Un  62,1% de cuatrocientas personas entrevistadas por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP) opinaron que hay un nivel total de corrupción o corrupción – al ser interrogadas sobre el proyecto de la trocha fronteriza impulsado por el gobierno de Chinchilla en el 2011, al amparo de un decreto de emergencia, luego de que se denunció una invasión de Nicaragua contra el territorio costarricense de isla Calero, en octubre del 2010.

La encuesta del CIEP, para el Semanario UNIVERSIDAD, estableció una escala de 0 a 10 para medir el criterio de los costarricenses en torno a lo ocurrido con el  manejo de la controvertida obra. (Recuadro 1: Ver ficha técnica)

El resultado del sondeo, realizado vía telefónica entre el 30 de julio y el 6 de agosto con una muestra aleatoria estratificada representativa de los hogares con teléfono fijo en el país (65,5% según el INEC), determinó una calificación promedio de 8,1. Sólo 4% de los entrevistados indicó total ausencia de corrupción en el manejo del proyecto, mientras 13,8% dijo no saber o se abstuvo de responder.

Un  43,8% de cuatrocientas personas entrevistadas por el CIEP otorgaron una calificación de 10 –corrupción total-, al tiempo que un 6,3% le dieron un 9 en la evaluación y un 12% le aplicaron un 8, para un total de 62,1%.

“Es un criterio apabullante” acerca de la presunta corrupción que se investiga en el desarrollo de la ruta fronteriza, y en la que el gobierno invirtió al menos  ¢20.000 millones, dijeron los coordinadores de la encuesta, Manuel Rojas y Monserrat Alvarado.

La encuesta para UNIVERSIDAD abordó varios temas, como el de las cartas de recomendación dadas a favor de la empresa “Procesos” por el segundo Vicepresidente Luis Liberman y el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, el “Proyecto País”, anunciado el 23 de julio por el expresidente José María Figueres, la designación del disputado Justo Orozco en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y la concesión, a la empresa holandesa APM Terminal, de la construcción de una nueva terminal portuaria en Moín.

El proyecto “estrella” de la presidenta Chinchilla,  la trocha de 160 kilómetros, 120 de los cuales corren paralelos al río San Juan, terminó convertido finalmente en un enorme dolor de cabeza para la mandataria. A menos de un año de que arrancara la construcción de la ruta se destapó una verdadera madeja de denuncias sobre hechos de supuesta corrupción, que desembocaron en la destitución del entonces ministro de Transportes, Francisco Jiménez, la suspensión de dos ingenieros del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), Manuel Serrano y Franco Ramírez, y del jefe de la unidad ejecutora de los proyectos de obra vial financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  y antiguo director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta.

Tras destaparse a la luz pública el escándalo sobre supuestas dádivas de empresas contratadas para el proyecto a funcionarios del CONAVI, trascendió además  que la obra se inició sin planificación ni control, diseños ni planos, ni estudios de impacto ambiental.

El escándalo salpica también a la Comisión Nacional de Emergencias y mantiene además en vilo a la Asamblea Legislativa, donde la Comisión de Control y  Gasto Público realiza una profunda investigación sobre lo sucedido, lo que también hace el Ministerio Público.

La construcción de la trocha fronteriza abrió, por otra parte, un nuevo frente de conflicto con la vecina Nicaragua, que acusó a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de haber cometido un “crimen contra la naturaleza” por los presuntos daños ambientales en la cuenca binacional del San Juan.

La encuesta del CIEP ahondó, siempre en relación con la ruta fronteriza, sobre el criterio de los costarricenses acerca de los críticos al gobierno por el manejo del cuestionado proyecto.

Del total de consultados, 57,8% opinó que se trata de personas “bien intencionadas y preocupadas por la corrupción”, 13,8% lo tildó como “enemigos” del gobierno y apenas 7,4% dijo que se trataba de “antipatriotas”.

Para los investigadores del CIEP se trató de una reacción acorde con las respuestas acerca del manejo del proyecto fronterizo y la sensación de grave corrupción en su administración y desarrollo.

Los calificativos de “antipatriotas”, lanzados por el  Canciller Enrique Castillo,  hacia quienes critican al proyecto “estrella” de la administración Chinchilla “no calaron”, según se desprende del sondeo, dijeron los coordinadores de la encuesta.

En términos de corrupción: ¿Qué calificación le otorgaría usted a la trocha fronteriza en una escala de 0 a 10, donde cero es total ausencia de corrupción y 10 es corrupción total?

El proyecto «estrella» del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ahora es sinónimo de corrupción para una gran cantidad de costarricenses, según se desprende de una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Encuestados piden despido de Liberman y Garnier por recomendación a “Procesos”

La mayor parte de los encuestados que dijeron estar enterados del caso Liberman- Garnier, se inclinaron por el despido de ambos funcionarios. Asimismo, el sondeo determinó que los costarricenses consideran “mala” y “muy mala” la actuación de la presidenta Laura Chinchilla en este escándalo.

La encuesta del CIEP para UNIVERSIDAD abordó el tema del escándalo provocado por las cartas de recomendación emitidas por el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, y el ministro de Educación, Leonardo Garnier, a favor de la empresa “Procesos” de la exasesora presidencial Flor Isabel Rodríguez, a fin de que la firma de la esposa del exministro de Hacienda Fernando Herrero participara de un concurso ante la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Ambos, cuestionados por la Procuraduría de Ética, fueron apoyados por la presidenta Laura Chinchilla, quien consideró que no habían incurrido en faltas graves para ser sujetos de sanción alguna.

Del total de entrevistados, sólo el 38,8% dijo estar enterado y el 55,9% aseguró no conocer del asunto.

