Nueva autopista a Caldera ya colapsó, mientras que situación con los muelles del Atlántico se podría complicar.
La inauguración de la autopista al puerto de Caldera, así como las negociaciones con el personal de la Junta de Administración Portuaria de los Puertos de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en busca de lograr la concesión de los puertos del Caribe, son los casos en los que la Casa Presidencial pisó el acelerador en su política de concesiones de obra pública en plena contienda electoral, de cara a los comicios del próximo domingo 7.
Por un lado, se trató de la cuestionada apertura de la carretera San José-Santa Ana-Orotina-Caldera. Esta construcción fue concesionada a la empresa Autopista del Sol, cuyo trabajo y administración, sobre todo de los peajes nuevos, han sido criticados principalmente por las personas de comunidades vecinas (Ver UNIVERSIDAD del 16 de setiembre).
Por otro, el tema de JAPDEVA tiene que ver con la premura del Poder Ejecutivo por lograr que los empleados modifiquen la convención colectiva de trabajo que rige en la institución, pues prohíbe que el manejo de los puertos de Limón y Moín sea dado en concesión.
A esos temas se suma el anuncio del presidente Óscar Arias de que antes de dejar el poder firmará las primeras concesiones de telefonía celular. Cabe recordar que antes del referendo del 2007, UNIVERSIDAD denunció la participación financiera en la campaña de Arias de empresarios centroamericanos ligados a esa actividad (Ver UNIVERSIDAD del 3 de octubre del 2007).
La socióloga Ciska Raventós manifestó que en estos acontecimientos es visible la intención del presidente Arias por “dejar asignadas muchas cosas antes de irse, busca profundizar procesos de concesión y privatización antes de salir del gobierno”.
Al respecto detalló que con la inauguración de la carretera “ha querido dejar la impresión de cumplimiento con un compromiso de gestión, mientras que el de JAPDEVA es un caso de intervención en política sindical. En ambos temas se nota el interés en consolidar los pasos hacia las privatizaciones”. Al respecto, sumó el mencionado ejemplo de las concesiones celulares.
CARRETERA PROVOCA MALESTAR
La construcción de la carretera nueva generó expectación, pues se trata de un proyecto aplazado por diferentes gobiernos durante tres décadas. Rodolfo Silva, exministro de Transportes, criticó que la empresa concesionaria aumentó significativamente el costo de la obra.
En el 2001 el costo se calculó en $158 millones; sin embargo, a este monto se le suman ahora los gastos financieros y de operación de la empresa, los cuales ascienden a $367 millones, según lo manifestó al Semanario Guillermo Matamoros, viceministro de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (Ver edición del 16 de setiembre del 2009).
“La vía para estos ajustes de precio es la complacencia o la alcahuetería de las autoridades y se reflejará en un aumento en el cobro de peajes, el cual no se hará sino hasta junio, después de las elecciones, por solicitud del Gobierno”, detalló.
Silva señaló que el periodo durante el cual se aplazó la construcción de la carretera incluye el primer Gobierno de Óscar Arias. Es más, recordó que en 1987 el actual Presidente recibió un préstamo por $40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de esta obra. “Transcurrió toda su administración sin que se hiciera nada. ¿Cómo viene ahora a criticar la falta de diligencia en ejecución de obras cuando su gobierno desperdició ese dinero?”. Ese préstamo finalmente se perdió, pues los sucesores de Arias tampoco lo ejecutaron.
El descontento con la nueva vía va mucho más allá de la discusión financiera. La afectación de corredores biológicos, de sitios arqueológicos y de zonas de protección de los cuerpos de agua, son algunos de los señalamientos hechos por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), que además confirmó el rompimiento parcial del sello del manto acuífero Barva, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana. (Ver UNIVERSIDAD del 25 de agosto del 2009).
Además, la empresa IMNSA Ingenieros Consultores, encargada de la inspección de la obra, señaló más de cien inconformidades, entre las que destaca el uso de materiales que no tienen la calidad requerida, infracciones ambientales, botaderos en los ríos y taludes no estables.
El mismo día de la apertura de la carretera, los vecinos de varias comunidades santaneñas realizaron bloqueos a lo largo de la vía.
En esa oportunidad, UNIVERSIDAD se movilizó a los puntos donde los vecinos mantenían uno de los bloqueos. Allí, Ulises Vanegas, del Barrio La Promesa de Santa Ana, manifestó que “la construcción de la carretera no nos dejó entrada para el barrio y no hay aceras; la gente de las comunidades no fuimos tomados en cuenta para nada”.
Por su parte, Mercedes Flores, del Comité Patriótico Poceño, coincidió en señalar que “a Autopistas del Sol y al Gobierno lo que les interesa es hacer la carretera sólo para vehículos, pero la parte social no la han tomado en cuenta para nada. Por ejemplo, no hay paradas de buses, bahías ni puentes peatonales, nada que favorezca a la comunidad”.
