Un informe realizado por personal de las Áreas de Conservación de la Cordillera Volcánica Central y Pacífico Central cuantificó el daño ambiental causado por el proyecto de la carretera San José-Caldera, en ¢581 millones.

El documento titulado “Valoración del Daño Ambiental, Autopistas del Sol S.A”, realizado en enero de este año, identifica 25 puntos a lo largo de la zona de influencia de esta carretera, en la que la empresa concesionaria y otras empresas encargadas de labores específicas, dañaron zonas de protección de ríos, depositaron material de relleno y eliminaron cobertura vegetal, entre otras faltas.

DAÑO EVIDENTE

El informe de las Áreas de Conservación detalla que durante un recorrido efectuado en el área de construcción de la carretera San José-Caldera, se observaron fuertes afectaciones ambientales en pasos de quebradas y en las áreas de protección de estas.
“Entre los principales problemas observados, destacan las invasiones a las áreas de protección de quebradas y nacientes, pasos de las quebradas desprovistas de vegetación, con procesos muy lentos regeneración (…)”, señala el documento.

Los inspectores detectaron trozas de madera amontonadas cerca de la vía principal, con riesgo de que fueran robadas, así como actividades de “corta ilegal de madera en bosque”, sin que los infractores fueran detenidos cuando transitaron por la carretera mientras se construía.

También llamaron la atención por la gran cantidad de cercas de alambre de púa y postes de madera de procedencia desconocida, para lo cual se solicitó una investigación, ya que la madera que se corte como resultado de construcción de la carretera, solo puede ser donada al Ministerio de Educación Pública.
“Aspectos como cuneteado no canalizado de forma adecuada hasta el cauce de las quebradas, existencia de cárcavas (zonas erosionadas) por falta de cunetas y mal manejo de aguas de escorrentía, son otros de los factores a corregir”, añade el informe.

Uno de los daños más graves, y valorado con mayor costo económico, fue el depósito de materiales rocosos y de relleno en las zonas de protección de ríos y quebradas, lo que dificulta la recuperación de la vegetación en esos lugares y afecta los flujos de agua.

Ante estos hechos, que se detallan uno a uno en cada sitio inspeccionado, los inspectores determinaron que el daño ambiental asciende a los ¢581.124.549, aunque advierten que este costo está “subestimado”.

“Pudieron haberse valorado muchos otros efectos colaterales resultantes del daño causado al sitio. Además es importante destacar que en esta evaluación no pudieron ser evaluados de manera correcta todos los daños, ya que en muchos de los sitios se habían iniciado procesos de remediación (…)”, aclara el informe.

Los evaluadores sugieren que el monto del daño estimado debe ser utilizado en la implementación de un “plan de recuperación del sitio”, más la debida compensación a la sociedad por los daños recibidos.

VARIAS CAUSAS

La abogada del Tribunal Ambiental, Elizabeth Araya, explicó que el expediente relacionado con la construcción de la vía a Caldera consta de 19 tomos, de los cuales 14 son documentos técnicos, por lo que le llevará tiempo analizarlos todos.
De acuerdo con Araya, la idea es llevar a juicio a la concesionaria por los daños descritos en el informe de las Áreas de Conservación, y elevar otra causa por los eventuales daños al acuífero de Barva.

“La valoración para el acuífero todavía se está trabajando. El resto de la información ya está lista; la idea es llevar a juicio la primera parte antes de terminar este año”, afirmó la abogada.

Por su parte, Alexis Madrigal, ingeniero y técnico del mencionado tribunal, detalló que el informe de las Áreas de Conservación sobre el daño a las zonas de protección, no incluye los daños al cauce de los ríos y quebradas.

Estas evaluaciones, corresponden a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente,  Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).

Respecto al informe de daños a las zonas de protección, Madrigal destacó que fue realizado por un equipo interdisciplinario que incluyó ingenieros forestales, especialistas en recursos naturales, técnicos, y especialistas en suelos, quienes utilizaron una metodología del Instituto de Políticas de Sostenibilidad IPS, para la valoración económica del daño.

¿Y SETENA?

Por otro lado, el geólogo y especialista en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Allan Astorga, aseguró que el informe es acertado, al indicar que el monto por el cual se estima el daño ambiental pudo ser mayor.

Astorga explicó que se considera que hay daño, cuando esté no fue previsto por el equipo consultor a la hora de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, que es un requisito para recibir el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
De acuerdo con Astorga, es positivo que las Áreas de Conservación hayan realizado este detallado informe sobre lo ocurrido en la zona del proyecto; pero, cuestionó la ausencia de la SETENA a la hora de hacer estos señalamientos.

“En la Ley Orgánica del Ambiente está establecido que SETENA debe realizar las inspecciones y dar seguimiento a los compromisos ambientales que fueron adquiridos; además, para eso coloca un regente ambiental en el proyecto”, afirmó el geólogo.

Astorga, quien fue secretario general de la SETENA, aseveró que si esta institución no ha realizado el debido seguimiento al proyecto, tanto en su etapa de construcción como durante su operación, podría volverse corresponsable de los daños ambientales detectados.

“La ley es muy clara al indicar que serán responsables de daños el interesado (la empresa), y el equipo consultor que elaboró el EIA, si se determina que obviaron estos posibles daños, y quienes dieron la aprobación a este estudio”, advirtió.
Para Astorga, lo correcto es que la SETENA diera seguimiento al proyecto por medio de los informes del regente ambiental, así como de sus propias inspecciones, para determinar así si se hace uso de la garantía ambiental.

Esta garantía es un fondo que las empresas deben depositar al recibir la aprobación para ejecutar una obra y la SETENA puede disponer de esos dineros cuando determine daños al ambiente.

“Se habla de que esta carretera tuvo un costo de $370 millones, por lo que la garantía ambiental debería ser de un 1% de ese monto, es decir, $3.7 millones”, puntualizó el experto.

Según Astorga, la SETENA tiene las mismas potestades que el Tribunal Ambiental para paralizar una obra, determinar los daños al ambiente y cobrar lo debido a la empresa infractora.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del viceministro de Ambiente, Andrei Bourret, quien actualmente dirige de manera provisional la SETENA, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarlo.

Zonas afectadas*

Los siguientes son algunos de los 25 puntos en que los inspectores de las Áreas de Conservación determinaron daños ambientales atribuidos a la construcción de la carretera a Caldera y el monto valorado.

Lugar                                                 Daño                        Costo
Quebrada Piedades         Invasión al área de protección            ¢13.844.097

Río Segundo                 Extracción de vegetación                 ¢35.332.870

Quebrada Doña Ana        Invasión al área de protección            ¢6.976.022

Quebrada Zopilota        Cunetas que descargan al cauce            ¢3.485.369

Quebrada Cachito         Basura en área de protección.               ¢933.570

Naciente Tornos         Deslizamiento de material hacia naciente    ¢62.776.350

Quebrada Guácima        Quebrada intervenida                            ¢5.312.583

Río Grande de Tárcoles     Material en el río                                ¢40.640.837

*Fuente: Informe “Valoración del Daño Ambiental, Autopistas del Sol S.A, proyecto Carretera San José Caldera”.