La megamarina pretendía construir en la estrecha costa de Moín desarrollos inmobiliarios para 600 condominios, centros comerciales, un hotel, villas con vista al mar y dos marinas para 550 embarcaciones. (Foto: Katya Alvarado)

El mapa de desarrollo que tenía prevista la construcción de al menos nueve megaproyectos millonarios en Limón –una inversión cercana a los $3.600 millones – se desdibuja cuando los sueños se hunden ante cuestionamientos ambientales.

Tales rompesueños ya detuvieron la construcción de una nueva refinería,  la marina Isla Moín, y tienen en aprietos al proyecto de la terminal de contenedores APM Terminals, de capital holandés.

Así manifestaron representantes políticos y sindicalistas consultados ante la reciente decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de anular la viabilidad ambiental otorgada a la Marina Isla Moín, un proyecto de más de $450 millones que proyectaba desarrollar en la zona portuaria 600 condominios, un complejo de 100 casas con vista al mar, centros comerciales, un hotel y dos marinas para 500 barcos.

Para Bernardo Archer, miembro del foro Los Indignados de Limón, muchos de estos proyectos son meras “ocurrencias” del Gobierno, otros son más reales pero “mal manejados”.

“Dicen que son para generar empleo, pero si esto fuera cierto, este Gobierno se habría traído para la provincia zonas industriales y fábricas y no lo ha hecho”, afirmó.

“El desarrollo portuario de Limón es necesario, pues hay un mercado en crecimiento, pero debe hacerse de la manera correcta.  Ellos gobiernan para el Valle Central y no para el resto del país. Isla Moín  fue un proyecto muy mal manejado, una concesión que reflejó un irrespeto a las leyes por parte de algunos funcionarios públicos.

Mauricio Álvarez, presidente de la  Federación Conservacionista Fecon, criticó  que este tipo de proyectos, sobre los cuales pesan serios cuestionamientos ambientales, no  solo no generan empleos  en la cantidad y la calidad necesarias sino que ponen en riesgo otras fuentes de trabajo, como las asociadas al turismo y la conservación de las tortugas.

“Hemos señalado el desequilibrio en la política pública, donde existen cinco funcionarios asignados a la evaluación de proyectos como el de APM Terminals para tenerlo listo en diciembre, frente a ningún funcionario asignado trabajando en la conservación de la playa o a la creación de un parque nacional en la zona”, dijo.

“Limón siempre se vio como un botín, es una provincia riquísima naturalmente, por donde salen nuestros productos; sin embargo, sigue siendo la población más pobre y abandonada”, lamentó el diputado del Partido Acción Ciudadana Claudio Monge.

Por el cantón de Limón y la zona portuaria de Moín transita al menos el 90 por ciento de las importaciones y exportaciones de Costa Rica.

“Estos ostentosos proyectos se han enfrentado con la fuerza de la realidad, pues han violentado a las comunidades y han pasado por alto diagnósticos reales que midan su impacto social y ambiental, son ocurrencias de los gobiernos que han hecho de la palabra ´concesión` un dogma”, advirtió José Luis Castillo, representante del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

“Es evidente y lamentable la falta de planificación en este tipo de proyectos”, agregó Castillo.

SACAR LAS CASTAÑAS DEL FUEGO

Para el legislador Claudio Monge, el pronunciamiento de la PGR que el 20 de agosto declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del proyecto de la Marina Isla Moín, a solicitud del Ministerio de Ambiente,  fue un acto desesperado por levantarle la imagen al Gobierno en época  preelectoral, ante decisiones “erráticas” del pasado reciente como los casos de Crucitas, Calero y el asesinato del conservacionista Jairo Mora.

Según la resolución C-161-2013, la PGR anuló la viabilidad ambiental otorgada en el 2010 al proyecto de la marina por cuanto este procedimiento fue otorgado en contravención a lo dispuesto a la Convención Ramsar, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, pues no se contempló que las obras se construirían en la zona de un humedal, establecida por decreto en 1994.

“Este pronunciamiento muestra el desastre que vivimos en Setena, una institución que tendría que velar (por el ambiente) y que deja pasar horrores por presiones políticas”, cuestionó el diputado del partido Frente Amplio, José María Villalta.

“Si el Gobierno fuera coherente, este caso sería un precedente muy claro para APM Terminals, pues este proyecto tendría impactos ambientales muy superiores a los de la marina”, señaló Villalta.

Por su parte, Allan Astorga, consultor ambiental, lamentó que la falta de planificación provoque que  estos cuestionamientos se hagan tardíamente, cuando los estudios de impacto ambiental ya han hecho incurrir en gastos y tiempo.

“Es doloroso pedir que no se otorgue la viabilidad al proyecto APM Terminals, cuando la revisión de ese diseño debió haberse hecho hace tres o cuatro años, cuando todavía estaba sobre el papel”, advirtió.

“Lo de la marina enciende una luz de alarma, porque nos dice que los estudios de impacto ambiental no están siendo suficientes para respaldar decisiones que involucran megaproyectos con inversiones económicas tan grandes”, agregó.

Costa Rica debe ser consecuente

Allan Astorga. Geólogo y consultor ambiental (Foto: Katya Alvarado).

Para el geólogo y exdirector de la Secretaria Técnica Ambiental (Setena), Allan Astorga, el país requiere modernizar sus puertos y Limón tiene las condiciones para lograrlo, pero esto debe hacerse de forma planificada  y tomando en cuenta las variables social, económica y ambiental.

¿Cómo lograr un desarrollo equilibrado?

-Los desarrollos deben hacerse de manera planificada, considerando todas las variables. A veces se dice que una inversión va a generar cierto número de empleos, pero se olvida considerar otros factores importantes como los ambientales.

Costa Rica cacarea mucho su imagen ambiental y estos proyectos contradicen su argumento hacia el exterior. ¿Qué opina?

-Recién el Gobierno anunció  la marca país, con una imagen de que Costa Rica es muy ecológica y amante de la biodiversidad, entonces tenemos que ser consecuentes y promover un desarrollo que no genere daños ambientales irreversibles.

¿Qué propone?

-La urgencia de que Costa Rica implemente una herramienta que ya existe en los países desarrollados desde hace 30 años y que se llama Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Esto ya está normado en el país desde 1994, dentro del reglamento de evaluación de impacto ambiental.

¿De qué se trata?

-Esta herramienta dice que las políticas, planes y los programas de desarrollo tienen que hacerse tomando en cuenta la participación, la información y la transparencia.  En este tipo de decisiones es importante que la sociedad representada participe. Es una especie de acuerdo entre la sociedad, las autoridades de gobierno y los empresarios y entonces las reglas del juego para la empresa están claras desde el principio. Actualmente, la sociedad conoce del proyecto cuando ya está aprobado, negociado e incluso cuando ya se empezó a construir. Ponemos la carreta delante de los bueyes.

¿Ve voluntad política para lograr ese objetivo? ¿Qué hace falta para llevarla a cabo?

-La EAE es más útil que el referéndum. Hemos perdido un tiempo muy valioso. Se requeriría un decreto ejecutivo. Esta sería indispensable para proyectos estratégicos a nivel de país como el Plan de Desarrollo Turístico o el Plan Nacional de Energía. Se necesita un cambio que tome en cuenta a  la sociedad, si no se corrige esto, veo problemas.

Inversión de millones de dólares

Fuente: Fecon