El activismo legislativo a favor del aumento en las penas da como resultado que matar a una vaca tenga los mismos 12 años de prisión que a un ser humano.
“Absurdos” de la legislación penal costarricense provocados por la tendencia a aprobar leyes de manera atropellada y errores que se cometen en el abordaje de la seguridad ciudadana, como el abandono de la función esencial del Estado y la expansión de la seguridad privada.
Estas fueron parte de las temáticas analizadas en dos mesas redondas celebradas el pasado 30 de junio, en el marco del Primer Foro Institucional 2010, sobre “Violencia, delito y desarrollo”.
Organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el coauspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el foro se realiza en el auditorio del Centro de Transferencia Tecnológica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la UCR, con la participación de destacados panelistas.
La actividad culmina este 7 de julio con sendas mesas redondas sobre los temas “Elementos para una política de desarrollo y seguridad ciudadana” y la “Capacidad institucional para enfrentar la inseguridad ciudadana.” En la sesión de clausura, el Dr. Hernando Gómez Buendía, coordinador del Proyecto en Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del PNUD, dictará la conferencia: “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano: políticas para la construcción de sociedades más seguras y democráticas”.
En la primera mesa redonda del pasado 30 de junio, los expositores coincidieron en que la seguridad ciudadana es un bien público, que pertenece a todas y todos los habitantes, y no puede disociarse de la función esencial del Estado. Sin embargo, es un error verlo solo desde el punto de vista del Estado, sino que además debe ser reflexionado y resuelto junto con la sociedad civil, la participación de las comunidades, los gobiernos locales y las personas particulares.
Otra coincidencia es que en el país no se ha dado una discusión sobre lo que se quiere en esta materia, y las demandas de mano dura contra la delincuencia no son la panacea ni la solución a la inseguridad ciudadana. Al contrario, son una “salida fácil”, porque dejan de lado aspectos medulares de la seguridad ciudadana.
No se trata solo de que no haya daño a las personas, sino que tienen que haber condiciones para que las personas se desarrollen, puedan convivir en paz y tengan oportunidades, a tenor de lo que establece el artículo 50 de la Constitución Política. Esto lo enfatizaron sobre todo Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, y Ricardo Salas, profesor de derecho penal y letrado de la Sala de Casación Penal.
Ambos destacaron la necesidad de enfrentar el problema de la inseguridad con apego al sistema de derechos y garantías individuales enmarcados en la Constitución, y esto no es “abolicionismo” ni “garantismo” como algunos pretenden, puntualizó Cruz.
La ausencia de una política de Estado para fomentar la cultura del diálogo y la convivencia pacífica, así como la falta de control del Estado sobre la profusa exhibición de violencia en los medios masivos de comunicación, al punto de que a los diez años un niño ha presenciado en promedio 1000 asesinatos, son parte de los errores que se están cometiendo en materia de seguridad ciudadana, indicó por su parte Salas.
En ese sentido, la exdiputada Gloria Valerín, moderadora de la mesa, apuntó que la sociedad debe educar a las personas para vivir en un ambiente de no violencia, lo que implica atender el problema de la violencia intrafamiliar, y que los niños y niñas aprendan desde el hogar la cultura de la no violencia.
“Si eso no se hace, nunca va a ser posible un cambio, porque además el enfoque sigue siendo el de que hay buenos y los malos, y es a los malos a los que hay que reprimir. ¿Pero qué pasa con la prevención en el uso de armas, por ejemplo, de la violencia dentro de la familia, la escuela, en el barrio?, cuestionó Valerín.
Mercedes Muñoz, profesora de la Escuela de Historia y directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR, habló de cómo el Estado ha hecho abandono de una función esencial como es proveer seguridad, en beneficio de la seguridad privada que ha proliferado a lo largo y ancho del país, sin que se sepa exactamente cuáles son los costos que esto tiene y los beneficios para seguridad ciudadana (ver recuadro “Clientes de la seguridad privada”).
Es una tendencia que responde al simplismo de creer que la inseguridad ciudadana se soluciona con seguridad privada, cuando más bien ésta origina nuevos problemas, como la existencia de guardas armados no regulados ni controlados, además de que se genera discriminación de las personas que no pueden pagar seguridad privada, señaló la expositora.
