Escuela policial en etapa decisiva

Por ahora sólo los integrantes del Partido Acción Ciudadana se oponen Los policías y juristas nacionales, así como de otros países latinoamericanos, podrán ser

Por ahora sólo los integrantes del Partido Acción Ciudadana se oponen


Los policías y juristas nacionales, así como de otros países latinoamericanos, podrán ser capacitados en la ILEA en áreas como narcotráfico y terrorismo internacional.

La creación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) será una realidad en las próximas semanas si se mantiene la actual tendencia de los partidos mayoritarios que aprueban su instalación en el país, mientras que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y algunos organismos civiles se oponen rotundamente.

Las discusiones están acaloradas en la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, mientras otros temas como el financiamiento de las campañas públicas, acaparan las páginas de los principales diarios nacionales.

En las dos últimas sesiones de la comisión se dieron fuertes discusiones sobre la conveniencia de que esa academia se instale en Desamparados de Alajuela-.

La mayoría de los integrantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como del Movimiento Libertario, aprueban el proyecto de ley N°15.215 que expone el tema. El diputado Juan José Vargas, del Bloque Patriótico, reconsidera su posición de apoyarlo.

Si la mayoría da su voto afirmativo, entonces el proyecto pasaría a discutirse en el plenario legislativo.

 

 

«DEBEMOS HACERLO»

 

El Ministro de Seguridad Pública, Álvaro Ramos, considera conveniente que esa academia se instale en Costa Rica para brindar capacitación especializada a ciertos jueces, fiscales, policías de investigación, funcionarios de aduanas y de migración según dijo a este Semanario.

Aseguró que no se obligará a esos representantes a llevar los cursos, que la academia no tendrá carácter militar y negó que vendrán instructores que hayan estado vinculados en la violación de los derechos humanos.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia decidió el 14 de julio que debía conocer de previo el contenido de los cursos que llevarían dichos funcionarios judiciales y, ante todo, se reservará el derecho de aceptar esas capacitaciones.

También el Colegio de Abogados se mostró escéptico porque considera que la ILEA lesiona la soberanía nacional y los valores costarricenses. De ahí que esté en desacuerdo con otorgarle al personal estadounidense que laboraría en la academia el rango diplomático para que goce de exención de impuestos.

A estas voces se han unido las de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA), que también consideran lesivo el hecho de que una institución de carácter jurídico sea organizada en el país cuando ya existe personería judicial capacitada en el tema de narcotráfico, lavado de capitales, tráfico de personas y terrorismo internacional. Por tanto, se manifiestan en contra de que la ILEA radique en el país.

El proyecto legislativo busca la vigilancia del gobierno costarricense y de Estados Unidos para regular la persecución y castigo de la llamada «criminalidad transnacional» (tráfico de estupefacientes, blanqueo y lavado de capitales, entre otros).

Según el acuerdo, Costa Rica aportaría las instalaciones para el desarrollo de las actividades de la academia, así como el mantenimiento y vigilancia de dichos espacios físicos aparte del personal administrativo de apoyo.

El gobierno estadounidense se encargaría de la totalidad de los costos relativos a los programas ofrecidos, el equipo necesario para la operación de la academia, de los vehículos, y tendrá presupuesto disponible para remodelaciones.

 

PLEITO POR AUDIENCIAS

 

Luego de un intenso debate la Comisión de Asuntos Internacionales decidió por mayoría que comparezca el Presidente de la Sala Tercera Penal, Daniel González. Él opinaría sobre lo que dispone el Derecho Internacional respecto de una academia de este tipo.

Además, se acordó convocar a Alfredo Chirino, Director de la Escuela Judicial o en su lugar a Mateo Ivancovich, subdirector de esa dependencia.

Aprobar la moción para que estos funcionarios se presenten no fue nada fácil por la diversidad de criterios que externan los diputados.

Esta iniciativa se acordó luego de que en sesión del 12 de agosto se puso a discusión por los diputados del PAC y fue inicialmente rechazada. Al final hubo acuerdo en convocar a los representantes estatales para que opinen el tema.

En el seno de esta comisión legislativa se encuentran legisladores que ven inconveniente el establecimiento del ILEA, especialmente por razones geopolíticas, como Rodrigo Alberto Carazo del PAC.

Él considera «tremendamente lastimoso que el Poder Ejecutivo acceda tan contento a la solicitud de instalación de esta academia. El presidente Abel Pacheco dijo por la prensa que será utilizada para la capacitación policial, no solo de jueces».

La ILEA «no tiene ninguna conveniencia para el país, ningún beneficio, más bien genera puntos en contra como la mala imagen que va a proyectar Costa Rica», aseveró.

Para este legislador el desarrollo de academias de este tipo en algunos países se debe a la política exterior de Estados Unidos, especialmente desde 1990. «La forma de instalarlas y de vender la idea a cada nación ha sido diferente entre la época del expresidente Bill Clinton hasta ahora con George W. Bush».

Algunas se conformaron en Hungría (1985), Tailandia (1999), Bostwana (2001) y Nuevo México (EE.UU) (2001). Para el hemisferio occidental está propuesta Costa Rica.

Pese a las aseveraciones de Carazo, la International Law Enforcement Academy (ILEA) insiste en que la academia pretende capacitar a los funcionarios encargados del desarrollo de todo el proceso de la justicia criminal  y no se brindará ningún tipo de instrucción militar.

Así lo acordaron mediante notas diplomáticas el gobierno costarricense y el de Estados Unidos con fechas de 16 y 19 de agosto del año pasado. (Ver recuadro adjunto: ¿Por qué aquí y ahora?).

