A seis meses de haberse sentado Luis Guillermo Solís Rivera en la silla presidencial de Zapote las esperanzas del cambio prometido se desdibujan ante la valoración negativa del Gobierno, y el sentimiento pesimista sobre la situación política del país que comparte la mayor parte de la ciudadanía, según los hallazgos de la nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
A la hora de calificar a las personalidades políticas del país, la imagen del presidente Solís acusa un desgaste notable en relación con la que el mandatario proyectaba cuatro meses atrás, a poco tiempo de iniciado su mandato. Es la única figura del escenario político nacional que pierde apoyo en el período, ya que la valoración que hacen los ciudadanos sobre otros políticos se mantiene prácticamente sin cambios, según los hallazgos del estudio de opinión.
Similar situación se ve en la valoración de las instituciones. Las universidades públicas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Iglesia Católica siguen en los primeros puestos de la opinión ciudadana.
SITUACIÓN
El pesimismo sobre la situación política del país es claramente dominante al cumplirse los primeros seis meses de la Administración Solís Rivera. Un 60,6% opina que la situación es mala o muy mala (38,8% mala, 21,8% muy mala), en contraste con los datos de la anterior encuesta del CIEP, en julio pasado, cuando las cifras correspondientes eran 32,4% y 14,3%, lo que revela principalmente un fuerte incremento de la categoría “muy mala”.
En noviembre solo un 17,3% considera buena la situación política, frente a un 27,9% de la encuesta de julio. En cambio no hay mayor variante entre los que la consideran muy buena: 1% y 1,2% respectivamente.
Por otra parte, baja el número de quienes creen que la situación política es mejor que hace un año y se duplica prácticamente el de quienes estiman que ha empeorado, mientras que ha variado poco el de los que encuentran que sigue igual.
Así, un 50,3% dice que es igual (47,1% en julio), 23% que es mejor (31% en julio) y 21,1% que peor (11,1%). Solo un 5,6% no sabe o no responde.
De cara al futuro el pesimismo es mayor. Ante la pregunta de cómo cree que será la situación política dentro de un año, un 29,6% dijo que mejor (a diferencia del 44% que respondió así en la anterior encuesta), 22,1% opinó que será peor (12,3% en julio) y un 38,8% que igual (31,7% en julio).
PERSONALIDADES E INSTITUCIONES
En el estudio de opinión del CIEP se pidió a las personas calificar a una serie de figuras políticas en una escala de 0 a 10. El presidente Luis Guillermo Solís sigue siendo el mejor valorado y encabezó la lista con una nota de 6,6 (sin superar el mínimo usual de 7 para aprobar), mientras que el diputado Otto Guevara obtiene la peor calificación, con una media de 4,9.
A la calificación del mandatario Solís siguió la del expresidente Óscar Arias con 6,3; el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, con 6,1; el primer vicepresidente y ministro de Hacienda Helio Fallas con 6, y la segunda vicepresidenta y coordinadora del área social del Gobierno, Ana Helena Chacón, con 5,9.
Rodolfo Piza, excandidato presidencial y presidente de la Unidad Social Cristiana obtuvo un 5,8; Ottón Solís, fundador y diputado del Partido Acción Ciudadana, 5,8; Laura Chinchilla, expresidenta de la República, 5,3; José María Villalta, excandidato y exdiputado del Frente Amplio 5,2; Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia, 5,1 y Otto Guevara, diputado y excandidato presidencial del Movimiento Libertario, 4.9.
En la encuesta de julio el presidente Solís había aprobado con un 7,3, y el resto de personalidades presentaban prácticamente la misma calificación que la obtenida en noviembre.
En lo que respecta a la valoración que la ciudadanía hace de las instituciones, la situación se mantiene semejante. Hay una ligera tendencia general a la baja en relación con la medición de julio, salvo en el caso de la Defensoría de los Habitantes, que muestra una recuperación luego del descenso que experimentó en julio tras la abrupta renuncia de la defensora Ofelia Taitelbaum, por presuntos irregularidades.
A su vez, la Asamblea Legislativa se mantiene en el sótano de la valoración popular.
La Universidad de Costa Rica continuó a la cabeza con nota de 8,5 (8,6 en julio), seguida de “otras universidades públicas” con 8,1 (8 en julio), el OIJ con 6,9 (7,4), la Iglesia Católica 6,9 (7,3), Tribunal Supremo de Elecciones 6,8 (7,3), Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) 6,8 (6,9), universidades privadas 6,6 (7,1).
La Fuerza Pública obtuvo 6,5 (6,7); Defensoría de los Habitantes 6,4 (5,9), Poder Judicial 6,3 (6,8), Sala IV 6 (6,4), Contraloría General de la República 6 (6,4), otras iglesias 5,8 (6), Gobierno 5,5 (6), Asamblea Legislativa 4,2 (4,7).
Ciudadanos tiene poca claridad sobre acciones concretas de gobierno
Las sonrisas, abrazos y fotos en Internet no son suficientes. Lo demuestra la dificultad que muestra la ciudadanía para identificar la decisión más acertada, o la más desafortunada, del presidente Luis Guillermo Solís en estos primeros seis meses de Gobierno, según el estudio de opinión del CIEP.
