La concentración de los medios de comunicación en manos de grupos económicos y de poder político, quebranta los derechos a la libre expresión de los sectores más empobrecidos y vulnerables de América Latina, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD el periodista Néstor Busso, uno de los principales promotores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en Argentina en agosto del 2009, en medio de una gran polémica entre los empresarios del sector y el movimiento social.
“Cuando hay concentración de medios, la democracia y la libertad de expresión son una utopía”, denunció Busso, quien estuvo recientemente en Costa Rica invitado por el Programa de la Libertad de Expresión, Derecho a la información y Opinión Pública, de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.
En el diálogo Busso explicó los alcances de la ley aprobada en su país, las luchas para concretarla y la importancia que a su juicio tiene para América Latina. A continuación, se ofrece un extracto de la conversación.
¿Cómo surge la iniciativa de la Ley de Medios Audiovisuales, a qué necesidad respondía?
-En Argentina teníamos vigente una ley de la época de la dictadura de 1980, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional. Habían pasado más de 20 años y no se podía cambiar, a pesar de que existían múltiples propuestas y proyectos. Se imponía el poder de los grupos concentrados que controlan la comunicación y urgía avanzar en una nueva legislación.
Convocamos a movimientos sociales, organizaciones, universidades, organismos de derechos humanos, sindicatos de trabajadores de la comunicación, de las centrales sindicales, a todo el sector social y académico, a buscar acuerdos para poner las bases para una nueva ley, con la idea de no discutir cuando hubiera temas en los que no estuviéramos de acuerdo, por ideas o cuestiones diferentes.
¿Trataron de buscar puntos de consenso entonces?
-Sí, esa era la idea, arrancar buscando puntos de consenso. En el 2004 logramos 21 puntos, justamente a 21 años de la recuperación de la democracia. Con esto salimos a recorrer el país, organizando foros, debates, mesas redondas, y todo tipo de reuniones para colocar en discusión la propuesta. En abril del 2008 la presidenta Cristina Fernández nos convocó, y anunció que lanzaría un proyecto de ley. Ese proyecto fue elaborado con base en los 21 puntos. La presidenta sometió la iniciativa al debate popular a través de foros de discusión, para tratar de enriquecerla y modificarla si era necesario. Se presentó en marzo del 2009 y el 27 de agosto de ese año, con más de 200 modificaciones, la envió al Congreso de la Nación.
¿Ese proyecto se concentra en lo que es la radio y la televisión?
-Sí, en los servicios de comunicación audiovisual. No incluía a la prensa escrita, ni Internet.
¿Cuál fue la reacción de los sectores que controlaban esos medios?
-Hasta ese momento los grandes medios concentrados, comerciales, silenciaron el debate. Pensaron que el gobierno no se animaría a impulsarlo. En el Congreso se realizaron audiencias públicas, primero en la Cámara de Diputados donde fue aprobado por 143 votos contra 3. Luego la discusión se trasladó al Senado, donde hay un ejercicio similar y se aprueba con 44 votos a favor y 24 en contra.
Ese día se produce una movilización de más de 50.000 personas para apoyar el proyecto. A partir de ese momento estalla un gran debate, porque los medios concentrados -junto con las cámaras empresariales- se lanzan a atacar la ley, aduciendo que se trataba de un ataque a la libertad de prensa y expresión.
Ese debate sigue hasta hoy. En la actualidad es muy fuerte, porque el 7 de diciembre vence una medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, que suspendió un artículo de la ley. Esta empresa se niega a acatar la ley.
¿Cuál es ese artículo, qué importancia y alcances tiene, quien dictó la suspensión?
-La dictó un juez de primera instancia, luego de un recurso interpuesto por el Grupo Clarín. Se trata del artículo que estableció un plazo de un año de adecuación a la ley.
Según la ley, la adecuación debe hacerse en un año. La medida cautelar ya lleva tres años. La Corte Suprema de Justicia determinó que ya es un plazo máximo y que a partir del 7 de diciembre debe cumplirse con lo estipulado en la legislación.
¿Cuál es el espíritu de la ley, su alcance conceptual?
-La ley establece límites a la concentración de medios o servicios audiovisuales. Establece que se puede tener hasta 3 medios audiovisuales en la misma localidad y hasta 10 en todo el país, en lo que se refiere a medios abiertos, o hasta 24 cuando se trate de servicios por suscripción, y televisión por cable, por ejemplo. Establece un máximo de 35 % de la población como cobertura, y un 35 % de mercado en el caso de servicios por suscripción. Además, prohíbe la operación simultánea de televisión abierta y televisión por cable.
En el caso del Grupo Clarín, ¿cuál era la situación en lo que a concentración se refiere?
-Clarín supera todas estas cifras. Tiene 250 licencias de operación de televisión por cable, controla el 60 % del mercado de televisión por cable, controla varias radioemisoras, y canales de televisión. Además controla la importación del papel para la impresión de los diarios que existen en Argentina.
Socialmente, ¿qué es lo que persigue la ley, además de la desconcentración de medios audiovisuales?
-Lo importante es que la ley y los 21 puntos consideran la comunicación como un derecho humano; es decir, un derecho de todas las personas. Eso significa que no se trata simplemente de un negocio comercial y menos un negocio de pocos.
¿Para ustedes se trata de una actividad estratégica?
-Por supuesto. Además, el espectro es un bien público, no privado. Las frecuencias de radio y televisión son bienes públicos, y el Estado -de acuerdo a los convenios internacionales- debe administrar esto con criterios democráticos, de diversidad y pluralidad, asegurando que todas las personas, independientemente de su condición económica, de sus ideas políticas, creencias religiosas u opciones sexuales y de cualquier tipo, puedan expresarse en los medios y utilizar las frecuencias del espectro.
¿Cómo logra este objetivo?
-Primero, es que debe favorecer a los sectores más vulnerables, más débiles, y poner límites a los poderosos, como en otras áreas. Por eso, la ley establece tres tipos de prestadores de servicios: los privados comerciales, los públicos, y los sin fines de lucro, como organizaciones comunitarias y sociales.
¿Qué significado tiene esta ley para América Latina, donde en muchos países, incluido el costarricense, hay una gran concentración de medios?
-Ahora en América del Sur este tema se está debatiendo en todos lados. Ecuador ha establecido que el 34 % de las frecuencias son para el sector comunitario, también en Bolivia, parcialmente en Uruguay; o sea, esta idea está avanzando en América Latina.
¿Cómo se enmarcan esas iniciativas en lo que se ha denominado como nuevo orden de la información?
-Este es un debate que se remonta a 40 años atrás, en la UNESCO, establecer un nuevo orden. Este debate fue silenciado por el poder económico, por el modelo neoliberal, y triunfó en aquel momento la tesis neoliberal capitalista, del libre flujo de la información y la comunicación. Un libre flujo que significaba el mercado salvaje y descarado. Este debate vuelve desde América Latina. Se dio ya en la cumbre mundial de la sociedad de la información, en Ginebra 2003 y Túnez 2005.
¿A quién vulnera más la concentración tradicional de los medios de comunicación?
-Evidentemente vulnera más a los pobres, a los sectores que quedan silenciados por esos intereses económicos. Los medios o las empresas de comunicación ya no son ni siquiera empresas periodísticas, son grandes grupos económicos que actúan en diversos sectores de la economía y usan sus medios como instrumento para defender sus intereses.
