Etanol y biomasa ¿solución ambiental o negocio?

Tanto la venta del etanol como de la energía de energía de biomasa, ambos impulsados por la empresa Taboga, propiedad de la

Tanto la venta del etanol como de la energía de energía de biomasa, ambos impulsados por la empresa Taboga, propiedad de la familia de Oscar Arias Sánchez son criticados por la ANEP, que pide investigar ambos proyectos.

El gobierno y los azucareros nacionales se reunieron la semana anterior en un seminario para promover la producción de electricidad y etanol a partir de los subproductos de la caña y aumentar así el rendimiento de esta actividad, pero estas iniciativas son cuestionadas por otros sectores.

En este tema el Estado tiene interés en dos proyectos concretos; el primero es combinar el etanol con la gasolina súper y utilizar la mezcla  como combustible para los vehículos, como ya hacen países como Colombia y Brasil,  y ahorrar así recursos de la factura petrolera, que este año superará los 700 millones de dólares.

El segundo proyecto lo lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y se refiere a la compra de energía producida a partir de la biomasa, en este caso, a partir del bagazo de la caña.

Desde el punto de vista ambiental ambas iniciativas son positivas, pues no sólo producen una menor contaminación, sino que son propuestas nacionales y sostenibles en el largo plazo, y también son bien vistas por los productores, que reconocen las posibilidades de ampliar y diversificar su negocio.

Sin embargo en estos negocios con el Estado no todos los azucareros se beneficiarían de igual forma, pues las diferencias de tamaño en las empresas son enormes.

ETANOL, UNA OPCIÓN AMBIENTAL VIABLE

Allan Chin-Wo, ingeniero químico de la Comisión Nacional de Energía, dijo a UNIVERSIDAD que la propuesta gubernamental, desde el punto de vista técnico, es sustituir no más del 10% de la gasolina súper en cada vehículo con alcohol.

El etanol se aplicaría para oxigenar la gasolina en lugar del aditivo Metil Terbutil Etileno (MTBE), el cual es altamente contaminante, y además es importado, por lo que la compra de alcohol nacional resultaría más barata para el país.

Chin-Wo destacó que el 72% del petróleo que compra Costa Rica se utiliza en el transporte privado y público, por lo que es urgente buscar opciones más amigables con el ambiente para ese sector.

El gobierno ha mostrado gran interés en la sustitución de gasolina por alcohol. Por ejemplo, en julio del año pasado emitió un decreto, el No. 13470-T, que ordena la adición del alcohol a la gasolina a partir de enero del 2005, pero el decreto se encuentra en la Sala Constitucional.

CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS

Según Chin-Wo, la propuesta ha sido cuestionada desde el punto de vista técnico por algunos sectores que no saben cuál efecto tendría la combinación de gasolina y etanol sobre la flota vehicular del país, pues esta es relativamente antigua.

Por esta razón se realizará una prueba piloto con 60 vehículos a partir de enero próximo, donde se evaluará el funcionamiento de los autos con la mezcla, a pesar de que se conocen experiencias muy exitosas en países suramericanos, donde ya circulan carros sólo con alcohol.

Además del etanol, el experto indicó que hay otras propuestas en investigación, como las de producir alcohol de sorgo con los mismos fines.

El sector azucarero ve con buenos ojos este proyecto, pues les permitiría sacar un mayor provecho a sus cosechas, pero los cuestionamientos a esta propuesta gubernamental trascienden la parte técnica y llegan hasta el campo de la política.

Desde la publicación del decreto, el precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti,  criticó la medida porque el etanol actualmente sólo puede  ser destilado por dos compañías, una de ellas, el ingenio Taboga, propiedad de la familia Arias Sánchez.

Arias participará como uno de los aspirantes por la candidatura para silla presidencial por parte de esta agrupación política.

Alvarez aseguró en ese momento que el decreto daba en bandeja de plata un negocio millonario a la familia Arias, y no favorecía al resto de productores azucareros, que no tienen el capital ni la capacidad de producir el alcohol que todos estaríamos obligados a consumir.

