La negativa de los partidos mayoritarios para informar acerca de sus ingresos y gastos en la presente contienda electoral ha despertado malestar en Transparencia Internacional Costa Rica y en muchos ciudadanos de este país.
Si bien al inicio de la presente campaña política se les solicitó a los candidatos de los partidos mayoritarios firmar un acuerdo en el cual se comprometían a informar acerca de todos sus gastos e ingresos, los datos hasta el 7 de febrero por Transparencia Internacional en Costa Rica evidenciaron, un claro desinterés por parte de ambos por realizar procesos electorales más claros.
Según dijo Mario Carazo, vicepresidente de Transparencia Internacional, el aspirante liberacionista Rolando Araya no firmó el documento alegando que él estaba obligado a rendir cuentas únicamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por su parte, el socialcristiano Abel Pacheco aceptó el acuerdo pero su partido no presentó la información pertinente y por ende incumplió con el compromiso.
Ante la negativa de divulgar los ingresos y los gastos, Transparencia optó por hacer un monitoreo de la propaganda de la campaña y estimar los gastos en que había incurrido cada uno de los partidos. De esta forma, cotejando la información que los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Socialcristiana (PUSC) entregaron al Tribunal y los que obtuvieron del monitoreo, se percataron de que había diferencias millonarias entre lo reportado y el dinero que se gastó.
Por ejemplo, las estimaciones de esa entidad muestran que el PLN gastó hasta febrero de este año ¢375 millones más que lo reportado oficialmente al TSE.
Mientras que el PLN y el PUSC reportan erogaciones superiores a los ¢4.000 millones, otras agrupaciones políticas solo gastan una décima parte de esos montos y sin embargo obtuvieron importantes porcentajes de votos.
Tal es el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC), que sin acceso a deuda política adelantada realizó una campaña austera y logró que su mensaje llegara a la ciudadanía al punto de obtener más de 400.000 votos.
Su dirigente principal, el excandidato presidencial Ottón Solís, anunció que por el caudal de votos obtenidos tendrá opción a la deuda política adelantada en las elecciones del 2006; pero que el monto que le corresponde es superior a lo que ellos gastaron en la presente campaña.
Las estimaciones iniciales del PAC indican un gasto de ¢200 millones durante toda la campaña. «Logramos llegar con el mensaje que queríamos sin gastar mucho dinero. Estamos pensando en destinar los recursos que el Estado nos dé en actividades como foros ciudadanos para profundizar nuestros planteamientos con la población», dijo Solís en un programa de Canal 15 transmitido la semana anterior.
SIN PRECEDENTES
En opinión de Mario Carazo, esta campaña, al igual que las anteriores, se ha caracterizado por el despilfarro de fondos públicos y por el desconocimiento de la identidad de los contribuyentes privados en los gastos de los partidos. Sin embargo, hay satisfacción ante la reacción y la conducta de los medios de comunicación y por ende de la sociedad civil, que empieza a exigir que los políticos rindan cuentas claras.
«Un éxito sin precedentes», así catalogó los logros alcanzados por esta institución durante el proceso electoral y agregó «hace tan sólo unos años, a nadie le preocupaba de dónde provenía el dinero para las campañas políticas ni cómo los partidos gastaban el dinero público».
Incluso algunos ciudadanos han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público por haber utilizado su nombre como donantes del Partido Liberación Nacional (PLN), cuando ellos nunca dieron ningún dinero.
En este contexto, los bancos nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los contribuyentes particulares están obligados a ser más cautelosos con el manejo de los recursos. Además, quienes realizan donaciones a los partidos políticos comprenden que deben abstenerse de contribuir si desean proteger su identidad, porque «el que nada debe, nada teme».
REFORMAS NECESARIAS
«¿Cómo es posible que las dos últimas legislaturas, las únicas reformas al código electoral sean con respecto a si se vota con el dedo o con lapicero o si el Estado facilita el transporte para los votantes el día de las Elecciones? Es necesario que el TSE facilite mayor agilidad en todos los procesos y que se realice una reforma para queel tribunal pueda asumir responsablemente su labor», dijo Carazo.
Agregó que es innegable que en Costa Rica se vive un proceso electoral envidiable en relación con otros países. «Hay cosas muy buenas y hay que reconocerlo. Sin embargo, como todo proceso democrático, hay altibajos en su procedimiento y es precisamente allí donde ha estado la falla».
En este sentido señaló carencias en el TSE que desfavorecen la transparencia de las contiendas nacionales. «Históricamente, después de consolidar el proceso electoral, se creó una instancia como el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar la pureza del sufragio y evitar el fraude. No obstante, las épocas han cambiado y el TSE debe cumplir con muchas otras funciones para garantizar un proceso ordenado y limpio», agregó.
Los controles que realiza el TSE no son suficientes, puesto que la información sobre los ingresos de los partidos políticos que provienen de fuentes privadas y la forma en que manejan el dinero de la deuda política, deben ser de carácter público y el TSE no ha logrado que así sea.
«La sociedad civil tiene todo el derecho y el deber de conocer cómo se invierte su dinero y quiénes son los contribuyentes privados y cuáles son sus intereses al colaborar en una campaña. Además, el TSE debe preocuparse porque los procesos electorales sean más ágiles y precisos y por exigir responsabilidades ante el uso de los recursos públicos. El TSE goza de una vigencia constitucional por encima de las normativas comunes y está en condiciones de exigir estos requerimientos a los partidos políticos. Adem*s, es un asunto de obligación… ¡es su deber!», enfatizó.
Además, «los partidos políticos son medios, no fines, eso debe estar bien claro para todos. Ante el TSE y ante los costarricenses, ellos son sujetos de responsabilidades y deben presentar a la ciudadanía su mensaje, su gente y sus medios de financiamiento», concluyó.
CIFRAS POLÉMICAS
Algunos datos de la campaña anterior muestran discrepancias, según datos de la Contraloría General de la República.
Partidos Suma cobrada Suma Objetada* Suma Aceptada
PUSC 2. 435.936.288,96 925.041.188,45 1.510.895.100.51
PLN 1.748.771.566,63 413.137.250,27 1.335.634.316.36
*La cantidad de dinero objetado ante la suma cobrada fue el dato que despertó curiosidad en Transparencia Internacional para realizar los monitoreos durante este proceso electoral.
