Analistas creen que el código de ética en la función pública no lo aplicó parejo el Gobierno.

“La presente Administración observará los más altos valores éticos en sus acciones políticas y en el ejercicio de la función pública, y combatirá decidida y permanentemente la corrupción política y administrativa. El Gobierno tiene como uno de sus objetivos fundamentales asegurar el afán de servicio, la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, la honestidad y la racionalidad”.

¿Cumplió el gobierno del mandatario Óscar Arias Sánchez con las promesas que incorporó al decreto ejecutivo que emitió al asumir el poder el 8 de mayo del 2006?, es la interrogante que queda entre la ciudadanía al concluir su gestión cuatro años después.

Los principios éticos de servicio, integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez, racionalidad y liderazgo, algunas veces las aplicó el Gobierno y en otras no, como fue el último caso del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad –Pedro Pablo Quirós-, a quien el Ministerio Público le sigue un proceso por mal uso de fondos públicos.

El mandatario en este caso alegó que no le aplicaba este código de ética para el ejercicio de la función pública, porque faltaba menos de un mes para que concluyera su nombramiento y eso le podría provocar problemas de operación a la institución. Todo ello, a pesar de que dicho código estipulaba que debían separarse de su cargo, “en el evento de que un tribunal penal dicte auto de enjuiciamiento o elevación a juicio en su contra, por la supuesta comisión de cualquiera de los delitos contra los deberes de la función pública”.

Para algunos, como el sociólogo José Luis Vega Carballo, nunca como en este gobierno se cometieron tantas acciones que riñen con la ética y la legalidad, especialmente cuando las políticas económicas neoliberales sirven para que los funcionarios públicos y privados mezclen sin limitaciones ni control, sus intereses empresariales.

Algo similar opina el abogado y especialista en temas de corrupción, Pablo Barahona, cuyo balance de la Administración Arias en materia de hechos irregulares, se inclina hacia el lado negativo.

“Los casos son elocuentes y numerosos. Tenemos desde concesiones a familiares de ministros, hasta viajes diplomáticos con familiares de funcionarios públicos, con todo pagado, convirtiendo al Estado costarricense en casi una agencia o club de viajes, y esto solo para hablar de pequeña corrupción, porque se han denunciado casos muy serios de conflictos de intereses en instituciones”.

En coincidencia con Barahona y Vega, el sociólogo de la UCR –Roberto Salom- reconoció que en el gobierno de Arias “hubo hechos claramente lamentables de corrupción. No creo que sean imputables al gobierno en sí, pero sí a altos personeros de la Administración, que fueron conocidos por la ciudadanía”.

¿TRANSPARENCIA?

Para Pablo Barahona, las irregularidades en el gobierno de Óscar Arias son una contradicción con su política exterior, ya que hacia afuera su discurso fue de transparencia, de pureza. Sin embargo, “el comportamiento de este gobierno sabemos que es completamente otra realidad”.

Cuestionó el hecho de que Arias se haya mantenido a cierta distancia de lo que ha sido su manejo. “Creo que no fue prioritaria para él la lucha contra la corrupción y mucho menos la ética pública. Vea que todavía hace unos días salió el exministro (de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) Roberto Dobles defendido por el hermano del Presidente (Rodrigo), que ha hecho las veces de primer ministro”.

Criticó que algunos hechos no se han esclarecido y otros graves quedaron impunes, “como el famoso caso del memorando (Kevin Casas-Fernando Sánchez), en donde en realidad no hubo ningún juzgamiento para ninguno de esos funcionarios públicos”.

Según Barahona, el mencionado código de ética para el ejercicio de la función pública no sirvió para nada. “Lo he repetido en varias ocasiones: debemos tener claro que las normas y los códigos por sí solos no cambian nada y todo esto que ha pasado es una buena demostración de ello”.

Aunque no le atribuye la responsabilidad directa por los casos de eventual corrupción a los Arias, sí estima que “es un gobierno que se olvidó de mantener parámetros éticos elevados y la verdad es que ha dado un pésimo ejemplo a las futuras generaciones”.

Su conclusión es que “este gobierno es el ejemplo a no seguir, el peor de los ejemplos en términos de ética y legalidad; creo que la arbitrariedad ha estado presente; la violación al principio de legalidad ha sido constante, y eso tanto en altas como en bajas esferas”.

En relación con el papel de órganos de control y fiscalización, Barahona lo percibe como “tímido y refractario. Creo que hay un miedo tremendo de las autoridades públicas de este país, sobre todo de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de la Ética, y de la Contraloría General de la República”.

Considera que si bien los costarricenses pueden denunciar, si la respuesta es siempre negativa, huidiza, el denunciante no va a volver a hacerlo, pues no pasa nada”.

Mientras tanto, el sociólogo Roberto Salom asegura que situaciones de corrupción como las ocurridas durante la Administración Arias, “responden a una dinámica en la que cada vez más se confunde la gestión pública, con las ambiciones y los negocios personales”.

Al preguntársele si en este Gobierno hubo complacencia con los hechos de corrupción o los combatió con mano dura, expresó que “para mi gusto habría hecho falta una actitud muchísimo más severa, ante quienes de alguna manera transgredieron las normas del comportamiento ético en su debido momento”.

Citó como ejemplo el caso del memorando Casas-Sánchez, en el que “nos quedaron debiendo las altas autoridades”, al igual que en otros.

Salom opina que las tendencias que buscan vulnerar el Estado de bienestar de las instituciones, mediante la apertura, privatización y desregulación de los entes estatales, sumadas a la participación en este proceso de empresas multinacionales que promueven la corrupción, son factores que inciden en esa mezcla donde se confunden los intereses públicos y los privados.

Sin que implique una acusación por actos de corrupción, el sociólogo es del criterio que no toda la gestión  de Arias fue transparente, dado que hubo muchas cartas debajo de la mesa que no se ventilaron en público.

Lunares de un gobierno

Tráfico de influencias, desvío de fondos públicos a manos privadas, negligencia en el cargo, despilfarro de recursos públicos o beneficio propio, son algunas de las modalidades que exhibieron diversos funcionarios durante la Administración del presidente Óscar Arias.
A continuación se enumeran algunos casos que fueron noticia en los cuatro años y que pudieron irrespetar el código de ética en la función pública, instituido por el mandatario Arias al asumir el poder.

-Renuncia del exministro de Vivienda, Fernando Zumbado, por usar fondos de cooperación de Taiwán mediante una fundación a la que pertenecía.

-Uso de fondos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar asesorías contratadas a exfuncionarios cuestionados y a conocidas personas ligadas al Gobierno.

-El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, dio una concesión minera a un familiar, y lo mismo hizo el viceministro de Transportes, Pedro Castro.

-El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, dio contratos a empresas que figuraban como clientas de su bufete.

-Estrategia gubernamental para manejar de manera discrecional y secreta
recursos dados por el BCIE al país.

-Manejo con secretismo de las relaciones con China y la venta multimillonaria de bonos a ese país.

-Mal uso de los recursos públicos, como pago de cuentas en restaurantes, viajes en las avionetas estatales con fines no oficiales.

-Empleo de recursos públicos para promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el referendo al respecto.

-Decretos de interés nacional para favorecer a determinados grupos o empresas.

-Ofrecimiento de motos BMW y automóviles Mercedes Benz para quienes apoyaran el TLC con Estados Unidos.