Grandes intereses desmantelan plan fiscal

Luis Guillermo Solís y Jorge Cornick analizaron los cambios que se le han realizado al Pacto Fiscal. Una serie de cambios realizados al plan

Luis Guillermo Solís y Jorge Cornick analizaron los cambios que se le han realizado al Pacto Fiscal.

Una serie de cambios realizados al plan fiscal, que se discute en la Asamblea Legislativa desde diciembre del 2004, han socavado este proyecto para favorecer los intereses de grupos que no están dispuestos a pagar impuestos. Sin embargo, la eliminación de la posibilidad de gravar la renta mundial (capitales ahorrados en el extranjero), fue la estocada final de la iniciativa.

Así lo hicieron ver el politólogo Luis Guillermo Solís y el economista Jorge Cornick  en la exposición, ¿Por qué no logramos la aprobación del pacto fiscal?, que organizó el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el 9 de agosto en el auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La última mutilación que recibió el plan fiscal se realizó el 5 de agosto cuando miembros de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Poder Ejecutivo se pusieron de acuerdo con el fin de modificar la renta mundial. Esto porque una parte de la fracción socialcristiana no estaba dispuesta a aprobarlo hasta tanto no se hiciera tal reforma.

La normativa original planteaba que si una persona residente en el país obtiene un ingreso en el extranjero paga el tributo cuando se genere el dinero. Sin embargo, el gobierno accedió a realizar un cambio que establece que la renta mundial se gravaría solamente cuando ingrese al país.

La fracción socialcristiana argumentó que este cambio era necesario para no ahuyentar la inversión extranjera.

Este argumento fue atacado por Solís y Cornick, quienes señalaron que el cambio realizado debilitará la reforma fiscal en beneficio de los intereses de algunas personas.

«No tiene nada que ver con la inversión extranjera sino con los costarricenses que tienen dinero acaudalado en el exterior. Lo que están haciendo es una defensa de la inmunidad fiscal de las personas con ahorro en el extranjero. No es un mecanismo que afecte la inversión productiva extranjera», señaló Cornick.

Agregó que la implicación que tiene este cambio es que «si una persona tiene sus ahorros fuera del país y los va a mantener fuera, va a seguir sin pagar impuestos sobre sus ahorros».

En todo caso, Solís consideró que hay formas de consignar la renta mundial de manera que no se convierta en un instrumento abusivo contra la inversión extranjera.

«Me parece que en la versión original del plan fiscal estaba esa versión y que era la que tenía que ser adoptada. Para todos los efectos, el cambio que aceptó realizar el gobierno,  inhabilita la reforma, la deja sin fuerza y sin ninguna relevancia», explicó.

Para Solís, lo que ha quedado de la reforma fiscal  «es un cascarón en el que se están peleando grupillos de interés con grupillos de diputados inescrupulosos para terminar de despedazar lo que eventualmente quedaba del plan fiscal».

CALVARIO FISCAL

El proyecto de ordenamiento fiscal se viene analizando desde la administración Rodríguez-Echeverría, pero se avanzó poco. El presidente Abel Pacheco decidió conformar la Comisión Mixta para el análisis de la iniciativa, la cual lo estudió entre agosto del 2002 y diciembre del 2003. Hubo un alto nivel de acuerdo con la excepción de los libertarios, quienes lo adversaron. De febrero a septiembre del 2004, otra comisión conformada por parlamentarios continuó el análisis del informe y en diciembre del ese año entró a discusión en la Asamblea Legislativa. En ocho meses le realizaron modificaciones importantes y la discusión sigue entrabada por las 1000 mociones presentadas por los libertarios.

Para Cornick, las transformaciones sobre el IVA que se generalizaba a los servicios, el impuesto sobre la renta global, la renta mundial y la agencia tributaria han debilitado el pacto fiscal.

Indicó que la Asamblea Legislativa está paralizada y «ningún grupo ha tenido la capacidad de imponer y articular una visión del desarrollo nacional».

