Exploración petrolera cuesta arriba

Mientras las autoridades ambientales esperan la redacción final de un voto de la Sala Constitucional que exige la presentación de estudios de

Mientras las autoridades ambientales esperan la redacción final de un voto de la Sala Constitucional que exige la presentación de estudios de impacto ambiental antes de aprobar exploraciones petroleras, las organizaciones ambientales pedirán la anulación de una concesión otorgada a la transnacional Harken para buscar petróleo en el Atlántico.

«Cuesta arriba»: así caminan las intenciones de la transnacional Harken en sus propósitos de explorar y explotar los recursos petroleros en Costa Rica.

Un reciente fallo de la Sala Constitucional declaró contrario a la Carta Magna el artículo 42 de la Ley General de Hidrocarburos y abre la posibilidad para que grupos ambientalistas puedan pedir la nulidad de la concesión otorgada a esta empresa.

La situación se dificulta para las compañías deseosas de encontrar yacimientos de crudo, por cuanto al calor de la campaña electoral, el candidato presidencial por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) Abel Pacheco, aprovechó la decisión de la Sala para presentar el pasado 13 de febrero un proyecto de ley que elimina la Dirección General de Hidrocarburos.

Por su parte, el aspirante Rolando Araya, del Partido Liberación Nacional, declaró el 18 de febrero  que mediante moratorias podría eliminarse la posibilidad de que las transnacionales desarrollen sus proyectos en suelo nacional.

Ambos candidatos han expresado públicamente su compromiso de regular la exploración petrolera y han mostrado su preocupación por los daños ambientales que este tipo de negocios causa al ambiente.

UN LARGO CAMINO

 

Los intentos por parte de empresas transnacionales de explorar el suelo costarricense en busca de petróleo,  no son nuevos.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) intentó explorar la zona caribeña entre 1982 y 1985. En esa época en las comunidades indígenas de Talamanca se abrieron caminos, se construyeron puentes , se realizaron explosiones con dinamita, pero las exploraciones no prosiguieron por el alto costo que significaban para el país.

Los efectos de estas acciones contaminaron y la disminución de sus caudales de ríos , tala de bosque y la contaminación por ruido, según denunciaron vecinos de las comunidades y grupos ambientales.

A mediados de la década de los 90, las intenciones resurgieron esta vez con el apoyo directo de las transnacionales. Desde entonces, el gobierno ha adjudicado mediante un proceso de la primera licitación 4 bloques para exploración, dos terrestres y dos marinos (5.600 kilómetros cuadrados) a la Compañía MKJ- Xplorations  en el caribe sur.

 

 

Esta empresa inició el estudio de reflexión sísmica , en un área de 107 kms cuadrados frente a la ciudad de Limón.

Sin embargo, desde hace tres años la oposición a esa posible explotación ha ganado terreno no solo entre organizaciones ambientalistas, sino incluso en sectores eclesiales, comunales, juveniles y universitarios.

Las denuncias por estudios de impacto ambiental mal elaborados, la ausencia de adecuados controles por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) adscrita al Ministerio de Ambiente, Energía y Minas (MINAE) y la falta de consulta de los proyectos a las comunidades afectadas, llegaron a la Sala Constitucional.

Varios fallos de la Sala han limitado las acciones de empresarios y han detenido las ambiciones de funcionarios estatales que apoyan la explotación aún a costa del ambiente.

En setiembre de 2000, fueron anuladas las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas  MKJ Xplorations por no consultarse previamente a  las comunidades indígenas en Talamanca al respecto, por ser zonas afectadas por la posible exploración y explotación.

El 21 de diciembre pasado, la resolución 2001-13294 de la Sala Constitucional determinó que la SETENA, a cuyo cargo están los estudios de impacto ambiental y el monitoreo del cumplimiento de los mismos, carece de los medios necesarios para llevar a cabo su cometido.

En ese momento, la Sala consideró que las concesiones violan el artículo 50 de la Constitución en materia ambiental e irrespetan la consulta a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo denunciaron la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

El 7 de febrero pasado, la Sala emitió un nuevo fallo (2002-01221) en el que determinó la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, por cuanto ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo acataron en esa ley un pronunciamiento emitido por la Sala Constitucional en 1993, en el cual se señalaba como contrario a la Constitución Política la vigencia de dicho artículo.

