El pasado 3 de agosto, Tom Hayes, banquero de las empresas UBS y Citigroup, de 35 años, fue condenado a 14 años de prisión por liderar una red de conspiración para cometer fraude, debido a que, con la anuencia de su clientela, manipuló la tasa Libor, uno de los referentes más importantes para calcular los intereses en dólares.
“Usted sucumbió a la tentación porque podía… para ganar en estatus, carrera laboral y remuneración. Sus acciones fueron deshonestas y equivocadas”, lo amonestó el juez británico.
La manipulación de la tasa Libor se sumó a los escándalos por manejos financieros irregulares que afectaron a entidades bancarias y financieras impensables, pero que quedaron al descubierto a raíz del estallido de la crisis mundial del 2008, cuyas consecuencias aún estamos viviendo.
En Costa Rica, cada tanto se vuelve la mirada a su pequeño pero superpoblado sistema financiero, con el fin de determinar si las tasas de interés que sus bancos cobran por los préstamos que hacen, son las justas o si, basados en su control o poder del mercado, pueden manipularlas con el fin de obtener mayores utilidades.
Téngase en cuenta, además, que tras la Directriz N° 25 emitida en 1997 por el expresidente José María Figueres −que instauró las políticas de premios monetarios para el personal de la banca pública cuando alcanza metas que implican el aumento de tales utilidades−, el cuestionamiento, lejos de sobrar, se hace más interesante: según la Contraloría General de la República, entre el 2006 y el 2012, esos incentivos laborales representaron el 23% de las utilidades netas (más de ¢99.000 millones) de la banca pública. De la banca privada, por su naturaleza, no se conocen cifras.
HITOS
Los hitos más recientes sobre este problema fueron tres, los cuales ilustran distintas formas en que es posible, para los bancos, “manipular” las tasas de interés. El primero fue que, ante la existencia de una inflación baja pero de una Tasa Básica Pasiva (TBP) que permanecía alta, la entonces presidenta Laura Chinchilla emitió la Directriz N° 043-H, del 23/01/2013, para que la banca pública evitara ofrecer tasas pasivas más altas a las entidades públicas, con el fin de atraer sus depósitos e inversiones en mejores condiciones que el resto del sistema financiero.
La TBP es un promedio de tasas de depósitos de entre 150 y 210 días que usan los bancos; es nada menos que el referente a partir del cual establecen las tasas de interés “de mercado”. De modo que si un banco ofrece, por ejemplo, tasas arbitrariamente altas a una institución pública o a un gran depositante privado −para ganarle a la competencia−, la TBP sube y se encarecen los créditos para el resto de solicitantes con menor poder.
De allí que esa directriz fue expresa en explicar que esta manipulación encarecía las tasas de interés que pagaban el resto de las personas mortales: “Son producto del poder de negociación de los ahorrantes institucionales de gran tamaño respecto a los bancos que las pagan, porque estos últimos pueden trasladar los mayores costos de captación que pactan en estas operaciones puntuales a las tasas de interés que enfrentan la mayoría de los usuarios del crédito bancario”.
Un segundo hito se dio cuando el presidente Luis Guillermo Solís emitió la Directriz N° 026-H del 26/05/2015, para que el pago de incentivos al personal bancario público esté “obligatoriamente condicionado al cumplimiento de metas; específicamente las relacionadas con el programa de Banca para el Desarrollo y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, así como “en relación con calidad de la cartera crediticia y/o el indicador de mora amplia del crédito”, algo sobre lo que insistió esta semana la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En adición, ordenó erradicar prácticas no deseadas, como “los esquemas especiales de incentivos para la alta gerencia”, la participación de “los grupos con conflictos de interés, en cuanto al diseño y la supervisión del esquema general de pago de incentivos”, y estableció “reconocer el incentivo individual condicionado al cumplimiento de metas grupales”. Esta directriz también derogó la de Figueres Olsen.
Entonces, el traslado del costo de los premios salariales otorgados al personal bancario por aumentar las utilidades a la fijación de las tasas de interés sería otra forma −no derivada de la mano “invisible” del mercado− de afectar esas tasas, con el efecto perverso, además, de que podría estimular a sus empleados a colocar malos créditos, con tal de obtener mayores premios salariales.
El tercer hecho lo constituyen los fallos judiciales a favor de deudores de bancos públicos y privados, a quienes se les aplicaron tasas abusivas por los créditos que contrajeron. Esto consiste en fijar una “tasa piso” para los intereses, de modo que aunque la TBP bajara, este límite hacia abajo no lo hiciera; sin embargo, no establecen una “tasa techo” para la situación inversa, de modo que el monto a pagar por la deuda puede duplicarse o más (ver también: “Está bien culantro…”).
Mientras estas cosas son posibles, los bancos, públicos y privados y otras entidades financieras, mantienen miles de millones de colones en el BCCR, en el muy corto plazo (concentrados en 1
día) recursos excedentes (ociosos) que no contribuyen a financiar empresas o emprendimientos.
