Representantes de las bases cantonales en la pasada campaña electoral del Partido Liberación Nacional (PLN) eluden sus responsabilidades sobre el manejo de fondos de la deuda política y alegan que trabajaron de acuerdo con lo establecido por los altos mandos de la agrupación.

Según las versiones que estas personas dan, la coordinación se realizó a través de “capacitaciones frecuentes” y gracias a reuniones celebradas en la casa club del PLN,  todo esto de acuerdo con lo estipulado por los “hombres cercanos” a la mandataria Laura Chinchilla.

La exsubsecretaria del PLN, Alejandra Méndez Garita, fustigó el manejo de los fondos electorales dentro de su partido y denunció la “intromisión de una clase política cuestionada” en la estructura que dirigió la campaña.

Muchos de los entonces dirigentes cantonales asumieron meses después funciones dentro de las municipalidades; es por esto que ahora alcaldes y vicealcaldes, se ven involucrados en el escándalo por el supuesto manejo irregular de fondos de la campaña liberacionista.

En cantones como Talamanca (Limón), Abangares (Guanacaste), San Isidro y San Rafael (Heredia), Vázquez de Coronado y Pérez Zeledón (San José), funcionarios del gobierno local reconocen su participación en campaña, aunque los consultados por este Semanario aclaran que en sus comunidades se trabajó de manera “transparente”.

Jorge Herrera Paniagua, alcalde de San Rafael de Heredia, señaló que durante el proceso electoral el trabajo fue ordenado, y acatando lo establecido en las capacitaciones que brindaba el comando central del partido para todos los dirigentes cantonales.

“Muchas de esas capacitaciones las brindaba el exdiputado Alex Sibaja, quien tenía a su cargo coordinar con los cantones, principalmente cuando se trataba de temas económicos”, manifestó Herrera Paniagua.

Detalló que en las reuniones también participaron otros integrantes del comando de campaña, aunque alegó no recordar los nombres; sí defendió que esas reuniones eran para “no cometer errores a la hora de presentar alguna documentación, tanto electoral como económica”.

“Con Heredia y San José había una excelente coordinación, expresó el alcalde de San Rafael de Heredia, quien agregó que contaban con el apoyo de los ahora diputados liberacionistas Víctor Hugo Víquez y Siany Villalobos, aunque por la zona a esta última era a la que le tocaba el trabajo directo en esta comunidad.

En el caso de otros cantones, como Vázquez de Coronado, el alcalde Leonardo Herrera aseguró que el contacto con el comando de campaña nacional era casi permanente. En esta comunidad el trabajo se realizaba con el secretario general del partido, y candidato a diputado por la zona, Antonio Calderón. “Incluso él nos acompañaba a las visitas a comunidades y a los piquetes; nos entregaba banderas y calcomanías”, acotó.

Por su parte, Alejandra Méndez Garita criticó que pocos dirigentes cantonales han dado la cara para aceptar cómo se trabajó en sus comunidades, mientras que aseguró que inclusive fue el propio Alex Sibaja quien giraba las instrucciones de cómo administrar los fondos durante la campaña.

“A mí me gustaría que la dirigencia liberacionista que participó activamente de la campaña salga a la luz publica, a decir que fueron reunidos en varias partes del país, donde Alex Sibaja giró las instrucciones”, expuso Méndez (véase nota aparte “Sibaja confiesa manejo irregular de fondos).

ALCALDES EN LA PICOTA POR ESCÁNDALO

El trabajo de algunos alcaldes previo a las elecciones nacionales del 2010, no se limitó a realizar proselitismo a favor del PLN, sino que muchos tuvieron que administrar los fondos de campaña, al realizar cambios de cheques de los colaboradores del partido.

Por ejemplo, en Vázquez de Coronado, Leonardo Herrera Sánchez retiró ¢1.000.000, correspondientes al pago de dos meses de servicio prestados por Karen Herrera Cordero, dueña de un vehículo alquilado desde noviembre del 2009.

El Alcalde justificó lo sucedido con el  argumento de que los dueños de vehículos contratados por el partido “andaban muy ocupados”; por lo que “entonces en ese caso endosaban el cheque y se les cambiaba; pero yo ahí no veo nada irregular”.

Otro de los alcaldes que retiró el pago de colaboradores de campaña fue Melvin Villalobos, de San Isidro de Heredia, que según los registros en manos de UNIVERSIDAD, habría hecho efectivos al menos 7 cheques, para un total de ￠3.800.000.

Villalobos rechaza las acusaciones de que fue objeto en otros medios de comunicación, y según las cuales presuntamente habría cambiado cheques con firmas falsas.

No obstante, al ser consultado por el cambio de los cheques pertenecientes a terceros, prefirió no referirse al tema, al considerar que todo está siendo investigado; “no es recomendable que yo me refiera mucho al tema; es mejor que se investigue”, adujo  Villalobos.

UNIVERSIDAD contactó a Álvaro Peñaranda, uno de los colaboradores en transporte durante la campaña del partido Liberación Nacional en el cantón de San Isidro y aceptó haber prestado el servicio por el cual se le pagó ￠500.000; sin embargo, el ahora alcalde Villalobos retiró entonces dos cheques a nombre de Peñaranda por un total de ￠1.000.000.

