Afirman que el proyecto antepone el “interés de algunos pocos”, sobre el interés colectivo al afectar un Parque Nacional.

El grupo de académicos “Llamado Urgente por el país” advirtió que el proyecto de “Ley de rectificación de límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Baulas de Guanacaste” amenaza la fauna y la integridad de ese santuario natural.

En un comunicado, el grupo denunció que el citado proyecto pretende la reducción territorial del Parque Nacional, pues propone excluir del refugio todas las partes terrestres que no entran dentro del concepto de “zona pública” de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Este cambio permitiría la utilización de  terrenos por parte de particulares que están dentro de los límites del parque, en vez de que les sean expropiados para la conservación, según la legislación actual.

Los universitarios aseguran que el proyecto hace depender de la voluntad de los propietarios la aplicación de cualquier restricción al ejercicio de su derecho a la propiedad en esta zona.

“Y se permite a los propietarios realizar construcciones y desarrollos turísticos e inmobiliarios con usos del suelo y viabilidades ambientales otorgadas inconstitucionalmente, según lo determinó la Sala Constitucional en su sentencia No. 2008-018529 de las 8:58 horas del 16 de diciembre del 2008”, añade el comunicado.

MODIFICACIÓN POR INTERÉS

El grupo también afirma que se excluye de los límites del parque secciones importantes, como parte del Cerro Moro; mientras se crea un Refugio nacional de vida silvestre sobre una parte de los terrenos que este mismo proyecto saca del parque actual.

En el documento se denuncia que se desconoce el principio preventivo en materia ambiental al permitir construcciones dentro del parque; y se delegan funciones de administración a particulares sobre estos recursos naturales.

Esto por cuanto se otorga la aprobación de un plan de manejo del Refugio de manera compartida al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y a una asociación constituida por propietarios de terrenos situados dentro del parque nacional.

“Además de conferirle a dicha asociación la administración de la parte del Refugio que comprende las propiedades privadas (artículo 10), con todo lo cual se delegan en particulares funciones administrativas esenciales, reservadas a los entes y órganos de la Administración Pública, siendo contrario al deber de tutela del derecho ambiental a cargo del Estado”, apunta la denuncia.
También se desconoce al Área de Conservación Tempisque (ACT) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como órgano administrador del refugio que se pretende crear y la deja al margen de todo trámite relacionado con la zona protegida.

Otro de los señalamientos apunta a que se permite el enriquecimiento de los dueños de los terrenos dentro del refugio, ya que ellos quedan exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles, a pesar de que la ley les permitirá lucrar con el desarrollo en esos terrenos.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) manifestó su oposición a este proyecto, que es analizado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

La diputada del PAC, Grettel Ortiz, explicó que se oponen a este plan ya que pretende una reducción de los límites del parque nacional, para convertirlo en un “parque mixto” y permitir el lucro de propietarios en esa zona, en vez de someterlos al régimen de expropiación.

Según la legisladora, las consecuencias de este proyecto van desde la destrucción del bosque, hasta la desaparición de las tortugas baula que cada año llegan a desovar a ese lugar; pues cada vez se deterioran más las condiciones que requiere esta especie para depositar sus huevos.

“La Sala Constitucional ha dicho que lo que procede es la expropiación, pero el Gobierno está desatendiendo el mandato de la Sala, para presentar un proyecto de este tipo”, comentó Ortiz.

La legisladora aseguró que se está a la espera del informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este plan, mientras que la comisión ya tiene un tomo completo de documentos a favor y en contra de la iniciativa.

Llamado Urgente visitó  SETENA

El grupo de académicos de varias universidades públicas, “Llamado Urgente por el País”, puso fin a la polémica que mantenía con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por las manifestaciones de su coordinadora, Yamileth Astorga, en una conferencia en la Universidad de Costa Rica.

La SETENA reclamó a Astorga haber denunciado la forma expedita en que se tramitaron algunos proyectos en esa entidad, la injerencia del Ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge; y el retiro de personal de experiencia de esa institución.

Las manifestaciones de Astorga, durante una actividad en el Día del Ambiente, hicieron que la Comisión Plenaria de SETENA citara a una audiencia privada tanto a Astorga, como a la rectora de la UCR, Yamileth González.
En lugar de esto, el grupo Llamado Urgente solicitó audiencia para exponer los argumentos que fundamentan las palabras de Astorga, la cual se realizó el 12 de agosto pasado.

Los académicos indicaron a SETENA que las afirmaciones sobre la injerencia del ministro Woodbridge en la institución se fundamentan en manifestaciones del personal recién retirado de la institución; así como en otras entrevistas y documentos.

“Existe una carta donde una  empresa piñera solicitaba a Woodbridge interponer sus “buenos oficios” para un trámite en SETENA; mientras que el representante de CONARE en la Comisión, denunció presiones políticas y confirmó la presencia del ministro en una entrevista con el Semanario UNIVERSIDAD”, manifestó Astorga.
El grupo señaló que SETENA ha obviado la convocatoria de la llamada “Comisión mixta”, en la cual puede apoyarse para obtener criterios técnicos en campos específicos.
También apuntó errores como cambiar el umbral para solicitar un estudio de impacto ambiental a un proyecto, que aumentó de 300 a 500 metros cuadrados de construcción, sin  justificación técnica alguna.

El grupo recordó que en abril del 2008 se dio un cambio en gran parte de los integrantes de la Comisión Plenaria de SETENA, tras la renuncia de la entonces Secretaria, Tatiana Cruz.

“Poco después, personal técnico de la SETENA, con gran experiencia en materia de evaluación de impacto ambiental, como la geóloga Marta Chávez o la socióloga Yetty Saldaña fueron devueltas al ICE, y sustituidas por nuevo personal”, dice el documento entregado a SETENA.

Astorga comentó que las críticas a SETENA no tienen la intención de “molestar” a nadie. Existe una preocupación legítima para que la institución, que es un órgano técnico, haga bien su trabajo.

“Ofrecimos ayuda para que previo a emitir un criterio sobre un proyecto de alto impacto ambiental, soliciten a las universidades apoyo de personal interdisciplinario”, manifestó.
La bióloga y coordinadora del grupo, comentó además que el grupo sostuvo una reunión con el director de Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) José Andrés Masis, para manifestar su preocupación sobre la representación de CONARE en SETENA.

El grupo había ofrecido brindar apoyo técnico al delegado de CONARE, pues considera “grave” que muchas de las cosas que suceden en SETENA han sido avaladas por este funcionario. Además, propuso el nombre de una persona que sustituya al representante actual, quien está próximo a pensionarse.

2-Set-09