Según el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) de ese banco, al 6 de agosto del 2015 ese monto ascendía a ¢127.723 millones.
UNIVERSIDAD preguntó a representantes de entidades supervisoras, bancarias y a un economista de la Universidad de Costa Rica acerca de estos asuntos.
Mientras el jefe de la Sugef, Javier Cascante, compartió “la preocupación de los costarricenses” y recalcó que el marco legal no limita a los bancos en este tema; los demás, en general, apuntaron a un incremento en la competencia como el mejor medio de abordar la situación (ver: “Preocupante, pero legal”).
Banca privada aumenta su poder
Luego de las reformas legales que se aplicaron en los neoliberales años 90 del siglo XX, dos hechos ocurrieron en el pequeño mercado financiero de Costa Rica: surgió una rica burguesía bancaria que no existía como tal cuando la banca estaba nacionalizada, y la banca privada ganó poder de mercado a costa de la disminución de la banca pública, a pesar de que esta sigue dominando.
En el camino, varios bancos dejaron sus cadáveres, se fusionaron con otros o fueron comprados por los más grandes, en general, transnacionales. Lo cierto es que, como suele ocurrir en la economía de mercado –más si es pequeña como la nuestra–, al final el número de participantes se terminó achicando y, por tanto, el poder ahora se reparte entre menos actores.
El Documento de Investigación DI-04-2013 “Margen de intermediación financiera y poder del
mercado: El caso de Costa Rica” −del Departamento de Investigación Económica del Banco Central (BCCR), de setiembre del 2013, elaborado por Alejandro Castro Arias y Allechar Serrano López− registra que en diciembre del año 2000 el Sistema Bancario Nacional estaba conformado por 26 intermediarios (3 bancos estatales, 2 creados por leyes especiales y 21 bancos privados y cooperativos), y para diciembre del año 2012 solo había 16 intermediarios (11 bancos privados y el resto igual). (Ver el cuadro: “Fusiones y compras de bancos 2000-2012”).
La mayor competencia sí contribuyó a reducir el margen de intermediación financiera de los bancos ticos, especialmente el de los públicos, pero en el conjunto del Sistema Bancario Nacional sigue siendo más alto que en otras naciones de América Latina, incluso que países más ricos. Ese margen se define como la diferencia de precios −para el banco− entre los recursos captados y los recursos colocados. Según otros estudios, la gestión, la calidad de la cartera, el tipo de cambio, la rentabilidad y la concentración de mercado fueron los factores que más incidieron en este margen entre 1997 y 1999.
Para el periodo 1994-2011, el estudio citado también encontró que “las entidades bancarias utilizan su poder de mercado en el Sistema Bancario Nacional para transferir costos a los consumidores. La cartera vencida es una variable relevante, donde los costos asociados al seguimiento de la cartera crediticia son traslados en última instancia a los prestatarios”. Curiosamente, las convenciones colectivas de la banca pública son alabadas por contener el costo en salarios: “Respecto a los salarios reales, estos parecieran no mostrar ninguna relación con la tasa activa, comportamiento que se observa para ambos periodos, tanto a nivel de sistema como por tipo de banco. Los salarios reales en el sector bancario se han mantenido estables durante el periodo seleccionado, influenciados por la política salarial de la banca pública, la cual presenta convenciones colectivas que conllevan a rigideces, sobre todo a la baja”.
Ahora habría que esperar estudios sobre el peso de los incentivos o premios salariales en la fijación de la TBP, tanto en el sector público como en el sector privado.
Lo que dicen los expertos
Freno judicial
La utilización de “tasas piso”, o de un tope fijo a la baja de intereses para los créditos, ha sido causal de varios conflictos legales entre clientes y bancos, tanto públicos como privados, al punto que, según informó la Asociación Nacional de Consumidores Libres a un diario nacional, existen alrededor de 400 demandas presentadas.
Entre 2012 y 2013, cinco de tales conflictos tuvieron sentencias en los tribunales: cuatro contra el Banco Popular y uno contra el Banco Nacional. Además, se registró un laudo arbitral en la Cámara de Comercio contra el Banco Nacional y hubo una conciliación con el Banco Improsa.
No obstante, hay casos pendientes en los tribunales contra Bancrédito, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el BAC San José y la Asociación Solidarista de los Empleados de la Universidad Estatal a Distancia.
A manera de ejemplo, el 8 de noviembre del 2012, el Tribunal de Apelaciones Contencioso- Administrativo, dictó la resolución N° 65-2012, en la que fijó una medida cautelar a favor de un deudor del Banco Popular, y obligó a esta entidad a “mantener el pago mensual por un crédito de vivienda a partir del 1 de diciembre del año 2012 por la misma suma en que inició al adquirir el préstamo en el año 2007” (Fuente: La Nación).