“En realidad no me acuerdo quién me dio el dinero en efectivo; creo que fue el alcalde. Uno lo hace inclusive para cooperar con la democracia”, externó Peñaranda.

Al respecto, Villalobos arguyó que lo que ahora sale a la luz sucedió hace dos años, por lo que puede prestarse para olvidar ciertas cosas. “A uno lo agarran en curva; estamos hablando de hace dos años y resto; a veces uno no sabe ni qué contestar. Yo le puedo decir que se trabajó con transparencia”, expuso antes de interrumpir la conversación.

Vale recordar que para el trabajo en algunas comunidades, actuales alcaldes alquilaron sus vehículos. Esto sucedió en San Rafael de Heredia, donde Jorge Herrera Paniagua recibió ￠1.000.000, para el trabajo proselitista en su cantón,  meses antes de las elecciones de febrero 2010.

Según él rememoró, la labor durante los meses previos al día de votaciones era “ardua”, por lo que  su vehículo era utilizado tanto “para ir a buscar miembros de mesa, fiscales, asistir a reuniones con regidores”.

En el caso de los cheques a nombre de Herrera Paniagua, fueron retirados por el tesorero del comité local, German Sánchez. “Eso siempre lo retiraba el tesorero cantonal, porque había una estructura”, afirmó Herrera.

En otras localidades como Talamanca, el actual vicealcalde, Carlos Martínez Blear, realizó el endoso de al menos 5 cheques, por un monto total de ￠2.400.000. Al preguntársele,   rehusó referirse al caso, a la vez que  indicó que habría que realizarle las consultas a Melvin Cordero, actual alcalde del cantón y quien durante la campaña coordinó la zona. Pese a que se intentó conocer su criterio, este no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Mientras tanto, en Pérez Zeledón el exalcalde Luis Mendieta -removido de su cargo luego de un  plebiscito revocatorio de mandato- se desempeñó como coordinador del comité local; esto sucedió también en Abangares, donde el entonces coordinador, Jorge Calvo Calvo, ahora ocupa la silla de la alcaldía.

En todos estos cantones ahora se revisa el manejo de fondos de campaña, ante el supuesto uso irregular del presupuesto destinado a transporte.

Alex Sibaja confiesa manejo irregular de fondos

Las declaraciones de Alex Sibaja, en La Nación del  25 de enero de 2012, son consideradas por analistas consultados por UNIVERSIDAD como una “apología del delito”.

Según lo consignado en ese medio, el subtesorero y además coordinador de asuntos territoriales durante el proceso electoral 2010, afirmó que “los comités cantonales de la campaña podían destinar el dinero de los alquileres de vehículos a otros fines”.

Frente a lo anterior, el analista político Víctor Ramírez expresó: “Estoy azorado; Sibaja expresa abiertamente el fraude efectuado; habría que darle un premio por la honestidad”.

Por su parte, el abogado y excandidato liberacionista, José Miguel Corrales, indicó que la confesión del exsubtesorero del PLN lo compromete a comprobar en qué se gastó el dinero que se cobro de más; “a confesión de partes, relevo de prueba”, insistió.

Entretanto, la exsubsecretaria liberacionista, Alejandra Méndez Garita, criticó la actitud adoptada por Sibaja y agregó que “él mismo reconoce el desvío del fin por lo que hicieron los contratos”.

“La ley es muy clara si hay un contrato para un fin específico. ¿Por qué se desvirtúa? Además, no creo que todo haya sido gastado en palos para banderas o calcomanías”, aseguró Méndez.

En este sentido, Vernor Mesén, director del área de auditoría de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, considera que los hechos denunciados podrían tener “indicios de fraude”.

“Se usó una figura que se llama arrendamiento operativo, que es legal, pero se desvirtuó para efectos de financiar actividades que probablemente son ilícitas desde el punto de vista del rembolso que realiza el Tribunal”, y esto le “resta transparencia al proceso”, estima Mesén.

Ahora queda en manos del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Fiscalía General  determinar las responsabilidades sobre el manejo de los fondos de campaña del PLN.

Exsubsecretaria del PLN responsabiliza a las “nuevas cúpulas” del partido

Alejandra Méndez Garita, exsubsecretaria del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció  la intromisión de una “clase política cuestionada”, que ha gestado una estructura a lo interno del PLN para el manejo de los fondos.

¿Quiénes son esa cúpula? –se le preguntó a Méndez Garita-, quien no dudó en señalar a algunos de los miembros del actual comité ejecutivo nacional del PLN: Bernal Jiménez, Antonio Calderón, Alicia Fournier y Alex Sibaja.

Además, a su parecer, estas son “figuras colocadas por Rodrigo Arias”, durante la escogencia del directorio político del partido, el 17 de marzo del 2011.

Por lo anterior es que Méndez culpa a esa “fuerza política” de inclusive boicotear al gobierno de Chinchilla, y aseguró que la Presidenta debería enfrentar a los allegados al partido que ahora son cuestionados.

