Exfiscal asegura que la DIS se debe convertir en una policía especializada contra el crimen organizado, y dejar de ser una “policía política”.

La criminalidad no se reduce con más policías y jueces; la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) debe convertirse en una policía especializada; y  el enfrentamiento del OIJ y la fiscalía con la Universidad de Costa Rica la provocó la seguridad interna universitaria.

Estos son algunos de los criterios que deja el exfiscal general, Francisco Dall’Anese, tras su partida a Guatemala, donde se hizo cargo del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), órgano Naciones Unidas.

Previo a su salida, Dall’Anese realizó para UNIVERSIDAD un análisis de lo que fue su labor al frente del Ministerio Público desde el 2003.

¿Cómo queda la situación de la criminalidad en el país?

-El tema de criminalidad queda mal porque hay una progresión y penetración del crimen organizado, pues la falta de una plataforma de información policial, impide saber hasta dónde está penetrado esto y cuáles organizaciones hay, cuántas son  y dónde están.
Mientras no se cuente con la plataforma y con un diagnóstico, seguiremos ayunos de información; y sin información no se puede enfrentar bien el fenómeno.
Estoy optimista porque creo que lo que se hizo en Limón el año pasado, bajo el liderazgo del fiscal Celso Gamboa y con la cooperación amplia de la Fuerza Pública, y luego del OIJ, se logró reducir en un 50% la cantidad de homicidios. Si la seguridad ciudadana se mide por homicidios por 100.000 habitantes, antes eran 22, ahora son solo 11.
Siempre estamos en dos cifras, se demostró que cuando se quiere, se puede, a pesar de la escasez de recursos. La Plataforma es parte de lo que establece la Ley Contra el Crimen Organizado, y queda bajo la responsabilidad del director del OIJ, quien la debe administrar y dirigir.

¿Con esta plataforma, es necesario mantener la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) al mando del Ministerio de la Presidencia?

– Nunca he estado de acuerdo con que exista una policía política en el país. Hay una oferta del Gobierno de transformar la DIS en una oficina para la lucha contra la criminalidad organizada.
El OIJ no quiere crear una policía especializada contra la criminalidad organizada, entonces se debería aceptar la oferta del Poder Ejecutivo de transformar la DIS; eso sí, quitándole todo el tinte político que ha tenido hasta ahora, y que ha servido para realizar investigaciones de funcionarios y de políticos, lo cual es impropio de una democracia.

¿Era necesaria la aprobación de esta Ley Contra el Crimen Organizado, que usted tanto impulsó?

-Por supuesto que era necesaria, porque había que cumplir convenios sobre periodos más largos de prisión preventiva, crear nuevos instrumentos legales de investigación contra el crimen organizado; crear el Centro de Intervención de las Comunicaciones, que lo va a inaugurar la Corte Suprema de Justicia, es un proyecto del ICD, la Corte y el ICE.
Me parece que sí era necesario porque además se dan facultades a la policía y a los jueces sobre cómo darle tratamiento al crimen organizado.

Un grupo de especialistas indicó que en los últimos 25 años se realizaron cerca de 55 reformas parciales al Código Penal y las penas se duplicaron; pero la criminalidad no bajó. ¿Sucederá esto mismo con la Ley Contra el Crimen Organizado?

-No porque esta ley no se ha ocupado de penas, sino de procedimientos de investigación. La criminalidad no se va a eliminar porque haya amenaza de castigo.
Estados Unidos tiene pena de muerte, tiene 137 personas presas por cada 100.000 habitantes, y sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, junto con Rusia, que tiene cifras similares. Nosotros estamos por debajo de esas cifras, pero estamos alcanzado niveles de violencia muy complicados para nuestra realidad.
Se han aumentado penas, pero realmente lo único que puede disuadir al delincuente de cometer las acciones contra los ciudadanos es que haya una alta probabilidad de que lo vayan a capturar, y esto significa herramientas para la policía, herramientas procesales para el Ministerio Público y mayores poderes para los jueces para aplicar las medidas cautelares y las penas que correspondan.
No es con la amenaza de una pena alta con que el delincuente se va a inhibir de cometer el delito, porque en realidad planea el delito y planea la fuga, está seguro de que no lo van a capturar.
Si la probabilidad de captura aumenta, eso sí puede ser un disuasivo; pero hay que tener mucho cuidado, porque mientras no se eliminen las causas de los delitos que normalmente están en la adversidad social, no vamos a controlar el problema criminal, y eso no depende ni de jueces, ni de fiscales, ni de policías; depende del Poder Ejecutivo y Legislativo que son los que definen cómo se va a distribuir la riqueza del país.

Entre las críticas sobre su gestión, se ha dicho que los operativos en los que participa la Fiscalía son muy mediáticos, de show para la prensa. ¿Qué piensa de eso?

-Cuando la Fiscalía hace los operativos que no requieren de la participación de la policía, nunca salen por el periódico. Cuando interviene la policía siempre salen por el periódico, entonces tendrían que ver hacia dónde tienen que apuntar esas críticas.

Se menciona el arresto de Minor Calvo, de los expresidentes… que fueron muy publicitados.

