La fiscalización del sistema financiero despunta como un nuevo tema que podría entrar a investigar la Asamblea Legislativa en una comisión especial, tras denuncias que hicieron inversionistas y las diferencias sobre cómo se lleva la supervisión, que ventilaron Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central (BCCR), y Francisco Lay, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en comparecencias ante las diputadas y diputados la semana pasada.

Un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros entregaron una denuncia escrita a la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Legislativa, en la que afirman que hay “serios conflictos de interés” en la integración de los órganos de regulación y supervisión del sistema financiero nacional.

Sostienen que se está dando una influencia política de operadores del sistema financiero privados en los distintos niveles de jerarquía del sistema de regulación financiera, desde el BCCR, pasando por  el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y las superintendencias (ver gráfico), con efectos alarmantes, primero, en el mercado de valores.

Se trata de inversionistas que fueron clientes del puesto de bolsa que el Citibank cerró en el 2010, y aseguran que por una gestión irregular de sus recursos perdieron más de $2 millones (¢1.000 millones), y las denuncias que han puesto ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) han recibido resoluciones totalmente contrarias a los principios legales que protegen al inversionista.

“Consideramos que las mismas (resoluciones) son consecuencia de una estrategia integral que se ha venido desarrollando en el presente Gobierno, por medio de la cual la política ha metido mano por medio del Sr. II Vicepresidente de la República (Luis Liberman), como actor en el Sistema Financiero costarricense desde hace mucho tiempo. Por esa razón no nos ha extrañado la renuncia del Sr. Don Francisco Lay, quien en forma valiente ha puesto el dedo donde realmente es”.

Según William Chinchilla, abogado de los denunciantes, estos decidieron acudir a la instancia política de la Asamblea Legislativa, porque perdieron la esperanza de ser escuchados por las instancias administrativas encargadas de la regulación, las cuales se han contaminado, y lejos de darles garantía, nombran a personas que tienen conflicto de intereses.

En opinión del diputado José María Villalta (Frente Amplio), la banca privada tiene agarrados de la yugular y controla los organismos del Estado que dictan las políticas del sector financiero y los que deberían regular al sector financiero (ver recuadro “Cocinan reforma del mercado de valores”).

En su comparecencia ante la comisión de asuntos económicos, Lay ratificó las diferencias que ha tenido con el BCCR, por lo que considera medidas destinadas a controlar las entidades de supervisión, lo que viola el marco jurídico que les otorga autonomía para el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas, situación que ya había denunciado en días recientes mediante una carta pública en la que anunciaba su próximo retiro de la SUGEF, luego de que le solicitaron la renuncia.

“La situación que me obligó a dar por terminado mi contrato con responsabilidad patronal (no renuncia) por faltas graves del BCCR y el CONASSIF, obedece de forma puntual y exacta al hecho de que se han venido implementando acciones para controlar la superintendencia”, dejó claro el funcionario ante la comisión.

“Se está violentando la desconcentración máxima establecida por ley, a través de acciones administrativas, operativas y financieras, que limitan y condicionan el accionar de la superintendencia”, enfatizó.

Citó dictámenes en los que la Procuraduría General de la República indica que el CONASSIF y las superintendencias son órganos del BCCR, pero gozan de competencias propias, que ejercen a nombre propio y no como parte del ente rector. El legislador ha tenido especial cuidado en pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de las superintendencias que han sido creadas como órganos de desconcentración máxima, lo que implica que las leyes que se refieran a ellos deberán interpretarse a favor de la desconcentración.

De esta manera, Lay aludió a la argumentación del presidente del Banco Central, quien en su presentación a los diputados expuso la jerarquía que tiene el BCCR sobre las superintendencias en aspectos administrativos, así como en aspectos no desconcentrados por ley o no definidos por la ley, asuntos que son el centro de la discusión.

