Óscar Arias niega participación en la escogencia, pero Ricardo Toledo acepta que le envió mensajes al aspirante presidencial liberacionista
La posible intervención del bipartidismo en el nombramiento de la Contralora General de la República, Rocío Aguilar, sería una nueva forma de control estratégico.
La elección de Rocío Aguilar como nueva Contralora General de la República, sin haber estado en la nómina oficial de concursantes, es interpretado por algunos diputados y especialistas como una forma de control que los partidos tradicionales tendrán sobre un organismo estratégico del Estado que estará bajo el control de la funcionaria.
El diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Ricardo Toledo, admite que se trató de «un golpe» y reconoce que por medio de Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción liberacionista, envió mensajes sobre el tema al aspirante presidencial Óscar Arias, aunque el legislador considera que este acto no es un acercamiento o influencia de este último hacia la mencionada elección.
Arias argumentó que no posee ninguna especial injerencia en la nominación de la contralora, «pero tengo la mejor opinión de ella y creo que es un gran acierto para el país».
Toledo, como otros parlamentarios, cuestiona el procedimiento que se siguió para escoger a Aguilar, al igual que Epsy Campbell -jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC)-, Humberto Arce -jefe de la bancada de Unión Patriótica (UP)-, y el mismo Carlos Ricardo Benavides, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Nombramientos en la Asamblea Legislativa.
Algunos expertos consultados por UNIVERSIDAD, como José Carlos Chinchilla, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y Alberto Cortés, Director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, consideran que esta es una forma de «colarse» estratégicamente en una entidad tan importante como es la Contraloría General de la República. (Ver nota aparte: «Bipartidismo se infiltra»).
Los entrevistados admiten como «curioso» el hecho de que Aguilar pase de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones de Obras Públicas al de Contralora, cuando la misma entidad que ahora dirigirá vetó la realización de varias infraestructuras que ella tuvo a cargo.
Ahora, Aguilar tendría la facilidad de manejar en forma diferente estas resoluciones, dijeron, por aparte, Campbell y Arce.
Estas afirmaciones, para Carlos Ricardo Benavides «son prejuicios injuriosos» que no tienen una prueba real.
¿CONVENIENTE «OCURRENCIA»?
Ricardo Toledo ha desempeñado el papel de intermediario en múltiples ocasiones, principalmente en las que tenían que ver con el Presidente de la República, Abel Pacheco, y el Poder Legislativo.
Ahora sería un enlace entre el PLUSC (el pacto que une al PLN y el PUSC) como candidato único por la Unidad, y el Partido Liberación Nacional cuyo principal líder es Arias.
Asegura Toledo que, ante un panorama fraccionado en el que cada agrupación política tenía su propio candidato, «y la preocupación de que no iba a haber contralora, a mí se me ocurre, por inspiración divina -porque así fue- de que podía ser Rocío Aguilar, una mujer que nunca ha tenido una participación con ningún partido político».
«Llamé a Carlos Ricardo Benavides después de haber conversado con ella y le dije que las posibilidades eran de nombrar a Marta Acosta -la actual subcontralora- y a Aguilar. Ellos querían al economista Fernando Herrero y nosotros a Luis Polinaris, pero así las cosas, no iba a quedar ninguno. Analicen el asunto y me avisan», les dijo Toledo a los verdiblancos.
Relató que cuatro horas después lo llamó el jefe de la bancada verdiblanca y le dio el sí.
El legislador asegura que algunos se rasgan ahora las vestiduras porque no les pareció que fuera designada la actual Contralora, pero jamás objetaron un candidato de ellos cuando tuvo que hacerse una alianza con otro partido político.
«El problema es que cuando se pierde es malo el pacto; cuando se gana, sí es bueno. ¿O usted cómo cree que llegó don Rolando Laclé y don Mario Redondo con los votos de los libertarios para la presidencia del congreso?».
Añadió que «con el PAC, ¿qué hemos logrado? También muchos acuerdos, y en el segundo año llevamos a la presidencia a un compañero. Bueno, ¿eso es malo o es bueno? ¿O solo cuando se hace con Liberación?»
Al cuestionarle si esta elección fue un acercamiento que tuvo con el arismo, aseguró que «yo me acerco al que le haga mejor al país. A mí no me importa si se llama Óscar Arias, no le tengo miedo. Pero si tengo que llegar a un pacto con él para sacar adelante al país lo voy a hacer».
Aseguró que se trata de un asunto patriótico y que si debía hacer pactos con otras figuras políticas como Otto Guevara -del Movimiento Libertario- o con Ottón Solís (del PAC) lo iba a realizar.
