Los partidos políticos podrían recibir del Estado casi ¢8.000 millones como contribución a los gastos de campaña en el 2006, unos ¢3.000 millones más de lo que recibieron en el 2002.
De no haber cambios por parte de la comisión especial legislativa que analiza el financiamiento político, el Estado deberá aportar cerca de ¢8.000 millones en las próximas elecciones nacionales del 2006, como contribución al pago de la deuda electoral.
Este monto correspondería al 0.10% del Producto Interno Bruto (PIB) del año trasanterior a la elecciones, y representaría ¢3.000 millones más de lo que se destinó en las votaciones del 2002 (¢4.915 millones), casi el doble.
Este 0.10% acordado en la mencionada comisión sustituiría al 0.19% que asigna la Constitución Política en su artículo 96, que de ser aplicado elevaría la contribución estatal para el 2006 a la cifra de ¢15.000 millones, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
Ante tal posibilidad, algunos diputados de la comisión están preocupados y en próximas reuniones evaluarán si es factible reducir aún más ese porcentaje respecto al PIB.
Cabe recordar, que en las elecciones pasadas se aplicó un transitorio del Código Electoral, mediante el cual se establecía que para ese año la contribución estatal a la deuda política no podía exceder el 0.10%, en lugar del 0.19% fijado por la Constitución Política.
De cara a los próximos comicios, el presidente de la comisión especial de financiamiento político -Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN)- presentó una moción el pasado 5 de agosto para que en el artículo 200 del Código Electoral se establezca este porcentaje y que diga que dicho aporte será el 0.10% del PIB del año trasanterior a la celebración de la elección nacionales.
La propuesta fue aprobada con el voto de tres miembros de la comisión y fue rechazada por dos. Esta comisión está integrada por Villanueva, Gloria Valerín (Partido Unidad Social Cristiana -PUSC-), Humberto Arce (Bloque Patriótico), Luis Ramírez (PLN), Rodolfo Delgado (PUSC), Marta Zamora (Partido Acción Ciudadana -PAC-) y Ronaldo Alfaro.(Movimiento Libertario).
Marta Zamora se opuso a la moción de Villanueva, pues considera que el porcentaje debe ser bajado al 0.08% del PIB y con ello se ahorraría el Estado ¢1.600 millones más.
Con el fin de evitar que se mantenga ese 0.10%, Zamora presentó una moción que deberá ser votada en una próxima sesión y de aprobarse anularía la de Villanueva.
PREOCUPACIÓN
Pese a que los legisladores aprobaron en comisión el 0.10%, están de acuerdo en discutir más a fondo el tema y de reducirlo si lo estiman conveniente, pues el monto por gastar en las siguientes elecciones sería alto.
«Querría tener cálculos razonables, certeros, de cuánto es lo que se necesita para cubrir todos estos rubros, a fin de que hagamos una aproximación realmente verídica de cuál es la contribución que los partidos necesitan», dijo al analizar el tema la diputada Gloria Valerín.
En su opinión, «la democracia hay que costearla y lo más importante del costo es no depender de los grandes intereses económicos que son los que donan grandes cantidades a los partidos políticos».
No obstante, Valerín ve difícil convencer a la ciudadanía de esta necesidad, ya que «por definición, para mucha gente en este país, política es sinónimo de corrupción. Político es sinónimo de persona corrupta. Entonces, ¿cómo va a estar la gente de acuerdo con que se dé plata para la política, que es lo más corrupto, que es lo más nefasto, que es lo más etcétera? Todos los epítetos malos se le pegan. ¿Cómo va a pedirle uno a la gente que piense diferente?».
Por su parte, el presidente de la comisión -Luis Gerardo Villanueva- no descarta que se pueda bajar el 0.10% si se demuestra con datos concretos que se puede hacer, aunque se muestra satisfecho con este porcentaje, dado que es casi la mitad del 19% que fija la Carta Magna.
Una posición contraria expresó el libertario Ronaldo Alfaro, para quien «esto es, prácticamente, una cascada de dinero imparable que está yendo a la contribución de los partidos políticos. (…) Aún analizando la inflación y todos los demás elementos que se quieran agregar, considero que es excesivo».
Para el liberacionista Luis Ramírez, es necesario reducir el tiempo de la campaña y con ello la publicidad, que es uno de los rubros más onerosos, junto con el transporte de electores el día de los comicios.
Mientras tanto, la legisladora Zamora sostiene que una forma de bajar los costos de la campaña seria mediante la donación de al menos medio día de trabajo, por parte de las compañías con concesiones en el servicio de autobuses.
Un planteamiento similar hizo el diputado José Miguel Corrales (PLN), para quien el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debería aprobar los gastos de campaña, previa justificación y documentación de los partidos, así como fiscalización de la Contraloría General de la República.
Corrales calcula que los gastos electorales podrían reducirse a la mínima expresión si se legislara para que el Estado exija a quienes obtienen concesiones públicas para usufructuar servicios públicos como taxis, autobuses, televisión, y radio, que brinden de manera gratuita espacio a los partidos para sus campañas, o transporte durante el día de elecciones.
Sin embargo, denunció que no hay interés en aprobar un plan como este, ya que «después de cada campaña política, un grupo de compañeros se hace más rico y otros salen de pobres».
UN GASTO ¿NECESARIO?
Consultado sobre el tema el defensor adjunto de los habitantes, Max Esquivel, comentó que en las diferentes formas de organización del Estado se ha perdido la perspectiva y en vez de cumplir con el fin primordial: la satisfacción de la dignidad del ser humano, se han convertido los instrumentos en fines, y los procesos electorales no escapan a ello.
Por eso, sostiene que ya sea el 0.10% o el 0.19%, son montos altos y no contribuyen a que el sistema democrático funcione en beneficio de las personas.
Con tono severo, Esquivel alegó que «estamos en un país pobre, en donde los programas sociales están cediendo ante criterios fiscales y están condicionados a la aprobación de leyes que crean más impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a darnos el lujo de gastar tanto dinero en un tipo de campaña política que no le aporta nada a la democracia?».
Abogó por un análisis profundo de los costos de las campañas y por fomentar más bien procesos electorales formativos, que involucren a las personas en los problemas y que participen realmente en la formulación de las políticas que promueven sus propios partidos.
Por otro lado, según explicó el asesor de la diputada Marta Zamora -Christopher Quesada-, cualquier cambio en torno al porcentaje del pago estatal por concepto de deuda electora, debe ser enviado a consulta del TSE antes de julio del próximo año para su aval, pues de lo contrario no podría regir en las elecciones inmediatas. Si la Asamblea Legislativa quisiera apartarse del criterio del TSE, la reforma deberá contar con el apoyo de 38 diputados.
Proyecciones del pago de deuda política
-Con base en 0.08% del PIB: ¢6.397 millones
-Con base en 0.10% del PIB: ¢7.996 millones
-Con base en 0.19% del PIB: 15.193 millones
*Fuente: Ministerio de Hacienda (17-08-04).