ARBITRARIO

Lay acusó al BCCR de girar órdenes para las que no tiene facultades, y entre los ejemplos mencionó costos irracionales y absurdos por servicios que cobra a las superintendencias, algunos de los cuales ni siquiera son utilizados. Como la SUGEF no ha recibido respuesta a sus reclamos, ha hecho los pagos bajo protesta.

Consideró que esto obedece a un traslado de costos del BBCR, para cubrir pérdidas de la entidad y que al final se termina cargando a los usuarios.

El presidente del BCCR, por el contrario, aseguró que el cobro se hace según una metodología basada en prácticas muy utilizadas en el mundo, “que no le dan ningún grado de arbitrariedad  al costeo del Banco Central”.

Según Lay, otros motivos de su protesta ante el BCCR  han sido la imposición de políticas presupuestarias, solicitudes para accesar sistemas y bases de datos de la SUGEF que contienen información confidencial de entidades y sus clientes, y presiones para que se integren los centros de cómputo de las superintendencias en el BCCR y este centralice las bases.

¿Por qué el BCCR quiere el control de la superintendencias; para qué lo quiere y de dónde provienen las directrices para estas acciones?, cuestionó Lay, tras indicar que “son aspectos que deberán ser investigados”.

Lay dijo que estos reclamos no son nuevos, pues lleva dos años de estarlos haciendo, y se habían presentado en una exposición que se le hizo a Alberto Dent, cuando presidía el CONASSIF. Fue un planteamiento con el que estaban de acuerdo las superintendencias, y se dijo entonces que se iba a estudiar el asunto, pero luego no se supo nada más.

Igual que lo hicieron otros diputados, José Roberto Rodríguez (Partido Unidad Social Cristiana) felicitó al superintendente, aún en funciones, por la entereza de denunciar ante la Asamblea Legislativa los errores en la administración del Banco Central, que nunca se conocen.

Es un tema del mayor interés para todos, porque es un problema de seguridad de la banca, de los inversionistas, y puede generar una inseguridad que no le conviene al país, dijo Rodríguez, por lo que propuso crear una comisión de la Asamblea Legislativa que investigue las irregularidades y plantee las soluciones correspondientes, mejorando la legislación para que haya una absoluta y total independencia entre las instituciones reguladoras.

Cocinan reforma del mercado de valores

El diputado José María Villalta aseguró que como los banqueros financian las campañas de Liberación y la Unidad, históricamente han venido controlando los últimos gobiernos, que ponen gente afín a ellos en el Banco Central, y han tratado de controlar las superintendencias.

Este grupo que controla el Gobierno, cuya cabeza visible es Luis Liberman, ha venido haciendo todo tipo de esfuerzos para tomar el control de los órganos reguladores, y capturar al regulador para que no dicte normas en perjuicio de sus intereses, aunque sean en beneficio de las mayorías, añadió.

Según Villalta, Liberman ha venido moviendo sus fichas para quitar  a personas que han tenido una mayor  independencia o que simplemente han discrepado de sus posiciones, como pasó en la SUGEVAL, y ahora en la SUGEF, y poner como en el caso de la SUGEVAL a un exempleado suyo en el Banco Interfín.

Recordó que él había denunciado que el vicepresidente  sacó un decreto creando una comisión que reforme todo el mercado de valores, y declaró confidencial el trabajo de la comisión.

Pero, ante la denuncia, el Gobierno derogó el artículo del decreto que declaraba la confidencialidad. Esto se origina en una propuesta del Banco Mundial. Lo que quieren hacer con el mercado de valores es meterle mano a la plata de las pensiones, el ahorro de los trabajadores, las asociaciones solidaristas y también a recursos de instituciones públicas, para hacer inversiones. Dicen que pretenden dinamizar el mercado de valores, pero es para especular con esa plata y dejarse la tajada. Lo están cocinando de forma secreta para hacer esa reforma, que es uno de los objetivos políticos de Liberman, y necesitan entidades regulatorias totalmente dóciles como la SUGEVAL, sostuvo Villalta.