Al preguntarle por qué no se siguió el método usual de escrutinio en el caso de Rocío Aguilar como se hizo durante cuatro meses con los otros candidatos, Toledo aseguró que «el procedimiento no es obligatorio y el PLN y el PUSC tomamos una decisión. Con 29 votos obtuvimos una nueva contralora».
DOBLE MORAL
Carlos Ricardo Benavides destacó que los diputados no están obligados a seguir las recomendaciones que proponga la comisión existente para tal efecto.
Aseguró que los actuales cuestionamientos son una doble moral porque cuando dicha comisión recomendó a «cuatro excelentes postulantes para el cargo de Procurador, nadie siguió las recomendaciones y la que obtuvo mayores votos fue la diputada Gloria Valerín».
Benavides reconoció que el domingo antes de elegirse como candidata a Aguilar, él la llamó por teléfono para hacerle preguntas de orden personal.
«Yo estaba en Puntarenas, mi tierra natal. No me reuní físicamente con Toledo, ni Lilliana Salas -jefa de la bancada socialcristiana- o con la actual Contralora», dijo.
El jueves anterior a la elección de la Contralora los integrantes del Partido Acción Ciudadana (PAC) tenían como candidato a Johnny Meoño; los de Unión Patriótica (UP) proponían a Álvaro Fernández, igual que los del Movimiento Libertario (ML), mientras que los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) proponían a Luis Polinaris.
Epsy Campbell aseguró sobre el procedimiento seguido que no «hubo transparencia y se trata de un montaje característico del PUSC y del PLN que pretenden seguir tomando las instituciones públicas».
Estos partidos «han logrado infiltrar la Corte, la Contraloría -tenían un Contralor que era absolutamente permisivo-. Todo pertenece a una lógica de acaparar las instituciones, sin que las personas que van a asumirlas sean producto de un escrutinio igual que el resto».
La parlamentaria estimó que si los partidos mayoritarios «estaban dispuestos a poner a una persona que no estaba en la nómina, lo mínimo que debieron haber hecho es que avisaran con tiempo para valorar a la postulada».
Al consultarle si el PLUSC quiere volverse a arraigar con la supuesta participación de Toledo y Arias, Campbell consideró que esta no es una alianza nueva.
«Lo que ha sucedido con el combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) demuestra una vieja alianza. Mientras tanto, El PLN solo tiene un líder, entonces que él esté involucrado en esta decisión me parece un asunto muy obvio», dijo la diputada.
«Lo que cuentan abiertamente Ricardo Toledo y Carlos Ricardo Benavides es la historia de cuál es la Contralora que les servía».
Al preguntarle qué opina de la funcionaria técnica que se le ocurrió a Toledo proponer entre todas las existentes, Campbell dijo que le llama mucho la atención que sea la experta en Concesiones.
«Ya sabemos que aquí no se necesita una ley para que existan monopolios privados; se pueden hacer por la vía de la concesión. Y entonces los partidos necesitan de gentes que faciliten eso. Esa es la lógica predominante. En eso es en lo que está Benavides», dijo.
¿CANDIDATA «TAPADA»?
Para Humberto Arce (UP), hubo un debate parlamentario arreglado en que el PLUSC duró largas horas en el plenario discutiendo sobre la elección para la Contraloría y nunca se mencionó el nombre de Rocío Aguilar.
«Luego, el fin de semana anterior a la escogencia de ella un lunes (transanterior), se reunieron los diputados del PLUSC y arreglaron la escogencia de Aguilar. Y, ahora sí, vienen las llamadas del expresidente Arias», aseguró el legislador.
«Dos diputados de Liberación Nacional me confesaron las presiones que recibieron de Óscar Arias».
Arce aseguró que Aguilar representa una pieza del bipartidismo. «Ella es ideóloga, gestora, promotora de la transformación del Estado que ha sido objetado por la Contraloría».
Agregó que «el ente contralor ha sido el obstáculo que han enfrentado quienes quieren una privatización atropellada desde el Consejo Nacional de Concesiones que para eso se creó».
«Ella viene de la empresa privada, del sector financiero. No tiene otra experiencia en la función pública que no sea el estudio y elaboración de contratos los cuales no sean para pasarle negocios del Estado a manos privadas. Esto es muy preocupante por sí mismo», amplió Arce.
Incluso, destacó que «una persona que ya se cree presidente como Óscar Arias quiera tener una contralora fiel a él. La expresión que él usó fue: `me costó mucho convencerla. Ayúdenme votando por ella´».
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) es de las entidades más cuestionadas por la Contraloría en los últimos años.
Por ejemplo, existen fuertes indagaciones sobre la reconstrucción de la carretera Bernardo Soto que implicó una inversión de $11 millones.