La omisión permitió que el país abriera las puertas a transnacionales que a través de  licitaciones intentan la exploración y eventual explotación petrolera por periodos de hasta 26 años.

Según el criterio de organizaciones no gubernamentales «cualquier contrato firmado al amparo de la Ley de Hidrocarburos No.7399 es absolutamente nulo y así deberá ser declarado por el Poder Ejecutivo, a efectos de no incurrir en mas y mayores violaciones ni en mayores daños».

Así lo señalaron en comunicado de prensa el pasado 11 de febrero, los grupos Justicia por la Naturaleza y la Fundación Ambio.

El pronunciamiento más reciente de la Sala, «anula los párrafos segundo y siguientes del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, número 7399 de 3 de mayo de 1994. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe».

 

ESTUDIOS DE IMPACTO

 

La ley establece la obligatoriedad de las empresas exploradoras de presentar estudios de impacto ambiental, luego de ser autorizadas las exploraciones en primera instancia.

Según el artículo 41 de la ley «actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables».

Para ello, las empresas interesadas deben presentar un estudio de impacto ambiental en los cuatro meses siguientes a que se le notifique la resolución respectiva.

Dicho estudio debía ser evaluado por el MINAE en  un plazo de dos meses, contados a partir de su presentación.

Si el estudio era aprobado, la adjudicación se tendrá por definitiva y se procederá a firmar el contrato.

La ley establece que si los estudios son incompletos o deficientes, el ministerio le concederá al interesado un plazo hasta de dos meses para que lo corrija.

Si las deficiencias no son eliminadas, la adjudicación se tendrá como inexistente para todos los efectos legales.

Los estudios de impacto ambiental  deben medir el impacto, directo e indirecto, sobre el ambiente natural y el humano y los aspectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto.

También deben incluir el monto de las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición, las medidas de mitigación y los planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y terrestres, así como un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de los hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general.

Agrega la ley que deben señalarse los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural, los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales.

También deben revisarse y actualizarse periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y de explotación.

Sin embargo, para SETENA y los grupos ambientales, estos requisitos no se cumplen.

 

EFECTOS DEL FALLO

 

Con el fallo del pasado 7 de febrero, «las reglas del juego se cambian», dijo Humberto Cerdas, Secretario General de SETENA al Semanario Universidad.

Aunque el voto final de la Sala aún no ha sido notificado a la institución, Cerdas dijo que en lo sucesivo » las empresas deberán demostrar que sus proyectos son sostenibles ambientalmente antes de solicitar que se les autorice una concesión».

Esta situación «no afecta los derechos adquiridos de la empresa Harken a la cual se le autorizaría la exploración petrolera en el país si la empresa cumple con todos los trámites que le restan», agregó Cerdas.

Sin embargo, las protestas de las comunidades y sectores ambientales, los dictámenes de la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes y más recientemente la Sala Constitucional han señalado serias fallas en el funcionamiento de SETENA como ente estatal encargado de regular las concesiones en el país.

«No tenemos ni la experiencia ni los recursos necesarios para cumplir con todas las funciones que se nos asignan», reconoció Cerdas.

Para él, «es una contradicción que mientras el gobierno proclama internacionalmente que el país tiene una política ambiental, SETENA no tenga los recursos que requiere para trabajar».

Aunque el presupuesto asignado este año supera los ¢60 millones, «el dinero es insuficiente y el personal no alcanza» agregó Cerdas.

Para Rodrigo Alberto Carazo, de la Asociación de Lucha Antipetrolera (ADELA) «las limitaciones económicas y técnicas de SETENA son tales que las empresas deseosas de explotar el petróleo en el país ignoran las medidas precautorias que se les dictan sin que la propia SETENA se dé cuenta».

Los fallos de la Sala, agrega, garantizan la obligación estatal de velar por el derecho a un ambiente sano y equilibrado y llama la atención en el sentido de que la SETENA y otras instancias estatales no realizan adecuadamente su trabajo.

