Especialistas en derecho apuntaron con el dedo a lo que consideran problemas que afectan la legitimidad del Poder Judicial, como los nombramientos políticos de magistradas y magistrados, el verticalismo de la institución, pérdida de independencia y falta de formación de los jueces, entre otros, durante el inicio del II Foro Interinstitucional 2011 “Poder Judicial, democracia y estado de derecho”.
Organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), el foro fue inaugurado el pasado 21 de noviembre y consta de ocho mesas redondas, que se realizarán durante las tardes de cuatro martes, en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la UCR, donde tuvieron lugar las dos primeras el pasado día 22.
Entre los invitados en la sesión inaugural estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, así como el exmagistrado Daniel González, quien habló de fortalezas, debilidades y desafíos del Poder Judicial, exposición comentada luego por los abogados y profesores de derecho, Alfredo Chirino y Manrique Jiménez, así como el sociólogo Manuel Solís.
González pintó un cuadro optimista de la situación de la institución judicial costarricense, comparándola con las de la región, lo que contrastó con los acentos críticos de varios panelistas.
El Presidente de la Corte agradeció la apertura de la discusión sobre el rol del Poder Judicial en una sociedad democrática, papel que –dijo- no se ha entendido aún en América Latina, donde se han dado cambios democráticos de los que probablemene no estén impregnados todavía los jueces.
Mora reconoció que el pueblo no está satisfecho con la administración judicial que existe, lo que se refleja en bajos porcentajes de la población que reconocen legitimidad a las acciones de las autoridades judiciales; pero, aseguró que dichosamente el Poder Judicial ha emprendido reformas y en el pueblo se empieza a ver diferente.
Hay que replantear el papel de la justicia en la sociedad y cuestionar críticamente la administración de la justicia para organizarla y adaptarla, de modo que cumpla mejor con la misión que modernamente tiene a su cargo, convino.
Ramiro Barrantes, rector en funciones de la UCR, señaló que durante la última década la población ha demostrado tener cada vez mayor desconfianza ante las instituciones, lo que plantea desafíos en torno a la gobernabilidad.
La desconfianza y la lentitud de los procesos son los factores principales del descontento, y a ello se agrega la falta de rendición de cuentas. De ahí que es urgente el estudio y la discusión orientada a la consecución de un mecanismo de defensa de las instituciones democráticas y por consecuencia del ciudadano, indicó.
Por su parte, Manuel María Murillo, coordinador de la Comisión Interinstitucional, explicó que la intención de la Universidad con la realización de estos foros es contribuir a entender desde una perspectiva objetiva y sólida una serie de problemas por los que atraviesa nuestra sociedad, y buscar soluciones a partir de propuestas de costarricenses especialistas en la materia, que tienen la experiencia, la visión y la preocupación de contribuir a dar un salto positivo.
En este caso, se trata de ofrecer un espacio para la reflexión en torno a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, y formular propuestas sobre formas de fortalecelo. Para ello se cuenta con 30 expositores invitados a las mesas redondas, especialistas en distintos campos, con colaboración de ocho moderadores, que son también especialistas, agregó.
Walter Antillón, exdecano de la Facultad de Derecho de la UCR, reflexionó sobre las características que debe tener un juez y el difícil papel que está llamado a cumplir en la resolución de los conflictos. Fue especialmente crítico en señalar errores “históricos” que no se han corregido en la administración de justicia, como haber dado a la Asamblea Legislativa la facultad de nombrar a los magistrados.
De los jueces esperamos que resuelvan no solo con criterios jurídicos y de manera oportuna, sino también con criterio de justicia, y con una conciencia libre de ataduras y condicionamientos, dijo.
Las personas tenemos derecho a una administración de justicia, y el Estado tiene el deber de garantizar institucionalmente esa independencia del juez. Sin embargo, si vemos la historia del país, las instituciones llamadas a brindar esta garantía de la justicia fueron siempre inadecuadas y hoy son manifiestamente obsoletas, afirmó.
Uno de esos errores es haber dado a la Asamblea Legislativa las potestades de nombrar a los magistrados. La injerencia del Poder Legislativo y -a través de él- de las cúpulas políticas, atenta contra la independencia y la dignidad de los jueces, que también se ven afectadas por las estructuras jerárquicas dentro del sistema judicial y genera una brecha profunda entre jueces y magistrados.
Esta suma de indignidades ha creado una mezcla de desaliento, cinismo y oportunismo, que son el caldo de cultivo de la corrupción. No es de extrañar entonces que las instituciones judiciales no hayan impedido el asalto de las grandes fuerzas políticas y económicas a los órganos llamados a ser los bastiones de la justicia, lamentó.
Antillón expresó esperanza de que se pueda pensar en soluciones institucionales que saquen al poder judicial de la situación de desaliento, debilidad y desmoralización en que se encuentra. En primer lugar, se necesita que al juez se le reconozca su dignidad, y que unos jueces no sean inferiores a otros, porque eso los lleva a doblegar su criterio frente al de su superior y esa es la muerte de la independencia judicial, advirtió.
Sugirió que todos los funcionarios que administran justicia, incluidos los magistrados, estén subordinados a un órgano de gobierno judicial de rango supremo, libre y totalmente independiente de los otros poderes, como sucede en países que han desarrollado con éxito este nuevo sistema.
Por su lado, Rosaura Chinchilla, jueza de casación penal, hizo una “crónica de la decadencia del sistema judicial costarricense”, al enumerar una serie de hechos donde asoman “los verdugos” de la justicia de Costa Rica, especialmente en la ultima década, lo que hace que cada día se crea menos en la justicia del país.
