En el plan de recorte del gasto fiscal presentado la semana pasada por la presidenta Laura Chinchilla es imprescindible incluir los multimillonarios gastos de la “planilla paralela” del Estado, para la que se presupuestó este año la “exagerada” suma de ¢374.000 millones en pago de consultorías en el gobierno central e instituciones descentralizadas.

La advertencia la hizo el diputado Luis Fishman, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en coincidencia con otros legisladores de oposición, que planean presionar para que se incluya el recorte de las consultorías  entre las medidas propuestas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal.

Las consultorías no figuraron en el plan B presentado por la mandataria, en sustitución de la reforma que intentó pasar con apoyo del Partido Acción Ciudadana, pero que naufragó en la Asamblea Legislativa por errores de trámite y falta de viabilidad política, debido a la oposición generalizada que suscitó.

Fishman llamó la atención de que el gasto en consultorías tuvo un incremento desmesurado en estos dos últimos gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN). Solo en el Gobierno Central (ministerios y otros poderes) se pasó de un gasto ejecutado en ese rubro de ¢14.000 millones en el 2011, a casi ¢30.000 millones en este año,  lo que representa un aumento cercano al 100%. En las instituciones descentralizadas el incremento fue de 54%, y en conjunto la suma presupuestada es de ¢374.000 millones en todo el sector público (ver recuadro “Planilla paralela”).

No se justifica que habiéndose creado 46.500 empleos públicos en los últimos cinco años, se gasten por otra parte ¢6.000 millones en contratación de servicios de abogados, ¢44.000 millones en contratación de ingenieros y ¢10.000 millones en contratación de economistas. ¿Para qué contrataron 46.000 funcionarios adicionales?, cuestionó el legislador socialcristiano con base en datos de entidades oficiales.

Con señalamientos similares, el diputado Víctor Emilio Granados, jefe de bancada del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), puso el ejemplo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde –dijo- este año se pretende gastar “descaradamente” más de ¢17.000 millones en consultorías.

En el ICE se van a destinar ¢240 millones para servicios jurídicos, ¢13.746 millones para servicios de ingeniería, ¢13.876 millones para servicios económicos y sociales, lo cual no es poca monta.

Dijo que, aunque aún no le habían suministrado el número de profesionales en esas ramas que tiene el ICE, se puede pensar que en la institución hay por lo menos 100 ingenieros civiles, 50 abogados y muchos otros profesionales que perfectamente pueden prestarle esos servicios a la entidad, con base en el sueldo que reciben mes a mes.

“Eso que ocurre en el ICE, ocurre en el Gobierno Central y en cualquier ministerio. Hace días las consultorías están sirviendo para pagar favores políticos de amigos y amigotes. Hace tiempo las consultorías están desvirtuando la razón de ser del funcionario y la funcionaria pública. Hace tiempo que nos están metiendo diez con hueco. Y llegó la hora de frenar este despilfarro de los dineros de todas y todos los costarricenses”, expresó Granados.

“Lo de las consultorías podría agregarse” al plan fiscal presentado por el Ejecutivo, dijo José Luis Villanueva, jefe de fracción del PLN, cuando se le consultó si se va a tomar en cuenta la demanda de la oposición sobre el tema.

Con su propuesta, la presidenta está dando una señal de que ahora va a poner énfasis en los egresos del Estado y los disparadores del gasto en que se pueda economizar, manifestó Villanueva.

Analistas señalan el auge de las consultorías como una manifestación del “Estado paralelo” que empezó  a generarse en los años 80, con los procesos de reestructuración de la economía inspirados en el modelo neoliberal que se expandió por el mundo.

A la sombra de esa corriente se propugnó el desmantelamiento del Estado, por considerar que este en sí es ineficiente y despilfarrador, y que había que transferir actividades y funciones al sector privado, que en el libre juego del mercado supuestamente produce con mayor eficiencia y calidad.

En ese contexto, cada vez se fue haciendo usual en el sector público contratar servicios mediante costosas consultorías, sin que con ello necesariamente se redujera la planilla ni el gasto. De esas contrataciones se beneficiaron amigos y allegados políticos, en el ámbito nacional e internacional, puesto que incluso los empréstitos y convenios de cooperación llegan amarrados a las consultorías.

No obstante, en opinión de Luis Paulino Vargas, economista de la Universidad Estatal a Distancia, actualmente se da un amarillismo mediático y demagógico en torno a las consultorías, que oculta el contexto de fondo al que están asociadas, y es el desmantelamiento del Estado social.

Más costosos y dañinos para el Estado que las consultorías son los procesos de concesión de obra pública, procesos que han estado  plagados de costosísimos fracasos y escasos logros,  que han causado enorme daño al Estado y forman parte del desmantelamiento de la institucionalidad del Estado social en Costa Rica, pero de lo cual no hablan el común de los políticos.

Más que dar el tijeretazo, lo que se necesita es recomponer y renovar la institucionalidad del Estado social, escribió Vargas en un artículo.

APUESTA

Según el diputado Fishman, la administración Chinchilla hizo una clara apuesta política de incrementar el gasto en sus primeros dos presupuestos 2011-2012. Esto, conociendo claramente que iba a incrementar el déficit fiscal, con la pretensión de darle sostenibilidad a una política populista para sufragar los gastos de su administración, particularmente en el año 2013, enmarcada en un nuevo proceso electoral para favorecer al PLN.

Como parte de esa apuesta política, el Gobierno no dio muestras serias de contener y reducir el gasto, como tampoco de reorganizar el Estado para incrementar los niveles de eficiencia.

Señaló que en el origen del déficit fiscal actual está también la orientación de la política fiscal que ha habido a partir del año 2006, en el gobierno de Óscar  Arias. Y fue el aumento de la planilla estatal de forma desmedida, como un concepto clientelista para favorecer al PLN en el proceso electoral del año 2010.

En este período se crearon 46.550 plazas para un crecimiento total del 28,09% de la planilla estatal, que en un marco de diversos regímenes de empleo y múltiples incentivos disparó de manera abrupta el pago de la planilla, indicó Fishman.

Planilla paralela

Las consultorías se ubican en el rubro presupuestario denominado “Servicios de Gestión y Apoyo”, el cual comprende los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, para realizar trabajos específicos. La prestación de estos servicios no implica la existencia de relación laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos que se rigen por lo estipulado en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como por las demás leyes conexas.

Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, profesionales y otros. También incluye, todas aquellas otras contrataciones con características similares, aun cuando no sean de carácter ocasional, pero que tienen en común la inexistencia de relación laboral, como es la contratación de servicios con sociedades anónimas laborales y aquellas que brindan servicios generales.

La mencionada partida presupuestaria se compone de siete subpartidas, a saber: servicios médicos y de laboratorio, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, servicios en ciencias económicas y sociales, servicios de desarrollo de sistemas informáticos, servicios generales, y otros servicios de gestión y apoyo, la cual comprende pagos por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras, para la realización de trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores.