El periodista venezolano exiliado en Costa Rica, Eduardo Velasco, dio una conferencia acerca del papel ideológico de las radios comunitarias en Venezuela, el 9 de abril, en un foro organizado por la Cámara de Radio y Televisión (Foto: Mauricio Herrera).
EMPRESAS DE TV PAGAN TARIFAS DE 120.000 ANUALES POR EL USO DE UNA FRECUENCIA Y 500.000 POR ENLACES DE RADIODIFUSIÓN
Las frecuencias de radio y televisión están subutilizadas y concentradas en el Área Metropolitana, en poder de pocas manos, son reguladas por una ley obsoleta de 1954 amordazante de la libertad de expresión, y el Estado prácticamente las regala a perpetuidad, aunque los concesionarios obtienen ganancias millonarias al usarlas.
Así lo han establecido informes de la Contraloría General de la República (CGR)y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y análisis recientes de universidades y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, una serie de errores del Gobierno en la gestión del borrador de un proyecto de ley de radio y televisión causó que las empresas de comunicación denunciaran desde el 7 de abril, con razón, un atentado contra la libertad de expresión, elevaran el tema al nivel de escándalo político y reclamaran el entierro de la iniciativa y con ella los cambios necesarios en materia de frecuencias.
Universidades y organizaciones sociales también habían advertido al Gobierno, desde enero, los peligros a la libertad de expresión que implicaba el proyecto oficial.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Kopper, y su viceministro, Allan Ruiz, renunciaron el 10 de abril a solicitud del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
El principal motivo de preocupación ha sido la inclusión en el borrador de un régimen de sanciones y de medidas cautelares que prohíbe la transmisión de noticias falsas y el uso de lenguaje vulgar o que atente contra las buenas costumbres, sin claridad de quién ni cómo lo determina, con la posibilidad de cerrar la emisora al revocar la concesión e incautar los equipos de manera preventiva.
Pero además, el escándalo evidenció que Kopper y Ruiz no habían leído con detalle el proyecto de ley y desconocían doctrina internacional relevante en materia de libertad de expresión, la falta de coordinación entre la Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en un asunto tan delicado, la distribución entre diputados y sectores interesados de un borrador con debilidades de bulto y la falta de reacción del Gobierno ante advertencias de buena fe de periodistas y organizaciones sociales.
Y como si faltara más, en una conferencia de prensa el exviceministro Ruiz afirmó el 10 de abril que el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, le ofreció continuar en la función pública en el futuro, en una embajada u otro puesto público, en una reunión el día anterior en la que también estuvo Kopper.
RÍO REVUELTO
Los fallos del Gobierno crearon un contexto de discusión pública en el que grupos empresariales interesados en mantener el statu quo procuran impedir cambios en el uso de las frecuencias de radio y televisión con el argumento de que el proyecto de ley atenta contra la libertad de expresión, según coincidieron varios panelistas en un conversatorio acerca de la necesidad de una nueva ley de radio y TV, organizado el 13 de abril por la Universidad de Costa Rica (UCR) en el Tribunal Supremo de Elecciones.
Según la Gerencia de Administración del Espectro Radioeléctrico, del Micitt, una empresa de televisión paga ¢120.000 al año por el uso de una frecuencia y ¢500.000 por cada enlace de radiodifusión. Así, anualmente una empresa como Teletica paga cerca de ¢3,5 millones por el uso de sus frecuencias y enlaces.
Sin embargo, según el tarifario de ese medio un minuto en tiempo AAA, cuando hay más audiencia, cuesta ¢1,9 millones. De hecho, el Colegio de Periodistas recibió de Teletica en 2014 un total de ¢98,2 millones por el cobro de un timbre equivalente al 1% de la publicidad pautada en sus espacios informativos.
La mayor parte de las frecuencias de TV las concentran Teletica y Repretel, mientras que cinco grupos concentran la mayor parte de las frecuencias en radio. Asimismo, el 88% de las radioemisoras se concentran en la Gran Área Metropolitana y el 70% no cubre ni la mitad del país, según la Sutel.
“La gran reacción que se ha dado en los medios más que por el capítulo de sanción a contenidos (…) es un intento por deslegitimar la posibilidad de que en Costa Rica se inicie un proceso amplio de discusión de una nueva ley de radio y TV”, dijo la periodista y abogada Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR.
“Ese discurso altisonante de los últimos días en los medios de comunicación no se remite a la preocupación de que se limite la libertad de informar, la preocupación es otra”, enfatizó ella.
El 9 de abril, las cámaras de medios de comunicación también organizaron un foro en Nova Cinemas, de la empresa Repretel, donde abundaron referencias a experiencias y abusos cometidos en regulaciones a medios en Venezuela y otros países sudamericanos.
“No queremos podar este árbol, ni queremos cortarle hojitas, insistimos en que esta semilla no debe sembrarse”, dijo el locutor de la Cámara Nacional de Radio, Gustavo Rojas, al referirse al proyecto de ley y los riesgos de que entren al país ideas propias de gobiernos izquierdistas, en un foro organizado por las cámaras empresariales en Nova Cinemas, el 9 de abril.
