El Foro Nacional mantiene la esperanza de que un Tribunal dicte embargo preventivo sobre el dinero pagado a la empresa OAS para anular el contrato de la carretera San José-San Ramón. (Foto: Javier Córdoba)

La falta de $8,7 millones fue lo que le impidió al Foro Nacional lograr imponer un embargo preventivo a la entrega de dinero que el Gobierno pagó a la empresa brasileña OAS.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno completó a la empresa concesionaria de la ruta San José-San Ramón el pago de los $34,9 millones acordados en el acuerdo conciliatorio que alcanzó OAS con el Gobierno en el mes de diciembre, para conseguir la anulación del compromiso.

Ese mismo día, el Foro Nacional junto a la Asociación Nacional pro Defensa de los Servicios Públicos presentaron la solicitud de medidas cautelares, sin saber que ya el Gobierno había girado los $28,4 millones que faltaban, con fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Sin embargo, tres días después el tribunal dio trámite a la solicitud del Foro Nacional y estuvo de acuerdo en aplicar un embargo preventivo, para lo cual solicitaba a la organización depositar el 25% del monto en cuestión, es decir 8,7 millones de dólares.

En ausencia de ese depósito, el Tribunal Contencioso Administrativo decidió solicitar criterio a las partes sobre la cuestionada legitimación del representante de la empresa brasileña, Humberto Pereira, antes de decidir si solicita o no que el dinero pagado se deba depositar en cuentas del Poder Judicial.

El ministro de Planificación y directivo del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Roberto Gallardo, asegura que el cuestionamiento a la legitimidad de Pereira es un asunto que ya se había aclarado, y da por cerrado el capítulo de OAS, aunque aclara que responderán a la solicitud del tribunal como corresponde.

“IMPOSIBLE DE CUMPLIR”

El abogado del Foro Nacional, Álvaro Sagot, dijo a UNIVERSIDAD que pese a la anuencia del tribunal a aplicar el embargo preventivo al dinero que se pagó a OAS, la condición que se puso era “imposible de cumplir” para esta organización ciudadana.

“Lo que pasa es que con una total desproporción, viendo que esto lo estamos defendiendo desde la sociedad civil, se nos obliga a que tenemos que hacer un depósito del 25% para hacer un embargo”, afirmó el abogado.

Sagot aseguró que al haberse concretado el pago a la empresa brasileña, también existe la dificultad de no saber ahora dónde se encuentra el dinero, pues se desconoce si se depositó en cuentas bancarias en el país, o en alguna cuenta de OAS en el extranjero.

“No tenemos que perder la perspectiva, estamos pidiendo en las medidas cautelares que van a ser resueltas después de escuchar a las partes, que los dineros tengan que ser depositados a la orden del Poder Judicial hasta que se termine de resolver el asunto”, afirmó.

Tras escuchar lo que tengan que decir OAS y el Gobierno, el Tribunal determinará si dicta un embargo preventivo a los dineros pagados a la empresa brasileña, pese a que no se sabe si estos están aún en el país.

El Foro Nacional y la Asociación Nacional pro Defensa de los Servicios Públicos argumentan ante los tribunales que al momento de firmarse el contrato entre OAS y el Gobierno para realizar las obras de concesión, el representante de la empresa Humberto Pereira tenía revocado su nombramiento como representante legal, y por tanto, todo lo actuado desde entonces sería nulo.

De pasar a la etapa de juicio, este tendría que realizarse en paralelo o en conjunto al otro proceso planteado por el Foro Nacional el pasado 20 de diciembre, en el que se señaló una serie de argumentos para considerar ilegal la cesión del contrato a OAS en 2012.

“Cuando se hizo la cesión del contrato de concesión, el permiso ambiental estaba caduco, situación que conocía tanto la empresa como el Estado, porque figuraba en los expedientes de Setena”, explicó Sagot sobre uno de los principales argumentos.

Roberto Gallardo:

“La legitimación de Humberto Pereira ya fue aclarada”

El ministro de Planificación y directivo del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Roberto Gallardo, asegura que el argumento del Foro Nacional y la Asociación Nacional pro Defensa de los Servicios Públicos  para pedir medidas cautelares sobre el pago a OAS ya fue resuelta.

