La incapacidad de la administración del mandatario Abel Pacheco para atender los problemas a tiempo y evitar los conflictos sociales, es analizada por varios especialistas de la Universidad de Costa Rica.
Los temas de pensiones, salaries de docents y defensa del ICE motivaron a las personas que se manifestaron en la marcha del pasado 4 de junio.
Debido a que reacciona ya cuando está «contra la pared», el gobierno de Abel Pacheco se ha dedicado en las últimas semanas a apagar los «incendios» sociales que «calientan» su gestión presidencial y la tranquilidad del país, en lugar de desarrollar un mandato que prevenga los conflictos.
Así opinaron algunos analistas consultados por UNIVERSIDAD, apenas unas horas después de que bajaron de intensidad las llamas de la huelga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y mientras se mantenía sin resolver la del Magisterio Nacional.
Ante el malestar que experimentan diversos sectores contra algunas políticas y deficiencias de la administración Pacheco, empleados del sector público y miembros de organismos no gubernamentales se unieron el pasado 4 de junio en una multitudinaria marcha, que culminó frente a Casa Presidencial, en Zapote.
Al igual que anteriores mandatarios enfrentaron protestas masivas durante su gestión, Pacheco tuvo lo suyo con la manifestación del 4 de junio, cuando más de 200.000 exigieron frente a la sede del gobierno recursos financieros para el ICE y el pago puntual de los salarios de los educadores, así como respeto a sus derechos de jubilación.
Al cierre de edición (9 de junio), los jerarcas » apagaincendios» del gobierno continuaban con sus esfuerzos por enfriar el caldeado sector educativo y llegar a un acuerdo que finalice su huelga de casi tres semanas.
Sin que el país terminara de volver a la normalidad, al inicio de la semana pasada politólogos de la Universidad de Costa Rica (UCR) consultados por este Semanario percibieron como perdedor en estos conflictos sociales al gobierno.
Acerca de esta temática opinaron Juany Guzmán, directora de la Escuela de Ciencias Políticas; Rodrigo Madrigal Montealegre, profesor de esta unidad académica; la directora del respectivo programa de maestría, Gina Sibaja; y el docente de la Facultad de Derecho, Walter Antillón.
Cabe recordar, que como puntos acordados para acabar la huelga, la administración Pacheco se comprometió a respaldar la solicitud del ICE ante el Banco Central, para que le apruebe la emisión y venta de $60 millones en bonos; y no ejercer ningún tipo de represalia contra los trabajadores o dirigentes huelguistas.
Además, aceptó integrar una «Comisión de Alto Nivel del Gobierno», orientada al «abordaje de los temas de interés nacional de los sectores sociales», entre ellos el de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
GANADORES Y PERDEDORES
En relación con los resultados de las negociaciones para terminar las huelgas, a la directora de la Escuela de Ciencias Políticas — Juany Guzmán– le pareció prematuro opinar sobre quién ganó en este conflicto. Sin embargo, vio como perdedores a los renunciantes ministros de Educación Pública –Astrid Fischel–, y de Hacienda –Jorge Bolaños–, y en general a la administración Pacheco, en vista de que la ciudadanía ha perdido la confianza de que los problemas se resuelvan mediante la negociación y sin necesidad de recurrir a las protestas.
De esta percepción, la politóloga coligió que podrían verse entonces como ganadores no solo a los grupos sindicales del ICE, sino también a su junta directiva, al garantizarse con el arreglo un fortalecimiento de la institución. No obstante, advirtió que todavía falta ver si el Banco Central autoriza la emisión de bonos y la finalización de la huelga del Magisterio Nacional.
Al precisar sobre la actuación del gobierno, Guzmán advirtió que «quedó la sensación de que se le vinieron los acontecimientos encima en vez de preverlos y le dio largas al asunto. Fue muy interesante observar que hasta el último momento, la misma Asociación Nacional de Educadores – el sindicato más fuerte del Magisterio- se contuvo para lanzarse a las calles. Es decir, hubo chance de que esto no se convirtiera en una bola de nieve».
El analista Rodrigo Madrigal Montealegre coincidió con esta apreciación y puntualizó que «desgraciadamente el gobierno está dividido y no ha encontrado su rumbo, aparte de que está constituido por personas con posiciones muy contradictorias».
Al ahondar sobre esto último, comentó que hay una «camarilla» que pretende privatizar los activos del Estado, mientras que otro grupo está dispuesto a respetar la voluntad mayoritaria de mantenerlos bajo el dominio estatal.
En criterio de la directora de la Maestría en Ciencias Políticas —Gina Sibaja–, más que una deficiencia en el estilo de gobierno de Pacheco, hay un agotamiento de los espacios de discusión institucionales, por lo que se debe innovar en este campo.
De acuerdo con Madrigal, de la efervescencia social de las últimas semanas salió como ganador el país, al evitarse que se cometiera un injusticia y un » gravísimo error» contra una institución como el ICE, «benemérita y venerada por los costarricenses».
El acuerdo entre el gobierno y el ICE, según Madrigal Montealegre, constituye una derrota para «aquellos que quieren entregar el país, para los que pretenden que caigamos en manos de las grandes corporaciones y que quieren que entreguemos lo más valioso».
Como perdedores mencionó al Fondo Monetario Internacional, algunas «camarillas» empresariales, bufetes y consultorios de economistas que se benefician con la venta del país.