Mientras tanto, la corrupción política y económica, como uno de los elementos por tomar en cuenta en relación con la seguridad ciudadana, es una cosa que se pasa por alto en los medios de comunicación, anotó el magistrado Cruz.
Al respecto, Valerín apuntó que a los delincuentes comunes, a los que dan cadenazos se les identifica como “los malos”, pero es un enfoque parcializado que lleva a birlar la “gran problemática” de la corrupción, y si hay algo que genera mal ejemplo, desvalores y actitudes negativas, es el uso de la función pública para enriquecerse.
Otro aspecto importante para tomar en cuenta es “la expropiación de espacios públicos” en las comunidades, lo que se convierte en un generador de violencia. Es un proceso en que se han dejado abandonadas, calles, parques y plazas, que han sido tomadas por la droga, por indigentes y vagabundos, se han llenado de basura y la gente ha dejado de usar esos espacios porque se siente insegura.
De ahí que sea necesaria la recuperación de esos lugares públicos como espacios verdes, alumbrados, donde la comunidad pueda hacer una actividad sana y generar de esa forma tejido social. Nuestras comunidades no tienen tejido social, entre otras cosas, porque nos han expropiado los espacios públicos, y los gobiernos locales tienen allí una tarea por hacer, consideró Valerín.
En síntesis –resumió- la seguridad ciudadana tiene que ver con un modelo de desarrollo, un modelo de Estado, de desarrollo social que trate de hacer cada día mejores personas, que permita la participación ciudadana en las decisiones, sin desplazar la función esencial del Estado.
ATONTAMIENTO COLECTIVO
El magistrado Cruz evocó episodios en donde se ha venido hablando sobre el desmantelamiento del “Estado (Rodrigo) Facio”, y es que efectivamente ese Estado de bienestar se ha venido desmantelando, y pronto solo va a quedar el nombre de la Universidad, ironizó.
“¿Dónde están los planteamientos de interés comunitario? Todo es privatización, y uno lo ve reflejado en el tema de seguridad. Unas soluciones que son como si la sociedad fuera una reunión esporádica de personas, en la que hay malos y buenos, y entonces hay que reprimir a los malos, porque la bondad y la maldad no es algo que sea propio del contexto. No, la bondad y maldad es algo que lleva cada persona y hay malos y buenos.”
“Claro, que cuando se trata de corrupción, qué difícil encontrarlos (a los malos), ahí no hay ni bondad ni maldad. Pero cuando son los pobres, los que son de fácil marginalización, en esos sí es fácil encontrar la maldad, porque vivimos en un mundo tan bueno, tan bueno, que lo único que necesitamos es identificar a los malos”, prosiguió Cruz con la ironía.
Añadió que a la sociedad la tienen con miedo de lo que le va a pasar en contra, porque se pretende que el problema fundamental del país es ese, la seguridad, no son otros problemas. Y entonces el tema de seguridad ciudadana nos lleva a perdernos en los objetivos, porque vivimos diariamente con un temor, que es cierto, aunque no el único, y por eso no es casual que en la campaña política ese fuera el tema principal.
Al respecto apuntó que seguridad ciudadana no es lo mismo que orden y tranquilidad. Es un concepto mucho más amplio, porque está íntimamente vinculado con el desarrollo humano, cuyo contenido esencial se ve en el artículo 50 de la Constitución, al establecer que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
“Esto es algo difícil (de hacer), de esto no se habló en la campaña. Y por supuesto, después de que se ha discutido lo de los TLC, todavía no es tiempo de discutir de reformas tributarias (a fin de generar recursos para la inversión social), porque hay que dar más tiempo de que haya más acumulación.
Es decir, se cambian todas las reglas, pero todavía no se puede hacer ninguna reforma tributaria. Y aparte de eso, por supuesto, hay que hacer un cambio en las jornadas laborales. ¡Cómo es posible que los trabajadores trabajen tan poco!”
Una sociedad sin un inadecuado reparto de la riqueza no reúne las condiciones para desarrollar una política equilibrada y razonable sobre SC. “Esto que digo es obvio, pero claro, como en el atontamiento en que vivimos, hay que destacar lo obvio, yo me atrevo a hacer eso”, indicó.
