizando realmente como debería ser».
Ante esto, el Departamento de Aguas dice carecer de recursos suficientes para fiscalizar que la extracción de agua se dé en las condiciones que especifica la concesión otorgada. Zeledón indicó que si bien cuentan con quince funcionarios, se incluye a secretarias, personal de limpieza y guarda.
De esos, ocho técnicos hacen labor de campo; y un funcionario se ocupa del control de las perforaciones; pero «en las concesiones que ya se dieron, el control es mínimo».
Otro punto que se ventiló en el foro citado, fue que el MINAE otorga las autorizaciones para la prestación del servicio de acueducto, pero esto no está reglamentado, aseveró Picado.
«Ahí tenemos otra falla», admitió Zeledón. En el país se pueden otorgar concesiones de servicio público de alcantarillado a privados, porque estaba previsto en la ley del desaparecido Servicio Nacional de Electricidad (SNE), y fue una competencia que se le trasladó al MINAE; pero, a la fecha eso no está reglamentado.
Aunque se arrastran concesiones otorgadas por el SNE, como Servicios Belco en Tamarindo y en Los Reyes -La Guácima de Alajuela-, Zeledón aseguró que actualmente no se otorgan este tipo de concesiones.
TRES PROYECTOS
Zeledón destacó el carácter futurista de la Ley de Aguas que no ha colapsado, a pesar de haberse aprobado en 1942.
Existen tres proyectos de ley sobre el manejo del agua en la Asamblea Legislativa.
Alejandra Aguilar, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), informó que uno es la Ley de Conservación y Manejo del Recurso Hídrico, propuesto por la Defensoría de los Habitantes; otro fue una iniciativa del MINAE, la Ley del Recurso Hídrico; y el tercero es un proyecto de ley presentado por el Partido Fuerza Democrática.
Los principales cambios de la nueva Ley del Recurso Hídrico, según Zeledón, se refieren al valor económico del agua, la administración por cuencas y las sanciones (Ver recuadro «Más recursos y sanciones»).
En primer lugar, la nueva ley regula con la intención de que se pague según el uso que se le dé al agua; la cantidad; y la zona, porque puede escasear en un lugar y se puede motivar la extracción en zonas de más disponibilidad.
«Creo que todo el país está perdiendo ahora, porque no se paga el valor económico del agua con el canon actual y lo que se prevé con la ley es que entre más agua use, pague más».
En segundo lugar se prevé un manejo por cuenca, y la idea es que un porcentaje de los ingresos por el canon se destine a la cuenca donde se aprovecha el recurso hídrico, para su protección, conservación e infraestructura de la zona.
Y tercero, la ley actual es nula con respecto a sanciones, por lo que éstas serían tanto económicas como judiciales y penalizarían contaminación y usufructo del recurso sin concesión.
En estos momentos, tanto el CEDARENA como la FECON estudian dichos planes para emitir un criterio técnico sobre los mismos.
Sin embargo, Osvaldo Durán, sociólogo y presidente de la Asociación Proal, criticó que las autoridades no hayan propiciado aún un amplio debate sobre el proyecto de ley planteado por el MINAE.
A pesar de los vacíos legales y ante la eventual discusión de la ley, Zeledón es del criterio de que se pueden tomar acciones inmediatas para el manejo del recurso hídrico.
La semana pasada el MINAE y el ICAA acordaron emitir un decreto con acciones regulatorias sobre la margen derecha del Tempisque en Guanacaste, zona donde hay indicios -aún no comprobados- de posible problema de disposición de agua subterránea.
También planean que el ICAA inscriba las fuentes de agua que posee en la zona para conocerlas y agruparlas en una sola base de datos. «Hay que empezar por algo y esa es zona prioritaria», afirmó.
PETRÓLEO BLANCO
La presión que existe por el preciado líquido llega a ser cuestión de vida o muerte en algunas regiones del planeta, aunque en general aún no exista una conciencia ni cultura por la conservación de este.
Instituciones y expertos continúan alertando sobre la creciente escasez de agua dulce en el mundo, que ya padecen 450 millones de personas en 29 países, y según las predicciones, en los próximos 25 años más de 2.500 millones de personas enfrentarán escasez de agua.
La falta de agua potable para el consumo humano o destinada al agro, es un problema real en partes de Europa, América del Sur, China, India y la mitad de Africa.
En una conferencia de la Organización de Naciones Unidas, realizada en setiembre del 2000, especialistas manifestaron que unos 1.200 millones de personas carecen de agua potable y se comprometieron a reducir ese número a la mitad para el 2015.
En un futuro cercano, este recurso será el petróleo blanco de la humanidad, expresa un comunicado reciente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
«La equidad social en el acceso al agua, la protección de los ecosistemas acuáticos y del recurso hídrico, y la necesidad de exigir que la extracción del agua y los procesos productivos ligados a la misma sean sostenibles», deben inspirar la gestión en este sector.
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público y consecuentemente se convierte en un bien inembargable, inalienable, imprescriptible y fuera del comercio de los hombres, continúa.
Para Osvaldo Durán, presidente de la Asociación Proal, hace tiempo que el agua dejó de ser un recurso abundante y de fácil acceso, para convertirse «en una mercancía preciada, pero destruida excesivamente, escasa y por cuyo dominio ya ha muerto gente».
El criterio de José Miguel Zeledón, jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), es que las aguas son públicas y debemos mantenerlas así para que cualquiera tenga acceso; pero el Estado debe cobrar por ellas.
Más recursos y sanciones
A continuación se enumeran algunas disposiciones del proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Ambiente y Energía:
– Crea la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, que sustituye al Departamento de Aguas.
-El Estado le dará a esta los recursos materiales, técnicos, financieros y humanos necesarios para cumplir las responsabilidades.
– El país se dividirá en unidades hidrográficas correspondientes a una – Todas las personas físicas o jurídicas que usen y aprovechen el agua, deberán pagar su valor mediante el canon, que se calculará según los usos, cantidad aprovechada, valor como insumo de producción y uso como bien de comercio.
-La Dirección dispondrá de un listado de las empresas registradas y autorizadas, que serán las únicas que podrán realizar trabajos de perforación
-La Dirección levantará la información sobre los pozos excavados existentes.
– Los usuarios de una o varias fuentes vecinas podrán constituir Sociedades de Usuarios de Agua para riego, acuicultura, uso agropecuario y doméstico siempre que sea para consumo de sus socios y no constituya un servicio público.
– Se establecen sanciones que van desde una multa de 3 salarios mínimos hasta prisión de seis años a quien, por ejemplo, destruya el bosque dentro de los doscientos metros circundantes de la nacientes que abastecen poblaciones, o aproveche el recurso hídrico sin concesión.
Fuente: Proyecto de Ley del Recurso Hídrico.