El gerente general de Central de Radios, Hernán Azofeifa, sostuvo que el proyecto de ley debería ser replanteado por completo. Además de los aspectos relacionados con sanciones criticó que la iniciativa del Micit cambia el modelo de radiodifusión del país, al pasar de considerarla una “actividad privada de interés público” a un “servicio público”.
Aun así, Azofeifa manifestó la disposición de las empresas de modificar las tasas por el uso de las frecuencias, que son un bien público escaso:
“Tenemos que tomarnos el tiempo y la paciencia para construir algo que esté de acuerdo con la idiosincrasia costarricense. Los medios tradicionales de radio y televisión estamos de acuerdo en que se actualicen las tasas”, dijo él.
El empresario insistió en que la industria de radio y televisión ha intentado en al menos tres ocasiones proponer proyectos de ley que, entre otras cosas, actualicen los cánones, pero no han cristalizado.
La presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), Saray Amador, coincidió en que entre los empresarios hay conciencia de que las tarifas deben ser revisadas y actualizadas.
Estándares para una radiodifusión inclusiva
Los siguientes son algunos lineamientos establecidos por la Relatoría Especial para la Libertadn de Expresión de la Organización de Estados Americanos, para una radiodifusión libre e incluyente:
* Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. (Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
* La potestad de los Estados de regular la actividad de radiodifusión se explica,
entre otras, en esta “obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas” De esta manera, la regulación que pueden y deben realizar los Estados en materia de radiodifusión está destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad. (Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, párrafo 12)
*La igualdad en el ejercicio de la libertad de expresión, a efectos de analizar la
legitimidad de la finalidad perseguida por la regulación sobre radiodifusión, requiere tres componentes: pluralidad de voces (medidas antimonopólicas), diversidad de las voces (medidas de inclusión social)31 y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de
asignación de frecuencias). (Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, párrafo 26)
¿Por qué es necesaria una nueva ley?
Tanto informes de entes del Estado como análisis de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de una nueva ley de radio y TV que ordene el uso del espectro radioeléctrico, garantice un buen uso de las concesiones de frecuencias, actualice las tarifas vigentes, asegure mayor equidad en el acceso a la radiodifusión y procure la universalización del servicio.
En un informe presentado en julio del 2013, la Contraloría General de la República concluyó que existe en Costa Rica “un marco normativo omiso evidenciado especialmente en una Ley de Radio obsoleta (…) incompleta y desactualizada” y exigió acciones y “decisiones oportunas y eficaces” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para “que se recupere el espectro concesionado que esté siendo subutilizado o que no se encuentre del todo en uso”.
Ese documento ordenó elaborar un proyecto de ley para solventar las debilidades de la Ley de Radio vigente desde 1954, entre ellas la desactualización de los montos del impuesto a la radiodifusión y la renovación automática de las concesiones, lo que en la práctica implica un beneficio a perpetuidad. El proyecto de Ley debía haber sido presentado a más tardar el 31 de julio del 2014.
Por su parte, dos estudios de la Sutel de febrero y abril del 2014 acerca de la ocupación de la banda FM y de la difusión televisiva corroboraron que los actuales concesionarios de frecuencias incumplen con sus obligaciones de cobertura territorial: solo cinco emisoras de TV alcanzan el 70% de su compromiso de cobertura y solo dos emisoras de radio llegan al 60%.
En promedio los concesionarios privados apenas llegan al 32% del territorio que deberían cubrir, lo que implica una subutilización del espectro.
Además la Sutel estableció que en televisión abierta había 18 concesiones que no estaban en operación, lo que equivale al 20% de los canales de televisión
¿Concentración?
La asesora legal del Grupo de Emisoras Columbia, Agnes Fajardo, refutó que en Costa Rica haya concentración de medios o falta de pluralidad al afirmar que hay 149 radioemisoras con una multiplicidad de contenidos: deportes, noticias, musicales, religiosos, culturales. “En Costa Rica sí hay diversidad de medios y pluralidad de contenidos”, afirmó ella en un foro organizado por la Cámara Nacional de Radio y Televisión el pasado 9 de abril.
Sin embargo, Aleida Calleja, del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México aseveró que no se debe confundir el que haya muchos medios con que haya pluralismo y diversidad. “Cuando una buena parte de los medios pertenece a un solo grupo estamos hablando de una violación directa a la libertad de expresión por cuanto ese grupo domina la agenda informativa y por lo tanto carece de un proceso de pluralismo y diversidad”, dijo ella.
“Sin pluralidad de voces no hay fortalecimiento de la calidad democrática”, enfatizó, en el foro organizado por la UCR el 13 de abril en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por ejemplo, en Costa Rica no existe el marco legal para la creación de Radios Comunitarias, emisoras sin fines de lucro en las cuales la comunidad participa en la propiedad, gestión y programación de la emisora.
