Estudio fue presentado en México y Copenhague: Informe revela problemática del cultivo de la piña en Costa Rica

Un informe realizado por varias Organizaciones No Gubernamentales latinoamericanas denuncia los diversos problemas que enfrenta la región con la expansión de los monocultivos, entre

Comunidad en Siquirres aún está a la espera de que se construya un nuevo acueducto, tras casi año y medio de trámites.

Un informe realizado por varias Organizaciones No Gubernamentales latinoamericanas denuncia los diversos problemas que enfrenta la región con la expansión de los monocultivos, entre los cuales se cita el caso de la piña costarricense.
El documento llamado “Azúcar roja, desiertos verdes”, compila una serie de reportes sobre los problemas que enfrentan los diferentes países con la expansión agresiva de monocultivos como la caña de azúcar, soya y palma, entre otros.

El reporte fue elaborado por la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la organización Foodfirst Information & Action Network (FIAN) y  Solidaridad Suecia-América Latina (SAL).

Para el caso de Costa Rica, el informe fue redactado por  integrantes del Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP).
Las activistas costarricenses Gabriela Cuadrado y Soledad Castro fueron contactadas por las organizaciones internacionales citadas, para trabajar en la sistematización de los casos de monocultivos en el país que violan los derechos humanos.
En su reporte, Castro y Cuadrado mencionan los inicios de la expansión piñera en Costa Rica en la década de los 80 y cómo años después se produce un crecimiento vertiginoso en la producción de esta fruta.
“Costa Rica se ha convertido en el primer productor de piña del mundo, desplazando a Hawaii que, irónicamente, se está dedicando al turismo ecológico”, señala el informe.
De acuerdo con el documento, en el país existen cerca de 50.000 hectáreas cultivadas con piña, mientras que recientemente la propia Cámara de Productores de Piña (CANAPEP) informó que las tierras disponibles para este cultivo se están acabando.
Esta situación hace que ahora se esté sembrando piña en zonas no tradicionales como el Pacífico Norte, donde el cultivo tiene mayores dificultades y mayores costos para su producción.
Según Castro y Cuadrado, esta gran expansión ha traído consigo múltiples problemas, tanto ambientales como laborales y sociales.
“Cambio de uso de suelo de miles de hectáreas que antes estaban destinadas a la defensa del bosque y de mantos acuíferos; invasión de áreas de protección de ríos y manantiales; contaminación del agua para consumo humano por el uso indiscriminado de agroquímicos, erosión por no utilizar terrenos aptos”, cita como aspectos perjudiciales el informe.
Las ambientalistas también se refieren al problema de la mosca que se produce por el manejo inadecuado de los desechos de la piña; la cual afecta al ganado de cientos de pequeños productores.
En el informe se critica a las autoridades del país, ya que afirman que no se ha ejercido el adecuado control estatal, para que este tipo de actividades se desarrollen con menores impactos sobre el medio ambiente.
“De hecho, cuando presentamos el informe llamó la atención el caso de Costa Rica, pues es donde la problemática cuenta con más recursos legales presentados por parte de las comunidades, sin que esto haya ayudado a resolver el problema”, comentó Castro.

AGUAS CONTAMINADAS

Castro y Cuadrado recordaron como uno de los casos más significativos, el de las comunidades en Siquirres, las que se vieron afectadas por la contaminación del agua que consumían con agroquímicos utilizados por las piñeras.
“Muchos habitantes de las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana, han acudido a los centros de salud porque sufren enfermedades que se creen están ligadas al hecho de consumir agua contaminada por agrotóxicos y estar expuestos a estas sustancias”, señala el documento.
De los casos de estas comunidades, aseguran que se han presentado gran cantidad de denuncias ante las diferentes autoridades del país, para que se prohíban los cultivos cercanos a manantiales y ríos; pero no ha habido logros en ese sentido.
Castro recordó que recientemente las comunidades presentaron una demanda por daños y perjuicios contra una de las fincas de la empresa Del Monte, en Milano de Siquirres.
“También se está pensado en una demanda contra diferentes autoridades por desacato, porque se presentaron recursos de amparo y se ganaron, pero nadie cumplió lo ordenado por la Sala”, lamentó.
Otra de las preocupaciones para estas organizaciones es el desplazamiento de cultivos tradicionales que sustentaban la alimentación estas poblaciones rurales, como el arroz, frijoles y maíz; ahora esas tierras se destinan al cultivo de la piña.
“Esto afecta también la soberanía alimentaria, tanto a nivel local como nacional, ya que según datos del Estado de la Nación, en el 2007 se necesitaban sembrar 283 mil hectáreas de granos básicos para poder abastecer a la población nacional”, indica el documento.
Castro expuso que si bien generalmente el problema con la expansión piñera se relaciona solamente con el tema ambiental, se dejan de lado las violaciones al derecho laboral y a los derechos humanos que se dan en algunas fincas.
“Hay lugares en los que le pagan a la gente entre ¢300 y ¢400 por hora, y en otros les pagan ¢2,6 colones por piña. La gente tiene que trabajar largas jornadas para redondear un salario decente”, reprochó.
La activista denunció además prácticas de persecución sindical, en las que se dice a los trabajadores que se les prohíbe organizarse en sindicatos, bajo pena de ser despedidos de inmediato.
Este informe fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace unos meses, y también fue conocido en la Cumbre sobre Cambio Climático que se realizó el año anterior en Copenhague, Dinamarca.

 


Milano sigue esperando su acueducto

La comunidad de Milano de Siquirres todavía está a la espera de que se concrete el prometido acueducto, que les permitiría volver a consumir agua desde las tuberías de sus casas.
Según denunció la presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Milano, Xinia Briceño, ha pasado un año y cuatro meses desde que se iniciaron los trámites para la nueva instalación, que tendrá un costo cercano a los ¢184 millones, sin que se tengan avances significativos.
“De lo último que tengo conocimiento, son los trámites de las expropiaciones en los terrenos donde están las nacientes. Quedamos de comprar un terreno por parte de la comunidad, pero el plano catastrado que nos dio AyA nos lo rechazaron porque no es el original”, comentó Briceño.
Mientras los trámites se extienden, la comunidad de Milano tiene ya más de tres años y medio de recibir el agua potable por medio de cisternas, por temor a la contaminación que sufrió en el pasado su acueducto.
“Todavía estamos con esta incertidumbre. El  Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) nos dice que el agua está contaminada todavía, y el AyA nos dice que no, pero tampoco nos quitan las cisternas;  entonces uno piensa que la contaminación sigue”, dijo Briceño.
En junio pasado la ministra de Salud, María Luisa Ávila, indicó que la Comisión Nacional del  Agua se reuniría para ver los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas en esta zona, para definir si la comunidad puede o no volver a tomar agua.
Consultada sobre este tema, Ávila aseveró que desconoce si se presentaron estos resultados, y lo remitió al director del Laboratorio Nacional de Agua, Darner Mora, quien al cierre de esta edición no pudo ser ubicado.


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