Una cara de la extrema pobreza en las calles de San José la semana pasada. (Foto: Katya Alvarado)

Reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema destaca como uno de los tres pilares en que descansa el programa de gobierno ofrecido por el Partido Acción Ciudadana (PAC), denominado Plan Rescate, que incluye “diez compromisos con Costa Rica” y 110 metas.

El nuevo gobierno diseñó una  estrategia de lucha contra la pobreza que ya fue presentada en el Consejo Social y será anunciada por el presidente Luis Guillermo Solís (próximo a cumplir sus primeros cien días al frente del Poder Ejecutivo), dijo Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano y presidente del Instituto Mixta de Ayuda Social (IMAS), entidad encargada de atención a la población en pobreza.

Para empezar, el Gobierno decidió cambiar el método para medir la pobreza. La semana pasada firmó una acuerdo con la Universidad de Oxford, para aplicar el “Índice multidimensional” de medición integral de la pobreza, desarrollado por esa universidad inglesa, cuya metodología se usa exitosamente en países como Chile, Brasil, Colombia, México, Sudáfrica y Vietnam.

Dicho mecanismo no solo toma en cuenta el ingreso de las personas para marcar la  línea de pobreza –como ha sido lo tradicional−, sino que incluye factores como el acceso a la educación, empleo, vivienda y la salud.

Esa información ya existe en la Encuesta de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero hace falta integrarla en un índice de pobreza, explicó Alvarado.

Las autoridades esperan utilizar la nueva medición a partir del 2015, junto con mapas georrefenciales de la población en pobreza y un registro único de beneficiarios que está en vías de implementación, lo cual permitiría enfocar y emplear más eficientemente las políticas, programas y recursos que las instituciones del Estado destinan en la lucha contra la desigualdad y la pobreza,

Se trata de ver la pobreza más allá y hacer un uso más eficiente de los recursos y las instituciones que trabajan en función del desarrollo humano, dijo la segunda vicepresidenta Ana Helena Chacón, coordinadora del área social del Gobierno (ver recuadro).

Para Chacón está claro que ningún país va salir de la pobreza haciendo solamente traslados de dineros a las personas, sin generar con estas herramientas movilidad social;  cuando hay un 20% de personas en condición de pobreza y no se sale de ese porcentaje, quiere decir que hay que hacer algo diferente, estima.

“Nos hemos planteado como un objetivo estratégico reducir la pobreza extrema; si utilizáramos bien los recursos del Estado, esta tendría que disminuir de una forma pronta”, externó Chacón, aunque advirtió que no tarea fácil y no quiere generar falsas expectativas.

El  20,7% de la población del país es pobre, lo que representa más de un millón de los 4,5 millones de habitantes del país, y 88.557 hogares viven en pobreza extrema (6,4% del total), según la encuesta de hogares del INEC.

El presidente Solís señaló que la nueva forma de medir la pobreza “es un esfuerzo que resulta fundamental en un gobierno que quiere efectivamente impactar esos índices de pobreza, que nos han afectado durante tantos años”.

Se trata de hacer un esfuerzo donde no solamente puede participar el Gobierno, sino también el sector privado; es un ejercicio que debe incluir −mucho más allá del Estado− a las fuerzas del país en su conjunto, ha puntualizado el mandatario.

DISPERSIÓN

El ministro Alvarado comentó que por ahora se mantienen los programas sociales que venían de administraciones anteriores, en los hay una dispersión “enorme”, por lo que hay que racionalizarlos.

Solo el IMAS tiene 23 programas, mientras que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) −el mayor fondo social de combate  a la pobreza en el país−  tiene 22 instituciones y 26 programas, detalló.

Una actualización de datos del IMAS reveló que de 55.000 familias que la entidad tiene registradas en el grupo prioritario, el 52% recibe beneficio de algún programa, mientras que el 48% de las familias más necesitadas que están registradas en el sistema, no están siendo atendidas por ningún programa, y por eso hay que focalizar la ayuda en los que más la necesitan, expresó Alvarado.

Con el registro unificado de beneficiarios y el índice multidimensional de la pobreza, se pretende que todas las instituciones midan la pobreza de la misma forma, y puedan actuar en una misma dirección, “que es lo que no está pasando hoy”, lamentó Alvarado.

Coto a la dispersión

La vicepresidenta de la República y coordinadora del área social del Gobierno, Ana Helena Chacón, aseguró que en estos primeros días de gestión, lo que ha visto es una carencia absoluta de articulación en las instituciones cuya función converge en desarrollo humano.

Por eso, hizo ver que lo primero que han hecho en el nuevo gobierno, es buscar mecanismos de articulación. Con ese propósito se firmó un acuerdo con Eurosocial −instancia que se dedica a dar a apoyo técnico a los gobiernos en temas de desarrollo social−, para generar esas articulaciones, en procura de que las instituciones se hablen y que el desarrollo humano se visualice como un tema integral. Es decir, que las personas no sean catalogadas en condiciones de pobreza únicamente por sus ingresos, pues hay también factores muy importantes, como el acceso a la salud, la educación, la cultura, de manera que la mirada debe ir más allá de lo hecho hasta ahora.

¿Y hay recursos? La respuesta de Chacón es que el país los tiene, pero hay que saberlos utilizar y racionalizarlos. “Quisiéramos más recursos por supuesto, pero con lo que tenemos queremos hacer una gestión mucho más eficiente”, afirmó.

¿Qué se ha hecho ya concretamente? Según la vicepresidenta, es mucho lo que está en marcha; por ejemplo, la elaboración de un plan para discapacidad en niñez y la adolescencia, estructurado con las instancias a las que les compete trabajar con esa población, y que ejecutará el Consejo Nacional de Rehabilitación.

Asimismo, se ha establecido en su despacho una mesa de trabajo del “Pacto para un país más inclusivo y accesible”, de atención a la población con discapacidad. Hay 165.000 personas en edad productiva con discapacidad, que no trabajan y eso afecta la pobreza, señaló.

Se ha estado trabajando en instancias, a fin de generar encadenamientos para mujeres, que permitan tener una mayor incidencia en la erradicación de la pobreza de mujeres, y se han hecho acercamientos a grupos de respeto por los derechos humanos, para visualizar la situación de la población sexualmente diversa, puntualizó.

Chacón aclaró que no van a quitar ningún programa y lo que quieren es una mayor articulación, de modo que no exista duplicidad de esfuerzos, que haya un solo norte y que los pocos recursos que tienen las instituciones “todos los pongamos en una misma olla que se llama Consejo Presidencial Social, desde el cual se articulen las acciones para generar mayores impactos.”

La lucha contra la pobreza

• Una persona se clasifica como pobre si su ingreso está por debajo de ¢100.943 en la zona urbana o ¢77.401 en la zona rural.

•88.557 familias están en pobreza extrema, lo que representa el 6,5% del total.

•El IMAS tiene 23 programas de combate a la pobreza, y Fodesaf tiene 22 instituciones y 26 programas.

•Fodesaf maneja un presupuesto de ¢462.000 millones, y el IMAS ¢121.000 millones.