Cambios en permiso a la explotación de especies amenazadas

Gobierno y científicos encienden polémica sobre protección de vida silvestre

Ambientalistas sostienen que modificaciones a regulaciones vigentes buscarían favorecer la explotación comercial de especies amenazadas; jerarca de Ambiente aduce buscar mayor rigor científico.

Mientras la semana pasada los bombos y platillos del Gobierno se centraron en una importante ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, al mismo tiempo científicos y activistas ambientales alzaron la voz ante lo que consideran es la intención del Poder Ejecutivo de relajar las vías por las que se autoriza la explotación y comercialización de la vida silvestre amenazada.

Se trata de miembros del Consejo Representante de Autoridades Científicas (CRAC) establecido como parte de los compromisos adquiridos por el país como signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Randall Arauz, presidente y fundador del Programa Restauración de la Tortuga Marina (Pretoma), representa al sector de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el CRAC-Cites y denunció ante UNIVERSIDAD que el Gobierno busca que haya “interferencia política en las decisiones” del Consejo.

“Hemos conocido una versión de un decreto que buscaría cambiar la manera como se rige el Consejo”, añadió. Tras apuntar que las personas que aportan su trabajo a esa instancia lo hacen ad-honórem, especificó que “el Gobierno quiere que ahora se le presenten listas de expertos a quienes escogerá para que integren comités no permanentes”.

Estos comités asumirían el trabajo de dictaminar si se le da luz verde a la caza, pesca o extracción con fines comerciales de especies animales o vegetales amenazadas.

El CRAC-Cites es conformado por representantes de las universidades públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de diversas instancias competentes de gobierno y es la instancia encargada de emitir un dictamen de extracción no perjudicial (DENP) cuando exista una iniciativa por explotar algún recurso silvestre, como el tiburón martillo.

Los cambios denunciados por Arauz forman parte de los compromisos asumidos por el gobierno el pasado 2 de setiembre en negociaciones sostenidas tras una manifestación del sector pesquero.

Sin embargo, el ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, salió al paso de esas aseveraciones y expresó que la reforma que pretende no obedece a ningún pacto con los pescadores y que más bien busca procurar que impere un criterio científico (Ver recuadro “Que prevalezca la ciencia”).

Por otra parte, Juan José Alvarado, científico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la UCR y representante de la Universidad ante ese Consejo, explicó que aunque el problema se presentó a causa de la explotación de tiburón martillo, afectará el comercio de todas las especies amenazadas, pues según detalló el CRAC-Cites recibe solicitudes de exportación o importación de otras especies cuyo uso comercial es permitido, como lagartijas o ranas; se conoció incluso una iniciativa de importar pumas de Guatemala para el zoológico Simón Bolívar.

COMPROMISOS Y CONTROVERSIAS

“El Gobierno de Costa Rica se compromete a no proponer, ni apoyar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en la Convención Cites o en CMS”. Ese es solo uno de los compromisos que el poder Ejecutivo asumió con el sector pesquero hace poco más de un mes, tras un pequeño movimiento de bloqueos.

El texto de los acuerdos asumidos por la administración Solís Rivera fue hecho público luego de que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, contestara el requerimiento de esa información por parte de las organizaciones Pretoma, Mar Viva y Conservación Internacional.

Como se dijo, la Cites busca que el comercio de especies silvestres no alcance una magnitud tal que implique la amenaza o extinción y Costa Rica la firmó y ratificó en 1975. La Convención para la Conservación de las especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) es una iniciativa amparada por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas de la cual Costa Rica forma parte desde el 2007.

Cabe recordar que las especies de tiburón martillo fueron incluidas en la Cites gracias a una lucha que dieron Costa Rica, Honduras y Brasil en el 2013. Específicamente fueron incluidas en el Apéndice II, lo cual quiere decir que se permite su trasiego pero debe contarse para ello con un DENP afirmativo.

El gobierno pactó que presentaría un decreto para “realizar una actualización” al reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre en lo referido a la Cites, con el fin de “mejorar los mecanismos de transparencia y rigurosidad científica” de la implementación de esa Convención.

Además, el poder Ejecutivo asumió la tarea de “iniciar contactos” con agencias exportadoras que se niegan a trasegar “productos y subproductos de tiburón” -como las aletas-, así como con “casas matrices transportistas” para “facilitar las aclaraciones pertinentes” y convencerles de que trasieguen con estos productos provenientes de especies amenazadas.

En total el Gobierno firmó ocho acuerdos que también tienen que ver con pesca del camarón o la piangua.

Un antecedente importante a estos acuerdos y que subyace detrás de la enunciada necesidad de mejorar la “transparencia y rigurosidad” de la aplicación de Cites, es un diferendo sostenido entre el Instituto Costarricense sobre Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el CRAC-Cites precisamente sobre la posibilidad de explotar el tiburón martillo.

El Incopesca goza de reconocimiento como autoridad científica dentro del Cites y en diciembre del año pasado emitió un DENP de cuatro páginas al cual UNIVERSIDAD tuvo acceso, en el que autorizó la exportación de tiburón martillo “basándose en la documentación presentada por el exportador” y en datos provenientes de inspecciones del mismo Instituto sobre las descargas en muelles.

Esa acción del Incopesca devino en la exportación de más de 400 kilos de aleta de tiburón martillo.