Cruz mencionó “el punitivismo penal” como otro extravío en la búsqueda de la seguridad ciudadana, que convierte la represión estatal en una fórmula simplista, porque ese objetivo no se alcanza con el aumento de las penas. Un tema que abordó luego en su exposición la jueza Rosaura Chinchilla (ver recuadro “Sueños legislativos”).
La seguridad ciudadana –remarcó Cruz- requiere el respeto a los principios de una política criminal en un Estado social y democrático de derecho. Esto no es garantismo ni abolicionismo. Son las bases del Estado. La seguridad ciudadana es un bien de trascendencia, pero no se convierte en un derecho fundamental. Son los derechos individuales y de otra índole los que le marcan el espacio a la seguridad ciudadana, explicó.
“La inseguridad ciudadana nos está mostrando el resultado de muchos factores cuyo control y neutralización requieren una estrategia política. Quizás el reconocimiento que la postergación de tantos problemas, entre ellos la construcción de una sociedad más equitativa, reclama mucho más que una política reactiva, sino que debemos volver a la política que no le teme a la acción estatal, a la libertad, la que teme a los simplismos, la que huye de las simples privatizaciones”, concluyó.
ERRORES
Ricardo Salas advirtió que no se ha dado una “discusión-país” sobre el problema de la inseguridad ciudadana. Hasta ahora –dijo- lo que tenemos son los múltiples reclamos, una sensación muy difusa de que estamos siendo acosados, pero no existe una discusión de qué es lo que entendemos por inseguridad ciudadana, que entiende por ella cada uno de los sectores, con qué recursos contamos y cuál es la solución que tenemos.
Sin una identificación previa de problema, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Un obstáculo inicial para abocarse a la discusión de este asunto es la falta de conocimiento mutuo y la desconfianza que existe entre los actores de nuestro espacio social, y lo mismo sucede respecto de los actores que presuntamente deberían buscar una solución a esta problemática.
No confiamos en la policía, la policía no confía en los tribunales y éstos no confían en la policía, y así el resto de actores.
Uno de los errores que se cometen en el abordaje de la seguridad ciudadana, es la ausencia por parte del poder público de una política de construcción de ciudadanía, en el sentido de que aprendamos a convivir en términos de dignidad y de respeto mutuo.
Tampoco se promueve una cultura de la negociación, y más bien se explota el conflicto. No existe un control acerca de los productos que nos está brindando la llamada industria de la cultura. La objeción que siempre surge es que esto es parte de la libertad de pensamiento y de información.
“Pero yo me remito a la objeción que hace Humberto Eco, quien dice que el día en que el agua puede estar contaminada, el Estado tiene que intervenir. Usted sabrá si toma o no de esa agua, pero el Estado tiene que intervenir. Y en este caso tenemos un producto de la industria de la cultura que está envenenado.
Cuando un niño cumple los diez años ha visto 8000 delitos en la televisión y como 1000 homicidos, pero no hacemos nada.”
“Dizque estamos promoviendo que podamos vivir más tranquilos, pero todos los días en nuestra propia casa respiramos un aire de violencia, en que las cosas se resuelven a tiros, a bofetadas o empujones”, recalcó.
Clientes de la seguridad privada
En el territorio nacional se ha instalado un modelo mixto de seguridad, en el que junto a la Fuerza Pública existe una cantidad de empresas que ofrecen servicios de protección a particulares y al propio Estado.
En el Ministerio de Seguridad hay 700 empresas inscritas, unas “de garaje” y otras certificadas internacionalmente, pero además hay un número desconocido de informales. En este momento están registrados 33.000 efectivos de seguridad privada, tres tantos más que los de la Fuerza Pública, y existe la hipótesis de que podrían haber 35.000 que operan ilegalmente, según Muñoz.
Recordó que en la década de los 80 se hablaba de la necesidad de reducir el Estado por el déficit fiscal, pero resulta que un 95% de las instituciones públicas contrata actualmente seguridad privada. La pregunta que surge es cuál será la reducción del Estado que hubo en estos años y cuánto le cuestan al Estado estos servicios.
La información sobre el gasto en seguridad no está disponible en todas las instituciones públicas, pero en un estudio de coyuntura Muñoz estableció, por ejemplo, que entre el 2006 y el 2008 el ICE contrató seguridad privada por casi ¢7.000 millones, la Caja Costarricense de Seguro Social alrededor de ¢1.500 millones, y luego aparecen montos menores a ¢500 millones en instituciones como RECOPE, AyA, INA y el Poder Judicial.