De los primeros, el 78,2% se pronunció a favor de una sanción contra los dos funcionarios y de éstos, el 53,3% dijo que la acción debería ser el despido. Un 21,3% se inclinó por una suspensión por un período de tiempo indefinido, 14,8% pidió una llamada de atención y 10,7 % opinó acerca de otras medidas disciplinarias que el Gobierno debería adoptar.

La presidenta Chinchilla no salió nada bien parada en la consulta, debido a los paños tibios con que trató el asunto.

Sobre su actuación, 75,7% la consideró  “mala” y “muy mala”, apenas 18,6% la calificó de buena y ninguno de los entrevistados optó por señalarla como “muy buena”. Sólo 5,7% de los entrevistados dijo no saber o no respondió.

¿Qué tipo de sanción deberían recibir?

Desaprobación a propuesta de “Proyecto País” del expresidente Figueres

La encuesta del CIEP consultó también acerca de la opinión de los costarricenses sobre la propuesta “Proyecto País” lanzada el 23 de julio por el expresidente José María Figueres, para, según el exmandatario, imprimir un nuevo “rumbo” a Costa Rica.

Del total de entrevistados, 36,6% desaprobó la iniciativa, al calificarla de “mala” y “muy mala”. Los coordinadores de la investigación llamaron la atención sobre el hecho de que 46,3% de los consultados dijo no saber o no respondió a la pregunta formulada, y apenas 17,1% opinó que la iniciativa era “buena” o “muy buena”.

“Deja la impresión de que la propuesta (de José María Figueres) parece no haber calado con la intensidad e impacto  que este pretendía”, dijeron los realizadores de la encuesta.

48% está de acuerdo con mantener vieja terminal de JAPDEVA

LANAMME recibe buena nota

¿Qué tan de acuerdo está en eliminar la vieja terminal operada por JAPDEVA?

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica cosechó una muy buena nota por su gestión de control de calidad de las carreteras del país.

Un 69,5% de los abor dados en la encuesta dijo estar de “acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que LANAMME prosiga con sus labores de control y vigilancia sobre los proyectos de construcción de carreteras en Costa Rica y apenas 1,5% se mostró en total desacuerdo y 6,8% expresó desacuerdo.

“Esto evidencia un enorme grado de confiabilidad de LANAMME  entre la población y por consiguiente, en la Universidad de Costa Rica”, dijeron los responsables de la investigación.

En los últimos años LANAMME ha tenido un papel de gran protagonismo al señalar fallas en proyectos como la autopista a Caldera y la misma trocha fronteriza.

En otro orden, la encuesta del CIEP incursionó sobre el tema del mantenimiento de las carreteras nacionales. Las consultas determinaron que un apabullante 84,5 por ciento lo considera “malo” y “muy malo, contra 12% que lo califica de “bueno” y 0,8% que se inclinó por señalarlo como “muy bueno”.

Siempre en materia de infraestructura, 84,3% de los entrevistados opinó que existe “influencia política” en la contratación y mantenimiento de carreteras y apenas 7% dijo lo contrario.

Sobre los puertos en Limón y los proyectos de concesión a operadores privados, un 48,4% dijo estar de acuerdo con conservar los viejos muelles administrada por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)  mientras 40,4% dijo que debe ser eliminada.

En este mismo orden, un 50,6% de quienes están a favor de que la terminal actual siga en actividad apoya la inyección de recursos a JAPDEVA a fin de mejorarla y permitirle así competir con la que construirá APM Terminal.

Los responsables de la encuesta consideran que pese a las campañas contra la terminal de JAPDEVA y su presunta ineficiencia, más de la mitad de los costarricenses avala su existencia.

La encuesta determinó que más de la mitad de los entrevistados, 53,3%, dijo estar enterado de la construcción de la nueva terminal portuaria en Moín, cuya concesión se hizo hace un año a la firma holandesa, mientras 42,3% no lo está.

¿Qué tan de acuerdo está con que continúe el control de calidad de las carreteras hecho por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica?

Reprobado nombramiento de diputado Justo Orozco

El reciente nombramiento del diputado Justo Orozco en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa fue reprobado en la consulta hecha por el CIEP sobre el tema.

De los entrevistados, 46,3% dijo estar en “desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”, y el 25%  expresó su aval. Los investigadores del CIEP llamaron la atención de que un 28% dijo “no saber” o no respondió.

Sin embargo, la tendencia se invirtió cuando los entrevistadores incursionaron en el tema del reconocimiento de derechos para las parejas formadas por personas del mismo sexo, pues 60,8% se pronunció en contra y sólo el 35,3 por ciento expresó  apoyo.

A juicio de los responsables del estudio, esto refleja por un lado confusión entre la población entre lo que es reconocimiento de derechos y matrimonios entre personas del mismo sexo. Al comentar el resultado sobre el nombramiento de Orozco, infirieron en que hay un “retroceso” en el conservadurismo en Costa Rica, “pero parcialmente”.

“Cuando se habla de los derechos para las parejas del mismo sexo surge otra faceta. Se ha avanzado en la apertura pero no tanto como algunas personas piensan”, advirtieron.

Ficha técnica:

La encuesta del CIEP incluyó 400 entrevistas telefónicas, entre el 30 de julio y el 6 de agosto. Se trata de una muestra aleatoria estratificada representativa de los hogares con teléfono fijo en todo el país (65,5% del total según el INEC). El margen de error es de 5,0 puntos porcentuales y la confiabilidad es de 95 por ciento.

(El 50% de los entrevistados son hombres y 50% mujeres. El 23,5% corresponde a edades entre 18-25 años, 31,3%  grupo 26-40 años, 30,5% grupo 41-60, 14,7% grupo de 60 o más años. El rango de educación comprende a personas sin estudios hasta universitaria completa).