Diputados consideran inminente la aprobación de fondos para la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Unidad Especial de Intervención.

Cerca de ¢2.694 millones para la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), más ¢1.115 millones para la Unidad Especial de Intervención (UEI), suman los ¢3.809 millones así dispuestos en el proyecto de Presupuesto de la República enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para el año entrante. 

Ambas instancias son dependencias del Ministerio de la Presidencia, cuyo jerarca es el hermano del presidente Óscar Arias, Rodrigo Arias.
Fue el diputado José Rosales del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien informó que en la partida No. 41 del Ministerio de la Presidencia, de ese presupuesto para el 2010, se incluyen los casi ¢7.000 millones para la DIS. Por otro lado, el congresista Mario Quirós, del Movimiento Libertario, alertó sobre los fondos destinados para la UEI, los cuales sobrepasan los ¢1100 millones. Sumados ambos rubros implican un monto total para las actividades policiales del Ministerio de la Presidencia superior a los ¢3.800 millones.
Quirós insistió en que la DIS es “un grupo de espionaje, una policía política sobre la cual nadie conoce muy bien qué hace, no tiene supervisión de ninguna clase, como sí ocurre en otros países. Es simplemente un instrumento político en manos de Casa Presidencial, donde se ha concentrado un exceso de poder inconveniente para la vida republicana costarricense”.
Tras recordar que el Ministro de la Presidencia había prometido que para noviembre del año pasado ofrecería un informe sobre las actividades de esa dirección, lamentó que “no ha hecho nada y todo esto tiene un efecto de mengua en nuestra vida democrática”.
“Son más de ¢3.000 millones para órganos policiacos bajo las órdenes del Ministro de la Presidencia, lo cual es muy grave”, sentenció.
Por su parte, el diputado Jorge Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que “el pueblo de Costa Rica puede estar tranquilo con la asignación de recursos tanto para la DIS como para la UEI, ya que los diputados de las diferentes fracciones en la Comisión de Asuntos Hacendarios, realizaron un escrutinio de todos los rubros y pueden dar fe de la inversión que va en el presupuesto”.
El jefe de la bancada oficialista destacó que “cosas más importantes fueron rechazadas por el PAC y Movimiento Libertario”. Dijo que “todo el presupuesto para contratar una buena cantidad de nuevos oficiales de Tránsito, más de ¢1.500 millones para la administración penitenciara y los ¢2.500 millones para Protección de Víctimas y Testigos, todo esto es más reprochable”.
El proyecto de Presupuesto de la República ya superó la etapa de dictamen en la Comisión de Asuntos Hacendarios y debe ser votado por el plenario legislativo.

“NO TENEMOS TRANSPARENCIA”

