La violencia y el delito aumentan en toda América Latina y Costa Rica no es la excepción.
Aunque hay relación entre el aumento de la violencia delictiva y la desigual distribución del ingreso, no hay una correlación mecánica en todos los casos. Esa fue una de las múltiples anotaciones hechas en el inicio de un foro sobre el incremento de la violencia y el delito, sus causas y los retos de la seguridad ciudadana, que se realiza en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Miguel Gutiérrez Saxe, director del Informe Estado de la Nación; Luis Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) estuvieron entre los primeros conferencistas, los cuales desplegaron estadísticas de la situación e hicieron recomendaciones para un abordaje apropiado de la seguridad ciudadana, el pasado 16 de junio, en la jornada inicial del Primer Foro Institucional 2010 “Violencia, delito y desarrollo: desafíos para Costa Rica”.
Organizado por la Comisión Interinstitucional adscrita a la Rectoría de la UCR, y coauspiciado por el ILANUD y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el programa continuará con nuevas mesas redondas los días 23 y 30 de junio y 7 de julio.
El arranque de la actividad coincidió con la convocatoria oficial que la presidenta Laura Chinchilla realizó el 16 de junio en el auditorio del Museo de los Niños, de una consulta nacional, previa a la elaboración de una política estatal sobre seguridad ciudadana, inexistente hasta ahora.
La recepción de las opiniones de parte de los sectores nacionales concluirá en agosto próximo, para realizar un informe, proceso a cargo del PNUD, que actúa como asesor técnico del Gobierno para crear dicha política.
CAUSAS
Al abordar el tema de las causas de la violencia, Gutiérrez Saxe empezó relacionando las tasas del financiamiento del desarrollo social en Centroamérica -que presentan notables diferencias entre los países de la región- con los niveles de bienestar social de la población y desarrollo democrático alcanzados.
Y entre otros aspectos citó indicadores de cómo bajos niveles de educación determinan en muy alto grado la probabilidad de que la persona esté en la pobreza.
Asimismo, relacionó variables que inciden en los niveles de violencia, y cómo el bajo desarrollo social y la exclusión social están asociados con la violencia delictiva en la región, donde algunos de los países figuran entre el grupo de naciones con las más altas tasas de violencia delictiva en el mundo.
Factores como la tenencia de armas por la población civil, la existencia de pandillas, el narcotráfico y lavado de dinero son factores que generan alta violencia delictiva en los países de la región.
La percepción de inseguridad ciudadana ha operado como un apoyo de la población a acciones de “mano dura, durísima y superdura” en varios países, pero sin lograr mayores resultados, apuntó Gutiérrez.
En el caso de Costa Rica, ha habido un incremento muy notable de la tasa delitos contra la vida en los últimos años, después de tener un ascenso lento con algunas interrupciones en las décadas de los años 80 y 90.
La tasa de homicidios en ese período pasó de 4 homicidios por 100.000 habitantes a casi 12 en la actualidad, es decir subió tres veces, con la característica de que entre el 2007 y el 2008 había aumentado de 8 a 12 homicidios por 100.000 habitantes.
Esto coincide con un incremento de la desigualdad social, que se mide por el coeficiente de Gini, que estaba por debajo de 0,4 hasta el final de los 90 y ahora está en 0,441 (donde 0 significa igualdad 1 desigualdad absoluta).
De acuerdo con Elías Carranza, director del ILANUD, las estadísticas muestran cómo la violencia y los delitos se han venido incrementando en todos los países, salvo algunos de alto ingreso. “Todos están peor, y Costa Rica, que estaba mejor, está menos peor”, afirmó.
La situación de Costa Rica no es esencialmente distinta de los países del resto de los países de la región, desde Argentina hasta México. Es distinta en grados, pero todos los países presentan este panorama de deterioro en materia de violencia y delito, así como en la situación de los sistemas de justicia penal, desde inicios de la década de los años 80 hasta la actualidad.
El especialista hizo ver la importancia de los estudios comparativos para señalar que lo que pasa en este país tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de los países de la región latinoamericana, que son catalogados como países de ingreso medio, y lo que pasa también en los países desarrollados o de alto ingreso.
Según el último estudio comparado de Naciones Unidas sobre la prevención de los delitos y justicia penal, en un total de 198 países hay 17 con las tasas más altas de delitos contra la vida (más de 30 por 100.000 habitantes). El resto de países casi todos tienen tasas de dígitos, tasas que son altísimas comparadas con los países de altos ingresos de Europa y América del Norte. Éstos tienen tasas de solo un dígito, salvo dos excepciones. Tasas que son la décima y a veces hasta la quincuagésima parte de las tasas de algunos países de América Latina. Los únicos tres que tienen tasas relativamente altas son Latvia, Lituania y Estonia, que son países de ingresos medios que están insertos en Europa.
