La necesidad de que el Estado aporte un adecuado financiamiento a las instancias de inteligencia policial, ante el poder desmesurado de los carteles internacionales de la droga, fueron algunos de los elementos que el Fiscal General, Francisco Dall’Anese, puntualizó en una entrevista con UNIVERSIDAD.
El funcionario además se refirió a los riesgos graves implícitos en el tema de la corrupción policial.
¿Cómo califica la capacidad del Estado costarricense para enfrentar al crimen organizado?
– Pasamos un escollo muy difícil que fue la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado, pero falta contenido económico. Esta ley prevé la creación del Centro de Intervención de Comunicaciones, que se debe construir; y la Plataforma de Información Policial que será la herramienta más importante y estará a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), también tiene que construirse y existe un compromiso del Ministro de la Presidencia para conseguir los fondos necesarios.
Una vez que se dota al Poder Judicial de esas herramientas, ¿queda alguna necesidad operativa que justifique la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) del Ministerio de la Presidencia?
– La DIS no tiene justificación, es una policía política que no tiene lugar en una democracia.
Se han dado casos preocupantes de corrupción policial, luego de que incluso la Ministra de Seguridad negara la existencia del problema. ¿Qué tan grave es esa situación?
– No existe un “corruptómetro” que nos dé la medida de la corrupción en términos cuantitativos; tampoco hay una diferenciación cualitativa de lo que es corrupción.
No puedo decir cuál es la penetración total de la corrupción en la policía, como tampoco lo puedo decir en el caso de la Fiscalía o la judicatura, pero se dan casos. Hemos encontrado policías involucrados con venta de drogas o en secuestros; recientemente recibí información que me hace sospechar que un policía avisa cuando se harán allanamientos. Todo esto es muy peligroso porque estamos en manos de la policía para todo, para la seguridad y para la represión. Cuando esta confianza se pierde, el país está en jaque.
Enfrentamos organizaciones narcotraficantes cuyo presupuesto puede ser más grande que el presupuesto nacional; a la policía le faltan recursos y el país no está muy dispuesto a invertir en seguridad.
La tentación de la corrupción es grande y se va a presentar para todos los funcionarios del país, desde quienes extienden una patente hasta fiscales o jueces, nadie es inmune. Se dice que todo el mundo tiene un precio; esperemos que el precio de los costarricenses sea tan alto que los narcotraficantes no lo puedan pagar.
Hay una realidad de que los salarios policiales son paupérrimos, las deudas altas, el nivel de gasto muy superior al de hace algunos años y en medio de este atropello económico se puede dar una tentación.
¿A cuáles organizaciones se refiere? ¿Qué carteles mexicanos tienen presencia en Costa Rica?
– No puedo decirlo y si pudiera no lo diría. La gente no ha medido la magnitud del problema que enfrentamos, que es el mismo de Colombia y México. Hace meses el presidente mexicano envió 30.000 soldados al norte de su país y no han logrado poner orden; este año llevan 1.500 muertos. Se trata de un ejército institucional que se enfrenta a un ejército privado que tiene todos los tentáculos para importar armas, tener cuarteles clandestinos y dotarse de un entrenamiento capaz de oponerse al ejército mexicano.
Ese es el problema que tenemos al frente, no estamos jugando Monopoly. Costa Rica no tiene efectivos para hacerles frente a estos carteles.
¿Enfrentar a un enemigo tan poderoso en comparación con la capacidad del Estado costarricense, no es como entrar a la cancha perdiendo 3-0?
– Entramos perdiendo 3-0 pero podemos ganar. Si vemos una sola vía de solución, como podría ser un enfrentamiento armado para poner en orden a los carteles, estamos perdidos. Si vamos a confiar en ganar todo en instancias judiciales, llevamos 20 años perdiendo. Se deben buscar varias soluciones; debemos enfocarnos en temas preventivos.
La prioridad de los capos es hacer dinero; golpearlos en la parte financiera es un frente importante. Junto al director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) hemos iniciado la redacción de un proyecto de ley sobre prevención del lavado de dinero y la corrupción, para que el Estado tenga un ente que detecte a tiempo los movimientos de capital y maniobras financieras.
Desde un principio, el país mostró vulnerabilidad y eso produjo que los carteles de la droga se establecieran aquí tanto para administrar operaciones de trasiego como para lavar dinero.
¿Qué tan avanzada está la penetración de las maras en Costa Rica? ¿Qué contacto tienen con los grandes carteles mexicanos de la droga?
– Es muy posible que lo tengan. La gente puede pensar que son turbas callejeras, pero son organizaciones estructuradas con capos y todo; la parte visible son los tatuajes, pero los grandes andan como usted o como yo. Los carteles le han dado la mano a estas organizaciones.
Aquí se han detenido unos pocos. La preocupación es que cuando se tiene temperatura posiblemente ya se tiene gripe y ya detectamos una modificación en el termómetro. La Fiscalía del Crimen Organizado ha estado vigilante y he mantenido contactos con el Fiscal General de El Salvador.
Usted ha dicho que en Costa Rica, en materia penal, no existe la cosa juzgada de manera definitiva. ¿Por qué?
– En un sistema judicial normal, las causas terminan en la apelación o casación; entonces las sentencias adquieren calidad de cosa juzgada material y no se puede reabrir la causa, salvo por motivos de revisión que la ley debe especificar en una lista cerrada de razones muy especiales, por ejemplo, que aparezca prueba nueva.
En Costa Rica, se estableció de manera muy abierta la definición de la violación al debido proceso como una causa para la revisión de las sentencias penales, quedó la posibilidad de discutir siempre si se cumplió con ese debido proceso.
Así, tras una condenatoria y rechazo de los recursos de apelación o casación, de inmediato la defensa plantea una revisión alegando que se violó el debido proceso, luego otra y todas las que sean necesarias según diferentes argumentos hasta dar con un juez que dé la razón. En derecho siempre hay recursos para decir que sí, que no o tal vez.
Entonces, quien tiene los medios puede evadir una condena.
– Si se tienen los medios, a futuro podría darse la maniobra política de colocar magistrados que determinen violaciones al debido proceso en aquellas causas que interesen a la clase política.
La ciudadanía tiene derecho a que haya cosa juzgada material, no puede ser que una causa se prolongue hasta el infinito. Esto sucede en casos no sólo de corrupción, sino de crimen organizado, homicidios; el caso de Parmenio Medina se puede seguir discutiendo hasta el infinito, como cualquier otro.
¿Es esto un elemento más que se debe tener en cuenta al esperar los resultados de los juicios de Rafael Ángel Calderón o Miguel Ángel Rodríguez?
– De todos los juicios. Al país le urge derogar esa causal de revisión. Ningún sistema civilizado puede discutir las causas por toda la eternidad. El agravante de todo esto es que las necesidades de justicia ante hechos concretos cambian con el tiempo, lo que se condene hoy, puede que dentro de unos años no tenga tanta importancia nacional y que a nadie le impresione que tras una revisión se absuelva a la gente.
En vista de la dificultad para lograr una sentencia en firme, la magnitud de los carteles de la droga que actúan en Costa Rica y del lavado de dinero, enfrentados con los recursos escasos del Estado, ¿qué esperanza alberga de cara a los próximos diez o quince años?
– Todo dependerá del compromiso que tengan los funcionarios que estén encargados del trabajo. Podemos tener las mejores leyes, pero van a ser adornos de biblioteca si no hay voluntad política para aplicarlas; es necesario un compromiso muy claro de las autoridades. Costa Rica puede resolver sus debilidades y vulnerabilidad institucional con leyes y el trabajo de funcionarios comprometidos; el país sólo tiene 51 mil kilómetros cuadrados, no tenemos las selvas interminables de Colombia ni los enormes desiertos de México. Para nosotros es más fácil controlar el lavado de dinero, encontrar los flujos de capitales y cortar la corrupción.
Pero suceden cosas como la de la Isla Segura, destinada a almacenar drogas para enviarlas a México en tiburones.
– Toda la vida nos hemos creído el pueblo elegido, pensamos que la Virgen de los Ángeles trabaja horas extras por nosotros y que somos una superraza, lo cual no es cierto.
Hasta hace muy pocos años la seguridad no era un tema en el país; no era una prioridad política para ningún gobierno el tener una policía profesional, inteligencia preventiva, medios de detección de redes criminales. No era una necesidad.
No puede ser que cuando se detectaron en 1986 los primeros 204 kilos de cocaína, se consideró que fue un hecho aislado que no volvería a pasar. Ahora, entre el 2006 y el 2007 llevamos 62 toneladas de cocaína decomisada; no sabemos cuántas pasaron.
Estamos llenos de “hechos aislados”; entramos en una etapa patológica de descubrir cosas por accidente. Definitivamente se tienen que tomar decisiones políticas para tener policía bien pagada, preparada y equipada.
No estamos buscando el autoritarismo, es necesario un equilibrio. Se pueden resguardar las garantías procesales de las personas y empresas acusadas, sin perseguir fantasmas de una manera que genere un gobierno autoritario. Hay que prevenir y luego reprimir todo lo que pueda afectar al Estado de derecho.
16-set-09