Una visión distinta externó Sibaja-, quien rechazó la idea de hablar de ganadores y perdedores, y alegó que «lo que pasa dentro del ICE no puede estar planteado en términos de intereses corporativos o gremiales. Hace falta en este momento despolarizar las posiciones -tanto del gobierno como del ICE- y someterlas a debate público, para saber qué es lo que realmente queremos de la institución».
En cuanto a la huelga del sector docente, aseveró que «la manifestación es legítima, y el cambio de ministra es una evidencia del gobierno de querer arreglar las cosas».
PARTICIPACIÓN SINDICAL
Por otro lado, respecto a la polémica que ocasionó la parte del acuerdo que dio participación futura a los sectores sociales en la definición de la agenda nacional, Guzmán aseguró que de ninguna manera esto es peligroso, dado que en la medida que se le dé esta posibilidad a la sociedad civil organizada, «se garantiza una construcción de acuerdos mucho más legitimados y pluralistas».
Para ella, lo interesante sería saber si estos acuerdos se lograron de una manera «reactiva» o como parte de una agenda programada por el gobierno. Creo que lo que algunos han cuestionado no es la participación que se le da a la ciudadanía, sino la forma en que esto se dio y si afecta la institucionalidad democrática, acotó.
Tampoco Madrigal Montealegre se opuso a que los sectores sociales tengan injerencia en la definición de la agenda nacional, ya que «todo gobierno está influenciado por grupos de presión: cámaras empresariales, de profesionales, el FMI, la iglesia; eso es normal y las presiones que han ejercido los sindicatos no deben provocar temor entre los ciudadanos, pues han sido de gran altura y patriotismo. Debemos cuidarnos más de quienes pretenden entregar el país, que de quienes buscan defenderlo», reclamó.
Al respecto, Sibaja concordó con los otros analistas, al considerar que esta participación es normal, «si lo que se busca es generar legitimidad en la toma de decisiones del gobierno y evitar con ello que ésta se alcance en las calles».
Mientras tanto, al preguntársele a Guzmán si los conflictos sociales ocurridos se traducirán en mayores dificultades a la hora de gobernar para Pacheco, afirmó que «la dinámica social y política no implica ingobernabilidad».
Explicó que «a veces se trata de forma ligera el concepto de gobernabilidad, como si este significara que todas las personas deben estar calmadas, no protestar y que el gobierno tenga todo controlado. Gobernabilidad es la capacidad de poder diferir, sin llegar al conflicto ni a la desestabilización social».
Guzmán detalló que los diferendos sirven para poner a prueba la capacidad de gestión de un gobierno y estos desafían el liderazgo que debe tener el mandatario en la conducción del país, para lo cual fue elegido.
Acerca de este tema, Sibaja criticó que algunos sectores gremiales han asumido las protestas como una práctica que le parece peligrosa. «Esta ha funcionado en algún momento, pero no puede ser un instrumento utilizado permanentemente para presionar».
UNA MARCHA DE DESAHOGO
La multitudinaria marcha del pasado 4 de junio, se convirtió en el desahogo para más de 200.000 personas molestas con los desaciertos del gobierno de Abel Pacheco, especialmente los referentes al Magisterio Nacional y al ICE.
En un desplazamiento que acaparó los cuatro carriles de la avenida que enlaza San José con San Pedro de Montes de Oca, el bloque marchante fue tan extenso que tardó 40 minutos en pasar por la Fuente de la Hispanidad.
En relación con esta marcha del 4, la directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR –Juany Guzmán– estimó que más que una actividad que muestra la fortaleza de los movimientos sociales, fue la suma de aspectos y malestares diversos, como la discusión del futuro del ICE, y los problemas de salarios de los educadores. «Estas marchas no deben llevar a las organizaciones sociales a cantar victoria», advirtió.
Lo que urge es discutir la política económica y social que debe ser aplicada en el país, en lugar de seguir atrapados en lo coyuntural y en la agenda de corto plazo.
Entretanto, el profesor Madrigal Montealegre calificó la marcha como un movimiento patriótico, «la continuidad de una lucha como la que se dio contra el combo del ICE».
Por su parte, la directora de la Maestría en Ciencias Políticas – Gina Sibaja-, dijo no estar convencida de que esa marcha fuera parte de un movimiento social y más bien la vio como un acto coyuntural, en defensa de intereses determinados y no necesariamente los de la población costarricense.
ACUERDO LEGÍTIMO
El Poder Ejecutivo tiene plena competencia para establecer un acuerdo como el que firmó con los sectores sociales el pasado 5 de junio, cuando puso fin a la huelga del personal del ICE y dispuso que los sindicatos tendrán participación a la hora de definir la agenda nacional.
Así lo aseguró el profesor Walter Antillón, al referirse al conflicto que se suscitó entre miembros del gabinete y la Presidencia de la República, por la firma del mencionado acuerdo, el cual fue calificado por algunos como un «golpe de Estado técnico».
Rechazó que dicha acción pudiera tener vicios de inconstitucionalidad y recordó que han sido creadas algunas comisiones mixtas, en las que hay miembros gubernamentales y de la sociedad.
«Esto no es trasladarle ninguna atribución del Estado a estas personas; simplemente están negociando. Se reúnen con funcionarios públicos y discuten los temas de interés. Corresponde al Presidente o sus ministros tomar después en cuenta esos criterios a la hora de tomar las decisiones».