Vemos entonces cómo se da la correlación: países de altos ingresos-menos delito; países de mediano o bajo ingreso-más delito, señaló Carranza.
No obstante, advirtió que las variables que intervienen en la comisión del delito son múltiples y se interrelacionan entre sí. Se observa, por ejemplo, que con el crecimiento de la población adolescente aumenta el pico de delito, a más ocio de la población joven, más delito. En los países de ingreso bajo y medio, ocurre que a más desempleo hay más delito, cosa que no ocurre en los países de alto ingreso, que cuentan con adecuado sistema jubilatorio y seguros de desempleo.
Cada vez es mayor la distancia que se va produciendo por medio de la variable de distribución del ingreso, y cada vez es mayor la inequidad entre países, según los informes anuales del Banco Mundial, de manera que el sistema económico que tenemos, a pesar de todas las bondades con las que nos lo recomiendan, si lo evaluamos por sus efectos, es tenebroso, apuntó Carranza.
La propuesta de una política nacional de prevención de la violencia, y específicamente de la prevención de la violencia juvenil para Costa Rica o para otros países de la región, deberá integrarse con la gran política en el nivel nacional para consolidar sociedades de mayor equidad en la distribución del ingreso. Ello redundaría no solo en menores niveles de delitos, sino en más altos niveles de educación, salud, deporte, cultura, seguridad social, vivienda y otras variables, apuntó Carranza.
Por su parte, el sociólogo Rodolfo Calderón apuntó que aunque se puede establecer esa relación entre desigualdad y el incremento de ciertos delitos contra la propiedad, no existe un vínculo mecánico e inevitable entre desigualdad y delito patrimonial. Y es que hay una serie de mediaciones que deben entenderse a la luz de la dimensión cultural, afirma.
Por ejemplo, lo que se refiere a la promoción de determinados estándares de bienestar material y cultural, en particular ciertas pautas de consumo que se proponen a todos, pero no todos tienen los medios para alcanzarlas, lo cual crea una tensión de donde surge el delito como una respuesta para resolver esa tensión, indicó Calderón, quien es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
PREOCUPACIÓN
Carlos Alvarado, secretario técnico del Consejo Presidencial sobre Seguridad, habló de la preocupación que existe por el deterioro de la seguridad ciudadana, de lo que se señala un aumento del 50% de los homicidios en los últimos 15 años.
No obstante, dio una nota optimista diciendo que estamos en un momento positivo para hacer cambios enfocados en un concepto de seguridad y desarrollo humano, con un abordaje multidisciplinario, no en una respuesta represiva, dijo.
Entre otras medidas pendientes, mencionó la necesidad de aumentar y profesionalizar la policía, lo cual tiene un elevado costo. El equipamiento de cada policía cuesta ¢700.000 y se necesitan 17.000 nuevos policías, ejemplificó.
El psicólogo social Armando Campos, profesor emérito de la UCR e investigador de FLACSO, hizo una crítica a diversas nociones de seguridad ciudadana que se dan, que encierran algunas trampas y dificultan la planificación social para atender el asunto.
En particular, fustigó una visión reducida de la violencia que deja por fuera distintos aspectos en que se produce la violencia social, lo que entre otras consecuencias lleva a un maniqueísmo que desmoviliza socialmente, y se invisibiliza una serie de capacidades y de recursos socioculturales que el país tiene para abordar el problema.
El reto es ver si se va a seguir insistiendo en una visión de la seguridad ciudadana centrada en lo criminal, con todo el elevado costo social que esto tiene, o si se le da un enfoque amplio de la seguridad ciudadana como la articulación de múltiples recursos sociales, políticos, culturales, y todo eso basado en una participación social solidaria, apuntó.
Juan Carlos Ferré:
El derecho penal perfecto es un sistema autoritario
A Juan Carlos Ferré Olivé, experto en derecho penal, le preocupa la tendencia actual a endurecer las penas, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas, con el argumento de combatir el delito. El derecho penal es la solución más fácil y más barata, dice el entrevistado, quien aboga por la prevención y la reinserción social del condenado, en el entendido de que la mejor política criminal es una buena política social.
Catedrático de Derecho Penal en las Universidades de Huelva, Salamanca y Carlos III de Madrid, España, Ferré participó como conferencista invitado en la apertura del Primer Foro Institucional 2010 sobre Violencia, delito y desarrollo, que se realiza en la Universidad de Costa Rica.
¿Comparte la preocupación que existe por el aumento de la inseguridad ciudadana? ¿Hay realmente un auge de la delincuencia?