“Preocupante, pero legal”
Javier Cascante, jerarca de la Sugef:
“El Código de Comercio establece, en su artículo 497, que las tasas de interés pueden ser variables y que para determinar la variación podrán pactarse tasas de referencia nacional o internacional o índices, siempre que sean objetivos y de conocimiento público; es decir, no existen restricciones para la determinación de las tasas de interés en Costa Rica. Sin embargo, en su determinación influyen factores de costos y competencia en el mercado, definidos por las entidades según su gestión y perfil de riesgo.
“Esta Superintendencia comparte la preocupación de muchos costarricenses sobre el comportamiento del spread de tasas de interés y el margen de intermediación financiera que actualmente mantienen las entidades sujetas a la supervisión de la Sugef, dado que esto eventualmente podría llegar a afectar algunos de los indicadores de estabilidad y solvencia de las entidades financieras que llegaren a recibir fallos judiciales desfavorables, por algún eventual perjuicio que se le pueda causar a los usuarios del sistema financiero. Al respecto, es importante reiterar que a la fecha no se tiene noticia de ningún proceso judicial que se haya presentado en contra de alguna de las entidades supervisadas, por supuestos abusos en el spread de tasas de interés o en el margen de intermediación financiera.
“Los temas de acceso al crédito no necesariamente se resuelven con más competidores. Yo creo que hay que trabajar en la disminución de requisitos que se exigen a las personas para abrir cuentas, obtener un crédito, entre otras cosas. Incluso, muchos de esos requisitos son establecidos por la propia Sugef; por ello, en la actualidad trabajamos en un proceso de fomento a la inclusión financiera, para facilitar la participación de mayores usuarios en el mercado financiero.
“Creo, además, que las entidades han mejorado los procesos de innovación, fomentando la creación de nuevos productos de ahorro. Finalmente, en la medida que se reduzca el déficit fiscal es muy probable que las tasas de interés se reduzcan aún más; eso favorecerá a los segmentos más pobres de la población”.
Eduardo Prado, gerente del Banco Central:
Se requiere eficiencia
“Lo que se requiere es mejorar la eficiencia de los intermediarios financieros y promover una mayor competencia entre ellos, para que dichas mejoras en eficiencia, en un contexto de inflación baja, se manifiesten en menores tasas de interés y en menores márgenes de intermediación.
En Costa Rica, cada intermediario financiero define las tasas de interés (activas y pasivas) que aplicará en sus operaciones. Estas tasas de interés deben reflejar las condiciones de oferta y demanda de recursos que enfrenta cada intermediario, pero están influidas por características estructurales del sistema financiero, como lo es el grado de competencia y eficiencia de las entidades que lo conforman. Dada la libertad existente, una posibilidad para reducir los márgenes de intermediación financiera es promover una mayor competencia entre los intermediarios”.
Juan Carlos Corrales, gerente general interino del Banco Nacional:
Los incentivos son un gasto administrativo
“Los incentivos que el personal percibe por el cumplimiento de metas cada año es un gasto administrativo y su proporción con respecto a los gastos totales del Banco es mínima. En este sentido, su pago no es un factor que contribuye a incrementar las tasas de interés y menos al considerar que estas, al menos las fijadas en colones, están ligadas con una tasa definida por el BCCR, es decir, la tasa básica. Los depósitos que el banco tiene en el BCCR ayudan a incrementar los ingresos, en una menor relación que si estuviera colocada en crédito, pero favorece el resultado financiero del banco.
“Hoy el país tiene una estabilidad en las tasas de interés en términos generales. Son tasas bastante competitivas para fomentar el crecimiento de emprendimientos y empresas. El Banco Nacional ha sido pionero y líder en el fortalecimiento de las mipymes, así lo refleja nuestro saldo de cartera que supera el 20% del total de la cartera. Con los nuevos programas ya aprobados por el Sistema de Banca para el Desarrollo, tenemos tasas muy favorables para emprendedores y empresas en marcha”.
Juan Diego Trejos, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR:
Es necesaria la competencia
“La diferencia entre la tasa pasiva (para ahorros) y la activa (para créditos) es la tasa de intermediación financiera, que incluye las ganancias más los costos de operación y otros costos impuestos por políticas públicas, como peaje bancario, ganancias destinadas al Consejo Nacional para la Educación (Conape), etc. Este margen lo ponen los bancos estatales, que son los que tienen costos operativos más altos, particularmente el Banco Nacional, que es el más grande; los bancos privados solo se aprovechan de ese margen y ganan más. Este margen se sostiene alto básicamente porque el mercado no es competitivo, o suficientemente competitivo.
“Esto solo se resuelve promoviendo una mayor competencia, con entrada de nuevos operadores y buscar reducir costos operativos de los bancos públicos, como los incentivos a los empleados que se llevan una buena tajada de las ganancias y otras cargas fiscales que enfrentan los bancos públicos. El BCCR no puede definir directamente las tasas de interés”.
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