“Aun sabiendo que el arismo no ha estado de su lado, la Presidenta ha salido casi como a evitar asumir responsabilidades, cuando sabe que esa gente le ha hecho la vida imposible durante esta administración”, criticó.

Los cuestionamientos al partido gobernante por el manejo de fondos de la deuda política,  ponen en evidencia -ante la opinión pública- parte de esa organización, concebida para el uso incorrecto del erario público.

Méndez atribuyó a los integrantes del comité de campaña de Laura Chinchilla, el manto de duda que ahora surge sobre el partido verdiblanco, y en especial recriminó las acciones del exdiputado, delegado de la Asamblea Nacional y subtesorero del Comité Ejecutivo Superior, Alex Sibaja.

Ella solicitó al Tribunal de Ética y Disciplina del PLN iniciar una investigación en contra de Sibaja, al considerar que fue él quien giró las instrucciones a los comités locales sobre el manejo de los fondos.

Tampoco exime de total responsabilidad a la mandataria, Laura Chinchilla: “no le creo cuando ella alega que no estaba enterada; entonces ¿qué función cumplía ella?, ¿para qué se reunía con su comité?, cuestionó Méndez Garita.

“Que ella diga que de verdad no sabía… pues ahora entendemos por qué las encuestas no le benefician, porque tampoco sabe qué esta pasando en Costa Rica”, agregó.

De igual manera, expresó su preocupación sobre el asesoramiento recibido por Chinchilla, cuando esta aún era candidata liberacionista. “La inexperiencia de doña Laura la llevó también a pedir consejo a alguien más inexperto, que es su propio hermano. Adrián Chinchilla también deberá asumir responsabilidades por su trabajo en la campaña”, aseveró.

Al referirse a la labor del tesorero de campaña liberacionista, Jorge Walter Bolaños, comentó que este al parecer “estaba pintado en la pared”, luego de que este manifestara que desconocía del manejo de fondos para transporte durante la campaña nacional. “Le podríamos dar la cajita blanca por su inocencia –ironizó-, pero al igual cometió un pecado de omisión. Nadie puede alegar que desconocía la ley”.

A la vez que criticó las justificaciones de otros miembros de la campaña verdiblanca, mencionó que “algunos empiezan a aceptar las denuncias en su contra, pero no vemos ese acto de contrición”.

Denunció que el mismo partido -encabezado por Bernal Jiménez- busca la manera de que los cuestionamientos “no trasciendan más”, a pesar de que “cada día la prensa publica más casos, por lo que hace falta que se siente alguien en la silla caliente”.

Méndez Garita instó a la Fiscalía General para que actúe en este caso, al considerar que no se está aplicando la misma rigurosidad con que se han abordado otros escándalos de corrupción de partidos políticos; “sigo esperando los allanamientos”, añadió.

Pago de cheques irregulares se pudo haber evitado

¿Tenía capacidad para detectar las irregularidades -ahora señaladas-, el auditor del PLN y el del Tribunal Supremo de Elecciones? Vernor Mesén, director del área de auditoría de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, considera que sí.

Así opinó luego de revisar algunos de los cheques cuestionados y detectar ciertas anomalías, tales como el depósito de los dineros en cuentas particulares, el retiro de los fondos por terceras personas, el uso de comprobante no oficiales por los arrendatarios y la alteración de documentos.

Mesén enfatizó que toda auditoría tiene al menos tres fases, que funcionan como filtros para detectar presuntas irregularidades. Mediante esas evaluaciones preliminares se muestran -para prevenir y corregir- errores, fraudes e incumplimientos.

Para Mesén, si la auditoría del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones siguió el debido proceso, “debió haber verificado lo que ahora se señala, y claramente evidenciarlo; por ende se debió cuestionar, y como resultado de esto no cancelar esos montos”.

“Se puede presumir una mala ejecución de la revisión y por ende un riesgo de auditoría, dictaminado algo como razonable cuando en un principio esto no puede ser así”, alegó Vernor Mesén.

Se señala, asimismo, la responsabilidad de las entidades bancarias por el cambio de cheques que aparentemente presentaban alguna irregularidad, puntualizó.

“El papel de los bancos es vital”, apuntó Mesén, quien aceptó que ante lo detectado se puede suponerse una “flexibilización de los controles”.

La mayoría de retiros se realizaron en bancos públicos, como el Nacional y el de Costa Rica. Ante la consulta realizada por UNIVERSIDAD, Mario Rivera Turcios, gerente general Banco de Costa Rica, solamente argumentó que este tema le concierne exclusivamente al Partido Liberación Nacional PLN; “el Banco de Costa Rica procedió con el pago de los cheques, según los procedimientos legales y administrativos existentes”.

Mientras tanto, en el Banco Nacional no respondieron a las consultas planteadas por UNIVERSIDAD.

“Estos bancos tienen sistemas de control interno y contables muy buenos, entonces llama la atención, porque habría que sospechar que esas desviaciones podrían ser captadas de entrada”, planteó el auditor Mesén.  Por esto piensa que el TSE deberá replantearse los controles aplicados para el cobro de la deuda política.