—El fenómeno de la inseguridad ciudadana no es un fenómeno de ahora. Siempre ha habido violaciones, ataques a la propiedad y otros parámetros de la inseguridad ciudadana. Lo que ocurre es que, gracias a las nuevas tecnologías, los medios de comunicación ahora nos hacen llegar a nuestras casas prácticamente en directo los asesinatos y los robos. Vemos el morbo que genera todo eso y, claro, la gente dice: me va a pasar a mí esto. Pero es que me puede pasar hoy y me podía haber pasado hace diez o 20 años, porque ocurría lo mismo, lo que ocurre es que ahora está televisado en directo.
Entonces, tenemos sensaciones de inseguridad y esta sensación se cubre exigiendo reformas al código penal, penas más duras, porque creemos que vamos a resolver el conflicto así. ¿Resultado? No se ha demostrado en lo más mínimo que un endurecimiento de penas vaya a reducir los delitos.
¿Cómo abordar entonces el problema?
—Que se respete el estado de derecho y que no se recurra al derecho penal para solucionar todos los problemas. El derecho penal es la solución más económica y más fácil. Es modificar tres o cuatro artículos del código y hacer una prisión nueva para meter más gente a la cárcel…
Pero el hecho es que la gente se siente cada vez más insegura, y culpa al sistema judicial de ineficacia y flojera…
—El problema de fondo es que el derecho penal es un sistema imperfecto. No puede ser perfecto. El derecho penal perfecto es un derecho penal autoritario, un derecho al que no le importa cometer errores. Es decir, si yo tengo un sospechoso, pues yo lo envío a prisión o lo ejecuto, y ya está, me quito los problemas por delante. Pero eso es incompatible con el estado de derecho.
Muchos se quejan de ese estado de derecho y del “garantismo” que supuestamente protege solo el derecho del delincuente y no el de las víctimas…
—Nuestro derecho tiene que asumir que van a existir vacíos en el castigo, que van a existir errores judiciales, porque el mecanismo no puede ser perfecto. Entonces, para evitarlos en la medida de lo posible, se ha pensado –y esto es tema de la previsión histórica del propio concepto de estado de derecho y la defensa de los derechos fundamentales y defensa de los derechos humanos- que el derecho penal no solo tiene que tender a la eficacia, sino que tiene que tender a las garantías.
Es decir, si vemos que pasa gente armada por el frente de nuestra casa, que atracan a mi vecino y la policía está con los brazos cruzados y el Estado no reacciona, pues exigiremos al Estado que actúe, porque no nos defiende mínimamente.
Pero por otro lado, siendo conscientes de que estas situaciones siempre han ido contra los ciudadanos, que el Estado siempre ha abusado con su poder, o se ha hecho mala praxis de todo este poder enorme que tiene el Estado, de sus mecanismos de control social, tenemos que decir que debe existir un sistema de garantías, una limitación a las penas, la prohibición de las torturas y una serie de cosas.
¿Y dónde estaría el punto de equilibrio?
— Es muy difícil encontrar el término medio. Demasiada seguridad viola garantías, y demasiadas garantías hacen que el Estado sea inoperante. Tiene que haber un punto de equilibrio. Los dos extremos son malos. Demasiada seguridad, estado autoritario, un policía detrás de cada uno… el ser humano no está para vivir en una sociedad militarizada. Si no tenemos libertad, pues eso no es vida. Y el derecho penal tiene mucho que ver con esto, está en las fronteras de lo que queremos prohibir y lo que queremos permitir.
¿Pero cómo saber dónde está la frontera?
—Si el aparato de justicia funciona de acuerdo con los parámetros del estado de derecho, funciona aunque cometa errores. Hay que evitar que los errores que se cometan no vayan en contra de las personas, porque una persona que no ha cometido un crimen podría estar hasta 15 años o más en la cárcel injustamente.
¿Y qué pasa cuando tenemos un alto grado de impunidad, como se dice que hay en Costa Rica, donde se mencionan cifras alrededor de 80% de delitos que supuestamente son denunciados y no llegan a juicio ni condena?
—No me lo creo. Habría que ver si las cifras que se dan corresponden a la realidad. Si eso fuera así las cárceles tendrían que estar vacías ¿y están vacías las cárceles?
No conozco estrictamente la situación de Costa Rica, sé que hay una idea de potenciar la seguridad ciudadana, pero esto es fuente de muchos problemas. Aquí tenemos que reflexionar sobre lo siguiente.