La oposición ha machado la idea de que el primer Gobierno del Partido Acción Ciudadana no acaba de encontrar el rumbo, que no tiene objetivos ni planes claros y concretos para solucionar los grandes problemas del país.
El mandatario se ha defendido diciendo que el rumbo quedó trazado en su mensaje de los primeros cien días, donde entre otros ratificó el compromiso con la lucha contra la corrupción, por la austeridad en el gasto y la eficiencia en la inversión social, lo mismo que en el Plan Nacional de Desarrollo dado a conocer en noviembre.
Sin embargo, la crítica que la oposición explota en la lucha política diaria con el Gobierno, encuentra respaldo en la poca claridad que tiene la ciudadanía sobre el accionar del Gobierno, según los datos del CIEP.
A la pregunta de “¿Cuál considera que es la decisión más acertada del presidente Solís?”, el mayor grupo, un 35,8%, no sabe o no responde, y 21,4% dice que “ninguna”. Son porcentajes muy similares a los registrados por los investigadores del CIEP en julio pasado, en los inicios del Gobierno, cuando los valores correspondientes fueron 35% y 19%, respectivamente.
En noviembre, la acción que obtiene algún reconocimiento es la “gestión de la huelgas” que ha hecho el mandatario, con un 12,9% de las respuestas que la mencionaron, seguida por “recortar los gastos” (3,4%), luchar contra la corrupción (3,3%), y su imagen y acercamiento con la gente, también 3,3%.
Luego siguen: el manejo de las relaciones con Nicaragua (2%), sus relaciones con los demás actores políticos (1,6%, manejo de precios, salarios, impuestos y pensiones (1,6%, fomentar empleo e inversión (1,6%, ayudar a los pobres (1,3%), apoyo a personas sexualmente diversas (1,1%), ser presidente (1%), el presupuesto (1%), nombramiento de ministros y jerarcas (0,9%), arreglar la infraestructura (0,8%), otras (0,8%).
A la pregunta de “¿Cuál considera que ha sido la decisión menos acertada del presidente Solís?”, nuevamente prevalece la incertidumbre, pues cerca de la mitad, un 44,8%, no sabe o no responde, y un 4,8% dijo que ninguna.
Un 10,1% calificó como la decisión menos acertada el apoyo a personas sexualmente diversas (izada de la bandera de la diversidad sexual en Casa Presidencial); 7,4% mencionó la gestión de las huelgas; 5,6% el nombramientos de ministros y funcionarios y 4,3% inacción, lentitud y falta de firmeza.
Un 4% fue para el incumplimiento de promesas, 3% el aumento de precios de bienes y servicios; 2,4% aumentar impuestos y precios; 2% el presupuesto; 1,6% mal manejo de imagen y comunicación; otras:10,1%.
Crece el apoyo a Japdeva
La polémica que ha suscitado la concesión a la empresa transnacional APM Terminals para construir una nueva terminal portuaria en Moín, en Limón, con exclusividad para atender barcos de contenedores, ha calado en la conciencia de la ciudadanía, donde una significativa mayoría dice estar enterada de este asunto. Las personas se inclinan mayoritariamente por apoyar la dotación de recursos a Japdeva para modernizar los actuales muelles a fin de que compitan con la nueva terminal.
La mayor parte de las personas opinaron que no se debe eliminar los actuales muelles gestionados por la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la vertiente Atlántica (Japdeva), y que deben mejorar las viejas instalaciones.
Un 77,9% de las personas dijeron estar enteradas de la construcción de la nueva terminal de Moín (frente a un 19,5% que no estaban al tanto y 2,6% que no sabe o no responde).
El 56,8% opinó que no se debe eliminar la terminal operada por Japdeva, un 21,8% opinó que sí se debe eliminar y 21,5% no sabe o no responde. El resultado representa un incremento del apoyo a la entidad con respecto al mes de agosto pasado, cuando se realizó un sondeo del CIEP, y las respuestas correspondientes fueron 48,4%; 40,4% y 11,2%.
Ante la pregunta de si ¿Se le deben dar recursos a Japdeva para que mejore la vieja terminal y compita con la nueva?, el 60,8% se inclinó por el sí, 21,9% no y 17,4% NS/NR.
Ficha técnica
Encuesta sociopolítica realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica del 10 al 29 de noviembre del 2014.
Muestra: Se completaron 800 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.
Margen de error: ±3,46 puntos porcentuales, con una confianza del 95%.
Metodología: Los hogares contactados fueron seleccionados mediante listas de números aleatorios según tres regiones del país: metropolitana, resto del Valle Central y resto del país. Dentro de cada hogar se escogieron las personas según cuotas predefinidas con sexo, edad y nivel educativo como criterios para obtener representatividad en la muestra.
La encuesta se realizó a hogares con teléfono fijo, lo cual corresponde aproximadamente al 57% de los hogares de Costa Rica, según la Encuesta de Hogares de 2012, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto significa que toda generalización que se haga con base en estos datos debe referirse estrictamente a la población costarricense con teléfono residencial y no la población en su totalidad.
Responsables: Marisol Fournier (psicóloga social) y Adrián Pignataro (politólogo, coordinador).
