El próximo 25 de febrero varias organizaciones sociales se unirán a una movilización en las calles. (Foto: María José Núñez)

El gobierno de Laura Chinchilla podría tener un cierre de su gestión lleno de protestas, movilizaciones, huelgas, paros y consignas de indignación, ante lo que consideran los movimientos sociales como deficientes políticas laborales y sociales que impulsó durante su administración.

UNIVERSIDAD conversó con diversos dirigentes sindicales, quienes aseguraron que el actual gobierno les queda debiendo en todas las áreas a los trabajadores y a los costarricenses en general.

Los sectores sienten que las promesas de campaña se quedaron en el papel y son testigos de cómo Costa Rica se ubicó en el primer puesto de toda Latinoamérica con mayor desigualdad social.

El Gobierno concluirá con varias denuncias pendientes de resolver ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por no garantizar los derechos laborales y sindicales de trabajadores de distintos sectores del Estado, a pesar de que en el último congreso mundial del organismo, el país se comprometió a honrar los convenios firmados.

Adicionalmente, la presidenta Chinchilla vetó un proyecto de Reforma Procesal Laboral, que estaba en la corriente legislativa y que tenía como objetivo establecer ciertas normas en materia laboral; aunque varios gremios no estaban de acuerdo con ella, otros habían negociado su aprobación con el Gobierno.

“La Presidenta deshonró su compromiso con la Reforma Procesal Laboral, que vendría a sentar una base para empezar a corregir la situación en derechos laborales; a pesar de que el Congreso ya había aprobado en dos debates la iniciativa, Chinchilla la vetó, en una de sus acciones más repudiables”, criticó Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Por su parte, Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), aclaró que si bien su organización no estaba de acuerdo con esta iniciativa, el Gobierno prometió ante la OIT la aprobación de una ley que viniera a resolver el derecho a sindicalización, a la huelga y a la convención colectiva.

“El Gobierno se va a ir con una serie de leyes de carácter sindical, que están presentadas ante el Congreso y que pretenden garantizar la acción del movimiento sindical y la protección del fuero sindical; por lo que vemos, ninguna de ellas será aprobada”, lamentó Chavarría.

Pero, si algo ha levantado roncha recientemente, fue el aumento salarial para los trabajadores del sector público de un 0,43% para el primer semestre del 2014, lo que significa unos ¢430 por cada ¢100.000 de salario.

Ante la molestia de los sectores sociales, el Gobierno defendió −en publicaciones en medios de comunicación− que ese porcentaje, sumado al 3,24% del segundo semestre del 2013, compensa la inflación.

Además, el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, argumentó que de los problemas más serios que tiene el país es el costo del empleo público, factor que se convierte en uno de los elementos que más incide en la desigualdad social.

Los representantes de los trabajadores pidieron un incremento del 3,62% y de un 5% para los puestos operativos, calificados y técnicos, cifra que el Gobierno descartó.

EDUCACIÓN EN DEUDA

Los empleados del sector educativo resienten una política que no cumplió con sus expectativas, ni las promesas hechas hace casi cuatro años.

Gilberto Barrantes, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), sostiene que las deudas son muchas, sobre todo en los programas estrella de  Chinchilla, como la Red de Cuido, tanto para niños como para adultos mayores.

“Se suponía que se desarrollaría un enlace entre los ministerios de Educación y Salud, para lograr llegar a esos sectores tan necesitados de la sociedad, pero no funcionó. Además nos quedaron debiendo en infraestructura, tanto de escuelas y colegios, y lo poco que se logró fue gracias al esfuerzo de comunidades o de la campaña electoral de los nuevos candidatos”, señaló Barrantes.

Otra de las críticas de Barrantes es que el Ministerio de Educación impulsó la reforma educativa de planes y programas académicos, pero estos nunca fueron revisados por docentes.

“Por ejemplo, en Español el Gobierno dice que los niños no tienen que aprender a leer y escribir en primer grado, sino que pueden extenderlo hasta tercer grado, mientras que en las escuelas privadas aprenden uno o dos idiomas más. En el sector público están atrasando a los niños, generando más diferencias sociales”, reprochó.

UN SEGURO DE SALUD ENFERMO

Mientras tanto, en materia de salud, las denuncias han sido amplias durante esta administración, como las millonarias deudas por parte del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como de las empresas privadas, que mantienen saldos vergonzosos con la institución.

También hay que sumar los recursos que debían girarse de las ganancias de las empresas públicas, establecidas en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, así como la deuda por el traspaso de programas y trabajadores del ministerio de Salud a la Caja.

Esto ha puesto en jaque el margen de maniobra de la entidad, con largas listas de espera en diversas áreas, deficiencia estructural de los centros de salud, falta de equipo y profesionales.

Para Fabio Chaves, dirigente del Instituto Costarricense de Electricidad, en el tema salarial, la administración quedó debiendo y no solo eso, sino que trató de cargar la responsabilidad del déficit fiscal en las espaldas de los trabajadores del sector público.

“Nunca se respetó la fórmula para establecer los salarios; por ejemplo, en el 2012 se dio por decreto un aumento de ¢5.000, asegurando que era por la fórmula, pero, ahora nos dan un 0,43% diciendo que no se puede utilizar la fórmula. No hay competitividad de salarios”, indicó Chaves.

El sindicalista hizo hincapié en que en materia eléctrica, de telecomunicaciones y transporte, el Gobierno no logró ningún avance, porque ni pudo complacer al sector empresarial con sus demandas,  ni hizo caso a los trabajadores, quienes presentaron propuestas para entrar a buscar soluciones a profundidad.

Sectores llaman a huelga

Ante el abanico de quejas que tienen los sectores sindicales y sociales, las distintas organizaciones han realizado encuentros para definir las acciones que tomarán en las próximas semanas.

Una de ellas es una movilización que está convocando la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y que será acompañada por trabajadores de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del ICE.

De acuerdo con Gilberto Cascante, de la ANDE, hacen un llamado a todo el pueblo de Costa Rica, a que se presenten el próximo 25 de febrero a marchar desde el Paseo Colón,  hasta el ministerio de Hacienda, diagonal al Teatro Nacional.

La consigna esencial es la indignación por el histórico aumento del 0,43%, el ajuste salarial más bajo en la historia de los trabajadores públicos.

“No vamos a pelear por más aumento, pero sí a exigir que en los próximos seis meses se tomen medidas para ayudar al pueblo, como congelar los precios de la canasta básica y de los servicios públicos, porque con las recientes alzas del dólar, la acción inmediata es el incremento de todos los productos y servicios”, advirtió Cascante.

Además de esta manifestación, diversas organizaciones sindicales llevarán a cabo un encuentro el 24 de febrero, en el cual analizarán la situación que vive el país y definirán acciones por tomar para marzo.

Según Luis Chavarría, de la  Undeca, durante el encuentro se verá el tema de decreto salarial, la política económica y social del país, y esperan que se sumen a la actividad no solo organizaciones sindicales, sino que lleguen representantes de organizaciones sociales y sociedad civil, pues la problemática golpea los bolsillos de todos los costarricenses.

“Estamos hablando de un dólar que va para arriba y eso afecta los bienes y servicios. Tenemos una juventud seriamente afectada por el desempleo y la falta de oportunidades para estudiar en universidades, pésimas estructuras en las escuelas y colegios. Las demandas serán muchas: costo de vida, salarios, derechos laborales, y esperamos contar con el apoyo de toda la población”, expresó.