Malos tiempos se están viviendo en Costa Rica con el populismo penal, que por los medios de comunicación y otros frentes se difunde haciéndole creer a la gente que el avance de la delincuencia se combate con mano dura y mayores penas, aunque el resultado es que se han llenado las cárceles y los crímenes no disminuyen.

La advertencia la lanzaron expertos en un congreso sobre el tema realizado la semana pasada en el Colegio de Abogados y Abogadas  y en la Universidad de Costa Rica (UCR). La actividad arrancó el pasado lunes 19 con la presentación del libro colectivo “Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, análisis de los recientes cambios normativos», editado por la Editorial de Investigaciones Jurídicas, con 28 ponencias de distintos especialistas nacionales.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Gary Amador; el director de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR,  Javier Llobet; y la jueza penal Rosaura Chinchilla, coordinadora de la edición del libro, resaltaron el valor de la obra para el análisis académico y como instrumento útil para la interpretación y aplicación del derecho penal y el derecho procesal penal.

Un debate sobre “La reflexión jurídica frente al populismo penal”, contó con numerosa asistencia y con exposiciones de Walter Antillón, exdecano de la Facultad de Derecho y profesor emérito de la UCR; Juárez Tavares, subfiscal general de Brasil y profesor de la Universidad de Rio de Janeiro, y como moderador participó Ricardo Salas, profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

Antillón apuntó al “enorme peligro” del populismo penal o populismo punitivo, que con su discurso de “mano dura” -como arma para combatir la delincuencia- apela a la emotividad de las personas, y ha dejado como consecuencia una inflación carcelaria, sin que haya disminuido la cantidad de crímenes, al tiempo que se abandona la posibilidad de resocializar al delincuente, contrariamente a lo que manda la Constitución Política (Ver recuadro “Se han cometido barbaridades”).

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados –Gary Amador- señaló que la publicación del libro es una oportunidad para reflexionar sobre una temática tan sensible como es el sistema penitenciario, la cárcel perpetua y el hacinamiento, en un contexto costarricense en que existe una creciente población penal que conlleva una deshumanización  y un endurecimiento del sistema. Esos aspectos resultan incompatibles con las concepciones más elementales de los derechos humanos y la consideración de la dignidad  humana como fundamento de los derechos sobre los que descansan los estados democráticos de derecho, acotó.

“La ausencia de políticas integrales, el hacinamiento carcelario, la deficiente calidad de la vida en prisiones, el insuficiente personal en los reclusorios, la falta de capacitación e idoneidad  en el trabajo con las personas privadas de libertad que señala ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención de Delito), son consideraciones que Costa Rica debe tomar en serio, porque el tema penitenciario se ha convertido en un tema prioritario”, expresó Amador.

La jueza Rosaura Chinchilla explicó que el libro pretende ser un insumo para la reflexión, en lo que ella cataloga como la peor coyuntura que -en materia de derechos fundamentales clásicos- ha vivido el país en las últimas décadas (Ver recuadro “La razón se nos ha dormido”).

Para el profesor Javier Llobet, en Costa Rica se viven los malos tiempos del populismo penal, tiempos en que se considera que el problema de la inseguridad ciudadana se resuelve simplemente a partir de leyes y de mano dura, y se descuida otras formas de soluciones.

Dentro de estos malos tiempos mencionó que se ha ido aprobando una serie de leyes,  con las que simplemente lo que se pretende es el endurecimiento del castigo. Algunas con aspectos buenos, como la ley de protección de víctimas y testigos, que tiene puntos buenos, pero también otros muy problemáticos, como lo relacionado con los testigos anónimos, o el procedimiento de flagrancia, “que es uno de los causantes de los problemas de hacinamiento carcelario y todos los problemas que implica el desarrollo de este procedimiento”.

El hacinamiento carcelario que existe en el país es una problemática mayor cada día, a punto de explotar, un fenómeno que también se ve en diversos países centroamericanos y en México, donde ha habido una serie de conflictos carcelarios, como consecuencia de este hacinamiento, comentó.