Gallardo sostiene que la situación legal del representante que firmó por la empresa el contrato de concesión en 2012 ya ha sido aclarada, y da por cerrado el capítulo de OAS en la historia de la carretera San José-San Ramón.

El Tribunal Contencioso Administrativo le dio curso a la solicitud de medidas cautelares presentada la semana anterior por el pago a OAS. ¿Ya se respondió?

-No estoy enterado, pero, normalmente lo que pasa es que ellos piden solicitud y dan espacio a las partes involucradas para que se pronuncien, pero no estoy seguro porque no he recibido notificación. Por lo menos yo no estoy enterado.

El Foro afirma que el Tribunal estaba anuente a realizar un embargo preventivo, pero que al no tener el 25% del monto, no pudieron realizarlo.

-No creo que el Tribunal vaya a hacer un embargo preventivo solo porque se hace una solicitud. Normalmente, y antes de tomar alguna medida, ni siquiera provisionalísima, lo primero que hace es convocar a las partes por escrito.

Ya se solicitó a las partes que se pronuncien…

-Esto tiene que ver con la legitimación de Humberto Pereira, que esa es una situación que está resuelta. Está claramente determinado cómo se dieron las cosas. Se dio una asamblea en la que OAS hace un cambio del apoderado, pero no lo inscribe. Entonces cuando Concesiones hace la consulta de quién es el apoderado, para la firma del contrato, es él (Pereira). Se había hecho una asamblea, pero no se había registrado. Esto es una cosa que ya se había hablado.

Ellos (el Foro Nacional) siempre presentan estas cosas como si efectivamente ahí mismo el tribunal les hubiese dado la razón. Es parte del procedimiento, no presupone que estén tomando posición.

El Foro Nacional ha solicitado elevar a juicio por varios aspectos que consideran irregulares en el caso de OAS. ¿Cuál es su posición sobre los señalamientos que se hacen?

– Entiendo  que ellos consideran que no podía darse la cesión del contrato porque había  unos permisos ambientales que no estaban vigentes y otras cosas. Pero esas son situaciones que estaban previstas en los contratos, la cesión del contrato no significa que se da la orden de inicio. La orden de inicio se da cuando se cumplen las condiciones precedentes, una de las cuales era tener los permisos al día.

Nosotros vamos a seguir presentando nuestros puntos de vista, estamos absolutamente convencidos de que estamos apegados a la legalidad y porque una persona diga que él cree que hay nulidades en un contrato, eso no es suficiente para detener la acción del Estado. Ningún tribunal se ha pronunciado en contra de esto, ni judicial ni administrativamente.

Ya se pagó a OAS. ¿El tema para ustedes está cerrado?

-El contrato está disuelto, la carretera pasa a control de Conavi nuevamente, entramos en posesión de los planos, queda en firme  la renuncia de ellos a pedirle al país más compensaciones económicas o de cualquier otro tipo. Estamos concentrados en la definición de la alternativa para la nueva carretera. Pero por supuesto que vamos a contestar todas las solicitudes que nos hagan los tribunales.

¿El dinero transferido a la empresa se depositó en cuentas en el país, o en el extranjero?

-No tengo ese detalle, en realidad no lo sé.

¿Quién hace el giro?

-Lo hizo Conavi. Hacienda lo que hace es darle contenido al acuerdo de la Junta Directiva de manera tal que ellos puedan hacer el giro.

¿Embargar qué?

Uno de las principales dificultades que encontrarían los tribunales si llegaran a ordenar un embargo por los dineros pagados a la empresa brasileña, es la ausencia de bienes que puedan ser sujetos de embargo en el país.

La empresa OAS Central American Investing Limited, que es el rostro legal de la empresa brasileña en el país, no posee bienes en Costa Rica según consta en el Registro Nacional; mientras que la sociedad internacional que firmó el contrato con el Gobierno está domiciliada en un apartado postal en las Islas Vírgenes Británicas.

Tampoco se ha podido determinar si el dinero girado a OAS desde Conavi está en cuentas bancarias nacionales o si se fue a alguna cuenta en el extranjero, lo que limitaría el posible embargo.

Otra rama de la empresa OAS realiza obras por contrato para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en la Zona Norte del país, pero para efectos legales, estas empresas no tendrían relación legal entre sí.