Estos fallos ratifican que las concesiones se han dado sin tomar en cuenta la viabilidad ambiental de las exploraciones y explotaciones y limita a futuro la autorización de nuevos contratos a que se respeten las variables ambientales y la consulta a las comunidades, agregó Carazo.

Mientras tanto, organizaciones ambientales no descartan la posibilidad de plantear en el futuro un juicio de lesividad nacional contra la empresa y evitar que la exploración prosiga.

Sobre el particular, los representantes legales de Harken en Costa Rica no han querido referirse hasta tanto no conozcan el voto de la Sala, el cual aún no ha sido redactado.

LAS HUELLAS DE HARKEN

La empresa transnacional explotadora de petróleo Harken está fuertemente relacionada con los intereses económicos del presidente estadounidense George W. Bush según denunció la revista colombiana Cambio en un amplio reportaje publicado el 12 de marzo del año pasado.

Con un capital de trabajo cercano a los $18,4 millones y terrenos en diferentes países superiores a las 500.000 hectáreas, la empresa tiene activos valorados en $600 millones.

En 1999, la empresa reportó pérdidas por $13 millones y ventas de $20 millones. En 1998, había reportado pérdidas por $53 millones, según la revista.

A mediados del 2000, Harken tenía una producción diaria de 4.700 barriles de crudo, un 39% más sobre el promedio de 1999, agrega la publicación.

En Colombia, Harken tiene cinco contratos vigentes con posibilidades de exploración a seis años y producción a 22 años. Sin embargo, solo dos están en producción.

Además de sus inversiones en Colombia, la transnacional maneja proyectos de inversión en Estados Unidos en Four Corners, Nuevo México, Texas, Arkansas, Mississippi y Louisiana.

En Latinoamérica también trabaja en Costa Rica en un contrato en el que se asoció con MKJ para manejar cuatro concesiones que suman un total de 5.634 kilómetros cuadrados localizados dentro del Mar Caribe, desde el Parque Nacional Tortuguero hasta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en la frontera con Panamá, agrega «Cambio». Harken declara en su página de Internet que los próximos países en los que suscribirá contratos de exploración son Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Honduras, Nicaragua y Belice.

INFLUENCIA DE BUSH

Según la revista Cambio, muchos de los contactos de Harken para esta parte del continente los facilitó George W. Bush mientras fue gobernador de Texas entre 1994 y enero del 2001. Una vez en la Presidencia de los Estados Unidos, Bush no ha escondido su interés por los temas petroleros.

Durante su primer encuentro con el presidente mexicano Vicente Fox, Bush le manifestó su deseo de llegar a un acuerdo petrolero para diversificar la dependencia de EE.UU. en el mercado del crudo.

Las conversaciones en tal sentido se realizaron con el presidente de Brasil, Fernando Cardoso; con el de Chile, Ricardo Lagos, y con el de Bolivia, Hugo Bánzer, agregó Cambio.

EN TIERRA COLOMBIANA

La revista indica que el 19 octubre de 1999 el presidente colombiano Andrés Pastrana y el entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, George W. Bush, se reunieron en Austin, Texas.

Según Cambio, Bush llegó a tener 345.426 acciones y un poder de influencia que consolidó la imagen de Harken.

El ingreso de Harken a Colombia se inició gracias a la amistad de Bush con Rodrigo Villamizar, ex ministro de Minas y Energía del gobierno de Ernesto Samper.  Bush y Villamizar se conocieron a finales de la década de los 60 en la Universidad de Yale y  en la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard.  Posteriormente, Villamizar se convirtió en uno de los principales consejeros de Bush en asuntos relacionados con América Latina, agrega la publicación.

En los sectores petroleros de Estados Unidos se asegura que en 1986 Harken salvó a Bush de la quiebra cuando compró parte de las acciones de Spectrum 7, una empresa creada por Bush Jr., cuando su padre, George, aspiraba a la Presidencia de los Estados Unidos.

Harken figuró entre las empresas que contribuyeron a la financiación de las dos campañas presidenciales de Bush padre y más recientemente para la de su hijo, según la revista.

