Exgerente del proyecto a Caldera señala en comisión legislativa omisiones de la Contralora y exministra de Transportes

La Administración realizó renegociaciones del contrato con la concesionaria española Autopistas del Sol que “no fueron en beneficio del interés público” y que pudieron

Si alguien se destapó con su comparecencia en la comisión legislativa, que investiga el proyecto vial San José- Caldera, fue el exgerente del proyecto Stephan Brunner, quien sin titubeos sacó a la luz pública una aparente reunión que habría sostenido la Contralora, Rocío Aguilar, con representantes de la concesionaria, Autopistas del Sol y la negativa de la exministra de Transportes, Karla González, de cobrarle multas a esta empresa por incumplimientos en la construcción de la carretera a Caldera.

La Administración realizó renegociaciones del contrato con la concesionaria española Autopistas del Sol que “no fueron en beneficio del interés público” y que pudieron haberse llevado de otra forma, dijo Brunner el pasado martes 2 de noviembre ante los diputados, que investigan esta concesión, ejecutada durante la administración Arias Sánchez.

 

Como resultado de esas negociaciones la concesionaria obtuvo ingresos adicionales no previstos en el contrato por el orden de los $120 millones durante el plazo de la concesión, de 25 años, solo por el diferencial entre la tasa de interés a que se financia y la tasa a que descuenta el concesionario, amplió Brunner.

Calculó que tras las diversas renegociaciones que dieron al contrato (cinco adendos y un convenio complementario) la obra le costará al país más de $200 millones de lo previsto originalmente, según sus cálculos “conservadores” a precios de noviembre del 2000 cuando se dio la concesión, pero que en dólares actuales “fácilmente” pueden llegar a $250 millones.

La alternativa financieramente correcta hubiera sido negociar una tasa de descuento igual a  la tasa de financiamiento del concesionario, para no generar ingresos adicionales que no corresponden a un contrato de esta naturaleza, señaló.

Sin embargo, de parte de la Administración hubo una clara línea política de abrirse a la renegociación de contratos que ya estaban firmados. Este es un tipo de negociaciones que forman parte del plan de negocios que la empresa aplica en otros países donde opera y  que “aquí les funcionó a la perfección”, dijo Brunner.

“Como no estoy de acuerdo en la forma en que se está manejando la renegociación, emito mis opiniones en un memorando, y se me pide que (el documento) no quede en el expediente. A raíz de eso a partir de julio-agosto se me mete en el congelador, ya no participo más en la negociación del adendum 5 y en esas circunstancias es mejor hacerse al lado, (pues) uno no está con lo que quiere el poder político”, relató al explicar las razones de su salida como gerente del proyecto.

Brunner tenía un contrato de gerente del proyecto por tres años, firmado con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), pero solo estuvo el primer año, de octubre del 2006 a octubre del 2007.

A la pregunta de un diputado sobre quién le había solicitado que su informe no quedara en el expediente, respondió que había sido Luis Diego Vargas, entonces Secretario Técnico del CNC, órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presidido por la entonces ministra Karla González.  Al cierre de esta edición el martes, Vargas debía comparecer ante la comisión.

Preguntado sobre si el haber emitido criterio sobre los cambios que consideraba improcedentes le había costado el puesto, contestó: “yo diría que mis posiciones en las negociaciones para el adendum 4 y el adendum 5 hacen que yo me distancie del nivel político y se me aísle de las negociaciones y de las consultas que hace la Contraloría para el adendum 5, y en ese estado yo me hago a un lado y no prorrogo mi contrato después de un año.”

Ante la pregunta sobre quién tomó la decisión de no cobrar multas a la concesionaria por los incumplimientos del contrato, dijo que había sido Karla González,  con el argumento de que las multas eran tema de negociación (no un imperativo contractual).

Relató curiosidades de la negociación del adendo 5 como el hecho de que se contratara la elaboración de un modelo para calcular aumento de costos, pero luego de la Contraloría General de la República (CGR) se le indicó “olvidarse” del modelo. 

Relató que en una ocasión en que él llegó adelantado a una reunión en la CGR, la recepcionista lo pasó a la oficina de la contralora Rocío Aguilar, y ésta con el entonces asistente Carlos Arguedas estaban reunidos con Álvaro Muelas y Rubén García, representantes de la concesionaria.

Explicó que llegó a un punto en que veía que la disposición en el nivel político era aflojar en las negociaciones con la empresa, y pensó que como no era del gremio de la construcción quizá algo no estaba entendiendo bien. Entonces hizo uso del contrato de asesoría que había con la empresa IMSA-Euroestudios, y preguntó cuál era el modelo de negocios que tenía Autopistas del Sol.

Euroestudios, que son españoles igual que la concesionaria, le contestó que la manera de actuar de esa empresa es identificar proyectos de obra civil que tienen alto valor político para el alcalde, el gobernador o el presidente, y una vez adjudicada la obra aumenta el precio presionando en el nivel político, diciendo que si no le dan lo que pide no podrá empezar la obra y no va a poder terminar a tiempo para que el político la inaugure. Calificó esa manera de actuar como una supuesta extorsión en el nivel político.


Así lo vieron los diputados de oposición

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que la presentación de Brunner es una de las más importantes que se han presentado, de una solidez técnica irrefutable, y evidenció cómo hay un sobreprecio millonario, ilegal e injustificado en la concesión de la vía a Caldera que están pagando los costarricenses.

Además, que la CGR no solo se hizo de la vista gorda con estas cosas, sino que tuvo reuniones privadas con el concesionario, que son totalmente improcedentes.

“Fue una comparecencia contundente que desnudó la responsabilidad tanto de la Contralora  como de la exministra Karla González  y de quienes permitieron todas estas irregularidades en el contrato de concesión”, resaltó Villalta.

Por su parte, Víctor Emilio Granados, diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión y presidente de la comisión investigadora, destacó que entre los varios aspectos que puso de relieve el exgerente, es que  hay  un sobreprecio de $200 millones, por una tremenda  omisión del CNC y en buena parte de la CGR, que permite que haya un cálculo en la tasa de interés que perjudica a los intereses nacionales. Eso al punto de que se le reconoció al concesionario una tasa fija en dólares arriba del 13%, “una cosa extraordinaria que yo nunca había visto.”

Granados consideró  muy preocupante lo dicho por el compareciente de que le consta que la Contralora estuvo reunida con dos representantes directos de la concesionaria.

Para el legislador, también fue fundamental que quedara claro que en el contrato de concesión el riesgo por construcción lo asume la concesionaria y esto es inamovible, y por tanto todos los defectos que se han venido señalando a la carretera, con la capa asfáltica, la pésima construcción de los taludes, ausencia de bahías, puentes peatonales y demás infraestructura contemplada en el cartel, es algo que sencillamente se lo está ahorrando la concesionaria sin que el Estado esté ejerciendo ninguna acción en contra de eso.

Para Manrique Oviedo, legislador del Partido Acción Ciudadana, hubo señalamientos sumamente graves por parte de Brunner. Por ejemplo, que la junta directiva del  CNC, integrada entonces por Guillermo Zúñiga (anterior ministro de Hacienda y actual diputado oficialista), Karla González, Roberto Gallardo (exministro de Planificación) y Francisco de Paula Gutiérrez (expresidente del Banco Central) no hiciera nada cuando Brunner les presentó un informe con los números de la negociación que se estaba haciendo con la concesionaria y que era ruinosa para los intereses de los costarricenses.


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