Costa Rica tiene actualmente alrededor de 12.000 privados de libertad, y la tasa de encierro se aproxima a 245 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de América Latina, según datos del Ministerio de Justicia.

FORMAS DEL POPULISMO

Mientras tanto, el profesor brasileño Juárez Tavares recordó que su país ha pasado por fases muy intensas de populismo, no solo en materia política, sino también en materia penal. Conviene hacer la distinción entre ambos fenómenos, para poder determinar si lo penal es una de las consecuencias del populismo político, pues de hecho, el populismo político engendra una política criminal populista, con consecuencias macabras, afirmó.

Describió las formas de populismo centradas en torno a un líder carismático, como el que se dio en Brasil con el dictador Getulio Vargas, y otro populismo de características propias, ya no basado en la figura de un líder carismático, sino en un movimiento político de fortalecimiento de una élite del poder, en detrimento del pueblo, y que fortalece una política criminal de represión exagerada.

Es el populismo que se da en el contexto de la globalización, que busca fortalecer élites de poder asociadas a los intereses transnacionales; entre otros ejemplos citó el caso de Brasil, un país con una población penal muy grande (500.000 personas privadas de libertad) y donde con el actual gobierno de Dilma Rousseff, está siguiendo la “línea de los yanquis” en materia de política criminal. En un país como Brasil, que tuvo en el pasado guerrilla, pero donde nunca hubo un atentado terrorista, se debate actualmente la criminalización del terrorismo, porque se dice que es un peligro para la seguridad interna, una seguridad interna que se define en Washington y se hace en Rio de Janeiro, ironizó Tavares.

El populismo penal es posible cuando la política estatal se organiza para la represión penal, como un instrumento demagógico para garantizar las estructuras de poder, hoy manifiestamente incompatibles con la democracia verdadera, aseveró.

Rosaura Chinchilla:

La razón se nos ha dormido

El libro“Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, análisis de los recientes cambios normativos» recoge el pensamiento de prestigiosos analistas ubicados en diversos sectores del campo jurídico, sobre las consecuencias que para el Estado de Derecho ha tenido la aprobación de múltiples leyes de fondo y leyes procesales, así como la introducción de ciertas prácticas en el sistema penal costarricense.

De acuerdo con Chinchilla, nuestro sistema penal ha ido flexibilizando garantías para el juzgamiento, en aras de tutelar a las víctimas; pero, a la postre, ni siquiera este discurso es real sino que, más bien, a ellas se les explota e instrumentaliza. Así, la Ley de protección a víctimas y testigos introdujo, con rango legal, el juzgamiento de delitos en flagrancia. En este procedimiento, tal y como lo expresa la jueza Nuria Villalobos Solano, la persona afectada, en cuyo nombre se creó la regulación, queda desprotegida al no permitírsele aportar cierto tipo de prueba, para determinar la responsabilidad civil de ciertos sujetos, o se le obliga a ir a la vía de ejecución de sentencias para lograr alguna indemnización.

Chinchilla añadió que “hago mías las palabras de don Héctor Sánchez cuando señala: La saga de reformas que se identifica a partir de 1994, no ha logrado impactar el fenómeno delictivo; su única huella visible está en las prisiones, donde se vive en condiciones infrahumanas en innegable quebranto de la normativa internacional (…). La ausencia de otras voces en la discusión pública de este tipo de temas, excluye la posibilidad de un verdadero debate de ideas: todo asomo de garantismo y su correlato de dignidad humana es satanizado como síntoma de debilidad. Pero reconocemos también, que quienes tenemos posiciones diferentes al discurso oficial, no hemos usado los espacios para equilibrar la información, y con frecuencia nos lamentamos entre nosotros, asombrados ante los avances del modelo represivo”.

