El ingeniero civil Carlos Piedra apeló la licitación para construir puentes en el Caribe, por considerar que las condiciones del cartel excluyen a las constructoras pequeñas. (Foto: Katya Alvarado)
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó hacer cambios al cartel de una licitación abierta por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para construir 12 puentes en la región del Caribe.
Mediante una publicación en el diario oficial La Gaceta, se pospuso hasta nuevo aviso la recepción de ofertas, luego de que CGR resolvió favorablemente apelaciones presentadas por empresas constructoras que impugnaron requisitos del cartel, que a su juicio restringen las ofertas menores y favorecen a las grandes.
Se trata de la licitación de dos bloques de puentes “menores” (uno de siete y otro de cinco estructuras, por montos de ¢1050 millones y ¢500 millones, respectivamente), ubicados en su mayoría en la ruta 149 (Caribe Norte).
La construcción de estas estructuras es un proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que en enero último aprobó una inversión de ¢2.000 millones del Fondo Nacional de Emergencias, designándose como unidad ejecutora al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al cual se adscribe el CONAVI.
Los puentes ya habían sido sacados a licitación en el 2008 por la CNE (para reponer estructuras dañadas por el temporal en el 2007) y seis incluso habían sido empezados.
La CNE había pagado a la empresa contratista parte de los ¢497 millones presupuestados para esas obras. Los trabajos ya habían avanzado más de un 40%, pero la empresa no los concluyó, debido a objeciones de la Dirección de Puentes del MOPT, que encontró que las estructuras no cumplían las especificaciones técnicas.
La CNE no ha revelado cuánto fue el monto pagado. La semana pasada, a través de la oficina de prensa, se le consultó ese dato a la presidenta ejecutiva de la CNE, Vanessa Rosales, y al cierre de esta edición no había llegado su respuesta.
En un comunicado, la CNE indicó que “es indispensable enfatizar el hecho de que la actual administración de la CNE no ha girado ni un solo pago a la empresa contratada en el 2008, sino que, por el contrario, ha emprendido las acciones ante las instancias correspondientes para sentar las responsabilidades del caso, y procurar la recuperación de las sumas parciales pagadas por los 6 puentes, que no fueron concluidos e incumplen la normativa de construcción de este tipo de obras. No es posible brindar criterio o abundar en los datos de estas acciones, por respeto a la presunción de inocencia y al derecho al debido proceso de los involucrados.”
Explicó que la actual administración fue informada por el área técnica de la CNE en mayo del 2009, que se estaban presentando problemas de calidad y atrasos con la construcción de los seis puentes. De inmediato se solicitó una valoración a la Dirección de Puentes del MOPT, la cual indicó que las obras construidas no cumplían con la normativa vigente. Se inició entonces un proceso de rescisión unilateral de contrato, el cual culminó en enero del 2010 e incluyó la ejecución de las garantías rendidas por la empresa.
En cuanto se dio la liberación de los recursos comprometidos en la fallida contratación, la Junta Directiva de la CNE aprobó la contratación de estudios en los puntos de ubicación de 12 puentes, con base en los cuales la Dirección de Puentes del MOPT determinó a finales del 2010, el tipo de diseño adecuado a las condiciones de sitio.
Los planes de inversión para la construcción de los puentes, ubicados en los cantones de Guácimo, Siquirres, Pococí y Matina, fueron aprobados por la Junta Directiva de la CNE en enero pasado, y se designó a la Dirección de Obras Públicas del MOPT como Unidad Ejecutora, indicó la entidad.
RESTRICCIÓN
Carlos Piedra, uno de los empresarios que apeló ante la CGR, dijo que al sacar a licitación bloques de puentes o megaproyectos, se está restringiendo la libre participación, ya que las empresas pequeñas no tienen los recursos ni pueden mantener tantas cuadrillas como para atender simultáneamente la construcción de muchos puentes.
Como ejemplo de los requisitos restrictivos del cartel, mencionó que se pide tener disponible el 30% del monto de la obra contratada, o haber construido al menos tres puentes de longitud igual o mayor a la del mayor de los puentes licitados, 30 metros en este caso.
Según el contratista, esta modalidad no favorece el interés público, porque las empresas grandes, como saben que otras empresas no pueden participar, cotizan precios mayores a los que pueden ofrecer los pequeños, cuyo margen de ganancia es menor.
Al respecto, Johnny Barth, gerente de contratación del CONAVI, dijo que es una especulación afirmar que los precios salen más altos con las empresas grandes, y señaló que más bien a mayor escala los costos bajan.
Negó que el cartel restrinja la participación de las empresas pequeñas, pues nada les impide a estas hacer un esfuerzo y unirse en un consorcio para presentar una oferta en común. En todo caso, dijo, la Contraloría dirá quién tiene la razón.