Esta mezcla de política y negocios también es cuestionada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual considera que en medio de una situación de crisis y escándalos de corrupción como la que enfrenta el país no es correcto que continúen los negocios entre políticos-empresarios y el Estado.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, dijo a UNIVERSIDAD que pedirán una investigación a fondo de estas acciones con Taboga y de «todo negocio fraguado en la administración Rodríguez».

«Sospechamos que hubo ocultamientos en las insuficiencias y debilidades institucionales para hacer pasar por imprescindibles partidas privadas con nombres y apellidos, pero llegó el momento de conocer todo», expresó.

Biomasa, negocio de la energía

El gobierno también tiene proyectos para que los ingenios azucareros produzcan energía de biomasa a partir de sus subproductos y la puedan vender al ICE, lo que traería beneficios adicionales tanto al sector como a la institución.

Gilberto de la Cruz, ingeniero del ICE, explicó que la producción de energía a partir de los residuos de la producción azucarera ayudarían al país a disminuir su consumo de energía térmica, la cual se obtiene a partir de combustibles fósiles importados.

De la Cruz explicó que la corta de la caña se da en verano, entre diciembre y abril, los meses en que el país consume más energía térmica pues el nivel de los ríos desciende, lo que limita la producción de energía hidroeléctrica.

Sin embargo, Agustín Rodríguez, de la Cámara de Industrias, advirtió que estos proyectos requerirán una gran inversión en tecnología por parte de los empresarios, pues actualmente sólo dos ingenios, Tagoba y El Viejo, están en capacidad de producir electricidad de forma competitiva, por lo que la opción real de los pequeños azucareros sería optar por el encadenamiento con estas dos compañías.

De hecho el ICE ya tiene un contrato por cinco años y 2,1 millones de dólares con Taboga para venta de 5 MW (mega vatios) de energía producida con bagazo de caña, y la empresa realiza gestiones para aumentar el negocio en 2MW más.

Chin-Wo defendió el uso de esta fuente de energía al asegurar que es limpia, renovable y barata, pero reconoció que los costos para que los ingenios se puedan conectar a la red son altos.

Según el experto, en el corto plazo el sector azucarero podría generar 20 MW, y con una inversión adecuada en el largo plazo la capacidad se ampliaría a 100 MW, lo que aliviaría mucho las necesidades de energía en el verano.

De la Cruz detalló que entre 1989 y el 2000 el ingenio El Viejo le vendió al ICE 45 GWh (Giga vatios hora), mientras que Taboga, que también exporta energía a Nicaragua, vendió en nuestro país 23 GWh sólo entre el 2003 y este año.

Para Vargas, «hay sobradas razones para dudar de la buena fe y honestidad de estos negocios», por lo que según él «si una persona aspira a la presidencia de la República debería ser el primero que se abra a la investigación de todas sus acciones».

«Estos negocios pueden ser legales, pero no morales», enfatizó.

Más allá de los cuestionamientos políticos hay una verdad irrefutable y que requiere atención urgente: la demanda de energía en Costa Rica se duplica o triplica cada año y la oferta no está creciendo al mismo ritmo.

Chin-Wo advirtió que el país debe tomar con más seriedad el tema energético, pues los costarricenses quieren tener un estilo de vida de país desarrollado, con un alto consumo, pero por otra parte se oponen a casi todos los proyectos energéticos como la exploración petrolera, la construcción de nuevas hidroeléctricas, y los negocios con generadores privados.

Un negocio más de cogeneración


Las ventas de energía del ingenio Taboga, propiedad de la familia Arias Sánchez al ICE son permitidas  por la ley 7.200, que permite a la institución comprar no más de 20 MW de energía de fuentes renovables a empresas privadas que tengan al menos un 35% de capital social costarricense. Los contratos pueden ser de hasta 20 años y las tarifas de compra deben ser fijadas por la Aresep.

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