Exfiscal general, Francisco Dall´Anese Ruiz: «Ahora el Estado tiene que competir con el crimen organizado»

Para el exfiscal general, Francisco Dall´Anese, el aumento en la cantidad de asesinatos por sicarios es un «indicador» que revela el avance de las

Para el exfiscal general, Francisco Dall´Anese, el aumento en la cantidad de asesinatos por sicarios es un «indicador» que revela el avance de las organizaciones de crimen organizado en el país(Foto: Katya Alvarado).

Durante años fue la pesadilla de una nube de políticos y empresarios corruptos. A lo largo de una extensa carrera judicial, como juez y fiscal general, Francisco Dall´Anese trabajó en casos penales complejos y de alto impacto para la sociedad costarricense, como el juicio por la quiebra del antiguo Banco Anglo, el asesinato de la periodista Ivannia Mora y la investigación y acusación por corrupción de los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez.

Luego fue convocado por el secretario general de las Naciones Unidas, BanKimoon, para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)y laboró en la articulación de una estrategia para luchar contra el crimen organizado, en uno de los países más violentos del mundo.

De regreso en Costa Rica desde hace un año y medio, Dall´Anese está ahora concentrado en su bufete de Alajuela y allí conversó con UNIVERSIDAD sobre los drásticos cambios que percibe en el comportamiento delictivo del país, el avance del crimen organizado y la manera en que los carteles de la droga compiten con el Estado, en la generación de empleos y recursos en zonas abandonadas históricamente por las instituciones.

A continuación se ofrece un extracto de esa conversación.

En los años 90 el país se conmocionó por los crímenes seriales del psicópata, hoy diariamente aparecen cadáveres con signos de tortura, desmembrados, decapitados, etc. ¿Cómo cambió el patrón criminal en la última década?

−La seguridad ciudadana se mide tomando como parámetro la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes al año; en el año 1993 el país tenía una tasa inferior a 5 y de ahí comenzó a subir. En los últimos años ha oscilado entre 9 y 12; pero, ya cuando la tasa de homicidios sube de las dos cifras se considera que el problema es grave. Las gestiones de don Mario Zamora (exministro de Seguridad de la administración Chinchilla) y de don Celso Gamboa (exministro de Seguridad de la administración Solís) fueron muy productivas en contener estos números, pero hemos estado viviendo un proceso y el país, por su idiosincrasia, vive pensando que somos el pueblo elegido de Dios y que todo le puede pasar a los demás menos a nosotros. Hace algunos años advertíamos desde el Ministerio Público que lo que estaba pasando en Limón: sicariatos, ajusticiamientos, etc., iba a pasar en San José si no se tomaban medidas adecuadas. Se propuso la ley contra la criminalidad organizada, que se aprobó; pero, lo cierto es que lo que antes solo pasaba en Limón está pasando ya en Desamparados… y va a seguir el centro de San José, y Heredia y en todo el territorio nacional, porque el Estado no ha asumido con seriedad enfrentar a la criminalidad organizada.

Hoy ha cambiado lo cualitativo en los homicidios: hoy se trata de ajusticiamientos. Las organizaciones criminales son organizaciones sociales y empresariales, que tienen sus propias normas, su derecho interno y su forma de hacer justicia. También tienen su forma de competir, que no es precisamente como compiten las empresas mercantiles, sino que los territorios se ganan a sangre y fuego, y eso es lo que ahora está pasando en Desamparados:hay bandas que se están disputando ese territorio y hay un líder mafioso en prisión, y algunos de sus hombres están tratando de adueñarse de su territorio; otros se han pasado de bando y la situación se volvió muy violenta. Esto puede pasar en el resto del país; lo que sucede es que como fue pasando poco a poco, la gente comenzó a asumir la cultura de muerte y cuando eso se consolide a nivel nacional estamos perdidos, porque entonces, sin una decisión muy seria, eso no lo para nadie y tendrá además un gran costo, implicando tal vez un deterioro en las libertades públicas y las garantías constitucionales.

¿Qué tipo de criminales tenemos hoy que no existían antes?

−El Estado históricamente ha sido irresponsable con sectores como Limón y la Zona Sur, en donde importantes sectores de la población nacen, crecen, se reproducen y se mueren sin esperanza de ascenso social; entonces aparecen otras fuerzas económicas que le dan la salida para el ascenso social, para el progreso de sus familias y por supuesto que la lealtad de estas poblaciones abandonadas históricamente por el Estado no va a estar del lado del Gobierno, sino del lado del que les dé de comer. No hay que justificar, pero sí entender que el Estado no ha intervenido para crear empleos, para dar oportunidades de ascenso social, para construir clase media, sino que más bien la clase media se viene achicando y las oportunidades se vienen reduciendo, crece la pobreza y la tasa de desempleo y las personas tienen que buscar una salida, y en muchos casos esa va a ser una salida ilegal. Antes el Estado no tenía quién le compitiera, pero ahora el Estado tiene que competir con el crimen organizado, porque donde el Estado no esté presente, el crimen organizado va a ocupar su lugar, ofrece las oportunidades que el Estado no da, ofrece las garantías económicas, el empleo, el progreso, etc.Una vez que conquista territorio, el crimen organizado comienza a tejer relaciones económicas hacia sectores marginales y se crean “baby” carteles que buscan el control territorial.