Los contratos de las carreteras que quieren ser concesionados se modificaron sin refrendo.
«Ahora sí -alega Arce- entra el vínculo de Rocío Aguilar. Ella elaborando las bases para una concesión, mientras el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), saltándose las trancas de la Ley de Contratación, invirtió $11 millones en una concesión. Luego irá ella como Contralora a resolver esto».
Asegura que con el puerto de Caldera, la Contraloría encontró 150 fallas de lo que se iba a hacer según los contratos, lo cual implicó renegociarlos.
«Doña Rocío participó para acomodar los contratos a las exigencias de la Contraloría».
Sobre el tema, Benavides dijo que es darle a Aguilar un estatus que no tiene ningún contralor, el cual es estar por encima de la ley».
Aseguró que en estos juegos políticos existen múltiples contradicciones, ya que a él le llegó en cierto momento el liberacionista Luis Gerardo Villanueva a decirle, aparentemente, de parte de Epsy Campbell que votarían por Aguilar si estaban de acuerdo en elegir como Subcontralor General de la República a Max Esquivel, saliente Subdefensor de los Habitantes.
«Le mandé a decir que no», manifestó enfático Benavides.
Se intentó conversar con la diputada Gloria Valerín (PUSC), quien también se manifestó en contra del procedimiento para escoger a la Contralora, pero en su oficina se dijo el miércoles anterior que estaba en una reunión.
Luego no llegó al plenario el mismo día por haberse supuestamente incapacitado.
El lunes anterior, durante una comparecencia en una comisión interina que hizo el parlamento para entrevistar a Aguilar, el diputado independiente José Miguel Corrales, el exministro de Justicia José Miguel Villalobos y la parlamentaria Emilia María Rodríguez presentaron un recurso de amparo contra la forma como fue elegida la Contralora.
Bipartidismo se infiltra
A José Carlos Chinchilla, sociólogo y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, le parece que hubo irresponsabilidad y falta de planificación de la Asamblea Legislativa en la escogencia de la actual Contralora General de la República, Rocío Aguilar.
«No se ha nombrado desde hace un mes el Defensor de los Habitantes. Siempre hay atraso en los nombramientos de los magistrados. Es una incapacidad básica de funcionamiento», recalcó el analista.
Otro aspecto relevante para Chinchilla es que si se estaba haciendo un procedimiento de escogencia entre unos 30 participantes de los cuales se habían elegido cinco, era mejor haber empezado de cero, pero jamás haberse sacado de la manga a una persona que no estaba concursando.
«Rocío Aguilar debería pasar por el escrutinio de los legisladores», enfatizó.
Al consultarle sobre la participación de los aspirantes presidenciales del PUSC y el PLN en estos hechos, el experto insistió en que la escogencia fue del diputado Ricardo Toledo. «Más bien hablaría del bipartidismo que desea seguir poniendo sus piezas en lugares estratégicos».
ATROPELLO
Alberto Cortés, Director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, aseguró que existen dos puntos sobre los que habría que discutir el tema: la violación del proceso institucional y el papel que Rocío Aguilar ha tenido en las licitaciones del sector público.
Sobre lo primero, explicó que «no puede ser posible que el parlamento tenga un proceso de análisis de atestados y luego se dé un procedimiento extraparlamentario que responde a los intereses del grupo bipartidista integrado por Óscar Arias y Ricardo Toledo».
Calificó de «espurio este acuerdo que violenta la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y es una falta de respeto hacia esta entidad».
Sobre el segundo aspecto, «tiene que ver con los atestados de ella y el papel que jugó con las licitaciones del sector público al privado, si se las rechazaron y por qué».
«Liberación tenía su propio candidato, pero no iba a ganar. La Unidad no tenía posibilidad alguna de triunfo. Si ella quedó es porque tiene el aval del presidente del PLN y ese apoyo no es gratuito. (…) Me parece serio ese nombramiento para lo que es control político y habría que ver si esa elección se revoca».
Sobre el particular, Arias aseguró que no tiene «ninguna especial injerencia en su nominación» (la de Aguilar).
«Considero que con la escogencia de Rocío Aguilar el único triunfador es el pueblo de Costa Rica y no ningún partido político o grupo de partidos», manifestó.
«No creo que se rompa una institucionalidad, aunque sí una costumbre de los últimos años. La Comisión de Nombramientos ha jugado un papel importante en la elección de los candidatos a distintos poderes por parte de nuestra Asamblea Legislativa».
«Pero eso no significa que nuestro parlamento no pueda escoger a una persona muy bien calificada para un determinado puesto, que no haya pasado por el tamiz de dicha comisión»