La imparcialidad, la independencia, el principio de legalidad y el principio de responsabilidad, son los postulados básicos que nos permiten confiar en la judicatura, pero en la última década nos hemos apartado cada día más de ellos, criticó.
Chinchilla recordó que a finales de los años 90 – no por motivos de corrupción, pero sí por la estructura del sistema judicial- un magistrado suplente de la Sala Constitucional tuvo que renunciar, porque firmó la resolución de un recurso que él mismo interpuso.
En el 2004 el exministro Guido Sáenz transcribe en un libro una conversación con un expresidente (aunque después aseguró que se trataba de un recurso literario), quien le dijo que estaba cien por ciento seguro que le pasaban la reforma constitucional, pues tenía la promesa de cuatro magistrados, pero uno lo traicionó. Esto, en referencia a la reelección presidencial, que dos años más tarde, habiendo cambiado la composición de la Sala Constitucional, se aprobó por un voto de diferencia.
En el 2008 la Corte empieza a discutir un aumento de “alta gerencia” que incluyó los propios sueldos de los magistrados.
A su vez, uno de los magistrados de la Sala Constitucional era involucrado como asesor gratuito del Poder Ejecutivo, en torno a la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., al tiempo que él mismo intervenía votando como magistrado suplente asuntos relacionados con ese tema.
En el 2009 el informe del Estado de la Nación da cuenta de que los rendimimientos del Poder Judicial son decrecientes, a pesar de haberse producido un aumento en la inversión.
En setiembre del 2010 se denuncia que otro magistrado suplente de la Sala Constitucional había ayudado a redactar el plan de gobierno de un partido político, cuando la ley le prohíbe la actividad político partidaria.
En el 2011 se saca a concurso el nombramiento de suplentes en la Sala III, y los que participaron se ven sorprendidos de que -a pesar de ser ellos los que tenían mejores atestados- ninguno es tomado en consideración.
Hoy nos vemos sacudidos por la renuncia de un magistrado suplente, a quien se acusa de haber filtrado el borrador de una sentencia a los abogados litigantes, puntualizó.
Todos estos hechos tienen en común una violación burda del principio de legalidad, y revelan que existe una serie de vicios en la composición del Poder Judicial, que ponen en riesgo la legitimación básica de la justicia costarricense, que es justamente la independencia, reprochó Chinchilla.
PROBLEMAS
Mientras tanto, Javier Llobet, especialista en derecho penal, abordó el problema de la lentitud de los procesos y la mora judicial, tras señalar que la justicia que no es oportuna no es justicia.
Habló acerca de la importancia del juez en un Estado de derecho y los principios básicos que lo deben guiar, como son la imparcialidad y la independencia, entre otros.
La estructura napoleónica (vertical) del Poder Judicial, la politización y la falta de criterios objetivos en la escogencia de los magistrados, los nombramientos de jueces interinos y las grandes deficiencias en la formación de los jueces, son algunos de los grandes problemas del Poder Judicial, comentó.
Por otra parte, Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial, se refirió a los cursos de formación para jueces que se imparten en el Poder Judicial, con el propósito de enseñar cuál es exactamente el oficio del juez.
Las instituciones en el ámbito nacional se encuentran fuertemente deslegitimadas; hay una grave crisis de los órganos políticos de los poderes públicos, la gente confía cada vez menos en la calidad de los servicios que recibe y en las personas encargadas de brindarlos. Es una crisis que afecta también a la administración de la justicia, en una situación en que, además, el Poder Judicial se encuentra permanentente en la mira de los medios de comunicación, detalló.
El autismo judicial ante las críticas ciudadanas, la inadecuada formación de los abogados que gradúan las universidades y que van a la judicatura, fueron parte de los problemas mencionados por Carvajal, quien lamentó que diputados en la Asamblea Legislativa consideraran como gastos superfluos y pretendieran recortarle a la Corte los fondos destinados a los programas de capacitación inicial de los jueces.
Para Daniel González, los costarricenses son muy críticos, y a veces detructivos, y eso les impide ver algunas fortalezas que tiene el Poder Judicial costarricense, aunque también hay “zonas grises” que requieren modificaciones.
En su criterio, uno de los aspectos más positivos del sistema judicial costarricense, comparado con el de otros países de la región, es su independencia, que se materializa en sus tres facetas más importantes: la económica, la política y la funcional.
A diferencia de otros sistemas, en el costarricense existe una asignación adecuada de los recursos financieros, que permite un desarrollo con cierta holgura y dignidad para el funcionamiento del poder judicial en una democracia. “Es un Poder de la República con mayúscula, y esto no lo encontramos en otros países vecinos, donde el poder judicial es prácticamente tomado por las autoridades políticas del momento (…); debemos sentirnos orgullosos de esa independencia”, manifestó.
Otra fortaleza nacional es el mecanismo ágil de la defensa de derechos fundamentales, a través de la jurisdicción constitucional.
“Podemos ser críticos con algunas resoluciones (de la Sala IV), pero si hacemos un balance de las decisiones que ha adoptado en relación con las arbitrariedades de una administración, o los abusos de una mayoría legislativa y la defensa de los derechos fundamentales, creo que entenderíamos por qué considerar esto como una de las fortalezas de poder judicial costarricense”, dijo.
La transparencia del Poder Judicial es otra nota positiva del sistema costarricense en comparación con otros países de la región, donde las estructuras judiciales son impenetrables.
Entre las debilidades González señaló la falta de control interno, el exceso de funciones administrativas de los magistrados, el bajo rendimiento funcional a través del gasto, cantidad de funcionarios, carga de trabajo y trabajo realizado.
