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La premisa de” justicia pronta y cumplida” no parece ser aplicable a todo el Poder Judicial costarricense, que cada día es más costoso para la sociedad y tiene más personal, pero que en términos generales cada vez resuelve menos.
Este es uno de los hallazgos del Primer Informe Estado de la Justicia elaborado por el Programa Estado de la Nación, que hace un recorrido por la historia, reformas, actualidad e indicadores del sistema judicial costarricense.
La coordinadora del informe, Evelyn Villareal, explicó a UNIVERSIDAD que si bien el documento no intenta ser “comprensivo” y abarcar toda la realidad del Poder Judicial, es un punto de partida en un campo en el que hasta el momento no existía investigación en el país.
Pese a que el Poder Judicial dio acceso casi irrestricto a sus indicadores y expedientes, el Estado de la Justicia muestra que el sistema costarricense no lleva adecuadamente los datos relacionados con sus usuarios.
MÁS GASTOS, MENOS SENTENCIAS
Dentro del análisis realizado, salta a la vista la evidente pérdida de eficiencia en la gestión del Poder Judicial, que ha incrementado su cantidad de funcionarios pasando de 120 por cada 100.000 habitantes en 1990, a 238 por cada 100.000 en 2013, para un incremento del 98,3%.
También ha crecido el costo para la sociedad, pues en 1990 el gasto real en justicia era de ₡11.922 por habitante (en colones del 2006) y en 2013 alcanzó los ₡41.103 por habitante, con un crecimiento de 244,8%.
Con más recursos, en términos generales el Poder Judicial ha visto reducida su productividad, pues en el año 2000 se registraban 841 casos terminados netos, por juez de única y primera instancia, cifra que 13 años después se redujo a 486 casos.
En la cantidad de sentencias, la caída es más dramática, pues mientras en el 2000 cada juez de primera instancia emitía unas 958 resoluciones anuales, para el 2012 la cifra fue solo de 143 sentencias anuales.
Villareal aclaró que dentro de estas estadísticas se esconden distintas realidades: mientras la Sala III cada vez tarda más en resolver y resuelve menos casos, la Sala II ha incrementado en los últimos años la cantidad de casos y cada vez duran menos en darles respuesta.
En lo que respecta a la Sala Constitucional, Villareal destacó que ha logrado mantener a lo largo de los años un promedio de respuesta de tres meses; esto, pese a que cada vez recibe más asuntos por resolver.
El comportamiento que revelan estos indicadores parece haber calado también en la opinión de la ciudadanía, que cada vez confían menos en el Sistema de Justicia, según los datos del Barómetro de las Américas.
Dicha confianza se ha venido deteriorando de un 60% en 2004 a menos de un 45% en 2014, quedando lejos de la confianza que expresa la gente por los medios de comunicación y de instituciones como la Iglesia Católica, que rondan el 60%.
En el ámbito regional, esta caída en la confianza hace que Costa Rica sea el país de Centroamérica en el que el porcentaje de personas que confían mucho o algo en que el sistema judicial castiga al culpable en caso de robo o asalto es el menor de Centroamérica, por debajo de países que tienen índices de violencia y criminalidad mucho mayores.
Mientras en Costa Rica esta confianza supera ligeramente el 30%, en Honduras está por encima del 40%, en El Salvador y Guatemala llega al 45%, mientras que en Nicaragua y Panamá ronda el 60%.
PERFIL INCOMPLETO
Durante el 2013, el Poder Judicial recibió casi 600.000 casos de toda índole, de los cuales casi un tercio corresponden a la materia penal.
“En este país judicializamos casi todo. Esos 600.000 casos, para una población de 4,5 millones de habitantes representa una tasa de judicialización muy alta, que nos pone a la par de países como Brasil”, explicó Villareal.
En ese mar de demandas, el Poder Judicial deja en evidencia una de sus grandes pendientes: la adecuada recopilación de los datos de sus usuarios. En la revisión de expedientes que realizó el Estado de la Justicia, en el 19,4 no se detallaba la edad de los involucrados, en el 73,1% se desconoce el nivel educativo y en el 58,6% no se tiene ni el distrito de residencia de los usuarios.
El informe hizo un esfuerzo por rescatar algunas de estas características de los expedientes, lo que permitió hacer una caracterización de los usuarios en las distintas materias judiciales.
En los juzgados de familia, como era esperable, la mayoría de las personas usuarias son casadas o en unión libre, con edades entre los 30 y 50 años y con una alta profesionalización.
Aquí el 96% de los demandantes son personas físicas y el principal motivo para acudir a los juzgados de familia son los divorcios o separaciones judiciales, con un 64% de los casos.
Las personas que recurren a la justicia por casos de violencia doméstica son en su mayoría mujeres jóvenes, casadas y la mitad dedicadas a las labores del hogar; la otra mitad se dedica la mayoría a oficios que no requieren titulación.
En los casos de violencia el 100% son personas físicas y en el 70% de los casos se trata de solicitudes de medidas de protección.
