La falta de inversión pública aumenta las brechas en el acceso a los servicios públicos entre ricos y pobres.
A pesar de que la distancia entre un barrio de Rohrmoser con uno de La Carpio puede ser relativamente corta; esta se transforma en extremadamente larga cuando se ve el acceso a servicios públicos como educación, salud, transporte, recreación y seguridad.
Ese enorme recorrido entre los pobladores de ambos lugares, es lo que los investigadores llaman la segregación residencial socioeconómica, que amenaza con aumentar en los próximos años, mientras el gobierno no invierta en infraestructura y programas sociales en los barrios pobres de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esta conclusión se desprende del estudio «Segregación residencial socioeconómica en la GAM» presentado por la UNICEF y el Estado de la Nación, el martes 27 de setiembre.
Dicho estudio se extrae de los datos del Estado de la Nación del 2004 y el análisis del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR (ProDus-UCR) para focalizar las concentraciones de pobreza, así como de riqueza en la GAM.
A pesar de ello, los datos revelan que la GAM es todavía un espacio de clase media.
Por otra parte, los datos detallan que 12 agrupamientos territoriales de altos ingresos representan 24.143 viviendas, un 4.9% de las 498.730 viviendas ocupadas en la GAM, mientras que, en las 11 concentraciones de pobreza hay 26.695 viviendas, 5.4% del total.
Sin embargo, el descuido en inversión pública en los sectores pobres identificados en el estudio marca la brecha entre ambos grupos.
Así lo hizo ver Rosendo Pujol, director de ProDus, quien manifestó que «el problema es la desigualdad que se manifiesta en esa segregación».
Agregó que este fenómeno responde a un problema más profundo que es el diferenciado acceso a los servicios públicos entre pobres y ricos. «Esto ha provocado que los pobres de la GAM estén cada vez más aislados»
El estudio indica que «las políticas públicas, tanto por sus acciones como por sus omisiones, han contribuido a la segregación social».
Las zonas más afectadas en la GAM son La Carpio, en la Uruca, el extremo este del distrito de Pavas, donde están los precarios La Libertad y Rincón Grande, y finalmente Guararí en San Francisco de Heredia.
Contrario a ello, las zonas identificadas con mayores ingresos son Rohrmoser y Sabana Oeste, San José Este y San Pedro, Los Colegios y Montelimar, y Curridabat Este. (ver mapa).
SECTORES AISLADOS
Otros estudios como el del Observatorio de Desarrollo de la UCR y el Programa de Naciones Unidas también identifican zonas de segregación socioeconómica en las que personas de sectores pobres luchan por solventar sus necesidades básicas.
En el documento Voces de La Carpio (2004), que recoge testimonios de personas sobre como es vivir en estos sectores, destacan problemas de salubridad, inseguridad y marginación.
Una de las entrevistadas costarricenses señaló que «la lucha ha sido muy fuerte, para todas las que hemos estado aquí desde el principio, desde lo que es jalar agua de canal 13 hasta andar en los tajos poniendo postes en la noche para robarnos la corriente porque no nos querían dar.»
La entrevistada agregó «pero nosotros también hemos emigrado porque salimos de un pueblo muy pobre a buscar una mejor vida. No estamos aquí porque somos ricos».
Otro de los testimonios es de una mujer que cuenta su lucha por irse del lugar debido a la marginación y degradación que allí se da. «Pero me voy triste porque me pongo a analizar que aquí en el sector de San Vicente hay familias nicaragüenses que son grandes ejemplos que hemos compartido culturas y cosas muy buenas».
Para la socióloga Silvia Lara, el estudio que dio a conocer el Estado de la Nación evidencia la desigualdad y polarización que viene experimentando el país en los últimos años, que no sólo se expresa en el ingreso económico de los pobladores de la GAM, sino en la ubicación de la vivienda de estas personas.
Según Lara, lo que se ve claramente es que los ricos por un lado buscan juntarse, mientras que los pobres se ven obligados a hacerlo. «Los pobres no escogen estar con otros pobres y conformar barrios, están obligados a convivir con otros pobres porque generalmente recurren a terrenos de muy precaria posición junto a ríos, o en las montañas, que son los que tienen menos valor y es ahí donde se pueden meter, coinciden ahí pero no porque sea su propósito».
