Aunque no les extraña, varios expertos y miembros de partidos políticos de oposición consideran que la decisión de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de desestimar la causa seguida contra Rodrigo Arias Sánchez, por el uso de recursos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), responde a una posición sumamente complaciente e irregular.

El pasado 23 de diciembre la Fiscalía Adjunta presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda la solicitud para desestimar la causa que se llevaba contra Arias Sánchez y otros imputados, bajo el criterio de que se había agotado la investigación por falta de pruebas.

Rodrigo Arias era cuestionado por utilizar los fondos otorgados por el BCIE para fines que no eran, precisamente, los que impulsaron el aporte brindado y por no incluirlos dentro del presupuesto nacional, a pesar de que la ley se lo permite.

Dicha resolución fue recibida con agrado por el exministro liberacionista, pues le abre el camino para continuar con sus aspiraciones políticas a la candidatura para la presidencia.

Para el exdiputado y miembro del Movimiento Libertario, Mario Quirós, ‒quien en su período de legislatura, presentó la denuncia ante el Ministerio Público‒ la resolución dada a conocer en época festiva no sorprende para nada.

“Los distintos órganos de la administración pública venían manejando este caso con toda suavidad, a pesar de ser un tema realmente serio, pues estamos hablando del manejo de fondos públicos, no de recursos provenientes de la bolsa de Arias Sánchez. Desde que se conoció este caso quedó en evidencia que había un manejo político por detrás”, indicó Quirós.

Por su parte, el analista Óscar Aguilar Bulgarelli está convencido de que la resolución es complaciente, ya que indiscutiblemente hubo un manejo irregular de los fondos, pues el dinero estaba destinado para el país, no para uso de un funcionario.

Cuando se trata de este tipo de donaciones de organismos como el BCIE, la ley brinda la posibilidad de que los recursos sean administrados por el Banco o por las entidades del Gobierno. En este caso, fue Rodrigo Arias, quien decidió ser él mismo quien los administraría, como lo confirmó en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa anterior.

“Si bien es cierto hay aspectos de carácter legal que podrían explicar por qué la Fiscalía no siguió el proceso legal, ya que existe la opción de que el Gobierno administre los recursos; usar los dineros alejándose de los parámetros para los que fueron otorgados demuestra que no hubo probidad en su administración”, argumentó Aguilar Bulgarelli.

Según el experto, los desembolsos tenían como fin que el país contara con los recursos técnicos para el desarrollo y manejo de los asuntos de la Presidencia de la República, lo cual no tiene nada que ver con la contratación de un músico, arreglar las oficinas del Presidente o, peor aún, pagar salarios por encima de los salarios regulares de la Administración Pública.

Por su parte, el exdiputado José Miguel Corrales comentó a UNIVERSIDAD que los recursos donados por el BCIE tienen un objetivo muy claro y es buscar asesores, contar con las mejores mentes para el desarrollo de proyectos clave en el país, como sería por ejemplo, transformar el sistema tributario costarricense.

Independientemente de que exista la posibilidad legal para manejar este tipo de recursos fuera de la norma, debe prevalecer siempre la probidad, la cual implica dar un uso racional y adecuado a los dineros.

“Con esos recursos se debió contratar gente que ayudara al Estado costarricense, se debía presupuestar y no manejarlo como si fueran dineros propios, que fue lo que hicieron; me pregunto cómo va a ser que el Ministerio Público diga que ya no hay nada que hacer”, cuestionó Corrales.

“Lamentablemente, este país ha tenido sucesivamente dos fiscales generales, que han sido complacientes con Liberación Nacional y gracias a esos dos funcionarios, pueden darse el lujo de proclamarse candidatos a la Presidencia o forjadores del destino del país. Es una mofa que Rodrigo Arias haya dicho que fue un lindo regalo de Navidad conocer la noticia, fue un insulto a la dignidad nacional”, condenó el especialista Aguilar Bulgarelli.

PUNTERÍA FESTIVA

Para Mario Quirós, la decisión de la Fiscalía fue tomada y lanzada al público de manera artera, con muy buena puntería, en tiempos de fin de año, pues estas épocas sirven normalmente para los temas políticos gruesos y que afectan a la población. De esta forma la gente no tiene mucho tiempo de reclamar y los medios de comunicación están a medias velas, por lo que la noticia puede pasar casi inadvertida.

“La justicia en Costa Rica no solo tienen los ojos vendados, tiene las entrañas podridas. Lo vemos en casos como del magistrado que pasó una copia de la resolución de Crucitas, lo que es un delito a vista y paciente del Ministerio Público. Un magistrado a la vez era asesor de Casa Presidencial, mientras se discutía el tema del TLC con Estados Unidos”, señaló José Miguel Corrales.

Aunque la resolución de la Fiscalía solamente desestima la causa, es decir, que si aparecen nuevas pruebas se puede reabrir el caso, Corrales está convencido de que esas pruebas no aparecerán, aunque la legislación nacional prevé con toda claridad que el manejo de los recurso públicos como si fueran privados es un delito.

“Al ser recursos públicos, deben ser presupuestados y contar con el control de la ejecución y el gasto por parte del Gobierno. Aquí vemos como la política electoral está inmersa en el Poder Judicial hasta las últimas consecuencias, lo cual es gravísimo, porque aunque ningún poder debe corromperse, no debe sucederse al Judicial que es la columna vertebral en el respeto al Estado de Derecho”, dijo Corrales.

Reseña en breve

En la administración pasada, una serie de investigaciones periodísticas lanzó la información de que recursos donados por el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE) habían sido utilizados de forma irregular por parte del ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

Ante esa noticia, los diputados del Movimiento Libertario solicitaron información al Banco sobre las negociaciones con el Gobierno y los rubros que se estaban financiando. En un inicio, personeros del órgano se negaron a brindar información detallada, valiéndose de que se trataba de un secreto entre el cliente y el Banco.

“Le recordamos al BCIE, en ese entonces, que el cliente era el Gobierno de Costa Rica y no un funcionario en particular, pero el esquema estuvo montado desde el principio para ocultar información. Estamos hablando de un presupuesto paralelo y fue Rodrigo Arias quien tomó las decisiones de qué hacer y a quién pagarle con esos recursos, así lo aceptó en una comparecencia ante la comisión”, explicó Mario Quirós, exdiputado del Movimiento Libertario.

Los recursos nunca ingresaron al presupuesto nacional, pues alegaron que no eran fondos públicos, pero su destino fue sumamente cuestionado. A raíz de ello, Quirós, junto con otros diputados, presentó una denuncia pública para que se investigara el caso.

“Al tiempo surgió que tres fiscales que habían estudiado el caso, indicaron que habían pruebas suficientes para indagar a Rodrigo Arias, pero en ese momento se dio el cambio de Fiscal y se paralizó el proceso. No me sorprende el resultado, pues ya estaba trucado y se despreció el trabajo que habían realizado estos fiscales”, manifestó Quirós.