De acuerdo con los ingresos, los hogares que reciben entre ¢750.000 y ¢1.870.000 conforman la clase media del país, según la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI). Y es precisamente, el sector de la población que encuentra menos opciones para acceder a vivienda propia. Esta información fue publicada en su Informe anual sobre la situación de vivienda y desarrollo urbano.

El problema de estos hogares se centra en un problema fundamental, el mercado no ofrece soluciones de vivienda acordes con las capacidades de endeudamiento que tienen, que rondan entre los ¢25 millones y los ¢61 millones.

Franklin Solano de la Unidad de Investigación de FUPROVI, explicó que en promedio, una familia de clase media, tiene posibilidades de adquirir créditos para vivienda por un plazo de 25 años a una tasa del 10% y la suma dependerá de la cantidad de ingresos que reciba.

“Hicimos un análisis y bajo este escenario logramos sacar promedios, pues estamos hablando de familias que tienen diferentes condiciones. Pero cuando se revisa la oferta de vivienda, en realidad casi no hay opciones, pues las casas no bajan de ¢50 millones –cuando hay suerte-  y es la minoría del grupo de clase media que conseguirá un préstamo por esta suma”, detalló Solano.

Otro obstáculo que enfrenta la clase media para adquirir su vivienda, es que los bancos prestan entre el 80% y  el 85% del valor de la casa, es decir, le corresponde a la familia conseguir la prima.

En el caso de una vivienda con un valor de ¢50 millones, la entidad financiera solo dará el financiamiento por ¢42 millones, por lo que quedan ¢8 millones descubiertos, sumando los gastos de formalización la familia tendría que asumir unos ¢12 millones.

“Es claro que muy pocas familias tienen la posibilidad de conseguir fácilmente esos recursos, lo que significa que el grueso de hogares de clase media están ayunos de oportunidades para comprar su casa y quienes lo hacen es fuera de sus expectativas”, indicó el experto.

Con la nueva legislación emitida en esta administración, se ha incorporado a las familias de clase media con ingresos de hasta ¢1,1 millones para verse beneficiados por los bonos de la vivienda, a través del programa de Bono Diferido; sin embargo, no existe una asignación mayor de recursos para estos programas.

Según Solano, en la investigación surgió una serie de dudas respecto de la ampliación de la población que se cubre con los bonos de vivienda, ya que históricamente el 97% de las soluciones y los recursos que da el Gobierno, han estado destinados a los grupos más pobres y no hay claridad de si esto continuará siendo así.

Además, los trámites de obtención de los bonos, el monto por recibir y el asumir cláusulas sobre la propiedad, como que no pueden vender o alquilar por diez años, pueden convertirse en limitaciones para estas familias.

“Los recursos siguen siendo los mismos, y nos preguntamos si va a cambiar la distribución de los recursos. Por lo que consideramos que se debe discutir y pensar en alternativas para otros sectores, así como impulsar a la industria de la construcción a ofrecer productos accesibles para la clase media”, agregó.

Lo cierto del caso es que aunque hay que buscar alternativas para la clase media, se debe tener claro que el 75% de las necesidades de vivienda del país, se ubica en las familias que ganan desde uno hasta cuatro salarios mínimos (el salario mínimo es de ¢192.000).

Se propone la atención a las familias de más bajos ingresos por medio de un trabajo integral, ejecutado por el recientemente creado Consejo de Bienestar Social y Familia, del cual el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), pasó a formar parte.  Se identificó un conjunto de 15 cantones de bajo Índice de Desarrollo Social, además de un grupo de 25 comunidades priorizadas.

“Proponemos la atención de familias de más bajos ingresos por medio de un trabajo integral, debido a que se han identificado 15 cantones de bajo Índice de Desarrollo Social, además de un grupo de 25 comunidades priorizadas”, concluyó Eloisa Ulibarri, directora ejecutiva de Fuprovi.

DATOS IMPORTANTES

El informe presentado por FUPROVI lanzó una serie de datos que revelan cómo se ha venido desarrollando la situación del sector durante el 2010 y las tendencias en materia de construcción, déficit de vivienda, bonos, entre otros.

• La colocación de créditos para vivienda mostraron una recuperación del 16%.
• 10.722 bonos de vivienda fueron entregados por un monto total de más de ¢67 mil millones.
• Los consumidores se sienten más interesados en construir vivienda que el año anterior.
• 52,6%, es decir, poco más de la mitad del total de viviendas individuales ocupadas del país tienen problemas en su estado físico o estando en buen estado, tienen problemas de hacinamiento.
• En 2010 la construcción de viviendas reportó una ligera mejoría con respecto al año anterior.
• En el 2010 se construyeron 18.153 viviendas.
• Los montos recaudados por el impuesto solidario a casas de lujo fueron de ¢3.307 millones en 2009 y ¢2.250 millones en 2010. Cifra que no se acerca a los ¢10.000 millones que estimó el Gobierno.
• 274.007 hogares con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, no cuentan con vivienda propia.
• 79.016 hogares con ingresos de más de 4 salarios mínimos y hasta 10 salarios mínimos, no cuentan con vivienda propia.
• La construcción de vivienda durante el 2010 denota un crecimiento de un 7%.
• La tasa de crédito ha sido favorable, en promedio del 13% y para inicios del 2011 se ubica en 10% en colones y 7% en dólares.

Evalúan Administración Chinchilla en vivienda

Elementos positivos y negativos fueron señalados durante la presentación del Informe Nacional, Situación de la vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica en el 2010, en cuanto al balance del trabajo que ha llevado a cabo la Administración Chinchilla en materia de vivienda.

Según Eloisa Ulibarri, directora ejecutiva de la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI) es de resaltar la capacidad para traer a la mesa de trabajo la necesidad de vivienda para la clase media, “tema que había quedado en el olvido durante muchos años”.

Esto permitió que a través de la Asamblea Legislativa se aprobaran una serie de proyectos, y otros que están en proceso, como El Bono Diferido, el Bono de Segunda Planta y Bonos Colectivos, pero esas iniciativas no vienen acompañadas de más recursos.

“Hemos visto avances, uno de ellos fue devolver al ministerio de Vivienda la rectoría del sector, impulsar iniciativas para rescatar al INVU y dinamizarlo, así como la elaboración y discusión de una Política Nacional de Vivienda, para lo cual se realizó un proceso de consulta y análisis, que marca un estilo diferente de trabajo”, enfatizó Ulibarri.

Pero hay una serie de aspectos pendientes o que representan omisiones, durante el primer año de gobierno de esta Administración, pues no se observa una respuesta real a los problemas de vivienda para los sectores de menores ingresos, además la atención de precarios se diluye en el conjunto de acciones, pero sin metas explícitas.

Asimismo, los recursos e iniciativas para bonos colectivos no se materializan, ni se conocen propuestas concretas y las recientes normativas amplían la población meta por ser atendida para bonos de vivienda, pero no existen propuestas de mayores recursos.