Posteriormente, una nueva solicitud para exportar productos derivados de tiburón fue presentada ante el CRAC-Cites. Alvarado explicó que un DENP debe recopilar diferentes datos sobre el estado actual de la población o si está en época reproductiva, entre otros, para determinar cuánto se puede exportar para que esa población no se vea afectada.

Así, en esta nueva oportunidad se realizaron talleres con expertos y se recopiló información de proyectos de investigación, tesis o estudios de ONG. “Con base en todo eso el CRAC-Cites decidió que el DENP debía ser negativo, pues las poblaciones se ven afectadas seriamente. Esa determinación es además consecuente con el discurso de Costa Rica, que luchó por que se incluyera al tiburón martillo en Cites”, expresó.

El 20 de agosto, el CRAC-Cites publicó el DENP, un documento de más de 80 páginas en el que analiza diversos aspectos desde lo legal hasta la vulnerabilidad biológica del tiburón martillo y la gravedad de la actividad comercial. Ese trabajo no solo produjo un dictamen negativo, sino que recomendó que no se exporten aletas, carne u otros productos de tiburón martillo durante un año, entre otras cosas.

Alvarado llamó la atención al hecho de que un kilo de aleta de tiburón martillo se llega a vender entre $5.000 y $6.000 en el mercado asiático, “tiene un muy alto valor de mercado -como el cuerno del rinoceronte blanco- y por ello existe presión por poder exportarlo”.

A inicios de setiembre, el sector pesquero realizó los bloqueos que lograron llevar a la mesa de negociaciones al gobierno. “El gobierno central llegó a un acuerdo para permitir la exportación de aletas y con ello se aleja de los dictámenes del CRAC-Cites, diciendo que no hay transparencia ni rigor científico, a pesar del gran trabajo que se hizo con talleres y demás”, apuntó el científico.

PREMIO AL SECTOR PRIVADO”

UNIVERSIDAD obtuvo además una copia del borrador del mencionado decreto cuya promulgación es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con el sector pesquero.

El documento establece que la autoridad administrativa Cites “estará coordinada por la persona que designe el Director Ejecutivo del Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación)”.

Según ese texto, las universidades, colegios profesionales, ONG e instancias gubernamentales que forman parte del CRAC-Cites como “autoridades científicas”, en efecto para cada caso que requiera aprobación someterán una lista de profesionales, de los cuales la autoridad administrativa escogerá a quienes integren una comisión especial no permanente que hará el trabajo que hoy corresponde al CRAC-Cites.

Además, ya no sólo serán las universidades públicas, sino que participarán la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Earth) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie). Uno de los aspectos más polémicos es que junto a las ONG se da participación al “sector productivo relacionado a la vida silvestre”.

El científico Alvarado añadió que la iniciativa “premia al sector privado” y calificó el documento como una “manipulación del comité científico, citarán expertos a conveniencia”.

 

“Que prevalezca la ciencia”

p-08-EdgarGutierrezEl jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Edgar Gutiérrez, defendió la propuesta que según dijo firmará como decreto muy pronto y, entre otras cosas, expresó que eliminará la posibilidad que existe en la actualidad de que una declaratoria de interés público permita la explotación de una especie amenazada aun cuando el DENP sea negativo.

Añadió que -a diferencia de lo establecido en el borrador del decreto- la reforma lo que pretende es que las personas designadas por cada instancia participante en el CRAC-Cites tengan la potestad de definir cuáles especialistas participarían en la comisión no permanente, la cual sería la encargada de realizar los estudios científicos y elaborar el dictamen. El mismo Consejo decidirá si acepta la recomendación de la comisión no permanente o si solicita una revisión.

“La decisión final del Consejo será vinculante y mucho más rigurosa desde el punto de vista científico. Es lo que quiero”, acotó.

Sobre la participación del sector productivo en el CRAC-Cites, expresó que “eso no significa que metemos por ejemplo a los pescadores a que definan sobre una propuesta de pesca, sino que ellos definan a un científico de su confianza para que participe en el proceso”.

Gutiérrez además se refirió al citado compromiso asumido con los pescadores de no apoyar la inclusión de especies de tiburón en la Cites e indicó que en el texto remitido por el Ministro de la Presidencia se excluyó la frase “a no ser que exista evidencia científica que así lo exija”.

“El compromiso no es un cheque en blanco. Es una omisión importante en la respuesta del Ministro de la Presidencia”, subrayó.

Gutiérrez añadió que “lo que perseguimos es la sostenibilidad de las especies y de mantener las poblaciones saludables, para lo cual se requiere evidencia científica. El espíritu de la reforma es que prevalezca la ciencia y no el criterio político. Eso es lo que me motiva”.

 

Incopesca lleno de dudas

El Incopesca recientemente ha acaparado atención mediática a raíz del caso de Gilberth Bell, conocido como Macho Coca, quien fue arrestado en relación con un caso por narcotráfico y fungió como asesor de ese Instituto.

Ante la Comisión Permanente especial de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, el presidente ejecutivo del Instituto, Gustavo Meneses, expresó que Bell llegó a esa posición por recomendación del director regional de Incopesca para Limón.

Sin embargo, poco después el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, expresó a medios nacionales que más bien habría sido una asociación local de pescadores la que colocó a Bell en la posición de influencia.

Tanto sobre esas contradicciones como sobre la controversia por la explotación de tiburón martillo, se buscó el criterio de Meneses. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta tras llamar numerosas veces a su despacho, como tampoco se obtuvo al enviarle varias preguntas a través de su correo electrónico.

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