-En el caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, está clarísimo que la prensa fue llevada por el ministro de Seguridad Pública (Rogelio Ramos).
Cuando se detuvo al expresidente Calderón, la prensa no tiene una sola toma de la detención, porque se hizo por parte de los fiscales. De manera que yo no acepto esa crítica; cuando es el Ministerio Público el que ha actuado nunca hay prensa, es cuando participa la policía que se filtra la información, y se reproducen estas escenas que impactan.

¿Considera desproporcionada la manera en que ingresaron la Fiscalía y el OIJ a la Universidad de Costa Rica en abril pasado?

-Eso fue un incidente desafortunado, del cual además no se ha informado lo que realmente pasó. El Consejo Fiscal y la Fiscalía General emitieron un comunicado en el que se señala que se respeta la autonomía universitaria, pero el delito hay que perseguirlo en todo el territorio nacional.
Ese día se iba a detener a una persona que es miembro de la seguridad de la Universidad,  pero  este huye hacia el campus. Los policías y fiscales ingresan y empiezan a recibir ayuda de la seguridad interna; pero cuando se dan cuenta de que al que iban a detener era uno de sus compañeros de trabajo, inician la agitación y son los causantes de todo el zafarrancho.
Si la persona no hubiera sido del servicio de seguridad interna, no hubiera pasado absolutamente nada. Esto fue un asunto de solidaridad corporativa y gremial, lo que desencadenó algo que no debió haber pasado, la detención debió haberse dado con total normalidad.
Yo tengo el informe del fiscal que estuvo ahí presente, y lo que señala es que hubo exceso de parte de ambos bandos; tanto policías como de manifestantes, pero eso está bajo investigación.

¿Acepta Francisco Dall´Anese el puesto en Guatemala porque es una oportunidad importante, o porque siente que en la Fiscalía de Costa Rica  le están poniendo trabas?

-Yo amenacé con renunciar el 27 de mayo, si la Corte no corregía las limitaciones que me ha impuesto el Consejo Superior del Poder Judicial, en mi criterio, contra la ley. Al día de hoy no los ha corregido, aunque la Corte anunció que analizará el problema , esto después de mi renuncia.
Si eso no se corregía, yo de todas maneras renunciaba, porque ya no podía desarrollar mi trabajo con las limitantes que me impuso el Consejo.
Después de haber señalado la posibilidad de irme de la Fiscalía, surgió la renuncia del doctor Castresana a la Cicig el 7 de junio, 10 días después de que yo le pedí a la Corte los correctivos o me iba, y como se me ofreció la oportunidad pues decidí aceptar.

¿Hay un grupo de magistrados metiéndole la “zancadilla” al Ministerio Público?

– No creo. Pienso que en algunos temas no hay claridad sobre lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, y en otras cosas. En la generalidad de la parte administrativa el Consejo Superior cree que puede intervenir en todo lo que haga el Fiscal, y no es cierto. Estarían invadiendo funciones y asumiendo competencias que no les corresponden.
Hay que separar lo funcional, que es el manejo de cada expediente y cada proceso, en lo que no se han metido el Consejo y la Corte; y lo administrativo, en lo que se ha metido el Consejo, sin tener las facultades para eso.
Lo que pasa es que si a usted administrativamente le van cortando toda la capacidad de movimiento, simple y sencillamente no se puede desarrollar el trabajo.

¿Cómo fue su relación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora? ¿Fue parte de los obstáculos a su trabajo?

-No, en modo absoluto. La relación con don Luis Paulino fue buena. Él fue mi profesor, mi amigo y mi jefe. Hemos tenido diferencias de criterio como suele suceder entre abogados, pero no hubo ningún conflicto que desborde la relación.

Hay quienes dicen que con su salida se corre el riesgo de que los expresidentes salgan airosos de los procesos que enfrentan, e incluso, que se abre el escenario propicio para que el expresidente José María Figueres vuelva al país, dado que muchos de los que están hoy en el gobierno, son sus amigos y fueron parte de su gabinete…

-Esas son hipótesis sobre las cuales yo no puedo opinar, hay casos que resolver, y yo sería muy irrespetuoso si dijera algo sobre eso.

¿Se dieron presiones y obstáculos a su trabajo luego de la detención de los expresidentes?

-No, no hubo una presión, ningún magistrado me dijo qué hizo, o qué no hizo, o deje de hacer…

¿Presiones externas?

-Bueno, uno podría pensar que la persecución que me hizo un grupo de policías y que lo publicó la prensa. Es uno quien le pone el tamaño a la presión; si uno le da importancia, tal vez se sienta presionado.

¿Qué opina del permiso que dio la Asamblea Legislativa para el ingreso de una flota militar al país? ¿Es ese el camino para combatir el narcotráfico que debe tomar el país?

-A mí me parece que el camino para combatir el narcotráfico es la policía, el experimento de México con militares lleva más de 22.000 muertos. Sin embargo yo no puedo hablar a favor o en contra de lo que decidió la Asamblea, porque eso sería invadir la competencia de otro poder.