Los usuarios en causas civiles son en su mayoría hombres con promedios de edad más altos que el resto, ocupados en profesiones calificadas y casados o en unión libre en un alto porcentaje.
En contraste, en las causas laborales y penales también la mayoría son hombres, aunque en menor proporción que en las causas civiles, con grados de profesionalización bajos y el 90% de las demandas son de personas físicas contra personas jurídicas.
Al realizar un mapa de las “salidas de las denuncias”, que es la forma en que se resuelven los casos, el informe realizó un muestreo de 1.550 expedientes correspondientes al periodo 2000-2008.
El análisis determinó que del total de denuncias, un 31,9% acabó en “archivo fiscal”, lo que quiere decir que no se pudo determinar el sujeto contra el cual se entabla la demanda, otro tercio de las demandas son desestimadas por debilidad en las pruebas, mientras que el 15,2% termina en una sentencia, ya sea condenatoria (8,7%) o absolutoria (6,5%).
Villareal llamó la atención sobre el hecho de que, pese a que se han promovido los mecanismos de resolución alternativa, estos solo se utilizaron en el 1,3% de los casos analizados.
La investigadora apuntó que en un primer momento estos mecanismos alternativos eran poco conocidos por los funcionarios judiciales, pero luego algunas reformas los han “amarrado”, al limitar los montos económicos o los tipos de casos en los que pueden ser utilizados.
Consulta facultativa no es obstáculo para leyes
La consulta que pueden hacer los diputados ante la Sala Constitucional de un proyecto de ley antes de su aprobación definitiva, siempre ha sido visto como una herramienta para el obstruccionismo de los grupos y diputados que desean retrasar al máximo la aprobación de alguna iniciativa.
El primer Informe Estado de la Justicia considera que la consulta facultativa como obstáculo es solo un “mito”, pues el tiempo que tardan los magistrados en resolver es muy poco en comparación con el proceso completo que lleva la ley.
Según el estudio, la Sala Constitucional tarda en promedio 24 días para resolver una consulta de constitucionalidad planteada desde la Asamblea Legislativa, mientras que los diputados tardan en promedio 657 días en total para aprobar una ley.
Desde 1989 hasta el 2013, la Sala ha recibido un total de 712 consultas de este tipo, de las cuales la mayoría (433) corresponden las consultas preceptivas, es decir, aquellas que se deben de hacer de oficio en casos como las reformas constitucionales o la aprobación de tratados internacionales. Estas consultas son tramitadas por el Directorio Legislativo.
En las consultas facultativas, que requieren de la firma de al menos 10 diputados para ser presentadas, en el 37,2% de los casos se encontraron vicios de fondo en proyecto, un 18,4% corresponde a problemas de forma, el 6,3% encontró problemas en ambos aspectos y el 37,2% no encontró ningún problema en las leyes propuestas.
“Como se puede ver, el uso del mecanismo ha sido razonable, no es obstructivo. No le podemos echar la culpa a la Sala por la ineficiencia del Congreso. Aunque la Sala no provoca una afectación en el tiempo de aprobación, sí tiene influencia en el contenido”, comentó Villareal.
La investigadora comentó además que la Sala Constitucional ha entrado a “colegislar” en temas de interés nacional como lo fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC), donde se arrogó la potestad de revisar la constitucionalidad del proyecto aun cuando este estaba convocado para referéndum, caso que la ley no contempla.
Recursos de amparo tienen bajo impacto en presupuesto de la CCSS
Los recursos de amparo en los que ciudadanos exigen a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la entrega de algún medicamento específico han tenido bajo impacto en los presupuestos de esa institución.
Según el Primer Estado de la Justicia, la cantidad de recursos presentados para demandar ciertos medicamentos de la CCSS es relativamente bajo, en comparación con las miles de consultas diarias que ofrece la entidad.
En el periodo 2006-2013, a la Sala Constitucional se le solicitaron 326 tipos distintos de medicamentos; pero, lejos de correr el riesgo de “quebrar a la Caja” con estas exigencias, el impacto de estas demandas fue de apenas del 1,5% del presupuesto total que destina esta entidad al rubro de medicinas.
Durante el 2013, los recursos para exigir a la CCSS algún fármaco sumaron 172, de los cuales más de 100 fueron declarados “con lugar”. La cifra se mantuvo similar durante los últimos ocho años, con la excepción de los años 2009-2010, en los que la demanda de un medicamento para tratar el cáncer disparó las solicitudes a 254, y luego las redujo el año siguiente a solo 79, cuando el recurso fue declarado con lugar.
La investigadora Evelyn Villareal comentó que además de exigir a la CCSS la compra de medicamentos por demanda de sus usuarios, la Sala también ha entrado a “coadministrar” en este tema.
“La Sala ha ido mucho más allá, al exigir que se entreguen los protocolos que se van a implementar, que se mejore el abastecimiento en las farmacias. Va más allá de su sentencia y le pide cosas que tiene efectos directos en sus asegurados”, indicó.
En estos casos, se determinó que la CCSS solo ha cumplido el 25% de las sentencias a tiempo. El resto de las órdenes judiciales se cumplen tarde, pero se cumplen finalmente.
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