Tras la fusión, el 7 en noviembre de 1986, Bush fue el propietario de 212.152 acciones de capital. Luego, el 10 de marzo de 1987, compró otras 80.000 acciones, y 25.000 más el 6 de junio de 1989. Su inversión llegó en 1993 a 345.426 acciones, lo que representa el 1,1% del valor de la empresa.

En Estados Unidos, los grandes potentados controlan compañías con el 5% ó el 10%, agrega la revista.

La influencia de la familia Bush sobre Harken creció cuando Bush padre asumió la Presidencia de los Estados Unidos en 1989. Entonces, Bush hijo pasó a formar parte de la junta directiva de la firma y se desempeñó como director y consultor con un salario que empezó en US$80.000 al año y llegó después hasta US$120.000

Pero a comienzos de la década del 90, le fue otorgado por 35 años un contrato en Bahrein, en el Golfo Pérsico, por encima de multinacionales con mayor experiencia como Amoco.

El negocio disparó el valor de las acciones de Harken y el 22 de junio de 1990 Bush Jr. vendió buena parte de las suyas, lo que le significó ganancias superiores al 200%. Pocas semanas después estalló la Guerra del Golfo, la exploración fracasó y las acciones de Harken se derrumbaron. Entonces se oyeron voces en tono acusador que sindicaban a Bush Jr. de haber sacado provecho personal de información privilegiada en el sentido de que venía la guerra y las acciones caerían.

El posible tráfico de influencias, según Cambio, también se presentó en 1994, cuando el actual presidente estadounidense era candidato a la gobernación de Texas. En ese entonces, el semanario neoyorquino The Nation lo acusó de presionar al ministro de Obras Públicas de Argentina, Rodolfo Terragno, para que le adjudicara un contrato de gas a la multinacional Enron, una de las compañías que habían aportado recursos a su campaña electoral. El gobierno de Raúl Alfonsín no cedió a las pretensiones de Bush, pero más tarde, durante la primera administración de Carlos Menem, amigo de los Bush, la construcción del gasoducto entre Argentina y Chile le fue entregada en concesión a Enron.

EN COSTA RICA

La transnacional intenta desde hace tres años que se le permita hacer exploraciones petroleras en las costa atlántica de Costa Rica.

Sin embargo, grupos ambientalistas y comunales se oponen a la presencia de la transnacional argumentando que no son fiables los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante SETENA.

Incluso Alejandro Yáñez-Arancibia y David Zárate, especialistas mexicanos en evaluación de impacto ambiental, han insistido en que los documentos aportados por la empresa tienen fallas técnicas y recomendaron al gobierno de Costa Rica no aprobarlo.

Según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN, los expertos confirmaron los problemas encontrados incluso en el addendum que la compañía petrolera presentó a SETENA en marzo del 2001.

Para los especialistas, el estudio presentado por la empresa de una evaluación estratégica ambiental, no incluye los riesgos ambientales, ni los conflictos ambientales y se queda corto en cuanto al área que sería afectada por un posible derrame de hidrocarburos en la costa de Limón.

Una de las inconsistencias señaladas es que el área de influencia directa es apenas de 500 metros a la redonda del punto de perforación, y de 10 kilómetros a la redonda de manera indirecta.

Esto fue refutado por los especialistas mexicanos, quienes advirtieron que en caso de un derrame mayor, la zona afectada comprendería una distancia de al menos 65 kilómetros de litoral, entre Moín y Limón, hasta Manzanillo.

Además, no se considera en los informes de la empresa los impactos ambientales que podría producir un derrame accidental de hidrocarburos a los arrecifes, a las playas turísticas, a las áreas silvestres protegidas, a las tortugas y sus áreas de desove, así como a las zonas de pesca de camarón.

Tampoco se presentaron ante SETENA planes de mitigación, compensación, prevención, restauración, remediación y monitoreo para las zonas y actividades afectadas en caso de un derrame mayor de hidrocarburos.

Al respecto, el Secretario General SETENA, Humberto Cerdas, dijo a UNIVERSIDAD que «los estudios requieren una evaluación más profunda del aspecto socioeconómico y que el área de influencia  debe extenderse y profundizarse».

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