Otro de los aspectos señalados por el economista, que imposibilitan la tramitación de un plan fiscal, fue la insatisfacción social, la pérdida de legitimidad del gasto público y una parálisis conservadora que «nos lleva a un debate público imposible».

También criticó que no ha habido el más mínimo trabajo para construir las alianzas políticas necesarias para revisarla y no hay compromisos creíbles en cuanto al gasto y el equilibrio fiscal. Entonces «¿quién es el beneficiario de la reforma?, ¿quién se mueve para defenderla?»

«Estamos frente al peligro de aprobarla nominalmente tan ahuecada que no va a generar ningún ingreso», concluyó Cornick.

Agregó que si el gasto público no es creíble es difícil que la reforma fiscal reciba apoyo.

Por su parte, Solís señaló que en la historia de Costa Rica el tema de la oposición al plan fiscal ha sido permanente,  esa oposición ha sido «la piedra en el zapato de muchas de la crisis políticas más agudas de este país».

«El plan no se ha aprobado porque el contexto actual de la política costarricense no es favorable, una asamblea legislativa deficiente, un poder ejecutivo desgastado, un presidente que no convoca a nada y los aspectos estrictamente formales también se han descuidado», especificó.

Según Solís, el plan fiscal levanta la pregunta sobre quiénes son los verdaderos beneficiados con el modelo actual y a quiénes podría beneficiar con el próximo modelo. De ahí que se dé una tensión entre los grupos que ven afectados sus intereses.

Agregó que el  tema fiscal es uno de los puntos que ha causado violencia política en Costa Rica, «la historicidad  del fenómeno queda fuera de toda duda y especialmente se ha producido ese tipo de crisis en momentos en que el sistema político está débil».

Concluyó que el plan fiscal no se aprueba por los intereses muy poderosos a los que afecta. Esos intereses se expresan en «una coalición informal que va desde la derecha ciega, preocupada por no pagar la renta mundial y  la renta global, hasta los sectores profesionales de la clase media».

El otro factor importante que afecta al plan es «la fragmentación en la Asamblea Legislativa, la falta de coherencia y la visión, la forma en como interactúan los bloques parlamentarios y los intereses muy conflictivos de las distintas fracciones».

Dineros de dudosa procedencia

Algunos representantes de los sectores sociales que participaron en la Comisión Mixta para la reforma fiscal manifestaron su descontento con el acuerdo tomado entre la fracción del PUSC y el gobierno para modificar la renta mundial y que esta sea gravada sólo en caso de que los recursos ingresen al país.

Para el representante del sector cooperativo Víctor Morales Zapata, el cambio que se quiere introducir a la reforma fiscal es un golpe sensible al proyecto.

Morales recordó que el debate en la Comisión Mixta alrededor de la renta mundial fue uno de los que tuvo mayor peso.  Este rubro aparte de mejorar la recaudación de impuestos sobre capitales de grupos poderosos económicamente, permitía tener certeza del origen de los capitales y a que tipo de negocios pertenecían.

«La renta mundial permitía establecer mecanismos a los dineros habidos en el exterior de que hubiera certeza de su carácter limpio y lícito. Pero, con este cambio se propiciará que esos recursos se coloquen en los paraísos fiscales».

Con esa tesis coincido Albino Vargas de ANEP, quien también participó en la Comisión Mixta, al calificar de retroceso «lo que pudo haber sido un primer paso para el mejoramiento en materia tributaria en Costa Rica».

Según Vargas, ahora se abre un portillo por «la ausencia de controles sobre los capitales en el exterior y posibilita el flujo de dineros de dudosa procedencia».

La ANEP ha pedido la renuncia del Ministro de Hacienda, Federico Carrillo por permitir que se realizara esta negociación.

Carrillo, en declaraciones a La Nación (04/08/05), había calificado el cambio en la renta mundial de «inconveniente» y que sería «un golpe muy fuerte al proyecto en materia de recaudación». Sin embargo, el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda accedieron a hacer el cambio y Carrillo se desdijo al declarar que «no representa grandes cambios en el proyecto».

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