Se está intentando en el nivel mundial potenciar la seguridad ciudadana contra los intereses individuales de las personas. Un ejemplo tangible es lo que ocurre en Guantánamo. Es un lugar donde hay gente que lleva años y años privada de libertad sin juicio, sin abogado, en una celda como un animal. Eso se llama tortura, está prohibido por la comunidad internacional, pero hay ciertos mecanismos que hacen que se mantenga. Esto es muy preocupante, y los casos son muchos, no es solo es Guantánamo.
Entonces en algunos sectores el ciudadano deja de tener garantías. Pero no solo el que teóricamente pueda haber cometido un delito o no, sino incluso cualquier ciudadano normal. Nosotros somos vejados en los aeropuertos y no protestamos ¿por qué? Claro, es que lo hacen por el terrorismo.
También pasa con otro tipo de delitos…
—Con el narcotráfico pasa lo mismo. Claro, como eran narcotraficantes se les mató a todos y no pasa nada.
Y al que colaboró se le castiga con la misma pena que al que realizó el narcotráfico. ¿Por qué se castiga diferente al narcotráfico que un homicidio, por ejemplo? Hay delitos que están siendo tratados por medios especiales y con particular dureza en relación con los delitos normales, donde las reglas procesales cambian.
Esto supone crear una parcela que se conoce como “el derecho penal del enemigo.” Es decir, crear dos derechos penales, donde hay un derecho penal que cumple formalmente con las garantías de la revolución francesa, Declaración de derechos humanos, Pacto de San José (Declaración Interamericana de Derechos Humanos) que es tan importante, ese catálogo de derechos tan consensuados y tan firmes, que valen para todos los delitos, menos para unos pocos. Por ejemplo, los que realiza el terrorista. Y mucho más grave que la aplicación al terrorista es la aplicación al reincidente. Ahora en algunos delitos la tendencia es que tienen que seguir sometidos al control del Estado después de cumplida la pena; es decir, hay una pena añadida.
Esto es algo que está relacionado con sectores de la población a los que con criterios no suficientemente científicos, sino casi viscerales, se les considera enemigos de la sociedad: terroristas, delitos sexuales, de narcotráfico y algunos otros.
Ahora bien, ese catálogo de delitos el legislador lo puede ampliar, y esto es lo que preocupa.
El derecho penal y las garantías deben ser comunes para todos y tienen que estar conformes con el estado de derecho y a unos fines de la pena y el derecho de buscar la reinserción, aunque esto puede parecer utópico.
¿Y qué decir a las víctimas que se sienten desprotegidas por el sistema judicial?
—Las cosas no son solo blancas ni negras. La vida va repartiendo roles y va colocando a la gente a un lado o en otro por factores que a veces no son del todo racionales ni son claros. Una persona puede robar porque es un drogadicto, porque tiene una dependencia a unas sustancias que no puede dejar. Y podemos tratar a ese drogadicto como una persona normal y aplicarle la misma pena que si hubiera tenido pleno discernimiento de sus actos, con el argumento que es un drogadicto y un delincuente. Pero la misma persona que así juzga, si su hijo de 15 años es drogadicto, cambia de opinión. Claro, cuando les pasa a los otros vamos a defendernos y a hacer causa común, pero le puede pasar a él, porque nadie puede estar libre de que un hijo se le meta en el problema de la droga. Entonces esa persona cambia de opinión y dice: pero es mi hijo y hay que rehabilitarlo.
Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando justicia.
—En todos los delitos hay víctimas y es comprensible que las víctimas quieran hacer justicia. Es un drama personal irresoluble, y no se le puede decir a nadie: no, mire, su caso es irrelevante. Lo que no es legítimo es que los gobernantes reciban a esta gente y les digan: vamos a hacer lo que ustedes proponen con el código penal y les vamos a poner 55 años de prisión a los que realicen violaciones de menores. No se puede. Ese hombre o mujer que ha perdido a su hijo o hija que ha sido violada o asesinada quiere matar al agresor, y tiene todo el derecho del mundo a pedir la pena de muerte. Puede hacerlo porque su sufrimiento no lo va a pagar nada, nadie le va a compensar, pero que lo quiera a título personal, y es humano quererlo, no supone que el Estado lo deba hacer.
Y es un problema porque se abren campañas y votaciones detrás de casos puntuales, y el problema es que la gente pide cosas irracionales.
Yo no conozco casos en que la gente esté convencida de que lo que tiene es bueno y que no quiera endurecer las penas del código. Pero tiene que haber gente que desde la universidad y desde la ciencia expliquen por qué racionalmente el fin de la pena no puede ser ni la retribución, ni incrementar prisión a perpetuidad. Que tiene que haber una resocialización del delincuente -sabemos que a veces es difícil o casi imposible-, pero la privación de libertad tiene que tender a que esa persona se reinserte en la sociedad nuevamente.