Eso es lo que está pasando en Desamparados y va a pasar en el resto del país si no se toma esto en serio, y lo digo por los recortes al presupuesto a Seguridad Pública, con las limitaciones al OIJ y al Ministerio Público.

¿Ahí es donde logran instalarse fenómenos como el sicariato?

−El sicariato es el sistema de justicia y de distribución territorial de las organizaciones criminales. En el crimen organizado los incumplimientos se pagan con la vida, no hay tribunales para discutir incumplimientos u ofensas, todo esto se paga con la vida.

El año pasado la crisis de homicidios de Calle Fallas disparó la cifra nacional de homicidios del país. ¿Cómo analiza esa ola de violencia?

−He hablado con algunos fiscales sin entrar a datos oficiales y lo que me han señalado es claramente una guerra de carteles, en donde se disputa además un territorio, y lo que va a ocurrir es muy claro: la organización que se vea desplazada se va a instalar en otra parte y habrá otra guerra y así seguirá. Es como un cáncer que sigue y sigue si no se le pone freno ya. Yo veo que al principio la gente se impresiona mucho, se impacta y se hacen muchas promesas, y luego ya nos acostumbramos a vivir con eso, lo asumimos y eso es lo que puede matar al país si no se aísla a estos grupos.

No quiero que Costa Rica lo vea como una guerra contra el crimen organizado; los países que lo han visto como una guerra han pagado un costo muy duro;hay que ver la cantidad enorme de muertos en México, donde metieron al ejército a pelear contra el crimen organizado. El enfrentamiento de la criminalidad no es un tema de vencer o morir; de lo que se trata es de reducirle los espacios a la criminalidad y recuperar los espacios públicos para la población que vive dentro de la ley; esto es lo que le da confianza a la gente. Cuando esos espacios disminuyen −y no me refiero necesariamente a espacios físicos, sino también a espacios de libertad−, tener que regresar a la casa temprano, tener que vivir bajo rejas, con candados, perros, alarmas, desconfiando hasta del policía, todo eso es una pérdida de espacios de libertad; esto no solo deteriora la calidad de vida, sino también el sistema político; la gente deja de creer en la democracia.

¿Si declarar «la guerra» al crimen organizado podría traer un baño de sangre, cuál es la mejor alternativa para Costa Rica?

−La lucha contra la impunidad no es una guerra, sino una recuperación de espacios para los ciudadanos honestos, al tiempo de cerrar el abanico de acción de los criminales. No puede enfocarse como el reto de vencer o morir; si así fuera la sociedad habría perdido hace siglos, pues todos los días y a todas horas hay delitos. Donde se ha enfocado la lucha contra el delito o contra el crimen organizado como una guerra, precisamente como el reto de vencer o morir, terminan con gran cantidad de muertos y el fortalecimiento de la delincuencia. Obsérvese que en México metieron el ejército para enfrentar los cárteles en el norte y ya tienen más de cien mil muertos, y el narcotráfico está más fuerte que nunca. Comparar la intervención militar con los operativos policiales equivale a comparar una carnicería con una cirugía láser. La policía no ataca, sino que estudia a la delincuencia, determina la identidad de sus integrantes y los aprehende. En cambio, los militares los atacan para tomar el control, hacen detenciones masivas que terminan con liberaciones masivas y en muchos casos constituyen violaciones a los derechos humanos de inocentes.

El fenómeno del sicariato está muy relacionado con el avance del crimen organizado. ¿Está preparado el país para enfrentarlo?

−Cuantos más ajusticiamientos descubran las autoridades, más organizaciones criminales o más poder de una organización criminal se puede diagnosticar. El sicariato es un indicador, porque los sicarios son los ejecutores del sistema de «justicia» interno de las organizaciones. En la medida en que el país ha postergado la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, en lo que hace sobre todo el Centro de Intervención de las Comunicaciones y una verdadera Plataforma de Información Policial−responsabilidades de la Corte Suprema y del OIJ respectivamente−, también se posterga la detección de organizaciones criminales y su funcionamiento. Este retraso hace que el crimen organizado invada territorios y brinde los servicios y oportunidades que no da el Estado (trabajo, salarios dignos, vivienda, salud, deporte, etc.); esto motiva a los ciudadanos abandonados por el Gobierno a reclutarse por quien sí los atiende, con lo que pasan a formar parte de las organizaciones. Se legitima a los capos y no a los gobernantes. Es decir, el Gobierno ahora tiene un competidor al frente.


El fiscal de los expresidentes

Nombre: Francisco Dall´Anese Ruiz.

Servicio público: durante 27 años laboró en el Poder Judicial.  Sirvió como agente fiscal del Ministerio Público, Juez de Instrucción Penal, Juez Superior Penal de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General.

En el año 2009  recibió el Premio Italia y en el 2010 el Rey Juan Carlos I de Borbón le otorgó la Orden al Mérito Civil.

El 30 de junio de 2010 el secretario general de las Naciones UnidasBan Ki-moon, lo nombró comisionado internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en sustitución de Carlos Castresana.

Entre 2004 y 2010 impulsó las investigaciones conocidas como CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, en las que se investigaron los sobornos pagados por dos grandes compañías trasnacionales, para obtener millonarios contratos para renovar los equipos médicos de la seguridad social y la instalación de líneas telefónicas.

Como consecuencia de estas acusaciones obtuvo la condena de los expresidentes de la república Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.


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