Walter Antillón:

Se han cometido barbaridades con el populismo penal

El profesor Walter Antillón describió cómo el populismo penal  ha ahondado en Costa Rica a través de una gran cantidad de frentes: abogados litigantes, jueces, medios de prensa, ciudadanos particulares, que plantean la cuestión criminal apelando siempre a los factores emocionales, al miedo, a la inseguridad de las personas.

Es una actitud –dijo- que plantea falsamente una doctrina, pero lo que hace en definitiva es dirigirse a la emocionalidad de las personas, que no tienen una cultura específica y de ahí su enorme peligro.

Para Antillón, el populismo penal contiene un discurso maniqueo, pues presupone la división de la sociedad entre los “buenos” y los “malos”, un reclamo que llega a los corazones de todo el mundo. El discurso es: ¿Por qué los buenos tenemos que sufrir la agresión de los malos con la complicidad de los jueces?

Cada vez que hay un carterazo o un asalto, los periódicos y noticiarios claman; pero, si un alto dignatario se hace pagar unos cuantos millones de dólares por un trabajo trivial, nadie dice nada; ahí el populismo no funciona, reprochó el jurista.

Es absolutamente explicable que de los miles de personas que no tienen oportunidades y se han visto obligadas a vivir en condiciones de gran precariedad, que han sido atropelladas constantemente porque no hay instituciones  que las defiendan, entre ellos un cierto porcentaje va a inclinarse al delito. El delito, además, en esta sociedad es un ejemplo que nos está dando la clase dirigente. Así que en cierto modo cometer delitos es ponerse a la altura de grandes figuras públicas, criticó Antillón al analizar las causas del incremento de la delincuencia que suelen ser invisibilizadas.

Afirmó que el discurso del populismo punitivo no se sostiene racionalmente. Generalmente es la apelación a algún hecho escandaloso, de esos que preocupan, y entonces se hace una generalización. La gente que está oyendo los noticiarios y que sabe que a un vecino le quitaron el celular y que a una sobrina le robaron la cartera, generaliza esas manifestaciones y dice aquí ya no se puede vivir, hay que hacer algo. Y entonces viene la respuesta típica del populismo: lo que hace falta es mano dura, tolerancia cero.

Según Antillón, es normal que en los tribunales muchas personas que son interrogadas en relación con algún delito, salgan caminando por la puerta del juzgado después de su declaración, si todavía no hay nada concluyente sobre su culpabilidad. Y hechos como esos son los que producen las grandes noticias: los jueces dejan escapar a todos los culpables, por lo tanto las víctimas -que somos los demás, los buenos- estamos indefensas.

Recordó que con este lenguaje se han cometido en Costa Rica barbaridades inenarrables y de un plumazo la pena máxima de cárcel se amplió de 25 a 50 años. ¿Quién justificó eso?  No obstante, quienes han estudiado el tema han demostrado que esa elevación del cien por ciento de la pena máxima no produjo ninguna disminución de los delitos.

A su parecer, este afán de castigar, de apresar a las personas que son solo imputadas -en una forma que presiona fuertemente a los jueces, los fiscales y a los defensores-, lo que ha producido en Costa Rica es la inflación penitenciaria, sin tener las condiciones para atender ese incremento de la población penal.

Esta tendencia es una de las violaciones más duras de los derechos humanos. Con esas masas que repletan los penales ya no hay ninguna posibilidad de implementar políticas de rehabilitación, de resocialización. El penal se convierte en una especie de pozo,  donde se deposita a las personas, de modo que en Costa Rica todo programa de reeducación y resocialización se ha abandonado, contra el dictado de nuestra constitución, que establece que el fin de la pena es resocializador, reclamó.

Y cuando de pronto en una cárcel hay un desorden o algún tipo de protesta, entre la gente corre la voz de por qué estamos manteniendo a esos vagos, por qué no los matan a todos. Evidentemente este es el camino que nos traza la política del populismo penal, concluyó Antillón.