Opiniones dispares predominan todavía en diputados
La delegación estadounidense del TLC está interesada en que se negocie con Costa Rica el tema de energía y telecomunicaciones, aunque el Gobierno insiste en que estos sectores no entrarán en discusión.
La energía, los seguros, las telecomunicaciones y los servicios financieros son sectores en los que el gobierno estadounidense muestra mucho interés, para que se entre a discutir una posible apertura de los dos primeros como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia desde inicios de año.
Así lo reconoció a UNIVERSIDAD el Agregado Económico de la Embajada de los Estados Unidos de América en el país, Todd Chapman, quien espera que estos temas se ventilen hacia las últimas rondas del tratado.
Costa Rica es la única nación que no ha abierto algunos sectores de servicios públicos que se consideran muy estratégicos y ese será uno de los retos más grandes para dichas negociaciones, admitió la jefa negociadora de la delegación costarricense, Anabel González.
Hasta ahora otros temas se han hablado más ante la opinión pública como el agrícola, el de propiedad intelectual –en el que se ha insistido sobre la fabricación y venta de medicamentos genéricos–, así como el laboral.
Por otra parte, las discusiones sobre energía y seguros en las últimas rondas parece no ser una sorpresa para diputados que han seguido de cerca las negociaciones, como Luis Ramírez y Laura Chinchilla (Partido Liberación Nacional) así como Humberto Arce (Bloque Patriótico).
También Marco Vinicio Ruiz, representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada de Costa Rica (UCCAEP), aseguró que era lógico dejar para lo último temas de gran envergadura, ya que Estados Unidos espera obtener las mejores ganancias comerciales y geopolíticas.
DE CRUCIAL IMPORTANCIA
Todd Chapman admitió que una eventual apertura del sector energético y de seguros es una discusión altamente sensible. «Sabemos que para muchos costarricenses es un tema tabú que llevará su tiempo discutir, especialmente por lo ocurrido con el Combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)», aseveró.
Al respecto, Anabel González dijo que no se pueden revelar las estrategias que se seguirán ante una eventual propuesta del gobierno estadounidense para que esos temas sean discutidos, pero adelantó que el país se encuentra preparado para comenzar con esos temas tan fuertes.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, a pesar de que se va hacia una sétima ronda de negociación por efectuarse el 15 de setiembre en Nicaragua, la mayoría de las fracciones se mantiene en el silencio.
El Partido Liberación Nacional mostró una posición más beligerante y crítica sobre el tratado, mientras Bloque Patriótico, Partido Acción Ciudadana (PAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han opinado ocasionalmente sobre el tópico.
El liberacionista Luis Ramírez es uno de los más críticos frente a las conversaciones y se muestra preocupado de que los temas de energía y seguros –además del de telecomunicaciones y servicios financieros– salgan repentinamente en la agenda.
FUERTES CUESTIONAMIENTOS
Ramírez considera importante revisar lo antes posible algunas disposiciones gubernamentales que se prestarían para una paulatina apertura del sector energético.
«¿Cómo podemos justificar un documento firmado recientemente en Casa Presidencial que establece un convenio para vender energía biomásica? Esto se dio durante las últimas negociaciones entre el ICE y el gobierno sobre el presupuesto de la institución. Se abrió un portillo para vender energía, es una privatización parcial. Con los seguros vendría algo similar», aseguró.
Otros representantes del PLN, como Laura Chinchilla, consideran que se da una regresión en los términos que se han negociado tópicos como el de acceso a mercados.
Según dijo, el costo de dejar por fuera ciertos temas –como el de telecomunicaciones– «podría hacer que hagan más peticiones en sectores como el agricultura».
Si bien el Presidente de la República, Abel Pacheco, y Anabel González han insistido en que algunas áreas no están en discusión –como telecomunicaciones–, Chinchilla enfatizó en la necesidad de excluir esto del tratado, igual que el de medicamentos y agroquímicos genéricos.
A estas voces cuestionadoras se une la del también verdiblanco José Miguel Corrales quien coincide en que se debe incrementar el diálogo nacional sobre asuntos laborales y ambientales, previo a la suscripción de acuerdos definitivos.
LARGO PROCESO
Las reformas al sistema financiero y bancario se dan desde hace una década, cuando se definió una mayor participación del sector privado en aras «de estimular y agilizar la economía».
Coincidente con ese esquema algunos diputados consideran que ciertos proyectos legislativos favorecerían aún más dicha liberalización del mercado con o sin el TLC, un asunto que ninguno se anima a afirmar con absoluta certeza pero que ha sido motivo de frecuentes comentarios entre los legisladores y otros políticos.
Algunas de estas discusiones se han dado en la comisión especial investigadora del sistema financiero y bancario y con el Proyecto de Reformas Financieras aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos.
Humberto Arce, del Bloque Patriótico (BP) estima que una mayor apertura en banca y seguros es algo a lo que el sector privado «no le tendrá miedo» mientras que el sector público –aunque se ha modernizado– debería prepararse más.
«Me preocupa la banca estatal porque en México, con la firma de un TLC, fue succionada. En cuanto a telecomunicaciones creo que los estadounidenses van a presionar hasta el final y en lo de energía estimo que son más algunos sectores locales los interesados en entrar en este negocio».
Más allá de la visión meramente política, Patricia Rodríguez, profesora de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, considera que la delegación estadounidense evidencia un interés muy explícito en temas estratégicos como energía, telecomunicaciones y seguros «que no se va a brincar fácilmente» debido a la estrategia comercial que sigue desde hace 20 años.
