Una verdadera aristocracia financiera opera en el país, donde unos pocos altos jerarcas se llevan cada mes millonarios salarios, entre ellos un presidente de banco estatal que gana más que Barack Obama y un superintendente de seguros que recibe un salario mucho más elevado que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla.
Los salarios de estos privilegiados empleados públicos van desde los ¢5.7 millones, hasta los ¢20 millones mensuales, que es una recompensa al juramento que hicieron de trabajar por el desarrollo del país.
En respuesta a los cuestionamientos realizados en los últimos días, sobre los desmedidos y desiguales pagos que hacen las entidades financieras y algunas autónomas para pagar estos salarios, los funcionarios han argumentado que trabajan en una institución que se desarrolla en un mercado de competencia y por ello, los sueldos también deben ser competitivos.
Mientras tanto, el Gobierno impulsa una
serie de iniciativas para congelar los salarios más elevados de las otras instituciones públicas del país, y ya presentó un anteproyecto con el cual pretenden eliminar los incentivos salariales y conquistas laborales obtenidas por los trabajadores a lo largo de muchos años.
Con la llamada equiparación salarial para empleados públicos, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, lanzó semanas atrás una iniciativa para reducir al máximo los pluses salariales, como anualidades, viáticos, dedicación exclusiva, y, asimismo, aplicar un sistema de evaluación por rendimiento.
En su presentación, la Ministra aseguró que el esfuerzo está orientado a aprobar un proyecto de ley que genere equidad entre los salarios de todos los empleados públicos.
Dichas iniciativas también buscan aliviar el presupuesto nacional, el cual -aseguran las autoridades del Gobierno- está a punto del colapso, por el enorme peso que significa el pago de planillas y el incremento anual que presenta por las convenciones colectivas y pluses aprobados en el pasado por otros gobiernos.
No obstante, jerarcas de bancos estatales, del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quedaron fuera de estos proyectos, y mantienen los exorbitantes salarios que se han dado a conocer.
El más impresionante salario es del gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Fernando Naranjo, quien devenga un salario -a agosto de 2012- de ¢20.368.177, de acuerdo con datos suministrados por el despacho del diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Otro funcionario que tiene un elevado salario es Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica, quien recibe ¢13.801.200, según información suministrada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
A este le sigue el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, con ¢12.813.450; Gerardo Porras, gerente del Banco Popular, con ¢12.160.233; y el superintendente de seguros, Javier Cascante, que tiene un sueldo mensual de ¢11.881.815.
Adicionalmente -explicó a UNIVERSIDAD José María Villalta, diputado del Frente Amplio-, algunos de estos funcionarios reciben bonos y pluses salariales cada cierto tiempo, como Fernando Naranjo, quien en junio de este año recibió un bono semestral por productividad, que lo hizo acreedor de un salario de ¢34 millones.
“El gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo, llegó a devengar un salario de ¢34.294.033.75, en junio de 2012 según el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”, dijo Villalta, quien exigió al funcionario explicar este ingreso.
En contraste, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, en agosto del año en curso ganó un salario de ¢5.043.123,00, según el mismo sistema de la CCSS.
“Creo que es totalmente abusivo y desproporcionado lo que hace el Gobierno con las altas jerarquías de estas instituciones, pues ha montado un régimen de salarios que no guardan relación con la realidad del país y son reflejo de la desigualdad salarial y económica; es una forma de pagar favores políticos a pegabanderas”, reprochó Villalta.
¿COMPETENCIA O DESIGUALDAD?
“La excusa de las autoridades es que los bancos están en competencia y por ello deben dejarlos fuera de los proyectos de equiparación salarial, pero se les olvida que la Imprenta Nacional opera bajo competencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, opera bajo competencia con la medicina privada, y la Educación Pública está en competencia con la privada, y ellos sí están dentro de los planes de recortes a los salarios de los trabajadores”, manifestó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
Estos salarios no son competitivos, ni con las entidades privadas, ni con los otros trabajadores de las instituciones, ya que los datos que maneja el Frente Amplio es que los salarios de gerentes de bancos privados no están ni cerca de los ¢20 millones.
Villalta detalló que tiene información de que a lo interno del Banco Nacional de Costa Rica, donde labora Fernando Naranjo, los salarios de los trabajadores rondan entre los ¢200.000 y ¢500.000 para la mayoría.
“Esta es la radiografía del país, donde una cúpula vinculada con el poder político empresarial está recibiendo ganancias como nunca, mientras que los ingresos de la mayoría decrecen o se mantienen estancados. La presidenta Chinchilla gana ¢5 millones y los diputados no llegan a ¢3 millones; realmente esto es un botín político, una forma de saqueo de las instituciones que usan los partidos tradicionales”, acusó Villalta.
Por su parte, el secretario de la ANEP aseveró que estos salarios excesivos demuestran la desnaturalización profunda que hay de la banca estatal; es un fiel retrato de la concentración de riqueza que existe en Costa Rica.
“Es absurdo hablar de reducir los pluses salariales de empleados públicos comunes, cuando en realidad lo que debería estar haciendo el gobierno de Laura Chinchilla es haber empezado por los altos jerarcas”, censuró Vargas.
Con esto el Gobierno lanza un mensaje clarísimo: la crisis se la cobran a los que menos recursos tienen, a los trabajadores de las entidades, a quienes se les ha venido sacrificando y aceptando que se recorten sus salarios porque la situación está mal, mientras que unos pocos, fichas del Gobierno, se están haciendo cada vez más millonarios a costas del pueblo, agregó.
Cree que todo esto le resta al gobierno de Laura Chinchilla no solo credibilidad, sino autoridad para imponer un proyecto para eliminar pluses y beneficios salariales de las masas trabajadoras del sector público; por lo tanto, deberían replantearse el camino por seguir en materia de salarios, advirtió.