Estos son medios son comunes en muchas partes del mundo y en América Latina solo en Costa Rica y Panamá no existen. Aunque el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) tiene una red de 15 emisoras culturales especialistas consideran que ese modelo aún no es suficiente y merece ser fortalecido.
Además de la iniciativa del Poder Ejecutivo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsa otro proyecto de ley para una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Esa propuesta impulsa una ”ley moderna que regule de forma integral la radiodifusión sonora y televisiva abierta y gratuita como una actividad de interés público, con el objetivo fundamental de garantizar el derecho a la comunicación del pueblo costarricense” la propuesta incluye temas como radios comunitarias, lineamientos y plazos para las concesiones, el establecimiento de un canon adecuado y el derecho a la comunicación como base del planteamiento.
“Costa Rica tiene un sector mediático vibrante, una nueva ley de medios reconformaría la importancia de la proteccionde la libertad de expresión independencia ypluralismon de los medios y establecería altos estándares en el país” manifestó el consejero de Comunicación e Información de la Unesco para América Latina y el Caribe, Gunther Cyranek, en el foro organizado por la UCR.
Una mordaza vigente desde 1954
La ley de radio vigente en Costa Rica data de 1954 y mantiene vigentes las mismas prohibiciones que causaron la alarma de la sociedad costarricense ante el proyecto que impulsaba el Micitt hasta la semana pasada.
En el artículo 17 esta ley prohíbe en su inciso “b” “la trasmisión o circulación de noticias falsas, señales o llamadas de alarma sin fundamento”, así como “el uso de lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres”, en el inciso “ch”.
Por el incumplimiento de esas disposiciones la Ley vigente prevé sanciones que pueden llegar incluso a cancelar la concesión hasta por un plazo de seis meses.
“Ley mordaza es la que tenemos vigente desde 1954” afirmó profesor de filosofía y especialista en derechos humanos, Rodolfo Meoño, en el conversatorio organizado por la UCR el 13 de abril.
Además, le legislación actual ordena que las radioemisoras deben contribuir a “elevar el nivel cultural de la nación” y establece un tope del 30% de promación extranjera en radio y del 60% en televisión.
“Lo que sorprende es que las cámaras y la Sociedad Interamericana de Prensa no se hayan pronunciado en estas décadas” enfatizó Meoño.
Según el abogado, periodista y expresidente del Colegio de Periodistas, Enrique Villalobos, la ley ha sido una letra muerta excepto en los aspectos que beneficia a las empresas de radio y televisión, pues establece tarifas ridículas por el uso del espectro y prórrogas automáticas por 20 años sin que se exijan las obligaciones.
“¿Si gano millones de colones al año sin pagar nada por qué voy a querer cambiar ese marco idílico?” cuestionó Villalobos.
Gobierno impulsa paquete de reformas en libertad de expresión
El presidente Luis Guillermo Solís anunció el 25 de marzo en el Colegio de Periodistas que su Gobierno impulsará un conjunto de “reformas normativas” para fortalecer la libertad de expresión en Costa Rica.
Los ejes de la iniciativa serán una revisión de la legislación penal para evitar que la ley sea usada para “asustar o inhibir” a la ciudadanía o medios de comunicación por denuncias que hagan en asuntos de interés público, el fortalecimiento de normas de acceso a la información pública, el establecimiento de la cláusula de conciencia para los periodistas y garantías para que la publicidad oficial se distribuya de manera equitativa y no sea usada como premio o castigo a los medios.
“Espero que este llamado y que la propuesta a la reforma de las leyes que faciliten y fortalezcan el ejercicio periodístico tengan eco en este Colegio y también en los diferentes espacios políticos que tendrán que opinar y resolver sobre el particular en la Asamblea Legislativa”, dijo el Presidente, en un acto en el que se inauguró la Cátedra Alberto Cañas.
Para concretar las reformas, Solís explicó que invitará a un grupo amplio de organizaciones, medios de comunicación y personas conocedoras del tema para discutir la propuesta y elaborar los proyectos que serán presentados a la Asamblea Legislativa lo antes posible.
Solís adelantó que la construcción de esta propuesta normativa debe incluir la participación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, como observador del proceso y asesor calificado, con el fin de garantizar la efectividad de la reforma y ofrecer confianza a los medios de comunicación, al Colegio de Periodistas y a la ciudadanía.
La presidenta en ejercicio del Colegio de Periodistas, Patricia González, dijo que la propuesta del Gobierno era bienvenida y que la iniciativa de iniciar un trabajo conjunto para concretarla debe ser apoyada. Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, manifestó que es importante todo debate que genere democracia y fortalezca la convivencia democrática.
En el pasado, diversos proyectos de ley intentaron reformar al Código Penal para evitar sanciones contra personas o medios de comunicación acusadas por hacer denuncias en asuntos de interés público. Desde el 2011, cuando la última iniciativa de este tipo fue archivada en la Asamblea Legislativa, el tema no había vuelto a ser planteado públicamente.
