Generación privada A derecho, pero más cara

La lesividad de los contratos, las tarifas más altas y la injerencia política en la generación eléctrica privada, fue discutida en una mesa redonda

La lesividad de los contratos, las tarifas más altas y la injerencia política en la generación eléctrica privada, fue discutida en una mesa redonda sobre los generadores privados en Costa Rica.

La mesa redonda «Los generadores privados en Costa Rica y la problemática tarifaria» tuvo como expositores a Adolfo Lobo, Mario Alvarado, Fabio Chaves, Rafael Corrales y José Benavides.

Si bien la generación de electricidad por parte de las compañías privadas se encuentra a derecho, los contratos mediante los cuales se fijaron las tarifas de pago para esta energía, estuvieron influenciados por favores políticos y por ello su costo resulta más elevado para los consumidores.

Más allá de los criterios técnicos, muchos de los contratos que hace varios años firmó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para comprarle electricidad a empresas privadas, estuvieron signados por los políticos de turno que buscaron beneficiar intereses propios o de allegados, con tarifas lesivas para el resto de los costarricenses.

Esto quedó en evidencia durante la mesa redonda «Los generadores privados en Costa Rica y la problemática tarifaria», realizada el pasado 21 de octubre en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR).



La actividad fue organizada por la Escuela de Ingeniería Mecánica y contó con la participación de Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), y Adolfo Lobo, director de la sección de energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).

También estuvieron como expositores Fabio Chaves, presidente de la Asociación de Empleados del ICE (ASDEICE); José Benavides, de la empresa hidroeléctrica Don Pedro; y Rafael Corrales, del proyecto Río Lajas. El moderador fue Luis Fernando Chanto, profesor de la Escuela.


Uno de los aspectos que captó más interés entre los panelistas, fue el juicio de lesividad de los contratos que planteó en 2000 la Contraloría General de la República y que hasta el momento no ha sido cumplido. El ICE, la Contraloría y la ARESEP, se han pasado, como si fuera una pelota, esta responsabilidad.

El delegado de la ARESEP -Adolfo Lobo-, fue parco en la mayor parte de sus intervenciones, tras alegar que esa institución no puede adelantar criterios, pues entorpecería negociaciones que realizan en torno a las tarifas.

Recordó el contexto en que se aprobó (1990) el proyecto para permitir la cogeneración eléctrica privada (Ley 7200), cuando Costa Rica tenía un problema serio de deuda externa y el ICE no podía endeudarse más, pero sí había que atender la demanda de electricidad del país.

En el ámbito actual, detalló que los contratos privados representan (lo que el ICE les paga) aproximadamente un 25% de los costos totales de operación y mantenimiento de esta institución.

A DERECHO

Por su parte, el representante de los productores -Mario Alvarado- defendió la legalidad de los contratos firmados por las empresas cogeneradoras con el ICE y las tarifas acordadas entre las partes. En razón de esto, rechazó cualquier cambio unilateral que se quiera hacer a esos contratos, ya que cualquier eventual acción afectaría no solo a los generadores, sino también el prestigio internacional del país.

El director ejecutivo e la ACOPE se quejó por lo que considera múltiples ataques contra la cogeneración eléctrica, luego del intento de aprobar el proyecto conocido como el «combo eléctrico».

Defendió la validez legal de las variables utilizadas para ajustar anualmente las tarifas de los productores eléctricos y negó que la Contraloría General tenga razón en reclamar que los contratos de 15 empresas firmados antes de 1995 no están contemplados por la ley.

Rafael Corrales, de la empresa Río Lajas, cuestionó que durante los últimos seis años el ICE ha utilizado para fijarles las tarifas, no el año base inmediato, sino anteriores, lo cual ha significado una disminución de las ganancias.

Por otro lado, el presidente de la ASDEICE -Fabio Chaves- criticó que la Ley 7200 introdujo un modelo de desarrollo eléctrico diferente al que había e incorporó uno que busca recuperar la inversión a corto plazo mediante  tarifas más onerosas para el consumidor.

El dirigente laboral se refirió a uno de los puntos medulares del polémico tema de la cogeneración privada y sus tarifas: la participación de los políticos para favorecerse por medio de los contratos. Esto ocurrió especialmente durante la administración de José María Figueres, cuya familia está ligada a algunos proyectos hidroeléctricos.

Chaves dijo que la ASDEICE pidió a la ARESEP que uniforme y actualice las tarifas, porque de lo contrario acusarán legalmente al ente regulador; además, le solicitaron que gestione la nulidad de los contratos.

En su opinión, ha faltado voluntad política para poner orden en materia de contratos y tarifas.

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