La seguridad privada es un mercado inmenso para los desocupados, es una alternativa al desempleo. Tenemos vigilantes desmotivados que encuentran ahí una alternativa laboral y algunos son corruptos y eso también es parte del problema, señaló Muñoz.
“Sueños legislativos”
La jueza Rosaura Chinchilla fustigó lo que llamó los “sueños legislativos” en relación con la tendencia de la Asamblea Legislativa, apoyada por todas las bancadas, a aumentar penas para los delitos y crear nuevos, lo que sin embargo no ha impedido que las tasas de delincuencia sigan aumentando.
“Nuestros legisladores son verborreicos en materia penal” y legislan sin tener una visión integral y de conjunto, por lo que han venido construyendo un banco con patas que no calzan, dijo Chinchilla.
De 1973 a 1993, es decir en 20 años, el código penal sufrió 14 reformas. Pero a partir de 1994 y hasta el 2010 ha sufrido 40 reformas, a razón de dos por año. En 25 años ha habido en total 55 reformas parciales al código penal, y uno podría preguntarse cómo es que si en 1994 se incrementaron al doble las penas y se siguió aumentándolas sucesivamente, aún seguimos teniendo una tasa creciente de criminalidad, cuestionó.
La respuesta es muy simple: la ley penal no tiene una función de prevención del delito, sino que las causas de los problemas están en otras partes, una de las cuales es el aumento de la desigualdad social, marcada por el coeficiente de Gini, con un mayor incremento a partir del 2008.
Para legislar en material penal hay que tener una visión de conjunto, cosa que no han hecho nuestros legisladores, insistió. El código penal de 1973 tenía algún tipo de proporcionalidad. Sancionaba más drásticamente a quien matare a un ser humano, con algún agravante, o a quien matare a una cantidad de personas por motivos de raza, religión, por genocidios. Un poco menos drásticamente sancionaba a quien matare en forma pura y simple, después venía la protección a la libertad y después la protección a la propiedad privada.
Así, el código respondía al criterio constitucional de que el valor principal es la vida, después de ésta la libertad y solo en tercer la propiedad.
Pero a causa del activismo legislativo, las cosas se complican y se llega a cosas absurdas, como que hoy matar una vaca tiene la misma sanción que matar a un ser humano: 12 años de prisión. Y matar una vaca o un ser humano puede ser sancionado más drásticamente que matar a un conglomerado de personas, es decir, por crímenes de lesa humanidad.
En este momento un delito como la posesión de droga, tiene una pena de hasta 20 años, igual que la de matar a un ser humano. Y da lo mismo que se posea un kilo, una tonelada o unas cuantas piedras de crack para la venta. “Esto hace que el banco en este momento no nos esté calzando.”
Esto es resultado de “los sueños legislativos” que se traducen en los medios de comunicación y que se fomentan desde todas las fracciones: cárcel por pedir ayuda a cambio de votos por 12 años; cárcel para rifas ilegales 8 años; cárcel para dueños de comunicación que difundan encuestas no autorizadas 4 años; cárcel por robar cable hasta 15 años, cárcel para los gavilanes hasta 8 años, cárcel para quien difunda música sin permiso, cárcel para los zopilotes de vivienda, y la lista sigue, dijo Chinchilla enumerando los proyectos que hay en la corriente legislativa.
Además, los sueños legislativos pasan hoy por eliminar el principio de legalidad. Así, cuando la Constitución señala que se necesita orden escrita para allanar una casa, hoy se interpreta, como en efecto se ha hecho con el aval de la Sala Constitucional, que la orden no es escrita sino oral.
“Esos sueños legislativos que han sido ya una realidad en otros regímenes dictatoriales son la pesadilla de una democracia que afirma que en una sociedad nadie sobra, que una cosa o una vaca no vale más que una persona, y que una persona con dinero y poder no es más que una persona desposeída.”
Y cuidado que los sueños legislativos son contagiosos y cada vez generan letargo en más personas que piden mano dura. Para el sueño legislativo de seguridad, la libertad es una pesadilla que debe ser y está siendo reducida a la mínima expresión, advirtió Chinchilla.