 

A GOLPE DE TAMBOR

 

Para Epsy Campbell, del PAC, hace tres semanas el proyecto legislativo iba a «golpe de tambor» en su aprobación pero se pudo frenar lo que ella denomina un indebido apresuramiento, en parte, por publicaciones aparecidas en la prensa.

Se trata de «una academia que no es abiertamente militar, más bien es policial, coherente con la política exterior de los Estados Unidos. (…) El funcionamiento de esta academia tiene una lógica de enclave. Ni siquiera es como un alquiler de espacio, nosotros también debemos pagar para que funcione. (…) Es grave que se le den prerrogativas a sus integrantes como si fueran funcionarios diplomáticos y muy decepcionante que no se le brinde la discusión que merece en el parlamento».

Otro que hace cuestionamientos de este tipo es el legislador liberacionista José Miguel Corrales.

Él coincide con la diputada Ruth Montoya, del PAC, en el sentido de que este tipo de centros de capacitación podrían utilizarse como blanco de ataque en futuros actos terroristas contra Estados Unidos.

«No puede haber condicionamientos a las enseñanzas de tipo jurídico o de lo que sea», dijo.

Aseguró que el artículo 156 de la Constitución Política califica al Poder Judicial como el único que debe manejar el ámbito jurídico nacional. «El derecho no se enseña con ataduras. No pueden existir condicionamientos a las enseñanzas de esta disciplina. Ni siquiera se han mostrado los perfiles sobre lo que se va a instruir».

Dale Johnson, sociólogo estadounidense que trabaja en el Institute for Central America Development Studies -ubicado en San José- recalcó que este tipo de programas latinoamericanos para la seguridad se presentaron, en el pasado, de una manera que escondió sus verdaderos propósitos.

«La ILEA es una parte pequeña de un programa más grande de los Estados Unidos para fortalecer un aparato represivo de escala mundial», destacó.

Algunas organizaciones civiles, como el Colectivo Pablo Presbere, aseguran que el país corre de nuevo el riesgo de tener academias militares subrepticias en suelo nacional como ocurrió en el pasado.

 

«NO ES ASÍ»

 

Una posición muy diferente asume el presidente de la comisión, Rolando Laclé, para quien la ILEA no es un ente «de entrenamiento militar», sino un organismo internacional como existen otros en el país que han buscado una imagen de neutralidad para instalarse aquí. Entre ellos se encuentran la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Universidad para la Paz y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Este representante logró aprobar una moción para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre las «declaraciones interpretativas» que pretenden precisar o interpretar el contenido de las normas de un tratado. Así, según Laclé, se vigilaría -entre otros factores- en qué va a consistir la capacitación dada mediante los cursos para funcionarios tanto nacionales como de Latinoamérica y El Caribe.

Uno de los diputados que apoyó esa iniciativa y quien constituye uno de los defensores más ardientes de la ILEA es Federico Malavassi, del Movimiento Libertario.

Para él, la capacitación que se podrá dar es buena porque se enseñarán algunos procedimientos como «la cadena de custodia de la prueba, la argumentación en juicio, la estructura del manejo procesal, el respeto a las garantías de los imputados y el seguimiento del delito internacional».

«La pericia en estas áreas se va a desarrollar en nuestro sistema si se permite la llegada de la ILEA», dijo.

Puso como ejemplo que la Doctrina Miranda -la cual no se aplica aquí según su criterio- podrá ser aprendida mediante instructores estadounidenses. Consiste en explicarle a un arrestado sus derechos, «evita el brutalismo policial y la prisión sin condena».

«La ILEA no será una academia militar. Para eso Estados Unidos tiene un sistema bien desarrollado en Europa. Será más de un enfoque jurídico, para saber enfrentar el delito desde el punto de vista técnico. Si se dice otra cosa es que no se ha estudiado el proyecto».

Lo mismo considera Colón Bermúdez, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional y exasesor en seguridad durante los gobiernos de José María Figueres y Daniel Oduber.

«El país sacará grandes ventajas de tener aquí una academica científico-técnica para la preparación de policías. La Fuerza Pública tiene una gran necesidad de que se le prepare mejor. Necesitamos una asistencia técnica de alto nivel para que nuestros policías puedan hacer frente a la delincuencia».

El especialista reconoció que «por supuesto la academia es parte de la estrategia global de los Estados Unidos, pero, ¿por qué nos tiene que asustar eso? No creo que la satanización de ese país deba justificar un cierre de las puertas al convenio».

¿Por qué aquí y ahora?

El gobierno estadounidense consideró adecuado instalar en Costa Rica la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, en inglés), luego de que les fue rechazada tal posibilidad en El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Panamá.

Las gestiones para instalarla en el país se dieron desde 1997 cuando era gobernante José María Figueres, pero las conversaciones no fructificaron.

Sin embargo, el 6 de junio de 2002 se logró la firma del convenio para instalar ese organismo en el país. Esto ocurrió 28 días después de la llegada al poder del actual Presidente de la República, Abel Pacheco. Para entonces, este mandatario ya había sostenido una reunión con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

En mayo de 2003 la iniciativa para instalar la ILEA fue enviada por el Poder Ejecutivo para ser analizada en la Comisión de Asuntos Internacionales. Por una moción presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario, se pasó al primer lugar de la agenda.

El Embajador de Estados Unidos en el país,  John Danilovich, afirmó que si a finales del año pasado la Asamblea Legislativa no votaba el acuerdo entre esa nación y Costa Rica para instalar la citada escuela aquí, el gobierno de su país no descartaba ubicarla en otro lado, un asunto que no ocurrió pese a que todavía se discute el proyecto en la Asamblea Legislativa.

FUENTES:   Diarios La Nación, La República y el Heraldo (junio y agosto de

2002), así como el documento «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley: América Latina», publicado el año pasado.

 

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