Añadió que “dieron la autorización para los peajes de Escazú y Orotina sin terminar nada, mientras tanto, el peaje en Multiplaza que estaba en ¢65, con esta empresa pasó a ¢310, ahora está en ¢320 y tienen autorización para aumentar cada tres meses”.
Por su parte, Silva cuestionó el hecho de que la carretera inaugurada mantuvo el diseño original que data de los años 70 y que consta de dos carriles, pues “a estas alturas esta debería de ser de cuatro. Sin embargo, se mantuvo el viejo diseño, pronto la vía se va a saturar y el costo de ampliarla será enorme”.
Silva ofreció esas declaraciones 48 horas antes de que, en su primer fin de semana, ésta colapsara por la cantidad de vehículos que transitaron el domingo 31 de enero.
“INJERENCIA DEL GOBIERNO”
La imposibilidad legal de concesionar los puertos del Caribe ha llevado al gobierno a buscar la manera de lograr reformas en el estatuto interno de la convención colectiva de JAPDEVA.
En ese marco ha causado gran inconformidad el ofrecimiento del Gobierno de pagar a los trabajadores de JAPDEVA $137 millones (¢77.405.millones a ¢565 el dólar) como “indemnización” por permitir esa reforma.
El tema tomó un nuevo giro cuando el pasado 15 de enero, en el marco de lo que debía ser una asamblea ordinaria de trabajadores, un grupo denominado “mediador” llevó a cabo una reunión con 377 personas, de los más de 1.000 trabajadores agremiados al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), en la cual votaron a favor de la concesión.
Según explicó Liroy Pérez, secretario de prensa SINTRAJAP, desde el año pasado los sectores afines a la concesión de los puertos habían buscado la realización de una asamblea extraordinaria para tratar el tema, pero no lo habían logrado. Para el 8 de enero estaba calendarizada la primera convocatoria de una asamblea ordinaria, pero no se realizó pues el Ministerio de Salud la suspendió un día antes “aduciendo que el local era muy pequeño”, de acuerdo con Pérez.
“Informamos formalmente a todas las partes que en razón de esa prohibición, teníamos que suspender indefinidamente la reunión, mientras solucionábamos el cumplimiento con requisitos que nos impuso el Ministerio de Salud, como la contratación de seguridad y una serie de cosas que nunca en la historia se le habían solicitado a ninguna organización social. Esto constituye una injerencia total del Gobierno”, sentenció.
Así, el grupo mediador aprovechó la fecha establecida para la segunda convocatoria de la asamblea general, el día 15, para realizar la reunión que ha sido calificada como “espuria” por SINTRAJAP. En ella, el 94% de los participantes votó en favor de la concesión.
“El Gobierno intenta legitimar algo que es totalmente ilegítimo. Hicieron una reunión en una bodega, donde tomaron acuerdos ilegítimos, aceptaron el soborno del Gobierno a cambio de la concesión y nombraron una segunda directiva, pero el periodo de la actual acaba en el 2011”, advirtió Pérez.
Tras recordar que SINTRAJAP cuenta con 1.519 trabajadores afiliados, manifestó que la mayoría de la fuerza trabajadora de la institución “no quiere la privatización”, pues “entregar los puertos a la empresa privada implicaría para Limón la pérdida de 1.000 empleos como mínimo. Estamos seguros de que la empresa que asuma los puertos reducirá la planilla al máximo, los salarios disminuirán entre 70% a 80 %, pagarán montos de hambre como sucede hoy en Puntarenas”.
Toda esa situación provocó protestas y un grupo de empleados “tomó” el despacho de Álvaro González, jerarca del MOPT, entre el 20 y el 25 de enero. “Salimos sin un acuerdo, porque el Gobierno no se pudo comprometer a cumplir la ley, aunque logramos que el pueblo se entere de lo que pasa y la legitimidad de todo el proceso ha quedado cuestionada. Además, logramos la unión del movimiento sindical, lo cual hace tiempo no se daba”, manifestó Pérez.
El sindicalista añadió: “Ahora esperemos a ver si intentan inscribir a la nueva junta directiva o cualquiera de los acuerdos de esa reunión de amigos. Si eso ocurre presentaremos las medidas legales y acciones de lucha que corresponden, ya que nuestros derechos están siendo violentados de manera descarada, aunque tenemos la ley a nuestro favor”.
Al respecto Silva señaló: “Todo se debe un poco a lo que el jerarca llama una tiranía en democracia, imponer la voluntad de arriba a como haya lugar”; al tiempo que sentenció que Costa Rica padece de una “obsesión de concesionitis aguda, para entregar la infraestructura a empresas extranjeras, con lo cual aumenta la dependencia del país de estas compañías y terminaremos siendo empleados de las transnacionales. Es un modelo neoliberal”.