Comentó que esta situación se repite con los ingresos de las familias: «por un lado los ricos se dejan una tajada más grande del pastel, -eso es lo que buscan y para eso trabajan-, mientras que por otro lado resulta inevitable que los pobres se queden con lo mínimo».
A los ricos los caracterizó como «el sector de la población con más altos niveles de ingreso y con un estilo de vida y una capacidad de consumo que los sitúa desde el punto de vista de calidad y expectativas de desarrollo muy distinta al resto de la población».
Para la socióloga, el Estado lejos de proponer una política de desarrollo humano y de vivienda que contribuyera a una mayor integración social, más bien ha propiciado una serie de prácticas políticas e institucionales que reforzaron los procesos de segregación.
La política de vivienda lo que ha hecho es juntar a todos los pobres, sentenció. «Por eso es necesario que el Estado busque un mecanismo para que la ciudad vuelva a ser un punto de integración social» .
Según el estudio, las concentraciones de población pobre se caracterizan por altas densidades cercanas a 200 personas por hectárea y por el predominio de edificaciones de un solo piso.
Marcela Román del Programa Estado de la Nación manifestó preocupación por las condiciones de hacinamiento en que viven estas personas y por las dificultades de transporte público para movilizarse hacia sus trabajos.
El documento detalla que este sistema es muy deficiente como para crear en el área metropolitana una ciudad realmente integrada. Los tiempos de viaje calculados para los buses que llevan a las concentraciones de pobres son mucho mayores que los tiempos de transporte en automóvil que utilizan las personas de altos ingresos.
Así por ejemplo para un trabajador de una zona pobre de Pavas viajar al centro de San José implica alrededor de 30 minutos, los cuales son para otros trabajadores la mitad o la tercera parte del trayecto que requieren para llegar a sus centros de trabajo.
Además, en estas zonas la mayoría de los pobladores tienen una serie de carencias como la falta de líneas telefónicas, electrodomésticos y computadoras. También se repiten los patrones de padres o madres de familia con secundaria incompleta y mucho menos acceso a la educación universitaria.
Según el estudio, lo más dramático es que esa pobreza tiene rostro de infancia, ya que una tercera parte de las personas que se ubican en las zonas pobres son menores de 12 años y prácticamente la mitad, es decir 55 mil de ellas, tienen edades inferiores a los 18 años.
Román destacó que es posible identificar, con alta precisión, las zonas que presentan mayores problemas de pobreza para que se apliquen las políticas públicas necesarias para revertir ese proceso de segregación y desigualdad entre ricos y pobres.
A pesar de que la segregación en la GAM de Costa Rica no es tan marcada, como en otras ciudades latinoamericanas, el estudio señala que si continúa la tendencia al deterioro de la equidad -documentada en el Décimo Informe Estado de la Nación-, y si se mantienen los patrones de expansión urbana registrados en la última década, lo más probable es que crezca tanto la escala como la intensidad de la segregación.
Esto porque «el impacto que estas condiciones desiguales tienen sobre el acceso a las oportunidades de mejores niveles de desarrollo humano es grande, y representa un mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza».
DESAFIOS
El estudio plantea que es urgente «aplicar políticas de ordenamiento territorial, la inversión en equipamiento urbano y el desarrollo de espacios públicos de convivencia».
Pujol manifestó que en las conglomeraciones de pobreza detectadas «es necesario más inversión pública en términos de guarderías infantiles y la creación de espacios adecuados de recreación, así como mejorar las condiciones de acceso público y de seguridad para las personas que allí viven».
Esto tomando en cuenta que la población infantil y adolescente representa un alto porcentaje en estas zonas de pobreza.
Una conclusión del estudio es que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de incidir en el problema de exclusión que sufre esta población que «vive en casas con condiciones de gran deterioro, si no en tugurios, no dispone de zonas de recreación y las limitaciones de acceso identificadas hacen suponer que sus opciones fuera de su entorno inmediato son muy reducidas».
Pujol explicó como «en muchos países del mundo se les exige a las urbanizadoras poner un porcentaje del proyecto para proyectos de interés social. Eso es algo que se puede aplicar aquí. Uno no puede decir vamos a mandar a los pobres a otro lugar; ellos están ahí y es ahí donde hay que resolver el problema».