La asignación de recursos para los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia parece obviar las múltiples críticas de muy diversos sectores que se acumularon en los últimos dos años contra la DIS, que mantiene casi la totalidad de su presupuesto.
Cabe recordar que desde el 2008 se multiplicaron las voces que han exigido que la DIS sea reformada o bien desaparezca, en particular luego del escándalo que protagonizó el exdirector de esa instancia Roberto Guillén, tras descubrirse el uso de computadoras de la Dirección en un caso de posibles estafas. Ese caso implicó la destitución de Guillén y el nombramiento en ese puesto de José Torres. (Ver UNIVERSIDAD del 2 de diciembre del 2008)
El Fiscal General, Francisco Dall’Anese, ha sido muy explícito al calificar a la DIS como una “policía política”, que “no tiene cabida en una democracia”.
Otro antecedente de la DIS es el caso del periodista de UNIVERSIDAD Gilberto Lopes, a quien, tras 30 años de vivir en Costa Rica, le fue negada la nacionalidad pues la DIS informó al Registro Civil que tenía unas “anotaciones” sobre él, las cuales nunca aparecieron a pesar de que se le solicitó la información a esa Dirección de manera directa (Ver ediciones del 10 febrero y 14 de abril).
El 18 de marzo de este año, el Consejo Universitario de la UCR recomendó a la Asamblea Legislativa la disolución de la DIS.
Por su parte, la UEI fue creada por medio de la Ley General de Policía de 1994, la cual establece que es un “cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico”.
De acuerdo con la información incluida en el proyecto de presupuesto, la DIS cuenta con 170 funcionarios, de los cuales 156 son policías, mientras que la UEI cuenta con 67 personas, de los cuales 64 son funcionarios policiales.
El legislador Méndez justificó los gastos señalando que “los costarricense saben qué hacen estos cuerpos, especialmente la UEI, que en asuntos de seguridad nacional y en aquellos en los que se solicita su intervención, siempre está presente”.
Agregó que “este presupuesto casi que sería para salarios”, al ser contrastado con la información sobre la cantidad de empleados y de efectivos policiales de la UEI, manifestó que no le parece abultado el monto, pues  “se trata de personas que permanentemente ponen en riesgo su vida y  merecen una excelente indemnización; además debido a los trabajos propios de investigación o protección que deben hacer, requieren de toda una infraestructura”.
El diputado Rosales, del PAC, opinó que “la DIS no debería existir y estos recursos que se disponen en última instancia serán utilizados para investigar a la ciudadanía. Éste no es un tema de seguridad, sino que tiene que ver con la libertad de expresión”. Además el país enfrenta necesidades más apremiantes que podrían dar buen uso a esos recursos, según dijo.
A ese criterio se sumó Quirós, quien puntualizó que semejante asignación de fondos para esos cuerpos del Ministerio de la Presidencia, “es algo que nos debería sorprender, pues tenemos un Presidente cuyo discurso internacional es de transparencia,  cuando él mismo afirmó que los secretos son señal de corrupción. De esta manera me pregunto, ¿de qué son señal estos secretos? No tenemos transparencia en las manos de la administración Arias”.
El diputado del Frente Amplio, José Merino, señaló que “como autor de un proyecto de ley apoyado por diversos sectores sociales, sobre la disolución de la DIS, estoy totalmente en contra de que el gobierno ignore el clamor popular en cuanto a los cuestionamientos que se le han hecho a esa Dirección”.
“La DIS espía a ciudadanos y chantajea a empresarios, pero el Gobierno no sólo la mantiene sino que fortalece con este millonario presupuesto a esta policía política y busca que la próxima administración quede amarrada a que no se produzcan cambios”, sentenció.
Recordó que “el primero que ha pedido la disolución de este cuerpo ha sido el Fiscal General, así que no se trata de un asunto politiquero, sino de la seguridad democrática”.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Eduardo Sánchez, subrayó que “no se ha aclarado cuáles son las funciones de una policía de este tipo. Los cuerpos policiales deben existir y ser fortalecidos, pero en este caso me parece que se debe decir para qué tipo de investigaciones van dirigidos estos recursos”.
Añadió que en el tema de control de fondos, así sean para cuerpos de policía, el Poder Ejecutivo debe aclarar para qué son, ya que “el presupuesto es una autorización de gasto que debe ser acompañada por el desglose de las funciones en las que se va a utilizar”.
Se le consultó por escrito a Rodrigo Arias, jerarca del Ministerio de la Presidencia. La respuesta de su asesor de prensa fue que “lamentablemente don José Torres, Viceministro de la Presidencia, Director de la DIS y quien podría responder a sus consultas, se encuentra fuera del país”. Dijo que a su regreso le serán planteadas las consultas de UNIVERSIDAD.

INMINENTE APROBACIÓN

Tanto Quirós como Rosales manifestaron que al estar ya el presupuesto en la agenda del plenario, la única manera de introducirle cambios es que ese plenario se “abra” a comisión, es decir, que asuma la competencia de la comisión de mocionar sobre el contenido del proyecto. Coincidieron en que en términos realistas es altamente improbable que ello suceda, pues tal medida requeriría de los votos del oficialismo.
Por su parte, Quirós, quien además es candidato a la Vicepresidencia de la República, informó que “desafortunadamente para los costarricenses, es muy probable que este proyecto sea aprobado por el oficialismo y sus diputados afines,  es muy difícil que se le puedan introducir cambios, de manera que se aprobará así”.
Cuestionado sobre el papel que jugó la oposición en la Comisión de Hacendarios, Rosales señaló que su partido tiene la política de cuestionar las partidas presupuestarias, pero no busca introducir cambios porque “la responsabilidad de formulación del presupuesto es del Ejecutivo; en comisión hacemos las observaciones y las denuncias, de manera que a la hora de la ejecución tenemos autoridad moral para cuestionarlo. Si empezamos a mover el presupuesto, después no podremos reclamarle al Ejecutivo el incumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Es una cuestión de principios”.

Pornografía infantil y la DIS

Según publicó el pasado 5 de noviembre el sitio AmeliaRueda.com, la Fiscalía de Delitos Sexuales investiga a agentes de la DIS “por el hallazgo de pornografía infantil en computadoras de la institución”.
Ese material fue detectado durante la investigación del caso del uso de claves de acceso de la DIS a bases de datos para realizar estafas bancarias por Internet. Las computadoras en cuestión fueron decomisadas el 19 de noviembre del 2008, pero “el material de sexo explícito con menores” fue localizado recientemente.